La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado que el único presidente del país suramericano es Nicolás Maduro, luego de que fuera capturado por fuerzas militares de Estados Unidos tras un ataque ejecutado esta madrugada en Caracas y otras zonas de la nación petrolera.

"Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela", reiteró Rodríguez en una alocución transmitida de forma obligatoria por radio y televisión.

La funcionaria encabezó un consejo de defensa, en el que participaron el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, el fiscal general, Tarek William Saab, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, la ministra de Ciencia, Gabriela Jiménez, así como el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

Rodríguez dijo que la respuesta de Estados Unidos al llamado de Maduro del diálogo hace unos días en una entrevista especial ha sido la agresión que "viola flagrantemente" la Carta de Naciones Unidas.

"Llamamos al pueblo venezolano a mantenerse en calma para afrontar juntos, en perfecta unión nacional, que esa fusión policial, militar, popular se convierta en un solo cuerpo y salgamos nosotros en esta etapa maravillosa de defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia nacional", añadió.

Rodríguez sostuvo que el Gobierno está listo para defender a Venezuela, para defender sus recursos naturales, que, subrayó, "deben ser para el desarrollo nacional".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclaró este sábado que tras la captura de Maduro su Administración "va a gobernar" el país y que los líderes de un proceso de transición será su equipo de seguridad presente en su rueda de prensa, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, que, aseguró, ya habló con la vicepresidenta venezolana, para iniciar el proceso político.

Además, el mandatario estadounidense dijo que las compañías petroleras de su país van a invertir "miles de millones de dólares" para reparar la infraestructura de ese sector en Venezuela, que consideró se encuentra "en muy mal estado".

Decreto de conmoción

Rodríguez anunció este sábado la activación del Consejo de Defensa de la Nación, que ella encabeza, y que envió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el decreto de estado de conmoción exterior para que "en las próximas horas" declare su constitucionalidad y sea ejecutado por las autoridades.

"Suscrito el decreto, estamos procediendo en este Consejo de Defensa de la Nación a entregarlo a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo constitucional", declaró la funcionaria en una reunión del Consejo de Defensa, con ministros y jefes militares, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez subrayó que este decreto fue suscrito por el mandatario Nicolás Maduro, quien fue capturado por fuerzas estadounidenses durante la madrugada de este sábado en medio de un ataque en Caracas y otros estados del país.

En este sentido, afirmó que el Consejo de Defensa ya está activo y está a la espera de la respuesta de la Sala Constitucional del TSJ para que "todo lo que esté previsto en ese Decreto de Conmoción Externa se ejecute a partir de ese momento".

El pasado 29 de septiembre, la también ministra de Hidrocarburos anunció en un encuentro con el cuerpo de diplomático en Caracas que Maduro firmó el Decreto de Conmoción Exterior, un documento que otorgaría "facultades especiales" al mandatario ante lo que denunció como "amenazas" de EE.UU.

Entre esas facultades se incluye, por ejemplo, movilizar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio, tomar militarmente y de manera inmediata la infraestructura de los servicios públicos, así como de la industria de los hidrocarburos y de las empresas básicas, para garantizar su "pleno funcionamiento", y activar "todos los planes de seguridad ciudadana".

Sin embargo, el texto del documento no se ha hecho público, por lo que no se conoce su alcance.

De acuerdo con las declaraciones públicas de las autoridades, el decreto otorga poderes al mandatario, y este sábado la vicepresidenta aseguró que Maduro es "el único presidente de Venezuela".

Ante la ausencia del jefe de Estado, no se ha indicado quién ejecutaría lo contemplado en el decreto.

El Gobierno estadounidense anunció la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes, dijo, eran trasladados en un buque con destino a Nueva York, donde serían acusados formalmente por la justicia de ese país.

Tras la captura de Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que su Administración "va a gobernar" el país suramericano y que el liderazgo de un proceso de transición será su equipo de seguridad, presente en su rueda de prensa, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, que, según dijo, habló con la vicepresidenta venezolana para iniciar el proceso político.

