Asimismo, fue designada como oficial de cumplimiento para la prevención del lavado de activos a Amalia Maria Sanchez Méndez, desde el año 2015; ascendió a Breily Ricardo Montero al puesto de encargado de tecnología; y nombra a Roanni Peña Aybar, ascendiéndola un periodo más tarde al puesto de contadora general.

Con estas personas respondiéndole directamente, se aseguraba de manejar los recursos de la cooperativa de manera discrecional y poder realizar los informes de estados financieros de acuerdo con los intereses del entramado.

De igual forma, se aseguró de dejar a su familia en la presidencia del Consejo de Administración, por intermedio de Kenia Del Carmen Liriano Perez, quien ocupó el puesto desde el año 2017, y así continuar desempeñando ambas funciones a través de esta, lo que le aseguraba la aprobación de las propuestas presentadas, sin ningún tipo de cuestionamiento, como fue el caso de la disolución "provisional" del comité de crédito a inicios del año 2020.

Luego de la conformación de esta parte de la estructura criminal, que se podría denominar como "estructura interna", en el año 2018, COOP HERRERA llevó a cabo una reestructuración de su organización administrativa, otorgando al cargo de administrador general la máxima autoridad dentro de la entidad. A partir de esta transformación, la cooperativa experimentó un supuesto notable crecimiento en sus activos, presentando incrementos que podrían considerarse extraordinarios con relación a su historia previa.

Según los estados financieros presentados por Jorge Eligio Méndez en las asambleas ordinarias, auditados por Julio César Minaya Mejía, en el año 2019, los activos registraron un aumento significativo del 91.6%. Este incremento se acentuó aún más en el año 2020, alcanzando un impresionante 110.2%.

Esta tendencia continuó en los años siguientes, con un incremento del 35.6% en 2021 y un 32.9% en 2022. Estos porcentajes de crecimiento llaman la atención por su magnitud y sugieren un cambio sustancial en la dinámica financiera de Coop Herrera en comparación con años anteriores.

La realidad sobre estos anormales resultados de gestión es que se trataban de alteraciones en los sistemas con datos falsos que hacían aparentar supuestas inversiones en aportaciones y certificados a plazos fijos que no poseían respaldo.

Con estas maniobras ocultaban el fraude financiero y daban una apariencia de solidez, y de esta forma continuaban captando capitales y hacían crecer la cartera de socios de Coop Herrera.

A pesar de presentarse ese aparente crecimiento en las finanzas de Coop Herrera, la falsa burbuja financiera no fue sostenible, y a inicios del año 2023, la cooperativa no tenía fondos económicos con que satisfacer la demanda de los socios cuando estos se presentaban a hacer retiros por cantidades bajas, dándole las excusas de que no había sistema; de igual forma se negaban a pagar los intereses de quienes tenían certificados financieros; y duraban meses para aprobar préstamos; lo anterior son signos claros de insolvencia económica, producto del fraude y la sustracción de fondos.

Las acusaciones

El Ministerio Público solicita que se imponga la prisión preventiva como medida de coerción en contra de los 7 directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera) arrestados durante la Operación Búho por su vinculación a un fraude de unos RD$2,500 millones y que se declare el proceso de tramitación compleja.

El fiscal Jonathan Pérez Furcal depositó la instancia ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste en contra de Los arrestados Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya.

Las imputaciones incluyen los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y robo de identidad de personas. El grupo incurrió en maniobras fraudulentas frente a la administración, abuso de confianza de ahorrantes y lavado de activos