El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional inició la revisión obligatoria de la medida de coerción que pesa contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y otros seis imputados.
El magistrado Deiby Timoteo Peguero, quien tiene el control de las investigaciones, inició la audiencia con las calidades de los abogados los imputados y constatando la presencia de los encartados . El grupo es procesado por su presunta participación en un entramado de corrupción administrativa que habría defraudado al Estado dominicano con más de 15,900 millones de pesos.
El juez, en la audiencia, decidirá la suerte de Santiago Hazim (exdirector de Senasa), Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y
Ada Ledesma Ubiera
Cabe recordar que, el pasado 5 de febrero, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ratificó las medidas vigentes para todos los involucrados, tras rechazar los recursos de apelación interpuestos tanto por la defensa como por la Fundación Primero Justicia.
En esa audiencia se ratificó la medida de coerción de Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y el empresario Eduardo Read Estrella, quienes actualmente cumplen arresto domiciliario, impedimento de salida y presentación periódica.
Según las investigaciones del Ministerio Público, la estructura criminal era presuntamente liderada por Santiago Marcelo Hazim Albainy.
El esquema operaba mediante un "comité operativo" paralelo que centralizaba decisiones estratégicas fuera de los canales institucionales de Senasa.
"Este comité permitía agilizar o bloquear procesos a cambio de beneficios económicos, vulnerando los requisitos legales del sistema público de salud", detalla el expediente acusatorio.
El órgano persecutor sostiene que el fraude se articuló a través de adulteración de documentos, introducción de reclamaciones falsas y autorización de pagos mediante facturación simulada.
También negoció la habilitación de prestadores de salud a cambio de pagos ilícitos, uso de empresas de carpeta y triangulación bancaria para ocultar el origen de los fondos desviados de las Reservas Técnicas del asegurador estatal.