Además, el mandatario estadounidense dijo que las compañías petroleras de su país van a invertir "miles de millones de dólares" para reparar la infraestructura de ese sector en Venezuela, que consideró se encuentra "en muy mal estado".

ARROYO CANO, San Juan, R.D. — Dos jóvenes murieron la noche de este martes en un accidente de tránsito ocurrido en el distrito municipal de Arroyo Cano.

Las víctimas fueron identificadas como un adolescente conocido como “Chuco” de 16 años, hijo de los esposos Rosa y Romito, y David, estudiante universitario, hijo de los profesores Blasina (Wanda) y César Augusto Leo.

Según informaciones preliminares, el hecho ocurrió tras la colisión de dos motocicletas en el tramo conocido como La Prensadera, en la salida hacia el río Yaque.

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Los restos de “Chuco” están siendo velados en la calle Juan Corcino, sector Los Corcinos, mientras que el cuerpo de David es velado en la calle 27 de Febrero, sector Los Luciano, ambos en Arroyo Cano.

Comunitarios, amigos y autoridades locales han visitado a las familias. Asimismo, se reitera el llamado a la prudencia y cumplimiento de las normas de tránsito, especialmente entre conductores de motocicletas.

Un segundo implicado en la red de narcotráfico que encabezaba el regidor del Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre, fue condenado en Estados Unidos.

Así lo evidencia la sentencia de un tribunal del Distrito Sur de la Florida, a la cual tuvo acceso este medio de comunicación.

Se trata de José Eduviges Aponte Torres, también conocido por los alias “Buby” o “Meano”, quien fue sentenciado al cumplimiento de 87 meses de prisión por haber participado en el tráfico de, aproximadamente, 376 kilogramos enviados desde la costa norte de República Dominicana.

Luego, deberá pasar dos años en estado de libertad supervisada. La pena, decidida por la jueza estadunidense Beth Bloom, le fue comunicada a Aponte Torres el pasado 15 de diciembre.

Esto ocurre días después de que también el general retirado de la Policía Nacional, William Durán Jerez, recibiera una sanción similar al ser castigado con más de siete años que deberá vivir detrás de las celdas en una cárcel situada en La Florida por colaborar en esa estructura criminal. Mientras que el edil perremeísta Herrera Silvestre aún está a la espera de conocer su dictamen. Está citado para el 8 de enero de 2026, a las 9:30 de la mañana.

Según determinaron las autoridades estadounidenses, Torres fue visto el 21 de junio de 2021 mientras salía con alrededor de 10 kilos de cocaína cubiertos con una lona amarilla de una casa situada en el sur de la Florida que utilizaban para esconder las sustancias. El equipo antinarcótico intentó detener el automóvil en el cual se trasladaba; sin embargo, este pudo escapar después de haber ocultado los paquetes en un cubo de basura.

Posteriormente, las autoridades obtuvieron una orden judicial para allanar la casa utilizada como almacén oculto, permitiéndoles incautar cuatro bolsas que contenían alrededor de 160 kilogramos de cocaína.

Al percatarse de esa intervención, Torres se dirigió a un lugar secreto junto a otro implicado en la red de narcotráfico, con quien luego viajó a Las Vegas, para pasar la frontera con México.

Según el expediente, estos se reunieron las semanas siguientes con el regidor Herrera Silvestre en República Dominicana para discutir sobre la pérdida de la cocaína y cómo recuperarían el dinero.

El regidor y el general

Los organismos de Estados Unidos comprobaron que Herrera Silvestre, Torres Aponte y Durán Jerez estuvieron traficando drogas entre mayo de 2020 y noviembre de 2022. Los 376 kilogramos señalados por el tribunal de la Florida tenían un valor superior a 436 millones de pesos al convertirlo a la moneda nacional, tomando de referencia la tasa del dólar promedio de 2022. En ese periodo, el costo promedio del kilogramo de cocaína en Estados Unidos era de 20 mil y 25 mil dólares.

