Familiares de una niña de once años denunciaron que fue secuestrada por un vecino, de 27 años, quien alega que se la llevó en calidad de "pareja" en la comunidad Quijá Quieta, de Villa Altagracia, provincia San Cristóbal.

La niña, de quien se resguarda su nombre por asuntos legales, había acudido a la residencia de Rodolfo del Rosario, alias Pilón, para ayudar a su esposa, solo identificada como Yamilet, debido a que esta última había tenido un accidente y se le dificultaba movilizarse  sola.

La pareja les había pedido permiso a los familiares el pasado 16 de julio, estos  dicen que accedieron porque  entendían que hacían un bien. La niña siguió acudiendo a la casa aproximadamente durante cuatro días. El quinto día, la niña regresó a la casa de la pareja y, tras durar más horas de lo habitual, la abuela los llamó para que le enviarán a la menor, sin embargo, esta nunca regresó.

Sin noticias  por más de dos semanas

Han pasado 17 días y los allegados de la niña no han podido tener contacto físico con ella, por lo que temen que esté en peligro. El mismo día del hecho, alias Pilón le envió una nota de voz a una tía de la niña asegurando que se había casado con ella.

"Eso es un hombre que tiene su mujer, por lo que ella también tiene que responder por la niña, qué es lo que quieren con ella, eso es una niña, una bebé", expresó entre llantos la abuela de la menor, Nereida Lara.

No creen en vídeo

Lara precisó que también recibieron un video de la niña en la que esta decía que se había ido de la casa porque estaba "harta de su familia" y que también estaba pasando hambre, lo cual fue negado por sus parientes.

"En el video la niña dice cosas incoherentes que no suceden en la familia, cosas que yo sé y siento dentro de mí que quisiera escucharla a ella directamente decírmelo. Nos sorprendieron, nos dejaron en shock, estamos en tristeza porque sé que las cosas no son así", manifestó Lara al precisar que notó que Pilón puso algo en la cara de la niña que la hacía aparentar como una mujer.

Pilón tiene orden de arresto

En contra de Pilón hay una orden de arresto desde el pasado 20 de julio por la jueza del Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de Villa Altagracia, sin embargo, las autoridades no han podido dar con el paradero del acusado ni con el rastro de la menor.

Esta fue definida por sus parientes como una niña cariñosa, incapaz de decir las palabras que pronunció a través del video, por lo que aseguran que lo hizo obligada.

La madre de la niña murió hace seis años, por lo que desde entonces una tía y sus abuelos se han encargado de su cuidado.

Autoridades investigan

Las autoridades de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional, la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar e Investigaciones Criminales y la Unidad de Trata de Personas investigan el hecho.

Piden a Rodolfo del Rosario entregarse por las vías que entienda pertinente y devolver a sus familiares a la niña.

El lunes realizaron varios allanamientos en la zona, sin embargo, no pudieron dar con el paradero de Pilón.

Un total de 2.921 personas murieron en 2022 en accidentes de tránsito en República Dominicana, lo que supone una de las tasas de mortalidad más altas del mundo, en un país con algo más de 11 millones de habitantes, informó este martes el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), República Dominicana ocupa el quinto lugar a nivel mundial en siniestros en carretera.

Según los datos ofrecidos por el director ejecutivo del Intrant, Hugo Beras, esa cifra de fallecidos supone un ligera bajada del 1,55 % respecto a 2021, año en el que 2.967 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito.

Más de la mitad de las víctimas mortales de 2022 se desplazaban en motocicleta, un total de 1.670 (57,17 %), mientras que un 14,85 % correspondió a peatones, un 8,8 % a personas que iban en automóvil, un 2,8 % a vehículos de carga y menos del 1 % a autobuses, entre otros medios.

Beras añadió que la tasa de mortalidad en 2022 fue de 27,5 fallecidos por cada 100,000 habitantes, la más baja de los últimos cinco años.

Entre las medidas impulsadas desde el Gobierno dominicano para tratar de disminuir estas cifras, están proyectos como la licencia por puntos (podría implantarse a final de este año), la inspección técnica vehicular, el monitoreo de transporte de carga y la regulación del transporte turístico e interurbano.

En los próximos días, adelantó Beras, el presidente dominicano, Luis Abinader, hará un anuncio que «aportará significativamente a la disminución de los siniestros».

Conforme a datos oficiales, los accidentes de tráfico cuestan además cada año 3.000 millones de dólares a República Dominicana.

 Al menos 20 empleados de la Procuraduría General de la República fueron detenidos tras varios allanamientos llevados a cabo en Santo Domingo y el Distrito Nacional, acusados de formar una red delictiva dedicada a retirar fichas de antecedentes penales a terceros.

En la misma participaron fiscales la Dirección de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en coordinación con la Dirección General de Control de Drogas y la Policía Nacional.

Dentro de la lista de acusados aparte de los empleados de la aérea de tecnología y de servicio al usuario con antecedentes penales, se presume figuran exmiembros de organismos de inteligencia.

Los allanamientos están relacionados a la Operación Halcón IV, en el que Joel Ambioris Pimentel García, alias “La J”, figura como el principal implicado en la operación Halcón IV contra el crimen organizado, fue señalado como el supuesto responsable de la amenaza dirigida a la procuradora Miriam Germán Brito.

Se recuerda que el abogado de la «J» expresó que este no tuvo nada que ver y que, de hecho, “La J” tiene más de una década residiendo en el exterior.

“Yo no tengo argumentos para decir que no le hicieron una amenaza a Miriam (Germán), pero esa amenaza no vino de esa persona (…) Esa persona tiene once años que vive fuera del país sin ningún movimiento migratorio, no ha entrado a este país”, manifestó.

“Él no tiene antecedentes penales, ese señor nunca ha sido sometido a la justicia”, dijo Castro en esa ocasión mostrando un documento expedido por la Procuraduría General de la República que dicta que en el sistema de información del Ministerio Público, el mencionado no tiene antecedentes ni nunca ha sido condenado por ningún hecho.