La Dirección General del Sistema Penitenciario dio a conocer este lunes que dentro de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, ubicada a unos 24 kilómetros de Ciudad de Guatemala, encontró un túnel a punto de ser concluido que supuestamente sería utilizado para una posible fuga.
El túnel medía cinco metros de profundidad y diez de largo, según indicó una fuente del Sistema Penitenciario, entidad rectora de esta cárcel que resguarda a 4,300 privados de libertad.
La inspección realizada este día por el Grupo Élite de guardias, la Inspectoría y la unidad de Análisis de Información Penitenciaria, descartó la fuga hasta el momento de alguno de los reos recluidos en el penal en cuestión.
Sin embargo, en un comunicado de prensa, el Sistema Penitenciario aseguró que las diligencias de inspección “continúan” con el fin de “evitar posibles fugas en los diferentes centros carcelarios que tiene a su cargo”.
Las autoridades del Ministerio de Gobernación (Interior) y de Presidios instruyeron a los especialistas a comenzar investigaciones que establezcan “si existió la participación de algún funcionario”, advirtió el texto.
El pasado 1 de octubre fue destituido el director de otra cárcel importante en el país, el Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18, debido a una fiesta nocturna que tuvo lugar en ese centro de detención la última semana de septiembre, donde pasaron la noche mujeres y niños.
El comunicador del Sistema Penitenciario, Carlos Morales, aseguró a EFE que todo el personal del Preventivo de la Zona 18 fue cambiado: los guardias fueron enviados a otros sitios y el director fue suspendido hasta nuevo aviso.
El nombre de los funcionarios, guardias y director está bajo reserva por “políticas internas y para resguardar su seguridad”, detalló Morales.
El director del Preventivo era uno de los guardias, explicó el comunicador de Presidios, debido a que “muchos directores de las prisiones son guardias que han tomado la posición de director general o alcaide”.
La Policía Nacional Civil de Guatemala tiene a su cargo 14 cárceles públicas en todo el país con casi 2,000 reclusos, mientras que el Sistema Penitenciario tiene 22 con más de 25,300 internos, aunque su capacidad es para poco más de 6,000.
Las autoridades han reconocido en diversas ocasiones que no tienen el control de los centros de privación de libertad y es habitual que en las requisas se localicen ilícitos, como droga, armas o teléfonos móviles.