Las aportaciones obligatorias y del Estado dominicano a gremios profesionales y sindicatos suman cientos de millones de pesos al año. Diario Libre investigó los ingresos que reciben la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), el Colegio Médico Dominicano (CMD), el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) y el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y constató que no todos ofrecen información sobre los fondos recibidos y que, cuando lo hacen, los publican con años de retraso.
La afiliación obligatoria a un sindicato o colegio para ejercer una profesión se mantiene en algunos de estos gremios, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) estableció en su sentencia de 1989 que la imposición de pertenecer a una agrupación, para ejercer una labor, constituía una violación al artículo 8 párrafo 6 y otras previsiones de la Constitución dominicana.
La sentencia de la SCJ sentó un precedente, en un histórico proceso que enfrentó en su momento a los propietarios de medios de comunicación con periodistas que buscaban que se mantuviera vigente la Ley 148, que creó el Colegio Dominicano de los Periodistas (CDP). Dicha legislación establecía, en su artículo 20, la obligatoriedad del registro previo del título de periodista en dicho colegio para poder ejercer el periodismo.
Este precedente emitido por la SCJ no fue asumido en otras áreas profesionales, pues para ejercer la medicina, el derecho y la ingeniera en la República Dominicana hay que estar afiliado a los colegios y asociaciones que agrupan a estos profesionales. La obligatoriedad está consignada en las leyes que crean estos organismos.
Es el caso de la Ley 68-03, que crea el CMD; de la 3-19, amparo legal del CARD, y la 61-60, que dio origen al Codia.
Con los docentes, la situación es distinta, pues solo están afiliados de manera automática a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) los que ganan una plaza a través del Concurso de Oposición Docente y son nombrados en el sistema educativo público. Los maestros del sector privado no han tenido cabida en la ADP.
La sindicalización
Afiliarse a un sindicato o colegios es un derecho establecido en el Código de Trabajo y en la Constitución, pero estas legislaciones no obligan a los profesionales a inscribirse en ellos.
Los sindicatos y colegios profesionales en la República Dominicana se constituyeron para lograr "una mejor remuneración del trabajo que ofrecen, conquistas sectoriales, respeto a la profesión y al profesional, para protegerlo, representarlo y velar para que todo el que ejerza la carrera sea profesional del área".
Con el paso de los años han demostrado su poder, logrado en base a presiones, huelgas sectoriales y generales.
El mayor poder político lo exhiben los maestros y los médicos, quienes han protagonizado, desde su fundación cientos de protestas y huelgas en los sectores más sensitivos del país: la salud y la educación.
Los aumentos de salarios constituyen sus principales reclamos, con resultados significativos, que se traducen en mayores ingresos por horas trabajadas.
El dinero del Estado en las arcas de los gremios
Pero la fortaleza de estas instituciones radica en el dinero que reciben del Estado por diversas vías. A los médicos y los maestros se les descuenta mensualmente de sus salarios una cuota para los gremios que los agrupan.
Los colegios que agrupan a los ingenieros, arquitectos y los abogados son financiados por el Estado a través de cuotas establecidas para el Codia, en el caso de las obras públicas, y para el CARD, por concepto de procesos judiciales y notariales realizados en la República Dominicana.
Ningún organismo estatal audita los fondos que reciben estos colegios y sindicatos, recursos que en su mayoría han sido invertidos en la adquisición de bienes e inmuebles.
El poder económico y político de la ADP
La ADP es uno de los sindicatos con mayor poder económico y político de la República Dominicana. En los últimos 10 años ha recibido 3,544.29 millones de pesos, de los descuentos, que, de manera automática, hace el Ministerio de Educación del salario de los docentes nombrados en el sistema educativo público.
Los datos están registrados en el informe "Gastos derivados del salario fijo en el presupuesto del Minerd 2013-2022″. A los docentes activos se les descuenta mensualmente el 1 % de sus salarios y los jubilados y pensionados aportan el 0.25 % de su sueldo para el gremio.
Este año el sindicato recibirá más recursos debido al incremento de la matrícula de los maestros, que pasó de 110 miembros activos en 2022 a 124,452 para 2023.
La afiliación a la ADP es automática, al igual que el descuento del salario de cada docente del sector público. Esto fue establecido en el año 1989 en la gestión del Secretario de Estado de Educación Bellas Artes y Cultos, José Nicolás Almánzar García, siendo Joaquín Balaguer presidente de la República. Esta decisión fortaleció económicamente al gremio que solo tenía el poder político.
Dentro de sus conquistas se destacan tener su propia AFP que es el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima); su ARS (Semma); y, además, tiene representación en el Consejo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y el Consejo del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam).
