En medio del caos provocado por un tiroteo ocurrido durante la cena anual de la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado, un hombre acaparó la atención en redes sociales por su inusual reacción: no corrió, no se escondió y tampoco soltó su tenedor.
Se trata de Michael Glantz, un agente de talentos de la firma Creative Artists Agency, quien fue captado mientras continuaba comiendo tranquilamente su ensalada mientras otros asistentes se protegían bajo las mesas.
El incidente en la cena de corresponsales
El incidente ocurrió la noche del sábado en el hotel Washington Hilton, cuando, según autoridades, el evento apenas comenzaba y un hombre identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años y residente en California, intentó irrumpir armado con una escopeta y una pistola, desatando un intercambio de disparos con agentes del Servicio Secreto.
Durante el altercado, un agente resultó herido —aunque salvó su vida gracias a un chaleco antibalas—, mientras que el entonces presidente Donald Trump fue evacuado del lugar sin sufrir daños. No se reportaron víctimas mortales.
Allen enfrenta cargos por intento de asesinato del mandatario, entre otros delitos, y podría enfrentar cadena perpetua de ser hallado culpable.
La reacción de Michael Glantz
En medio del pánico, Glantz explicó que decidió mantenerse en su asiento porque se sentía seguro debido a la fuerte presencia de seguridad. Además, admitió que parte de su reacción fue curiosidad. "No todos los días ves algo así", dijo en declaraciones a un medio de entretenimiento.
El agente, quien representa al reconocido periodista Wolf Blitzer, comentó que uno de sus pocos momentos de preocupación fue precisamente cuando su cliente cayó al suelo en medio del caos.
Aunque calificó el hecho como "horrífico", Glantz aseguró sentirse aliviado de que muchas personas hayan encontrado un toque de humor en su reacción, que rápidamente se viralizó en internet.
"Es algo tonto", dijo sobre su inesperada fama, sin mostrarse incómodo por convertirse en símbolo de calma —o indiferencia— en uno de los momentos más tensos de la noche.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reportó este martes los daños ocasionados por las fuertes lluvias que han afectado varias provincias del país en los últimos días.
Entre los principales daños, el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (Inapa) informó que siete acueductos se encuentran totalmente fuera de servicio, lo que afecta a 86,500 usuarios.
En la provincia Elías Piña, la Defensa Civil reportó que un deslizamiento de tierra afectó parcialmente dos viviendas, desplazando a unas 10 personas que fueron reubicadas en casas de familiares y amigos.
En Sánchez Ramírez, se informó que un ventarrón derribó cinco postes del tendido eléctrico en el sector Barrio Lindo, del distrito municipal de Angelina.
Además, en el municipio de Cotuí, en la carretera Cotuí–Platanal, varios árboles cayeron debido a la misma tormenta, lo que obligó a las autoridades a proceder con la remoción de escombros y el despeje de las vías.También se reportaron daños en el sector Vista del Valle.ecibe las principales noticias del día en tu bandeja de correo con nuestro newsletter Lo que tienes que saber.
En La Vega, la Defensa Civil informó que en el distrito municipal de Jima Abajo, el desbordamiento del río Majagual dejó incomunicadas las comunidades de Blanco de Jima Abajo con Fantino, complicando el acceso a estas zonas.
En la provincia María Trinidad Sánchez, específicamente en el municipio de Nagua, las fuertes lluvias provocaron inundaciones urbanas en los barrios Cumajón y Guayo, afectando a numerosos residentes.
Debido a las fuertes lluvias, en San Juan se produjeron inundaciones urbanas en la comunidad de Pedro Corto, sin que se reportaran viviendas afectadas. Las inundaciones urbanas, también se registraron en el municipio de Las Matas de Farfán, en el kilómetro 5 de la carretera San Juan–Las Matas de Farfán.
Las intensas lluvias también causaron daños en la provincia de Samaná. Según informes de la Defensa Civil, el desbordamiento del río El Limón provocó la destrucción total de una vivienda y la anegación de otra. Ambas casas quedaron inhabitable, y sus residentes perdieron todos sus ajuares.
Como medida de emergencia, las personas afectadas fueron trasladadas a casas de familiares y amigos para su resguardo.