Además de las ganancias antes mencionadas, el regidor se beneficiaba con USD$5,000 en cada ocasión que prestaba su lancha a otros narcotraficantes para enviar drogas a Estados Unidos. La ruta operativa iniciaba en Suramérica, donde compraban la droga, y luego era trasladada a República Dominicana para almacenarla. Utilizando la lancha identificada como “The Ghost”, en español “El Fantasma”, Silvestre despachaba el cargamento desde un hotel ubicado en Puerto Plata, provincia dominicana, en dirección hacia aguas estadounidenses, donde era recibida por un buque, el cual también adquirió. Precisamente, Jerez fue señalado por ser la persona que le presentó al funcionario del Concejo de Regidores capitaleño el capitán que navegaría el buque. El oficial superior retirado fue propietario de 50 kilogramos de cocaína que fueron movidos por la red, además, vendió otros 50 kilos a otro narcotraficante que participaba en la operación.

La acusación contra este trío de narcotraficantes tiene fecha del 5 de marzo de 2025. Entre septiembre y octubre todos habían aceptado su culpabilidad para colaborar con las entidades judiciales de ese país. Silvestre, conocido en el ámbito político como “Yeyea”, fue colocado el pasado 18 de septiembre en estado de suspensión por el pleno del órgano municipal, siendo suplantado de manera temporal por Wilkin Martínez.

El hermetismo domina hoy el entorno de Wilkin García Peguero, alias "Mantequilla", en Sabana Grande de Boyá, Monte Plata. Tras resultar herido la noche del pasado viernes en un confuso incidente aún bajo investigación, vecinos y familiares de la calle 9, donde reside parte de su familia, evitaron ofrecer declaraciones. Durante un recorrido por la zona, moradores dijeron no conocerlo o se mostraron incómodos ante cualquier pregunta relacionada con su caso.

Ese silencio contrasta con el protagonismo que durante años tuvo su nombre en el municipio. Hubo un tiempo en que en Sabana Grande de Boyá se repetía con orgullo la frase "Primero Dios y después Mantequilla", convertida en consigna popular y reflejo del respaldo casi religioso que recibió cuando su esquema de inversiones alcanzó su punto más alto.

García Peguero saltó a la fama en 2022, cuando cientos de personas acudían a su negocio atraídas por la promesa de duplicar el dinero invertido en poco tiempo. En medio de esa euforia, fue visto como un benefactor local: ayudaba a pagar medicamentos, colaboraba con familias necesitadas y financiaba estudios. Para muchos, había hecho más por el pueblo que las autoridades tradicionales.

La narrativa comenzó a resquebrajarse cuando el sistema dejó de pagar y las denuncias se multiplicaron. Lo que en su momento se defendía como un negocio "innovador" terminó siendo calificado por la justicia como un esquema piramidal. En marzo de 2024, un tribunal lo condenó a dos años de prisión suspendida tras hallarlo culpable de estafa mediante abuso de confianza, además de ordenarle devolver el dinero a decenas de víctimas.

Hoy la historia es otra, "en Sabana Grande de Boyá la gente no quiere saber de Mantequilla", resumían algunos residentes, reflejando un cambio radical en la percepción colectiva. Donde antes había filas para invertir, ahora hay distancia. Donde antes se coreaba su nombre, ahora se evita mencionarlo.

Tras resultar herido, "Mantequilla" fue trasladado al Hospital Provincial Dr. Ángel Contreras, en Monte Plata, donde recibió atenciones médicas y luego despachado.

No obstante, en el centro de salud no fue posible obtener información oficial sobre su condición, ya que los departamentos correspondientes de información se encontraban cerrados.

Posteriormente, García Peguero fue llevado al destacamento policial de Monte Plata para fines de interrogatorio.

