Las muertes de ciudadanos durante intervenciones de la Policía Nacional, presentadas por las autoridades como "intercambios de disparos", han provocado pronunciamientos de organizaciones comunitarias, entidades de derechos humanos, gremios de abogados, juristas y partidos políticos, que cuestionan el uso de la fuerza letal y reclaman que se esclarezcan las circunstancias de cada fallecimiento.
Las demandas, que cobraron fuerza entre septiembre y octubre de este año, van desde llamados al presidente Luis Abinader para detener estas actuaciones hasta acciones legales ante la Procuraduría General de la República (PGR) y solicitudes para que el Congreso Nacional interpele a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García.
Los sectores que han fijado posición coinciden en la necesidad de garantizar el derecho a la vida y el debido proceso, aunque han utilizado diferentes mecanismos para expresar sus preocupaciones y exigir respuestas de las autoridades.
Organizaciones comunitarias piden investigar las muertes
El pasado 20 de septiembre, la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco) y la Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo (Acadisando) solicitaron al presidente Luis Abinader exhortar a la Policía Nacional a respetar los derechos humanos durante sus actuaciones.
Las organizaciones reclamaron que los casos en los que existan sospechas de abusos policiales sean remitidos al Ministerio Público para determinar las circunstancias de los fallecimientos y establecer posibles responsabilidades.
En su pronunciamiento, citaron 172 jóvenes muertos en supuestos intercambios de disparos, según sus propios registros.
Instituto Dominicano de Derecho Penal pide un alto al fuego
El 1 de octubre, el Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP), a través del abogado Cándido Simón, solicitó al presidente Luis Abinader disponer un «alto al fuego» ante las muertes ocurridas durante operativos policiales.
Simón sostuvo que la Policía tiene la facultad de identificar y detener a las personas señaladas por delitos, pero "no de matarlas". También cuestionó la falta de videos que permitan comprobar las circunstancias de los supuestos enfrentamientos y reclamó investigaciones independientes.
En el mismo pronunciamiento, el abogado Manuel Sierra recordó que la pena de muerte no está instituida en el país y pidió transparencia sobre los protocolos policiales.
Denuncia Comisión de los Derechos Humanos
El 8 de octubre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la República Dominicana (CNDH-RD) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia sobre las muertes ocurridas durante intervenciones de agentes policiales, algunas de las cuales considera que podrían corresponder a ejecuciones extrajudiciales.
En el documento, fechado el 2 de octubre, la organización solicitó que cada fallecimiento sea sometido a una investigación independiente, imparcial y científica.
La CNDH-RD afirmó que había documentado aproximadamente 205 muertes que registra como presuntas ejecuciones extrajudiciales durante 2026. También pidió que se realicen peritajes forenses, balísticos y criminalísticos para esclarecer las circunstancias de los casos.
La entidad aclaró que no sostiene que todas las personas fallecidas durante intervenciones policiales hayan sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales, sino que corresponde a investigaciones independientes determinar si el uso de la fuerza fue legítimo, necesario y proporcional.
Abogados solicitan investigaciones independientes
Asimismo, el 12 octubre, siete abogados, encabezados por Carlos Balcácer, depositaron una instancia ante la Procuraduría General de la República para solicitar una investigación inmediata e independiente sobre al menos 47 muertes de jóvenes durante operativos policiales.
Los juristas cuestionaron que los fallecimientos fueran presentados como actuaciones legales o intercambios de disparos sin una investigación independiente previa del Ministerio Público.
Balcácer advirtió que, si no recibían una respuesta a la solicitud, presentarían una querella contra el director de la Policía Nacional.
Juristas de la UASD reclaman intervención del Ministerio Público
De igual manera, el 13 de octubre, juristas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) pidieron al Ministerio Público investigar las muertes registradas desde septiembre en hechos descritos por las autoridades como supuestos intercambios de disparos.
Durante un foro sobre seguridad ciudadana, los abogados cuestionaron las circunstancias de los fallecimientos y reclamaron evidencias que permitan determinar si las actuaciones policiales se ajustaron a los procedimientos legales.
Entre los participantes estuvieron los juristas John Garrido, Carlos Mesa y José Manuel Mesa, quienes insistieron en la necesidad de esclarecer cada caso y establecer posibles responsabilidades.
PLD pide interpelar a Faride Raful y al director policial
El 19 de octubre, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a través de su vicepresidente, Temístocles Montás, solicitó al Congreso Nacional interpelar a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García.
La organización reclamó explicaciones sobre las muertes durante intervenciones policiales y cuestionó la falta de información pública sobre las investigaciones realizadas por el Ministerio Público.
En ese contexto, Montás citó 55 muertes registradas durante septiembre, según cifras difundidas en la prensa, y pidió estadísticas transparentes, supervisión externa de los operativos y protección para testigos y familiares de las víctimas.
Abogados presentan querella contra el director de la Policía
Luego, el 21 de octubre, los abogados Carlos Balcácer y Cándido Simó, junto a otros juristas, presentaron una querella contra el director de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, por considerar que habría inducido muertes de jóvenes señalados como presuntos delincuentes.
La acción también incluyó a oficiales de la Dirección Central de Investigación Criminal (Dicrim). Los abogados reclamaron la intervención del Ministerio Público y advirtieron que acudirían ante un juez si no recibían una respuesta de la Fiscalía.
El 30 de septiembre, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, había negado que los denominados intercambios de disparos constituyan una política de Estado.
La funcionaria sostuvo que la reforma policial establece como prioridades la preservación de los derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza. También indicó que las actuaciones de los agentes deben ser revisadas por la Inspectoría General y la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional.Raful defendió que durante muchos operativos los agentes son recibidos con disparos y no con personas que se entregan voluntariamente.
Las cifras de las muertes
Los reclamos de estos sectores se producen en medio de una sucesión de fallecimientos durante intervenciones policiales.
Un análisis publicado por Diario Libre el 30 de octubre documentó que 104 jóvenes perdieron la vida en 45 días, entre el 9 de septiembre y el 29 de octubre, en incidentes reportados por la Policía Nacional como intercambios de disparos.
El levantamiento identificó cinco días sin fallecimientos durante ese período y registró una jornada, el 25 de septiembre, en la que murieron siete personas. También encontró una racha de 17 días consecutivos con al menos una muerte reportada.
El reportaje incluyó una fotogalería con 50 víctimas y una base de datos interactiva con fichas individuales de los 104 fallecidos, sus fechas y lugares de muerte, así como los delitos que les atribuye la Policía.
Un balance publicado por Diario Libre el 3 de noviembre contabilizó al menos 107 muertes durante intervenciones policiales entre septiembre y octubre: 55 en septiembre y 52 en octubre.
La publicación también reportó otros siete fallecimientos ocurridos entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, que corresponden a un período posterior al corte de esos dos meses.
