Miembros del Ministerio Público y del Departamento de Prófugos de la Policía Nacional, adscritos al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos contra la Propiedad de la Fiscalía del Distrito Nacional, persiguen de manera activa a un ex empleado privado, acusado de robar 60 millones de pesos mediante la modalidad de intervenir varias cuentas bancarias de la empresa donde trabajaba, para luego transferir el dinero a sus cuentas personales y después distribuirlo entre unas 113 personas para que estas luego les entregaran el dinero a cambio de un porcentaje.

Una nota de prensa del Poder Judicial dice que Juan Luis Valdez Cascante "logró realizar múltiples transferencias bancarias primero a sus cuentas personales y luego las distribuyó entre unas 113 personas para que estas luego les entregaran el dinero la mayoría de veces a cambio de un porcentaje".

El nombre de la entidad bancaria no fue suministrado.

• Contra Valdez Cascante pesa la orden de arresto No. 2025-AJ0015030, emitida el 11 de marzo de 2025 por la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.

El Ministerio Público sostiene que el acusado actuó junto a otros implicados aún bajo investigación, quienes también habrían resultado beneficiados de las operaciones fraudulentas.

El ex empleado enfrenta acusaciones por robo asalariado, asociación de malhechores y violación a la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Según las autoridades, el imputado se ha mantenido oculto entre Bávaro, Punta Cana y Santiago de los Caballeros, zonas donde residen familiares cercanos.

Una tragedia arropa desde la noche del domingo al municipio de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, con un presunto feminicidio-suicidio, donde un hombre ultimó a su pareja y luego se quitó la vida, hecho que ha generado consternación entre los residentes de la zona.

La víctima fue identificada como Alfania Manuela Hernández, de 29 años, y su agresor habría sido Rafael Almánzar, de 51 años, conocido como “Rola”.

Según informaciones preliminares, luego de que Almánzar le quitó la vida a Hernández de un disparo, procedió a suicidarse de un disparo en la cabeza. Las circunstancias de los hechos aún permanecen bajo investigación.

Hernández dejó una niña de 6 años en la orfandad. Según explicó un familiar de la víctima, tanto Alfania como Almánzar se encontraban la tarde del domingo compartiendo en la misma comunidad de Ojo de Agua, ocurriendo la tragedia luego de una discusión.

Al lugar se presentaron agentes de la Policía Nacional, miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y la magistrada Zoila Rodríguez de parte del Ministerio Público, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las pesquisas correspondientes.

Alrededor de doce negocios chinos permanecen cerrados desde hace cerca de nueve meses, luego de que el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) ordenara su clausura por irregularidades estructurales.

Aunque Diario Libre intentó contactar a propietarios y representantes de algunos de estos establecimientos para conocer su estatus y los procesos de reapertura, no fue posible obtener respuestas.

La situación mantiene en incertidumbre a comerciantes y empleados, mientras la presidenta de la comunidad china en República Dominicana, Rosa Ng, calificó el proceso como “demasiado prolongado” y perjudicial para miles de trabajadores.

Impacto económico y social de los cierres en la comunidad china

La dirigente comunitaria estimó que entre 2,000 y 3,000 empleos se han visto impactados por los cierres. Señaló que muchas empresas tuvieron que cesantear personal y pagar prestaciones laborales, además de asumir gastos fijos como energía eléctrica, impuestos y compromisos bancarios.

“Ya no aguantamos más”, quien relató Ng que algunos propietarios le han manifestado enfrentar serias dificultades financieras luego de varios meses sin operar.

Ng explicó que ninguno de los establecimientos ha logrado reabrir, pese a que algunos ya habrían cumplido con los requerimientos técnicos exigidos por las autoridades.

Al responder sobre el por qué estos propietarios no han cumplido con lo establecido por el Mivhed, sostuvo que los procesos han sido lentos y burocráticos, posiblemente afectados por cambios de dirección dentro del ministerio.

Indicó que algunos comerciantes han tenido que esperar aprobaciones adicionales de otras instituciones, como Medio Ambiente, lo que ha retrasado aún más la reapertura.

Entre las tiendas que permanecen cerradas están Suplax, Shopping Center New World, La Rocca, Plaza Hope, Ming Sheng, Me Home (Nine Mall), STD Mall, Brisas Mall y Yo Me, entre otros establecimientos en Santo Domingo y Santiago.