Desde esa dependencia sí confirmaron que Mantequilla estuvo allí la noche del viernes, aunque solo se informó que fue conducido allí y despachado la misma noche, sin ofrecer detalles adicionales sobre el incidente.

Amplio recorrido

Para tratar de indagar sobre el incidente que involucró a Mantequilla el equipo de Diario Libre fue al hospital del municipio Sabana Grande de Boya, Pedro Heredia; luego a su barrio en la calle 9 de ese municipio; luego al destacamento policial de la provincia Monte Plata; se trató de averiguar en la Fiscalía pero al ser domingo el área de información estaba cerrada; y luego también al hospital provincial de Monte Plata

Mientras las autoridades continúan las investigaciones, el caso permanece rodeado de un ambiente de reserva y desconfianza en la comunidad, donde el nombre de "Mantequilla" parece ser un tema del que pocos desean hablar.

Vecinos, motoristas y trabajadoras del hogar que eran consultadas reaccionaban diciendo no conocer a Mantequilla.

"Yo ni se quién es ni quiero saber nada de su caso ", reaccionó un vecino, mostrándose molesto.

El incidente

Imágenes mostraban a Mantequilla en una camilla en un hospital con herida en la cabeza.

Luego del incidente, un hombre que se identificó como Jeyson Mata ofreció su versión sobre el hecho.

Según explicó Mata a medios de comunicación, el hecho se produjo luego de presuntos intentos fallidos de comunicarse con García Peguero para reclamarle una suma de dinero.

Mata afirmó que, en horas de la noche del 19 de diciembre se encontró de manera fortuita con García Peguero en el área de unos apartamentos y le reclamó el pago, momento en el que —según su relato— se produjo una persecución vehicular.

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) juramentó a los cinco nuevos jueces que se integrarán al pleno de la Suprema Corte de Justicia.

La ceremonia se desarrolló en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional y fue encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader.

Los magistrados juramentados son Edynson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Hernández Victoria, Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez.

Del grupo, tres pertenecen a la carrera judicial y se desempeñaban hasta el momento como jueces de cortes de apelación, mientras que los otros dos completan la cuota correspondiente a abogados en ejercicio, de conformidad con los criterios de selección establecidos en el artículo 180 de la Constitución de la República.

Hasta el momento de su designación, los magistrados Edynson Alarcón Polanco y Miguelina Ureña Núñez fungían como jueces de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Asimismo, el togado Manuel Hernández Victoria se desempeñaba como juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Por su parte, los abogados y académicos Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez cuentan con una amplia trayectoria profesional. Vásquez Castro es especialista en las áreas del derecho económico y tributario, mientras que Rodríguez se especializa en derecho público.

Juramentada como segunda sustituta

Durante el acto también fue juramentada como segunda sustituta del presidente de la Suprema Corte de Justicia la magistrada Nancy Salcedo Fernández, actual jueza de la Segunda Sala de la alta corte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180, párrafo I, de la Constitución de la República.

Los perfiles

• Edynson Alarcón Polanco

Alarcón Polanco es juez presidente de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Posee una especialidad en Formación Judicial Integral por la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y una especialidad en Derecho Mercantil por la Escuela Judicial de Barcelona.

Ha cursado dos maestrías: una en el área de justicia constitucional en la Escuela Nacional de la Judicatura y otra en Propiedad Intelectual en el recinto Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid, esta última con mención de honor en grado sobresaliente, según consta en las notas aportadas.

Cuenta con más de 30 años de experiencia en la docencia universitaria, impartiendo clases de manera ininterrumpida en la Universidad Central del Este y en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), tanto en el recinto de Santiago de los Caballeros como en el recinto Santo Tomás de Aquino, en Santo Domingo.

Figura como cofundador de la Escuela Nacional de la Judicatura en el período 1997–1998. Es autor de un manual de derecho de autor en la República Dominicana.

