Un total de 38 personas fallecieron en circunstancias ligadas a accidentes de tránsito y atropellamientos durante los asuetos de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo, 27 de ellos en motocicletas, según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

De acuerdo con los detalles que ofreció ayer el general Juan Manuel Méndez, quien dirige el COE, el operativo “Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2023-2024”, que estuvo dividido en distintas fases entre el 23 y el 25 de diciembre y el 30 diciembre y el 1° de enero, aproximadamente 6,800,000 personas transitaron durante el asueto por las diferentes autopistas y carreteras del país.

Estos desplazamientos tuvieron un saldo de 247 accidentes, con 290 personas afectadas y 38 muertes de las cuales 27 fueron por motocicletas, para un 71%, siete fueron por atropellamientos y 4 por vehículos livianos.

Además, sólo 18 de los fallecimientos sucedieron dentro del dispositivo de seguridad vial que protagoniza el COE, colocando a Santo Domingo, El Distrito Nacional, Puerto Plata, Santiago, San Cristóbal y San Pedro de Macorís como las provincias con mayor número de incidentes.

INTOXICACIONES

El general Méndez indicó que se atendieron a 763 personas por intoxicaciones alcohólicas, incluidos menores de cinco a 17 años, sin fallecimientos.

Asimismo, hubo 173 personas que sufrieron intoxicación por consumo excesivo de alimentos, o porque los mismos se encontraban en mal estado o sin el tiempo considerable de cocción.

El Servicio Nacional de Salud informó que en los hospitales de la red pública de salud, en función de las variables del operativo, se atendieron 2,489 personas, además de 811 por otras causas para un total de 3,307 atenciones en salud; y la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) dijo que dentro del periodo operacional realizó 1,529 asistencias, junto a otras instituciones.

OTROS

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) aseguró que realizó el proceso de inspección de 293 intersecciones semaforizadas, 62 averías en el sistema y 82 optimizaciones y gestiones de tráfico “para garantizar la operación eficiente del mismo durante el período del operativo”.

Se emitieron 18,341 permisos para el transporte de carga, se realizaron inspecciones técnicas vehiculares visuales a 3,824 unidades de transporte público de pasajeros interurbano en distintas terminales a nivel nacional, en operativos donde se ordenó la sustitución y/o reparación de 467 neumáticos, 623 luces, 805 cristales rotos o faltantes y 189 retrovisores, 91 limpiavidrios y 116 bómper faltantes.

Indicaron que se identificaron otras irregularidades por las cuales se prohibió la salida de la unidad o la sustitución del conductor, como fueron los casos dónde 119 choferes tenían licencias de conducir vencidas, pérdida o de categoría menor a la requerida.

Un hombre denunció a su expareja por supuestamente intentar agredirlo a puñaladas, en un hecho ocurrido en el municipio de Mao, provincia de Valverde.

La mujer es identificada como Betania Jiménez Matos, nativa del municipio de Nagua, quien luego del hecho emprendió la huida.

La muerte a tiros de agentes de la Armada de la República y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ha causado revuelo entre los familiares de los fallecidos, que cuestionaron el accionar de los miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) la tarde del pasado viernes, 29 de diciembre, al disparar contra ellos.

Ante la compleja situación, el caso fue adscrito al Ministerio Público, quienes investigan los hechos, no la propia Policía Nacional, conoció a través de una fuente.

De acuerdo con el informe establecido por la Policía Nacional, los agentes murieron baleados en medio de un "intercambio de disparos", cuando eran perseguidos tras supuestamente pertenecer a una banda delictiva. Sin embargo, sus familiares aseguran que la institución del orden "miente".

Manifestaron que un video que circula en las redes sociales muestra que los hoy occisos fueron apresados y esposados, por lo que entienden debieron someterlos a investigación y no acabar con sus vidas. Los fallecidos fueron identificados como Sandro Miguel García, Nicolás Eladio Buten y Joel Emilio Rodríguez Silva.

La madre del fallecido Nicolás Eladio Buten asegura que los agentes de la Policía Nacional los mataron para ocultar información.

"¿Qué querían esconder? ¿A quién querían camuflajear? ¿Qué era lo que pasaba que tuvieron que matarlo para resolver?", son algunas de las preguntas que atormentan a la familia del agente Nicolás Eladio Buten, a quien describieron como un hijo ideal y ejemplar, por lo que dudan que pertenezca a alguna banda criminal, como argumenta la Policía.

Mayra Nicolás, la madre del fallecido, retó a cualquier persona a que le pruebe la supuesta vinculación de su hijo con actos criminales y dijo que Nicolás Eladio Buten fue tratado "como un perro" al matarlo tras ser apresado.

Similar posición tiene el hermano de Sandro Miguel García, Ángel García, quien manifestó que "la Policía Nacional mintió" al indicar que la situación que se originó fue un "intercambio de disparos", por lo que pide a las autoridades investigar el caso.