Acciones tomadas
Las autoridades indicaron que se mantienen en contacto para coordinar las acciones de respuesta. Los ministros de la Presidencia y Administrativo están en comunicación permanente con la Dirección del COE para mantener informado al alto mando sobre el desarrollo del evento y para apoyar con los recursos necesarios a través del Plan Social de la Presidencia y los Comedores Económicos.
El Ministerio de Defensa también sigue en contacto con el COE para coordinar las labores de asistencia en las provincias afectadas.
Por su parte, la Cruz Roja Dominicana activó sus equipos de respuesta en las provincias bajo alerta amarilla. Estos equipos están llevando a cabo evaluaciones de daños y necesidades (EDAN), brindando apoyo psicosocial y servicios de salud, mientras coordinan con los Comités de Prevención, Mitigación y Respuesta (CPMR) en cada nivel territorial.
El titular de la Dirección General de Migración (DGM), Luis Rafael Lee Ballester, afirmó este martes que la institución enfrenta a diario mafias que se lucran facilitando el reingreso de haitianos que han sido deportados a su país.
A través de un comunicado de prensa, el vicealmirante indicó que se trata de un tema recurrente con el que lidian todas las instituciones involucradas en las labores migratorias.
En ese sentido, señaló que uno de los principales objetivos de la actual gestión es "transformar la conducta de quienes tienen a su cargo la vigilancia del territorio nacional", para centrarse en servir a los mejores intereses nacionales.
Ballester explicó que, mediante las operaciones en conjunto que realizan con el Ministerio de Defensa, el Ejército, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre y la Policía Nacional, han logrando un promedio diario de unas 1,000 personas detenidas en operativos de interdicción a nivel nacional.
De acuerdo con los datos ofrecidos, estas acciones también han permitido alcanzar más del 75 % de la meta planteada por el Consejo Nacional de Seguridad, que establece unas 10 mil deportaciones semanales.
Nuevos operativos
La Dirección General de Migración destacó que este lunes 27 de abril fueron registradas 1,072 personas detenidas y 806 deportadas. Las intervenciones se realizaron en puntos estratégicos, incluyendo Santo Domingo, San Cristóbal y Monte Plata, donde fueron interceptadas 123 individuos, así como en La Vega, Duarte y Nagua, con 102 detenidos.
Asimismo, detalló que durante el fin de semana, entre el viernes 24 y el domingo 26 de abril, detuvieron a 2,889 extranjeros en condición migratoria irregular y deportaron a 2,506.
El viernes 24 se reportaron 1,094 detenciones y 807 deportaciones; el sábado 25, 1,096 detenidos y 840 deportados; y el domingo 26, 699 detenidos y 859 deportados.
De acuerdo con la institución, las deportaciones se realizaron siguiendo los protocolos establecidos a través de los puntos de control fronterizo en Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.
La entidad afirmó que desde el 1 de octubre de 2024, cuando inició la gestión de Lee Ballester, han reconducido a su país de origen a 596,407 extranjeros indocumentados. En el primer trimestre de 2026 se registran 122,228, mientras que en lo que va de abril la cifra asciende a 22,978.
Shakira lamenta la muerte de un trabajador de una empresa encargada del montaje del escenario del megaconcierto que ofrecerá este sábado en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, y que murió este domingo en un accidente laboral: "Mi corazón está con su familia y sus seres queridos".
"Estoy profundamente entristecida por la familia, los amigos y los compañeros de Gabriel de Jesus Firmino, un trabajador local que perdió la vida ayer en el lugar. Mi corazón está con su familia y sus seres queridos", ha señalado la cantante en un comunicado difundido por su equipo.
La víctima, un técnico de seguridad de 28 años, falleció por el impacto de "una estructura del montaje del escenario que se desplomó", según señaló la Policía Militar de Río ayer en una nota.
De acuerdo con el testimonio de otros empleados citados por el Cuerpo de Bomberos, el joven "sufrió el aplastamiento de las extremidades inferiores en un sistema de elevación".
Cuando llegaron los equipos de rescate, la víctima ya había sido retirada del lugar del accidente por sus compañeros. Recibió primeros auxilios in situ y rápidamente fue conducida a un hospital, pero no resistió las heridas y falleció.
