De al menos cinco disparos desconocidos le quitaron la vida a un joven que se desplazaba en su vehículo, en el sector La Ureña, en Santo Domingo Este, la noche del martes.

Tras el confuso incidente, comunitarios de barrios de la zona dicen tener pocas esperanzas de que el nuevo director de la policía logre bajar el índice de la delincuencia en el país.

La muerte a tiros de Ezequiel Ramírez, de 26 años, se produjo cuando este iba a bordo de su vehículo y los desconocidos los interceptaron, de acuerdo a sus vecinos.

El móvil del crimen aún permanece siendo un misterio, ya que se desconocen los motivos que llevaron a los desconocidos a arrebatar la vida a Ezequiel Ramírez.

La muerte de Ramírez, adquiere un sentimiento aún mayor, puesto que de acuerdo a sus vecinos, el joven el día de su muerte estaba visitando algunos de sus familiares porque estaba de fiesta de cumpleaños.

Ante el crimen, la designación del nuevo director de la policía, no es una garantía de que cesará la delincuencia ni los atracos, así lo aseguran quienes viven en Santo Domingo Este.

Aunque Guzmán Peralta prometió poner mano dura contra delincuentes y malos ciudadanos, los comunitarios recordaron que esa campaña también fue utilizada por el saliente director de la institución y no dio resultados.

El confuso incidente que ha consternado a vecinos del sector La Ureña, en Santo Domingo Este, es muestra de la presencia de bandas armadas que se dedican a delinquir en el sector.

El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien enfrenta desde hace más de dos años un proceso penal acusado de estafar al Estado con más de 6,000 millones de pesos durante su gestión entre el 2016 y el 2020, anunció que aprovechará su libertad condicional para crear un programa en la plataforma Youtube, en la cual hablará de derecho y justicia.

En un video que subió en las redes sociales, Rodríguez asegura que en el espacio no procurará defenderse de las imputaciones que le hace el Ministerio Público “ni de ataques”.

“Estoy aquí para presentarle un nuevo canal y programa en el cual discutiremos temas de derecho y justicia que son de interés para todos. A través de esta vía conoceremos juntos la verdad de lo que sucede en nuestro país, lo que sucede en tu comunidad”, asegura el principal acusado de Operación Medusa, expediente que incluye a más de 60 personas físicas y jurídicas.

Entre los señalamientos que le hace la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), está el de utilizar recursos de la Procuraduría General de la República para pagar asesores internacionales para proyectar su imagen con fines políticos.

Durante el proceso, Rodríguez ha reiterado que es inocente y sostenido que la acusación en su contra es infundada. Actualmente cumple prisión domiciliaria y se le permite salir todos los miércoles a trabajar a su oficina por ocho horas. El exfuncionario también usa un dispositivo de rastreo electrónico (grillete).

El caso Medusa está actualmente en el principio de la fase del juicio preliminar, en cuya etapa no se ha concluido siquiera la lectura total de la acusación. Ayer se había leído hasta la página 11,164 páginas, de un total de 12,275.

“DERECHO & JUSTICIA”, son los pilares fundamentales de la sociedad que a través de este espacio exploraremos con importantes casos de relevancia jurídica en nuestro país y en el resto del mundo. Los invito a que descubramos la esencia del DERECHO & JUSTICIA y su impacto en… pic.twitter.com/0hv9tuOSiF

El Primer Juzgado de la Instrucción de la provincia Monte Plata conoce este martes una revisión a la prisión preventiva que se le impuso hace casi un año a Wilkin García Peguero, mejor conocido como "Mantequilla", acusado de estafar a decenas de personas a través de la empresa 3.14 Inversiones.

Entrvistado por los periodistas, "Mantequilla" dijo esperar que el tribunal le varíe la medida de coerción impuesta en diciembre del pasado año.

"Esperamos una variación de medida", enfatizó en una breve pausa que le permitieron para ir al baño.

El 16 de diciembre del 2022 la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Monte Plata impuso seis meses de prisión como medida de coerción a Wilkin García Peguero, la que fue ratificada en posteriores revisiones.

Según explicó el Ministerio Público, la magistrada Carmen Daniela Araujo le impuso la prisión porque tomó en cuenta la integridad física de las víctimas y el peligro de fuga latente del imputado.

Winton García, hermano de "Mantequilla", atribuyó la acusación a asuntos politicos porque supuestamente este había manifestado su simpatía con la Fuerza del Pueblo.

La Dirección General de Contrataciones Públicas determinó que hubo irregularidades “graves” en la licitación del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo y remitió el caso al Ministerio Público.

Ayer, durante una rueda de prensa, el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, anunció la decisión de remitir el caso al Ministerio Público luego de haber previamente suspendido de manera temporal el contrato y analizado dos denuncias contra la licitación.

La entidad dijo que tras analizado los documentos que integran el expediente administrativo del procedimiento, que consta en el portal transaccional y verificar los documentos recopilados, así como las denuncias presentadas al órgano rector, constató la existencia de elementos que permiten la adopción de una medida cautelar de oficio.

