La censura del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al procedimiento del Ministerio Público llevado a cabo en el caso del exprocurador general Jean Alain Rodríguez, también se extiende al Poder Judicial. A jueces que les ha tocado conocer el caso los tildó de "imparciales".

En el párrafo 109 de su "Opinión núm. 46/2023″, relativa a la denuncia que interpuso el exprocurador dominicano, los cinco miembros del Grupo de Trabajo consideran que "el hecho de que tanto el juez que resolvió la medida cautelar en contra del Sr. Rodríguez Sánchez como la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional no proporcionaran un recurso contra esas infracciones (…) constituyó una violación" al derecho del imputado.

En ese sentido, concluyen que "no puede considerar que la autoridad judicial a cargo de la detención del Sr. Rodríguez Sánchez sea independiente e imparcial cuando esta se ha negado a examinar, discutir y contestar los alegatos relativos a la detención arbitraria y las apelaciones presentadas del derecho del Sr. Rodríguez Sánchez a ser oído por un tribunal imparcial".

Su cuestionamiento a los magistrados es porque, según el Grupo, en la audiencia de solicitud de medida de coerción, cuando Jean Alain Rodríguez "intentaba ejercer su derecho a ser oído ante un juez, fue interrumpida de manera abrupta y sistemática por la Fiscalía". Durante la revisión de la medida en la Corte de Apelación, la fiscal, hizo lo mismo, según el equipo e la ONU.

El proceso contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien esta acusado de corrupción y otros delitos en el caso Medusa, ha sido encabezado por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de Persecucion del Minsiterio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca).

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anuló el procedimiento de licitación pública realizada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo.

Así lo informó el órgano rector, que anuló el pliego de condiciones, y por consiguiente el procedimiento de licitación pública nacional INTRANT CCC-LPN-2023-0001, debido a que se identificaron violaciones a los artículos 21 y 25 de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, y 88, 91 y 94 de su Reglamento de aplicación.

Las irregularidades se constituyen en violaciones a los principios de participación, proporcionalidad, igualdad y libre competencia de la normativa de compras, así como de los principios de racionalidad y debido proceso de la Ley 107-13.

La entidad comprobó que al establecer requisitos excesivos y desproporcionados, exigiendo a los potenciales oferentes acreditar experiencia de haber instalado 15 mil controladores y 40 mil intersecciones a nivel mundial, el pliego resultó restrictivo, aspecto que influyó en la baja participación e impidió a los peritos realizar una evaluación objetiva.

Entre las irregularidades e inobservancias al debido proceso, la DGCP también destaca que los peritos realizaron evaluaciones técnicas subjetivas y que de forma deliberada tan solo efectuaron validaciones de experiencia de uno de los oferentes participantes.

Asimismo, las evaluaciones realizadas por los peritos no se encuentran motivadas y se evidenció que se apartaron del debido proceso al recomendar subsanación de aspectos técnicos que la normativa no permite porque suponen una mejora de la oferta.

Por esto, la DGCP destacó que lo que procedía era que el Comité de Compras rechazara esas evaluaciones por fundamentarse en criterios subjetivos, arbitrarios, discrecionales y deliberados.

En atención a estas irregularidades, la entidad Gubernamental reiteró que el Intrant debe aplicar las sanciones disciplinarias a los funcionarios y servidores públicos que participaron en el referido procedimiento.

Mediante una nota de prensa, la institución afirmó que esta resolución también se estará entregando a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) como parte del proceso de investigación que lleva a cabo.

ENTRAMADO

Se recuerda que en las dos primeras resoluciones RIC-164-2023 y RIC-165-2023 se comprobó la existencia de un entramado societario difuso y la presentación de documentación falsa para acreditar experiencia por parte de la empresa adjudicataria que fue desconocida por las empresas supuestamente emisoras.

En la nueva resolución RIC-168-2023, emitida en respuesta al recurso jerárquico interpuesto por la razón social ESC Group, S.R.L. también se evidencian irregularidades graves en la adjudicación del contrato.

En alrededor de tres semanas, en el municipio de La Ciénaga y otras comunidades de Barahona han muerto unas 10 personas con síntomas de diarrea y vómitos.

Solo el miércoles pasado, El Informe presenció, de manera simultánea, cuatro funerales de personas que habrían presentado dichos síntomas durante varios días.

A las 48 horas, o sea el viernes, Salud Pública confirmaba 16 casos de colera entre Barahona y Bahoruco.

Con relación a los fallecidos, Salud Pública confirma que forman parte de una auditoria de casos para definir las causas.