La presidenta de la comunidad china citó el caso de Suplax, ubicado en la avenida Nicolás de Ovando, donde aseguró que una comisión encabezada por un ingeniero de apellido Pellerano inspeccionó recientemente la estructura y verificó que las correcciones solicitadas fueron ejecutadas.

“Todo se ha entregado al nivel que corresponde y ahora estamos a la espera de la decisión de ellos”, expresó, al señalar que esa empresa también contrató estudios de vulnerabilidad estructural requeridos por el Mivhed.

Ng afirmó que la comunidad china mantiene disposición de colaborar con las autoridades y propuso traducir al idioma chino las normativas del Mivhed, a fin de facilitar su comprensión entre comerciantes extranjeros y prevenir nuevos casos.

Asimismo, llamó al Gobierno dominicano a fortalecer las relaciones con la República Popular China y a propiciar un diálogo que permita resolver la situación de los negocios cerrados. “No hay explicación para que empresas que ya han cumplido continúen cerradas”, concluyó.

Detalles y avances en el caso de la tienda Suplax

La tienda china Suplax, clausurada hace varios meses por el Mivhed, afirmó que ya completó la mayoría de los trabajos y documentación requeridos por las autoridades, aunque todavía permanece cerrada a la espera de una autorización oficial para reabrir.

Así lo expresó Elisa Hg, asistente administrativa del establecimiento, quien calificó la situación como “difícil” debido al tiempo transcurrido sin operaciones comerciales.

Explicó que recientemente concluyeron el reforzamiento estructural solicitado por el ministerio y que una comisión técnica realizó una inspección el pasado lunes.

“Ellos vinieron a inspeccionar y dijeron que todo estaba bien, pero luego enviaron un correo con nuevas observaciones que ya habían sido entregadas en informes anteriores”, sostuvo.

Según indicó, una de las principales exigencias del Mivhed fue rellenar con concreto las columnas metálicas del edificio para reforzar la estructura. No obstante, aseguró que los ingenieros contratados por la empresa concluyeron que la edificación no representa peligro público y que soporta adecuadamente la carga del inmueble.

La empleada explicó que el negocio lleva varios años operando y que el edificio no presenta grietas visibles. A su juicio, gran parte del proceso pendiente corresponde a la regularización de permisos y trámites administrativos.

Entre los trabajos realizados mencionó el retiro de cristales de la fachada, reforzamiento de vigas, adecuaciones estructurales y desacoplamiento de muros en niveles superiores.

En cuanto a la documentación entregada al Mivhed, señaló que depositaron memorias de cálculo, estudios estructurales, permisos del ayuntamiento, autorizaciones ambientales y planos arquitectónicos. Indicó que solo faltan algunos planos sanitarios y eléctricos.

Asimismo, dijo que la empresa presentó certificaciones del acero importado desde China utilizado en la estructura, incluyendo pruebas de laboratorio realizadas localmente que, según afirmó, confirmaron la calidad del material.

Elisa aseguró que al momento del cierre de Suplax contaba con unos 300 empleados, pero que actualmente solo conservan cerca de 20 trabajadores para labores de limpieza y mantenimiento.

“Como la tienda no tiene ingresos, no tenemos forma de pagar salarios”, expresó. Agregó que también solicitaron suspensiones temporales de contratos ante el Ministerio de Trabajo, pero les fueron negadas.

La representante consideró que la principal dificultad ha sido la lentitud en las revisiones oficiales y los nuevos requerimientos que surgen luego de cumplir los anteriores.

Hasta el momento, indicó que las autoridades solo les han pedido concluir los trabajos pendientes “lo más pronto posible”, mientras la empresa sigue a la espera de poder retomar sus operaciones.

Posición de la ONEC sobre los cierres y cumplimiento normativo

Por su lado, la directora ejecutiva de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), Jennifer Troncoso, aseguró que el cierre de varias tiendas de capital chino en el país responde a múltiples incumplimientos legales y estructurales, y afirmó que esta situación no ha generado un impacto negativo en el comercio formal dominicano.

Troncoso indicó que muchas de estas tiendas permanecen cerradas porque no han podido corregir las irregularidades detectadas. Agregó que, hasta el momento, la ONEC no ha investigado si los propietarios han trasladado sus operaciones a otros lugares o si mantienen actividades comerciales informales.

Troncoso explicó que estas empresas han sido señaladas por prácticas de competencia desleal, al no cumplir con normativas que sí son exigidas a los comerciantes locales.

Entre estas irregularidades citó fallas en el pago de impuestos, incumplimiento en la facturación electrónica, subvaluación en aduanas y violaciones a las disposiciones laborales, como el pago del salario mínimo y la seguridad social.