“Sobre el particular, hemos encontrado graves irregularidades en la ejecución del procedimiento, tales como indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa, movimientos sospechosos de accionistas, entre otros, que nos motivan a depositar ante el Ministerio Público los hallazgos encontrados, con la finalidad de que se investigue a la razón social Transcore Latam, SRL, a fin de que se identifique al beneficiario final de dicha empresa y su participación en actividades ilegales o fraudulentas relacionadas con la contratación”, informó Pimentel.

Sumado a esto, anunció que junto con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, están agotando el procedimiento administrativo sancionador respecto de Transcore Latam SRL, empresa que obtuvo el contrato, y así determinar las consecuencias jurídicas.

Contrataciones Pública también declaró la nulidad de pleno derecho de los informes, la evaluación técnica, evaluación de ofertas y otros aspectos, que implica a su vez la “nulidad del referido contrato”, por lo que el Intrant debería realizar nuevamente la licitación desde el inicio.

INTRANT "IGNORÓ" ADVERTENCIAS

En el mismo comunicado, Carlos Pimentel también dijo que realizó mediante comunicaciones varias advertencias al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) sobre la licitación del contrato que buscaba mejorar del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo, pero nunca recibió respuesta.

Esquematizó una cronología sobre los hechos y que derivaron en la suspensión definitiva del contrato con la empresa Transcore Latam SRL, y el envío del caso al Ministerio Público.

El funcionario público dijo que el inicio de las irregularidades inició con la publicación y posterior adjudicación del contrato, ya que inicialmente el monto dispuesto para la mejora del centro de control de tráfico y la red de semáforos en el Gran Santo Domingo era de unos 1200 millones de pesos, pero finalmente se otorgó en más 1317 millones de pesos.

“Sobre ese particular, la entidad contratante adjudicó por un monto mayor del que tenían previsto inicialmente para esta licitación, con lo cual estaría comprometiendo al Estado por encima de su disponibilidad, lo que podría acarrear responsabilidad penal y patrimonial para los funcionarios actuantes”, dijo Pimentel.

Agregó que posteriormente ha suscrito el contrato, la Dirección General de Contrataciones Públicas notificó al Intrant las denuncias presentadas por las empresas Transcore LP, Sistemas Integrados de Control, S.A. quienes alegaron que la empresa ganadora “había utilizado informaciones creadas de forma falsa o fraudulenta o adulteradas o de otras fuentes públicas disponibles”.

“En dicha comunicación orientamos al Intrant sobre el debido proceso para iniciar el procedimiento administrativo sancionador contra el proveedor Transcore Latam, S.R.L., en el entendido de que los hechos denunciados podrían dar cuenta de una infracción administrativa dentro del marco del procedimiento de contratación, que involucraría la eventual aplicación de la sanción de inhabilitación permanente contra el proveedor, en caso de determinarse la presentación de informaciones o documentos falsos o adulterados, en el marco de un procedimiento de contratación, lo cual se considera una infracción gravísima en materia de contrataciones públicas” indicó Contrataciones Públicas.

Sin embargo, revelaron que a pesar de buscarse presto a colaborar y coordinar las acciones a tomar con el Intrant “al día de hoy no hemos recibido ninguna contestación del Intrant sobre el particular”.

Ya para el pasado 25 de octubre, la Dirección General de Contrataciones Públicas remitió otro comunicado al Intrant indicando que, en vista de que no habían presentado ningún informe con relación a las denuncias encontradas, estarían llevando a cabo las investigaciones sobre el contrato y proceder con las disposiciones que indica la Ley, pasando primero con la suspensión temporal del contrato y luego la remisión del caso del Ministerio Público.

ENTRAMADO DE EMPRESAS

El funcionario también identificó que la empresa adjudicataria del contrato puede haber estado dentro de un entramado societario con "estructuras empresariales complejas", con aparentes signos de "utilización de mecanismos de creación de múltiples empresas a través de una única entidad o un solo beneficiario final".

Indicó que durante las investigaciones identificaron que Transcore Latam, SRL, tiene indicios de falsificación de documentos, estructura empresarial imprecisa, composición accionaria difusa, naturaleza inusual y precisa de los resultados de los índices calculados en cuanto a los estados financieros, movimientos de accionistas sospechosos, entre otras irregularidades.

Especificó que durante el proceso de investigación fue encontrada una documentación societaria de la empresa adjudicara, mediante la cual se incluyó como fiador solidario e indivisible a la empresa "Dekolor, SRL.", en una facilidad crediticia tomada por Transcore Latam con una entidad financiera por un monto de 120 millones de pesos.

Agregó que Dekolor es una empresa relacionada con José Ángel Gómez Canaán (conocido como Jochi Gómez) y su empresa OML Inversiones, quien en adición, según verificación realizada por la entidad pública, tiene el registro en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) de las compañías "SIC Transcore Dominicana", "Transcore" y "Transcore Dominicana", afines a su vez con la contratación actual del Intrant.

"La creación de empresas con nombres y actividades comerciales similares ha sido identificada como una práctica preocupante durante nuestra investigación. Este fenómeno sugiere la posible intención de confundir o engañar, lo cual podría tener implicaciones serias en términos de transparencia, legalidad o consecuencias penales", concluyó el director de Contrataciones Públicas.