El Colegio Médico Dominicano
El artículo 11 de la Ley 68-03 que crea el Colegio Médico Dominicano establece que para ejercer la profesión de médico en forma privada o en cargos públicos de índole asistencial, médico, administrativo, médico docente, técnico sanitario o de investigación es requisito indispensable ser miembro titular del CMD.
De acuerdo a su artículo 23, el financiamiento del CMD procederá de: las cuotas de sus miembros, las cuales se descontarán automáticamente de los sueldos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales y otras instituciones en subvención estatal. Los médicos deben autorizar por escrito el descuento.
Para los médicos que laboran en el sector privado las cuotas de contribución se establecieron en 1,700 pesos mensuales para un médico titular y 1,200 pesos para el médico pasante. No todos cumplen con este pago mensual al gremio y solo en las fechas en que hay elecciones se les exige pagar 500 pesos para ejercer el derecho al voto.
Se desconoce el monto que recibe el CMD de los descuentos que realiza el Ministerio de Salud a los médicos. Tampoco el CMD publica en su página web los estados financieros.
Los médicos cuentan con la ARS – CMD para garantizar asistencia en salud en los principales centros médicos del país, laboratorios acreditados y otros diagnósticos especializados y una atención personalizada de servicios.
Además del Seguro de responsabilidad civil para médicos, para dar respuestas a los problemas legales inherentes a la profesión, con un equipo de médicos y abogados altamente calificados y acorde a las reglamentaciones de ambas profesiones.
Los Planes Sociales del CMD fueron creados como instrumentos para la protección social de su membresía, además de que complementa prestaciones económicas por discapacidad, maternidad, auxilios funerarios.
"El Codia no es un sindicato"
La ley que creó el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y Agrimensores (Codia), estableció en su favor un impuesto del 1 por mil del costo de toda obra pública y un 2 por mil de las obras del sector privado.
El Estado, a través de la Tesorería Nacional retiene los valores correspondientes a la tasa profesional establecida en favor del Codia, en cumplimiento al decreto 319-98 emitido por el presidente Leonel Fernández, "para facilitar el cobro y que estos recursos permitan al Codia cumplir eficazmente la labor de fiscalización en su calidad de asesor oficial del Estado en la supervisión de las obras públicas.
Teodoro Tejada, expresidente del Codia, aclaró a Diario Libre que esta institución no es un sindicato y recibe anualmente un estimado de 120 a 135 millones de pesos anuales del Estado, recursos que administra una Asamblea de Representantes que se reúne cada mes y rinde cuentas a sus integrantes.
Señaló que la ley consigna que la entidad no podrá desarrollar actividades de carácter político partidista, ni asumir actitud de la índole expresada, pero refiere que casi todas las juntas directivas del Codia a todo lo largo de su existencia han respondido al gobierno del momento.
"Esto lo que hace que es que el Codia no haya podido desarrollar en el tiempo, un mecanismo donde impere la democracia y la participación universal. Esto se refleja en la baja votación para elegir sus autoridades, la cual no alcanza el 10 % de su matrícula", concluyó.
Los millones que recibe el CARD
La ley 3-19 que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) establece en el artículo 65 los aportes que recibe para coadyuvar a su funcionamiento y desarrollo.
La entidad recibe 50 pesos por cada contrato notariado; por los registros, modificaciones, renovaciones y transformaciones comerciales tramitadas por ante la Cámara de Comercio y Producción de la República Dominicana, por los actos de alguaciles y las conclusiones judiciales
Igualmente 50 pesos por los actos de los Juzgados de Paz; Tribunal de Primera Instancia; Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, Corte de Apelación, Tribunal Superior de Tierras, Suprema Corte de Justicia, Instancia a los Tribunales o representantes del Ministerio Público; Reclamación de valores ante instancias bancarias y Certificaciones judiciales y del Ministerio Público.
Por este concepto el CARD recibe anualmente un estimado de 102 millones de pesos. Este dato está contenido en el informe de "Presupuesto económico año 2021″ colgado en la página web de la entidad.
Las cuotas de los abogados al Colegio no son de carácter obligatorio y están establecidas en 1,000 pesos anuales. Se estableció que la mayoría no paga el monto de la membresía.
La administración de estos recursos ha sido denunciada en justicia en varias ocasiones. La más reciente fue incoada contra Miguel Surún Hernández a quien se acusa de ser responsable de un supuesto "desfalco sistemático" al gremio de los abogados. El exprocurador fiscal Gregory Castellanos Ruano, presentó la acusación en la Procuraduría General de la República.