La Policía Civil de Río ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.
Río de Janeiro se prepara ya para la llegada de la cantante colombiana, una de las máximas representantes de la música latina, donde se espera que se concentren alrededor de dos millones de personas para ver el concierto.
Más
El megaconcierto, que será gratuito, repetirá el modelo de los espectáculos que ofrecieron Lady Gaga y Madonna en 2025 y 2024, respectivamente, a los cuales asistieron más de un millón y medio de personas, de acuerdo con las autoridades locales
Abogados consultados coincidieron en que los acuerdos alcanzados por víctimas en el caso Jet Set no detienen el proceso penal, pero sí pueden influir en las eventuales condenas, al ser valorados por los jueces como parte de la conducta de los imputados.
En este proceso, que está en la etapa preliminar, el Ministerio Público acusa a los hermanos Maribel y Antonio Espaillat de homicidio involuntario por el colapso del techo de la discoteca el pasado 8 de abril de 2025, donde fallecieron 236 personas y 183 resultaron heridas. El caso, que está en los tribunales desde enero de este año, que comenzó con 120 querellas, y solo en la audiencia del 20 de abril, unas 50 desistieron.
El jurista Carlos Felipe sostuvo que, aunque el expediente sigue firme, estos movimientos tienen un impacto indirecto en el resultado final.
“Esto favorece a los imputados en cierta medida… porque se ve una actitud de responsabilidad que puede ser valorada al momento de la pena, pero para nada debilita el caso”, explicó.
En esa misma línea, el abogado Jean Pérez afirmó que la salida de querellantes no elimina la responsabilidadpenal, aunque sí cambia la dinámica del proceso.
“Los desistimientos pueden reducir la cantidad de actores, pero no eliminan la acusación penal ni la gravedad del hecho”, indicó.
Por su parte, el jurista Ángel Lockward consideró que los acuerdos incluso reflejan un reconocimiento implícito.
“Si hubo acuerdos es porque hay ‘cierta’ culpa, aunque sea en el ámbito civil”, señaló.
Etapa del proceso y posible impacto en condenas
El caso se encuentra en la fase preliminar o etapa intermedia, donde se define si será enviado a juicio de fondo. En este punto, también se discuten las pruebas y la calificación jurídica, que actualmente se mantiene como homicidio involuntario.
Sobre este aspecto, abogados advierten que el marco legal podría derivar en sanciones limitadas.
“Existe la posibilidad de que sean condenados a dos años… y si ya han cumplido ese tiempo en prisión domiciliaria, sería pena cumplida”, explicó el abogado Carlos Balcácer.
Retrasos y duración del proceso
En cuanto a la duración del caso, los expertos coinciden en que será prolongado.“Ese proceso durará años y desgastará a las víctimas día por día”, advirtió Carlos Felipe, al referirse a la complejidad del expediente por la cantidad de afectados.
No obstante, otros juristas consideran que, dentro de ese contexto, el proceso avanza dentro de lo esperado.
“La justicia que buscamos no será esa”
Mientras los abogados analizan el caso desde el plano técnico, algunas víctimas expresan una visión distinta.
Brian Saldaña, quien perdió a su esposa en la tragedia y decidió retirar su querella, aseguró que su decisión estuvo marcada por el desgaste emocional.
“El proceso pinta en una sola dirección… va a durar años y necesito rehacer mi vida”, expresó.
Aunque afirmó que no recibió presión, dejó claro que no siente que se haya hecho justicia: “La justicia que estamos buscando no será esa”.
También, calificó el proceso como “lento y manipulado”, reflejando una percepción que contrasta con la lectura jurídica. Luego de ofrecernos sus declaraciones, Brian compartió un comunicado a través de sus redes sociales, explicando detalladamente las razones que lo llevaron a desestimar su querella y dejarlo en manos del Ministerio Público.
Peritaje y rumbo del caso
A este escenario se suma la aprobación de un nuevo peritaje técnico, que podría incidir en la determinación de responsabilidades.
“Si ese peritaje contradice al del Ministerio Público, claro que puede cambiar el rumbo del proceso”, afirmó Carlos Felipe.