• Miguelina Ureña Núñez

Ureña Núñez cuenta con más de 25 años de trayectoria en el Poder Judicial. Se desempeña como jueza de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Con anterioridad, integró durante 17 años la Tercera Sala del Tribunal de Primera Instancia del distrito judicial de Santiago de los Caballeros, incluyendo funciones como jueza presidenta de dicha sala.

En el ámbito académico, es docente de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y profesora universitaria de programas de posgrado. En la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) se desempeña como coordinadora de la Maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Su formación académica incluye estudios doctorales en Derecho cursados en un programa conjunto de la PUCMM y la Universidad Externado de Colombia.

Es magíster en Derecho Constitucional, con concentración en Jurisdicción Constitucional, en una titulación cootorgada con la Universidad de Castilla-La Mancha (España). Además, posee maestrías en Derecho Comparado e Internacional de los Negocios, Derecho Societario y Comercial y Ciencias Jurídicas, así como un posgrado en Procedimiento Civil.

• Manuel Aurelio Hernández Victoria

Cuenta con más de 34 años de trayectoria en el Poder Judicial. A lo largo de su carrera ha desempeñado funciones en todos los niveles de la judicatura, desde juez de paz hasta juez presidente de corte de apelación.

 Entre los cargos ejercidos figuran los de juez de la Cámara Civil y Comercial, juez suplente y juez presidente de la Corte de Apelación, así como magistrado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, incluyendo su Segunda Sala Penal.

También formó parte de la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

En el plano académico, es doctor en Derecho, con especialidades en Derecho Penal y Derecho Civil cursadas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Posee un máster con orientación doctoral en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, realizado en coordinación con la Universidad del País Vasco, el cual culminó con la defensa de su tesis.

Su formación se complementa con estudios avanzados en Derecho Procesal Penal y Derecho Procesal Constitucional, así como con diplomados y seminarios en áreas como razonamiento judicial, medidas conservatorias, embargos, responsabilidad laboral, derecho de autor y el nuevo Código Penal.

Ha ejercido la docencia en programas de posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

• Yorlin Lisett Vásquez Castro

Vásquez Castro es licenciada en Derecho, magna cum laude, por la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), título obtenido en 2013, y licenciada en Contabilidad por la Universidad Nacional de las Ciencias Exactas (INCE), graduada en 2012.

 Su formación de posgrado incluye una maestría en Derecho Tributario por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) (2019), una maestría en Derecho Judicial por la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), concluida en diciembre de 2019, y una maestría en Derecho Económico por la Universidad de Salamanca (España), con doble titulación en el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (2021).

Además, realizó una especialidad en Derecho Mercantil en la Escuela Judicial del Gobierno de España (2018) y un programa intensivo de desarrollo de competencias en Barna Management School (enero de 2023).

Cursa un doctorado en Derecho y Sociedad en la Universidad a Distancia de Madrid (Udima); conforme a las notas disponibles, su tesis fue entregada en marzo de 2025 y se encuentra en proceso de evaluación.

En el ejercicio profesional ha sido jueza de paz, jueza titular en juzgados de tránsito del Distrito Nacional y funcionaria itinerante en la Cámara Civil y Comercial de San Cristóbal. En 2018 encabezó un plan de liquidación de mora judicial en el Distrito Nacional y en Santiago. También se desempeñó como subdirectora jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Ha estado vinculada a la docencia universitaria y a la producción académica, con publicaciones en materia de derecho tributario y sistema judicial.

• Namphi Rodríguez

Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y posee una maestría en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu).

Realizó estudios de posgrado en Dirección de Comunicación y Campañas Electorales en la Universidad de Sevilla (España) y en el Instituto Internacional de Comunicación y Estrategia (Inteleq), en México.