"Es difícil cuando usted ve en un video ahí que un familiar suyo lo agarran vivo y luego aparece ejecutado, es muy lamentable el caso, pero ése es el sistema dominicano", expresó Ángel.

El presidente Luis Abinader quiso que su primer decreto del año sea uno para regular la contratación de publicidad estatal y ponerse, lo que él llamó, "una camisa de fuerza" en un año de elecciones.

Con un acto público en el Palacio Nacional, Abinader firmó la orden ejecutiva número 1-24, para regular la publicidad oficial por primera vez en la historia, aunque sin reducir el gasto estatal en este rubro.

Tiene por objeto establecer los criterios e instrucciones para la contratación de la difusión de publicidad oficial con los medios de comunicación, comunicadores, periodistas o influenciadores de los medios digitales.

El vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, dijo que no se espera una reestructuración del presupuesto en publicidad porque "nosotros lo usamos eficientemente". "No va a haber que reestructurar nada porque ya era eficiente como probé con la cifra que compartí de la ejecución del 2023″, acotó.

Respondió también a la oposición que ha criticado el gran gasto en publicidad estatal promoviendo la imagen del presidente. Dijo que el gasto en comunicación durante el 2023 fue de 3,594,417,516.30 pesos y que no se puede partir de la cifra aprobada, ya que esta es mucho mayor.

Figueroa aseguró que los pequeños empresarios que viven de la publicidad que les coloca el Gobierno en sus medios digitales no serán afectados negativamente y que el dinero alcanzará para los grandes, medianos y pequeños propietarios de medios.

"Yo sé que es extraño porque es una camisa de fuerza que nos ponemos nosotros en un año electoral. Pero es un año electoral que es diferente, por eso hemos mandado muchos mensajes de que aquí hay que respetar los recursos del Gobierno y que no debe utilizarse con fines electorales", sostuvo el presidente Abinader.

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Explicó que este decreto estuvo en discusión por cerca de cuatro meses y se logró un consenso varios días antes de terminar el año 2024.

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, fue quien especificó las exigencias que deberán cumplir las instituciones para contratar publicidad.

En el referido documento se prohibió la utilización de la publicidad oficial con propósitos propagandísticos o para apoyar a partidos o candidatos políticos, oficiales o no, como también usar publicidad que tenga como objeto o efecto propósitos electorales, salvo la divulgación de logros en el marco del período de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional.

Sólo se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación cuando tengan alguno de los objetivos definidos en el propio decreto, entre ellos, promover la difusión y conocimiento de los valores y principios constitucionales; informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas, de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos, e informar a los ciudadanos sobre la existencia de procesos administrativos o consultas populares.

Prohibiciones

En el texto se prohíbe "el uso discriminatorio de publicidad oficial con el objetivo de presionar, censurar, coartar o privilegiar, según el caso, a comunicadores sociales o a medios de comunicación social, en razón de su línea informativa o editorial, su orientación ideológica o su posición, criterio o valoración sobre el Estado, el Gobierno o las políticas públicas".

También, la utilización de publicidad oficial como subsidio o pago encubierto para beneficiar, directa o indirectamente, a comunicadores o personas, medios de comunicación social o a cualquier agente que forme parte de la cadena de su asignación o colocación o las donaciones que, de forma personal o a través de terceros vinculados, y bajo cualquier título o modalidad, sean realizadas por cualquier entidad del sector público estatal a favor de comunicadores.

Requisitos

Las instituciones públicas contratantes realizarán la contratación basada en criterios objetivos, siempre que sea técnicamente posible, el expediente de la contratación contendrá la documentación que demuestre los siguientes elementos: público objetivo de la publicidad, tanto el deseado por la institución contratante, como el alcanzado por el medio de comunicación, así como la coincidencia entre ambos; alcance geográfico y demográfico del medio de comunicación; el costo por impacto publicitario, considerado por tipo de medio de comunicación.

Las instituciones contratantes, al evaluar distintos medios de comunicación, considerarán criterios para el respeto de la igualdad y competencia justa, entre ellos, alcance geográfico: internacional, nacional, regional, provincial o municipal.

Para esos fines la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental definirá umbrales relativos, al tamaño de la audiencia, de acuerdo con el tipo de medio de comunicación y al tipo de contenido del programa.

Reducir

El presidente instruyó a las instituciones públicas a reducir la difusión de publicidad a la estrictamente necesaria en función del servicio público prestado y con especial observancia de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, así como a las orientaciones o disposiciones emanadas por la Junta Central Electoral (JCE).

"La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM) verificarán el cumplimiento del presente decreto, en sus respectivos ámbitos de competencias, además, ambas instituciones en un plazo de seis (6) meses, elaborarán una propuesta de reglamento general de publicidad oficial, desde su contratación, contenido y ejecución. Una vez elaborada una propuesta inicial se socializará con los posibles interesados, conforme a las normas del procedimiento administrativo", concluye la disposición presidencial.