Una intrincada red criminal ha sido imputada en un fraude colosal que alteró la historia societaria de la compañía Costa Dorada, en Baní, para apoderarse del capital de los accionistas y del inmueble, cuya operación involucra a abogados, contadores, militares y otros individuos.
El ente societario está localizado en el área costera de Sabana Buey, en los límites de Bahía de Calderas, con una extensión de 6 millones 363, 200 metros cuadrados.
Para ejecutar esta trama, los partícipes habrían preparado más de un centenar de documentos falsos, entre estos contratos de venta de acciones, actas de asambleas, estados financieros, declaraciones juradas y otros documentos corporativos que alteran la historia societaria de la compañía.
La alteración incluye la composición accionaria de Costa Dorada y los involucrados llegaron a consignar la totalidad del capital accionario de la empresa, a nombre suyo, en el Registro Mercantil y en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Con esto, se asegura que la red se proponía despojar de sus acciones a los legítimos socios de Costa Dorada. Estos son: las sociedades Hilari Mayol, S.A.S., Mayol & Co., S.R.L., Grand Cays Corporation y Okra Company, Ltd., unas empresas de las familias Mayol y Serrano.
Actualmente, está en curso un proceso penal en contra de los acusados del fraude, la situación de desamparo en que coloca a las víctimas de este delito, una decisión del juez de la audiencia preliminar que fue calificada de “errática, funesta y anti jurídica”, y acciones legales para que sean respetados y reconocidos sus derechos.
Según los afectados, el propósito del fraude era, y continúa siendo, ”apoderarse de la totalidad del capital accionario de la empresa Costa Dorada, S. A., para despojar a los accionistas de sus acciones y de la parcela número 21 del distrito catastral 5, en Baní”.
EL MOTOR DEL FRAUDE
Se establecieron vínculos entre la empresa Global Multibusiness Corporation G MB C, S.R.L., de la que se afirma fue el vehículo corporativo usado por los autores del fraude, y el ciudadano Rafael Olegario Helena Regalado.
Además, aseguran que estos son, también “dos de los protagonistas del famoso fraude contra el patrimonio público en Bahía de las Águilas”.
En su efecto, exponen, los documentos elaborados y depositados en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y en la Dirección General de Impuestos Internos por los acusados, “tienen como último paso hacer desaparecer a Costa Dorada, S. A. y confundir su patrimonio con el de la sociedad de comercio Global Multibusiness Corporation G. MB. C., S.R.L.
Según un parte de una investigación de este caso, Rafael Olegario Helena Regalado, Ailec Paloma Soto Garabito y Judith Franchesca Aguasvivas Báez, “posiblemente”, junto a socios de Global Multibusiness Corporation G. MB. C., S.R.L., se asociaron en 2013 para “apoderarse y/o poder disponer ilegal e ilegítimamente del inmueble propiedad de la empresa Costa Dorada¨.
Todo habría caminado, cuidadosamente, por etapas. Así, como el inmueble está registrado a nombre de Costa Dorada, que es una sociedad, la red delictiva habría orquestado y puesto en ejecución “un plan ilícito para lograr registrar a su nombre la totalidad del capital accionario de la empresa”, para realizar operaciones a nombre de esta.
CAPITAL DE ACCIONISTAS EN LA MIRA
Con esto, se pretendía “despojar de sus acciones a los verdaderos socios de la empresa”, para cuyos fines “confeccionaron y usaron más de un centenar de documentos falsos, como contratos de venta de acciones, actas de asambleas, estados financieros, declaraciones juradas y otros documentos corporativos que alteran la historia societaria de la compañía Costa Dorada, S.A., sobre todo su composición accionaria”.
Este plan, de tipificación criminal, habría sido diseñado y ejecutado en dos líneas de acción.
Primero, crearon decenas de documentos falsos que alteran la historia societaria de Costa Dorada, S.A., en las que alegan que las acciones o cuotas sociales de la empresa atravesaron una cadena de traspasos, desde los accionistas fundadores, haciendo figurar, como parte esto, “a honestos ciudadanos, la mayoría septuagenarios y octogenarios, como autores de compras y ventas de acciones de la empresa”.
Terminaron haciéndolas como propiedad de la imputada Ailec Paloma Soto Garabito, en un 16.67%, y de la tercera demandada como civilmente responsable, la sociedad Global Multibusiness Corporation G. MB. C., S.R.L., en un 83.33%, para luego pasar a fusionar a esta presunta accionista con Costa Dorada, S. A.
De esta forma, el patrimonio de la empresa pasaría ser parte de la Global Multibusiness Corporation, al haber sido asumida en la fraudulenta operación de fusión como la compañía absorbida, aun siendo la primera propietaria de un inmueble cuyo valor sobrepasa los 1,000 millones de pesos.
La investigación determinó que la segunda línea de acción fue el uso de la documentación falsa, haciendo depósito y anotación en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Inc. y la Dirección General de Impuestos Internos.
De esta forma, aparecerían ante estos entes, agencias estatales y el público, especialmente frente a potenciales compradores, como los propietarios del capital social de Costa Dorada, y como sus directivos, lo que les daría fuerza y poder para disponer de los activos de la empresa perjudicada.
VÍAS ILÍCITAS
También, según apuntes de la investigación, con los documentos para el fraude se pretendió “hacerlos valer en diversos tribunales como prueba de sus pretendidos derechos sobre el capital social de Costa Dorada y para impedir, o tratar de impedir, que los reales accionistas o titulares de cuotas sociales de esta empresa pudieran reclamar sus derechos”.