Un caso que avanza, pero bajo cuestionamiento
El pasado 20 de abril, 50 querellantes retiraron sus demandas, sumándose a una tendencia de acuerdos que, aunque no detiene el caso, sí está modificando su dinámica.
Entre la visión de los abogados, que sostienen que el proceso sigue firme, y la percepción de algunas víctimas, que cuestionan el alcance de la justicia, el caso Jet Set avanza hacia una etapa decisiva con un debate abierto: no solo sobre culpabilidad, sino sobre qué tipo de justicia se alcanzará.
Familiares, amigos y allegados de Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, la joven de 25 años hallada muerta de un disparo en la cabeza en el parque Mirador Sur el pasado 25 de enero, realizaron este martes una protesta pacífica a las afueras del Palacio de Justicia, exigiendo justicia por el crimen.
Durante la manifestación, el abogado de la familia informó que la audiencia de revisión obligatoria de la medida de coerción contra el teniente coronel del Ejército, Samuel Elías Céspedes Valdez, no se llevó a cabo debido a que el Ministerio Público depositó formalmente la acusación en su contra ese mismo día. Explicó que, aunque la Fiscalía actuó dentro del plazo legal de tres meses, existía preocupación en la comunidad de Peralta, Azua, por la demora en la presentación del expediente.
El jurista aseguró que las pruebas recopiladas, incluyendo los resultados de la autopsia, contradicen la versión del imputado, quien alegaba que se trató de un suicidio. “La acusación destruye esa tesis y establece que el disparo no fue realizado por la víctima, sino por el imputado”, afirmó, al tiempo que indicó que ahora se espera la convocatoria de la audiencia preliminar para determinar si el caso es enviado a juicio de fondo.
De su lado, un hermano de la víctima denunció que la familia teme que el caso quede impune, alegando que el imputado estaría utilizando todos los recursos posibles para evadir la justicia. “No nos vamos a cansar hasta lograr justicia para mi hermana. No queremos que este sea un caso más que quede en el olvido”, expresó.
Licairis Díaz Valenzuela, oriunda del municipio Peralta, en la provincia Azua, murió tras recibir un disparo mientras se encontraba dentro del vehículo del oficial, con quien mantenía una relación sentimental. El Ministerio Público ha calificado el hecho como homicidio voluntario, presuntamente ocurrido tras una discusión. El imputado cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Santo Domingo.– Una pareja de esposos que fue atropellada la madrugada del Viernes Santo en la carretera Azua-San Juan reclama a las autoridades identificar y apresar al conductor responsable, quien huyó del lugar tras el accidente.
Se trata de Carlos Daniel Jerónimo y Nayary Gil, ambos de 29 años, quienes se desplazaban en una motocicleta con destino a Santo Domingo cuando fueron impactados por un vehículo, en un hecho que cambió sus vidas de forma irreversible.
Según relatan, el choque fue de tal magnitud que ambos perdieron la pierna derecha, tras complicaciones médicas que obligaron a su amputación.
Los afectados aseguran que la única evidencia con la que cuentan es un video en el que se observa un carro blanco, que presuntamente los arrolló. Sin embargo, hasta el momento no se ha identificado al conductor ni se ha establecido su paradero.
La pareja también denunció falta de atención por parte de las autoridades, indicando que han tenido que gestionar por cuenta propia documentos y acceso a grabaciones de cámaras de seguridad, enfrentando múltiples dificultades en el proceso.
Nayary Gil, madre de tres menores, expresó que su situación se ha agravado tras el accidente, ya que debido a sus limitaciones físicas y económicas se ha visto obligada a enviar a sus hijos a distintos lugares, al no poder brindarles el cuidado necesario durante su recuperación.
Los esposos hacen un llamado urgente a las autoridades para que se agilicen las investigaciones y se haga justicia en su caso.
Nairobi.- El último contingente de unos 150 policías kenianos de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS, en inglés) abandonó Haití, confirmó este martes la Policía keniana, completando así la transición para dar paso a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), impulsada por la ONU en sustitución de la MSS.
Según confirmaron las fuerzas de seguridad kenianas a través de un comunicado en la red social X, los agentes salieron de Haití este lunes con rumbo a la capital del país africano, Nairobi.
