Una denuncia sobre la adjudicación de un contrato a una empresa que no participó en la licitación, provocó este miércoles, después de una investigación oficial, la destitución de siete funcionarios del Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia (Inaipi) y la renuncia de su directora, Berlinesa Franco.
Todo comenzó por la denuncia hecha por Pablo Cabrera, presidente de la empresa La Zeta S.R.L, la cual participó en el concurso para la adquisición de 40,000 kits de alimentos para ser distribuidos a nivel nacional a 25,000 familias de los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia durante el periodo de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19.
Una comisión designada por el presidente Danilo Medina investigó el proceso de urgencia de Inaipi marcado como INAIPI-MAE-PEUR-2020-0002 y encontró que se “se cometieron violaciones flagrantes a los procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones".
Según la petición que se hizo a los interesados, esto es lo que debería contener uno de los 40 mil kits que fueron adjudicados por un valor de 2,500 pesos cada uno y que según Pablo Cabrera, estos se podían armar con solo RD$600:
- – Una caja de tabletas de chocolate (10/1).
- – Dos paquetes de avena de 300 g.
- – Dos paquetes de harina de maíz 14 oz.
- – Dos paquetes de maizena 70 g.
- – Seis unidades de jugos de 200 ml UHT.
- – Cinco unidades de compotas 113 g.
- – Cinco libras de arroz.
- – Dos libras de habichuelas.
- – Una caja de galletas de soda 20/1.
- – Dos paquetes de espaguetis 400 g.
- – Tres latas de salchichas 10 oz.
- – Cuatro latas de sardinas 10 oz.
- – Una lata de cereal 270 g.
– Una leche en polvo 360 gr.
(Esos precios incluían el empacado y distribución a nivel nacional)