Según las notas aportadas, cuenta con estudios de especialización en Derecho Público en universidades de España, Estados Unidos y Colombia, así como una especialización en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En el ámbito académico, es catedrático de Derechos Fundamentales en la maestría en Derecho Constitucional de la UASD y profesor de Derecho Administrativo en la UNPHU. En el plano institucional, se desempeña como secretario general del capítulo dominicano de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional (AMJC) y es miembro del Instituto Dominicano de Derecho Constitucional (IDDC) y de la Asociación de Escritores Dominicanos (AED).

Es autor de la obra Derecho de la información: hacia un nuevo régimen jurídico de los medios de comunicación (2008).

Un agente de la Policía Nacional permanece bajo investigación y en poder del Ministerio Público, tras matar de un disparo a un joven durante una intervención policial en una fiesta callejera, realizada la noche del pasado viernes 19 de diciembre en el sector Camboya, en la zona norte de la provincia Santiago.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del agente involucrado en el hecho.

La muerte de Víctor Alfonso Reyes Paredes ha provocado protestas y reclamos de justicia por parte de familiares y residentes del sector.

• Califican el hecho como un uso desproporcionado de la fuerza.

Según dicen, Reyes Paredes fue herido mortalmente cuando intentaba huir para evitar ser detenido por miembros de una patrulla policial que intervenían en la fiesta callejera.

Durante el fin de semana, familiares, amigos y comunitarios realizaron una marcha desde Camboya hasta el destacamento policial de Los Salados, exigiendo una investigación transparente y sanciones ejemplares contra el responsable.

Versión oficial en entredicho

En un informe preliminar, la Policía Nacional afirmó que al joven se le ocupó un arma de fuego registrada a nombre de otra persona. Sin embargo, los familiares niegan de manera categórica esta versión.

Aseguran que su pariente no portaba ningún tipo de arma, denunciando un intento de justificar el uso desproporcionado de la fuerza.

La Policía Nacional informó que Albert Ricardo Peña Féliz, de 27 años, apodado La Pipa, señalado como uno de los presuntos implicados en la balacera ocurrida en el sector Simónico, Villa Duarte, Santo Domingo Este, que resultó en la muerte de un niño de 10 años y las heridas de dos mujeres, una de las cuales posteriormente falleció, se entregó de manera voluntaria para fines de investigación.

El joven fue recibido por el director de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, quien, en nombre del mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director general policial, garantizó los derechos constitucionales y humanos del detenido.

De igual forma, el coronel Pesqueira coordinó el protocolo correspondiente para su puesta a disposición de los organismos investigadores.

La institución del orden reiteró que las investigaciones continúan en curso, y que Peña Féliz será debidamente investigado conforme a la ley, respetando el debido proceso, a fin de determinar su grado de responsabilidad en los hechos.

Asimismo, la Policía Nacional exhortó a los demás implicados que permanecen prófugos a entregarse por la vía que consideren pertinente, para que respondan ante la justicia.

La Cámara de Diputados aprobó este martes, en primera lectura, el proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la cual sustituirá al antiguo Departamento Nacional de Investigaciones.

La iniciativa, que fue sometida originalmente en 2024, había sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional debido a que contenía artículos que vulneraban derechos fundamentales. Ante esa decisión, el Poder Ejecutivo optó por corregir el proyecto, tras analizarlo junto a la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) y ejecutivos de medios de comunicación.

Como resultado de ese proceso, se elaboró una nueva versión del proyecto, que ya había sido aprobada previamente por el Senado y que este martes fue respaldada por los diputados en una primera lectura.

La iniciativa corregida prohíbe que la nueva DNI exija documentos a los ciudadanos sin una orden judicial, una facultad que estaba contemplada en la ley anulada por el Tribunal Constitucional.

De acuerdo con el proyecto aprobado, la DNI estará facultada para investigar actividades de personas, grupos o asociaciones que atenten contra los intereses u objetivos nacionales; recopilar y procesar información relevante para la seguridad nacional; y evaluar amenazas internas y externas al orden constitucional.