Los agentes dejaron el país caribeño tras la visita del ministro del Interior de Kenia, Kipchumba Murkomen, al aeropuerto internacional de Puerto Príncipe en una delegación que incluía al inspector general de la Policía, Douglas Kanja.
El ministro felicitó a los agentes por su "compromiso inquebrantable y su sacrificio para restaurar la ley y el orden en Haití", mientras Kanja "elogió a los oficiales por desempeñar sus funciones con profesionalidad, disciplina y compromiso".
El asesor de Seguridad Nacional de Kenia, Joseph Boinett, integrante también de la delegación, describió la misión como "histórica" y afirmó que los policías "defendieron la reputación de Kenia con honor y orgullo".
Murkomen se refirió también a las acusaciones de presuntos abusos sexuales por parte de efectivos de la MSS contenidas en un informe de la ONU, y señaló que habían sido investigadas, después de que el Gobierno keniano las rechazara porque contradicen sus propias investigaciones.
La GSF estará liderada por las fuerzas de seguridad de Chad, que planea desplegar 1.500 soldados en el país caribeño, de los que 400 efectivos ya se encuentran allí.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en octubre de 2023, a petición del Gobierno haitiano, el despliegue por un año prorrogable de la MSS, que se materializó en junio de 2024 -cuando llegó el primer contingente de la Policía keniana al país- y cuyo mandato concluyó el pasado octubre.
La MSS se vio limitada por la falta de tropas, financiación y equipamiento, ya que tanto esa operación como la nueva fuerza dependen de contribuciones voluntarias de los Estados miembros.
Aunque la previsión inicial era de 2.500 efectivos, finalmente se desplegaron en torno a un millar, en su mayoría kenianos.
Pero la misión no consiguió recuperar ningún territorio controlado por las bandas, cuyas acciones han causado el desplazamiento interno de más de 1,3 millones de personas, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU.
Las bandas se han apoderado del 90 % de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, la capital haitiana, y se han desplazado hacia otras localidades del interior.
Esta crisis ha provocado la muerte -según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos- de 5.519 personas entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año, en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las pandillas armadas, que en gran parte utilizan armas introducidas ilegalmente desde Estados Unidos.
La Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (Intrant) parece ser un texto de cumplimiento opcional para un sector específico del transporte: los motociclistas, muchos, los llamaron “dueños de las vías”, otros los definen como anarquistas.
Lo que debería ser un marco regulatorio del tránsito se ha transformado, en la práctica, en un sistema donde estos conductores operan bajo una jurisdicción propia y ajena al ordenamiento jurídico de República Dominicana.
La inobservancia de las normas por parte de este grupo ocurre con una frecuencia alarmante y ¿Qué es más preocupante? Que sucede ante la mirada pasiva de los agentes de la Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), órgano llamado fiscalizar.
En las principales provincias del país, es común observar cómo los agentes de la Digesett optan por «darse por no enterados» ante infracciones flagrantes, permitiendo que la ilegalidad se apodere de las calles.
El irrespeto a la luz roja del semáforo se ha convertido en la norma y no en la excepción para los conductores de motores.
Las señales de tránsito parecen ser elementos decorativos que no limitan su desplazamiento, creando un entorno de alta peligrosidad tanto para los conductores de vehículos de cuatro ruedas como para ellos mismos, quienes representan las estadísticas más altas de mortalidad vial.
Motociclistas
La Ley 63-17 es clara; específicamente en su artículo 251, prohíbe a motociclistas transitar sin el casco protector, en grupos de más de dos en paralelo, o por túneles y pasos a desnivel.
Dicha violación debería ser sancionada con una multa equivalente de uno a tres salarios mínimos del que impere en el sector público centralizado, además de la reducción de puntos en la licencia de conducir, según determine el reglamento correspondiente.
Conducir en una sola rueda es una costumbre arraigada entre los motoristas, pese a que la ley, en su artículo 220, condena y sanciona con dos a cinco salarios mínimos a quienes incurran en esta práctica.
Asimismo, conducir en vía contraria es una maniobra cotidiana que pone en riesgo la seguridad vial.
Manejar en vía contrario se ha convertido en una práctica para los motociclistas.
