El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, designó mediante auto al magistrado Francisco Jerez Mena para estudiar la recusación presentada contra la jueza de instrucción especial, Isis Muñiz, quien conoce la medida de coerción contra un fiscal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), acusado de recibir un soborno de 10 mil dólares.
Jerez Mena, quien preside la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte, tendrá la responsabilidad de analizar el incidente y presentar una recomendación técnica al Pleno del alto tribunal, órgano que finalmente decidirá si la magistrada Muñiz permanece o no al frente del proceso.
El origen del conflicto: Imparcialidad cuestionada
La recusación fue interpuesta por los doctores Alberto Delgado y Valentín Medrano, defensa técnica del imputado Aurelio Valdez Alcántara.
Los abogados sostienen que la magistrada Isis Muñiz, quien también preside la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, ha comprometido su imparcialidad.
Según el planteamiento de la defensa, la jueza autorizó previamente al Ministerio Público a realizar diligencias investigativas críticas, incluyendo la "entrega vigilada" del dinero.
"Ella participó cuando se hizo la entrega controlada. Tuvo contacto con el dinero, con videos y con pruebas a las que nosotros ni siquiera hemos tenido acceso", argumentaron los juristas, señalando que dicho contacto previo con los elementos probatorios la inhabilita para juzgar el caso.
Proceso y estatus actual
Aunque la magistrada Muñiz rechazó la recusación y decidió no inhibirse voluntariamente, el procedimiento legal establece que, ante la objeción de las partes, el expediente debe ser elevado a la Suprema Corte de Justicia.
La presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación remitió el caso a la Secretaría General de la Suprema, incluyendo la respuesta de la jueza recusada a los señalamientos de la defensa.
Gravedad de la acusación
El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, adscrito a la Pepca, es señalado por el Ministerio Público de recibir dinero de parte de un testigo vinculado al caso del Servicio Nacional Salud (Senasa).
Ante la seriedad de los hechos, el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva de un año, como medida de coerción.
El órgano persecutor alega la gravedad de la imputación y el riesgo de que el procesado pueda influir u obstaculizar el curso de la investigación dada su posición.
Una vez que el juez Jerez Mena entregue su recomendación, el Pleno de la Suprema Corte agendará el conocimiento del caso para emitir un fallo definitivo sobre la permanencia de la magistrada Muñiz en el proceso.
El Pleno de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, sin la presencia de la jueza recusada, se reunió y decidió sobre la misma, previo envió a la Suprema Corte de Justicia.