A pesar de que algunos casos tienen hasta dos años bajo investigación, el Ministerio Público sigue sin avanzar las indagatorias contra cuatro diputados señalados por supuestamente estar ligados al narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción administrativa.

Una fuente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) confirmó ayer que la Procuraduría General de la República aún no ha depositado evidencias que sustenten señalamientos contra los legisladores, por lo que un juez de instrucción especial "está a la espera" de las solicitudes para proceder contra los congresistas.

Tres de los diputados que están bajo la mira del Ministerio Público, pero que aún no han sido procesados pertenecen al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y son Nelson Marmolejos, de Santiago; Faustina Guerrero, de El Seibo; y Sergio Moya, del Distrito Nacional. Mientras que del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) se encuentra bajo investigación el legislador Héctor Feliz, de Pedernales.

Para las indagatorias, la Suprema Corte de Justicia designó al juez de instrucción especial Napoléon Estévez Lavandier, quien aún no ha recibido las acusaciones para proceder con los congresistas. Los diputados requieren un juez de esta categoría por la jurisdicción privilegiada que les favorece y que obtuvieron cuando fueron elegidos como congresistas en el 2020.

La jurisdicción privilegiada se aplica a altos funcionarios y su utilidad reside en hacer juzgar en tiempo breve, casos que podrían comprometer la capacidad de las personas encargadas de ejercer apropiadamente sus funciones, según establece la Constitución.

En ese sentido, el juez Estévez Lavandier es el encargado de procesar todas las pruebas que deposite el Ministerio Público en contra de los cuatro diputados y determinar si las evidencias son suficientes para condenarlos.

Operación Falcón

En septiembre del 2021, el Ministerio Público acusó al diputado Marmolejos, representante de la provincia Santiago, por supuestamente obtener recursos ilícitos para su campaña política. Según los fiscales, el legislador recibió los fondos del cabecilla de la Operación Falcón, Erick Randhiel Mosquea, quien alegadamente depositó millonarios fondos en el 2020 para apoyar al entonces candidato a diputado.

En la misma red denominada Falcón, la Procuraduría involucró a la diputada del PRM, Faustina Guerrero, conocida popularmente como Grey Maldonado. La congresista está señalada por presuntamente pertenecer a la red de narcotráfico y lavado de activos de la que también formaría parte Juan Maldonado Castro, esposo de la legisladora y exdirector de Comunidad Digna.

Por el caso también  se investiga al diputado del PRD, Héctor Féliz, a quien las autoridades atraparon in fraganti mientras transportaba al exfuncionario Maldonado Castro, con el supuesto fin de esconderlo. Los fiscales intentaron arrestar al legislador, pero lo dejaron en libertad por su inmunidad parlamentaria y le incautaron el vehículo que conducía.

Probarán inocencia

Aunque aún la Procuraduría no ha abierto expedientes particulares contra los diputados, los legisladores han externado que pueden probar que no pertenecen a redes de narcotráfico o lavado de activos y han calificado las denuncias del Ministerio Público como "infundadas" ya que, a dos años de los señalamientos, aún no se han presentado acusaciones formales ante un juez.

De hecho, los cuatro diputados ya inscribieron sus precandidaturas en sus respectivos partidos para repetir en sus cargos a partir del 2024, amparados en que no existe una condena en su contra que les impida participar en los próximos comicios electorales.

Cámara de Diputados colabora

Desde que se han conocido los casos contra los legisladores, la Cámara de Diputados ha reiterado que está abierta para entregar las documentaciones que el Ministerio Público requiera para sus pesquisas en los respectivos casos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, durante la divulgación de todos los casos, ha dicho que el órgano congresual no obstruirá las indagatorias de las autoridades en ninguna de las operaciones  señaladas por la Procuraduría.

"Los funcionarios públicos son susceptibles a ser investigados en algún momento de su gestión y que en ese sentido se están haciendo los aprestos para que en ese caso y cualquiera que pueda surgir se cumpla con el debido proceso de ley y constitucional", informó Pacheco cuando se destapó el caso Falcón.

Rosa Pilarte a juicio

Al grupo de legisladores sin acusar pertenecía la diputada Rosa Amalia Pilarte, quien desde antes de asumir su cargo congresual ya estaba señalada por alegadamente pertenecer a una red de narcotráfico que lidera su esposo Micky López.

Hasta hace unas semanas, la diputada no tenía cargos en su contra aparte de los señalamientos informales, pero el Ministerio Público ya depositó una acusación en su contra de estar integrada a una red de venta de drogas a nivel internacional.

En su pesquisa, la Procuraduría argumenta que Pilarte no puede justificar sus millonarias ganancias que supuestamente obtuvo por sus transacciones ilícitas. La diputada irá a juicio preliminar el 31 de agosto en la Suprema Corte de Justicia. A Pilarte el PRM no le permitió inscribir su precandidatura.