De igual forma, los espacios reservados exclusivamente para el peatón, como las aceras, son utilizados como carriles alternos, obligando a los ciudadanos de a pie a lanzarse al pavimento para evitar ser arrollados.
En su código particular, la prioridad no es el orden ni el respeto mutuo, sino la ventaja individual sobre el colectivo, desafiando constantemente la paz pública y el civismo necesario en una sociedad funcional.
Para ellos, esperar los segundos requeridos por los semáforos no parece ser imperativo. La motivación detrás de este comportamiento es clara: la urgencia de llegar al destino en el menor tiempo posible; bajo esa premisa, actúan pensando que el fin justifica los medios.
Esto ocurre sin importar si en el trayecto se violenta de forma sistemática la ley o si un tercero resulta agraviado o físicamente herido como consecuencia de sus acciones temerarias.
Resulta paradójico que, siendo el grupo que mayor cantidad de infracciones comete en el territorio nacional, sea el menos fiscalizado de manera efectiva.
Mientras un conductor de vehículo privado es sancionado por detalles menores, el motorista transita sin placa visible, sin casco o transportando cargas excesivas sin ninguna consecuencia.
Esta falta de régimen de consecuencias ha fomentado un sentimiento de impotencia colectiva contra estos infractores, quienes utilizan sus unidades para transporte privado, envíos (delivery) y servicio de motoconcho.
En tanto crece la indignación, la Digesett y el Intrant se muestran ausentes e incapaces de trazar medidas que puedan controlar a los que hoy parecen ser los «dueños de las calles»: los motoristas.
Estadísticas
Las estadísticas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a marzo de 2025 indican la existencia de 3.5 millones de motocicletas, lo que representa el 57 % del parque vehicular.
Para algunos expertos en la materia, esa mayoría numérica no solo se traduce en desorden, sino en una saturación de las vías y en una violación constante de las leyes.
A pesar de los esfuerzos de regularización del Intrant, más de 2 millones de usuarios siguen operando fuera de la estadística estatal.
Nueva Delhi.- Un hombre de una comunidad tribal del estado de Odisha, en el este de la India, desenterró a su hermana fallecida y trasladó su cadáver a una sucursal bancaria para retirar los ahorros de su cuenta después de que el banco le negara acceder a los fondos.
"He ido varias veces al banco y la gente de allí me dijo que trajera a la titular de la cuenta para retirar el dinero depositado a su nombre. Aunque les dije que ella había muerto, no me escucharon e insistieron en que la trajera al banco. Cavé la tumba y saqué su esqueleto como prueba de su muerte", declaró a los medios Jeetu Munda.
El incidente ocurrió después de que el banco exigiera al hombre el acta de defunción de su hermana, indispensable para proceder legalmente a la retirada de efectivo.
Ante la negativa de los empleados a tramitar el retiro sin este certificado, Munda, que se encontraba en estado de embriaguez según el banco, optó por exhumar los restos de su hermana y colocarlos frente a la sucursal para demostrar el fallecimiento.
"La intención del banco fue proteger los intereses de los fondos de la mujer tribal pobre en la cuenta. No existe ningún caso de acoso", declaró este martes en un comunicado el Indian Overseas Bank, el banco matriz del banco rural.
Tras informes de medios que sugirieron que la propia entidad le había exigido a Munda traer los restos de su hermana, el banco desmintió categóricamente haber solicitado su presencia física y aseguró que el conflicto se debió a una falta de entendimiento sobre los protocolos formales.
Cuando el hombre apareció con el cuerpo, los empleados de la sucursal llamaron a la policía local para que se encargaran del asunto, según indicó el banco. Después de hablar con las autoridades, Munda volvió a enterrar a su hermana.
"La policía lo convenció del asunto y le pidió que recogiera el certificado de defunción. Es inocente y no comprendía que debía entregar el certificado de defunción en el banco para recuperar el dinero que su hermana había depositado", informó el inspector jefe de la comisaría de Patna, Kiran Prasad Sahu.
Según la policía, la hermana de Jitu falleció hace dos meses y tenía en su banco unas 19.300 rupias indias (alrededor de 200 dólares).
El hombre, que según las autoridades es analfabeto, está siendo asistido por la policía en los trámites para obtener el certificado de defunción que le permita recuperar el dinero de su familia.