Asimismo, indicó que muchas de estas tiendas presentan deficiencias en sus infraestructuras, incluyendo la ausencia de salidas de emergencia adecuadas, sistemas de prevención de incendios, cantidad insuficiente de parqueos y baños, así como construcciones que no cumplen con los estándares de ingeniería establecidos en el país.

Estas condiciones, advirtió, representan un riesgo tanto para clientes como para empleados.

La ejecutiva señaló que, de acuerdo con levantamientos realizados por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, también se detectaron fallas estructurales graves, como vigas deterioradas y materiales en mal estado, lo que habría motivado el cierre de estos establecimientos hasta tanto realicen las adecuaciones correspondientes.

Finalmente, sostuvo que el cierre de estos negocios no ha afectado negativamente al comercio detallista formal, ya que, según afirmó, estas empresas operaban al margen de las normativas fiscales y no aportaban al fisco.

Por el contrario, consideró que las medidas adoptadas contribuyen a garantizar la seguridad de los consumidores y a promover una competencia más justa en el sector comercial.

Diputados y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santiago manifestaron su rechazo al proceso de consenso que se impulsa para escoger las nuevas autoridades partidarias en esa provincia y sus municipios, al considerar que ha sido manejado de manera irregular y sin tomar en cuenta a las bases de esa organización política.

Durante un encuentro encabezado por los diputados Fausto Domínguez, Francisco Díaz, Luis René Fernández y Soraya Suárez, junto a representantes de distintas regiones y municipios de la provincia, los dirigentes reclamaron la celebración de una convención “limpia y transparente”, mediante el voto directo de la militancia.

Los representantes políticos aseguraron que el mecanismo de consenso no refleja el sentir de las bases del partido y advirtieron que cualquier decisión tomada sin la participación de la dirigencia media y los militantes podría generar divisiones internas en la organización oficialista.

Asimismo, insistieron en que el PRM debe preservar los principios democráticos que le dieron origen, garantizando igualdad de oportunidades para todos los aspirantes y un proceso interno apegado a la institucionalidad partidaria.

Los dirigentes reiteraron su llamado a las autoridades nacionales del partido para que escuchen a la militancia de Santiago y permitan que sean los propios miembros quienes elijan, a través del voto, a las nuevas autoridades provinciales y municipales.

Un juez de la Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia San Cristóbal dictó este sábado prisión preventiva contra un adolescente de 14 años acusado de quitarle la vida al niño Raudiel Steven Martínez Corporán, de 10, en un hecho ocurrido en el distrito municipal de Hato Damas.

Al menor le fueron impuestos 60 días de medida de coerción, el plazo máximo establecido por el Código Procesal Penal para menores de edad.

Los abogados de la familia de la víctima valoraron la decisión del tribunal y aseguraron que existen pruebas suficientes contra el imputado.

"Ciertamente, la magistrada comenzó hoy a hacer justicia, porque fue impuesta, como correspondía, la medida de coerción más gravosa contemplada en el Código del Menor", expresó el abogado Maximino Franco Ruiz.

"Vamos a hacer todo lo necesario para que este hecho no quede impune", agregó el jurista Gregorio García.

Durante las declaraciones ofrecidas a la prensa, los abogados también señalaron que han recibido informaciones extraoficiales sobre supuestos hechos previos en los que habría estado involucrado el adolescente.

"Se dice que él estuvo detenido, que cometió una serie de hechos por allí, que entró a una casa y tomó unos dólares. Parece que el menor llevaba una vida algo desordenada, pero estamos seguros de que va a responder por lo que hizo", manifestó García.

El adolescente cumplirá la medida en el centro correccional para menores Ciudad del Niño, ubicado en el municipio Santo Domingo Oeste.

Mientras tanto, a las afueras del tribunal, familiares del menor fallecido exigieron justicia y reclamaron que el caso no quede impune.

Hallazgo del cadáver

Raudiel Steven Martínez Corporán estaba desaparecido el miércoles 6 de mayo y fue encontrado alrededor de las 11:00 de la mañana del día siguiente en la cañada La Reja, en Hato Damas.

El cuerpo fue hallado en ropa interior, boca abajo y cubierto con hojas, tras una intensa búsqueda realizada por familiares y comunitarios.

De acuerdo con los parientes de la víctima, el adolescente acusado condujo a los agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) hasta el lugar donde se encontraba el cadáver del niño.