El exdirector administrativo de la Procuraduría General de la República Jonathan Joel Rodríguez Imbert, imputado en el caso de corrupción Medusa, se declaró culpable de los hechos que le imputa el Ministerio Público en la malversación de más de 10 mil millones de pesos del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario bajo la gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez.

Rodríguez Imbert aseguró que actuó bajo las instrucciones del exprocurador general de la República y del exjefe de Gabinete del Ministerio Público, Rafael Stefano Canó Sacco.

Actualmente, el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conoce el juicio de fondo a los imputados en el caso Medusa, del cual varios ya se han declarado culpables.

El pasado mes de diciembre el Ministerio Público concluyó la presentación de la acusación solicitando al tribunal auto de apertura a juicio para 41 personas físicas y 22 razones sociales acusadas en este proceso. Recientemente, Lisandro Macarrulla Jr, hijo del exministro de la Presidencia Lisandro Macarrulla, se declaró culpable de participar en el entramado de corrupción. 

Luego de los acuerdos, el Ministerio Público varió sus conclusiones iniciales respecto a los acusados Daniel Enrique Vásquez Féliz y Francisco Alberto Vásquez Féliz, para quienes pidió el cumplimiento de la pena de tres años de reclusión, bajo la modalidad de pena suspendida, bajo reglas.

Para la razón social Divamor Group SRL el órgano acusador solicitó que la misma sea condenada al pago de una multa de RD$722,744.12, ordenar el decomiso a favor del Estado dominicano de las acciones de la entidad comercial y ordenar la cancelación de su registro mercantil.

El Ministerio Público también arribó a un acuerdo con el acusado Francisco Arturo Santos Gómez, pidiendo en virtud de ello, que el tribunal le condene a una pena, igualmente, de tres años de reclusión, bajo la modalidad de pena suspendida, bajo reglas.

El órgano del sistema de justicia acusa al grupo de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

Al ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez se le atribuye dirigir el entramado de corrupción cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la República en el período del 2016 al 2020.

Además de Rodríguez Sánchez, el proceso se sigue contra Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público.

El órgano persecutor también acusa en este entramado de corrupción a Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo.

Asimismo, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la ex subdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.

De agosto de 2020 a marzo del 2024, la Superintendencia de Bancos (SB) ha dispuesto la devolución de 419.7 millones de pesos a usuarios de entidades de intermediación financiera que realizaron una reclamación.

La información la destacó hoy la entidad reguladora del sistema financiero, resaltando que la efectividad en las devoluciones ha sido debido a la creación de nuevos canales de contacto y la ampliación de la capacidad de los ya existentes.

"Estos recursos suponen un incremento de 425 % respecto a lo acumulado en los cuatro años anteriores a agosto 2020. El alto desempeño se debe a la transformación que ha experimentado la Oficina de Servicios y Protección al Usuario Financiero (ProUsuario) de la SB, que ha venido ampliando sus canales de atención a distancia y presenciales", dice una nota de prensa.

• La ampliación de los canales de servicios se ha expresado en un mayor número de reclamaciones: las cuales pasaron de un promedio anual de 1,560 previo a agosto de 2020 a 4,518.

De igual manera, señala que ha crecido considerablemente el número de contactos con usuarios, que alcanzó los 280,800 a febrero de 2024, reflejando un crecimiento del 235 % con respecto a lo registrado en el cuatrienio anterior.

Transformación de ProUsuario

La SB explicó que ha renovado ProUsuario, mejorando e incrementando tanto sus canales de atención como sus instalaciones de servicio presencial, con el objetivo de acercarse más a la ciudadanía y ampliar su capacidad de respuesta.

Las oficinas se ubican en Santo Domingo (Unicentro Plaza) y Santiago (Villa Olga). La dependencia de la SB cuenta con su propia aplicación móvil, que permite a los clientes de las entidades de intermediación financiera un acceso rápido a sus servicios.

Según la nota, la aplicación digital facilita información crediticia, educación financiera y la realización de reclamaciones, quejas y denuncias. También ofrece la opción de consultar cuentas inactivas y abandonadas, así como obtener información sobre depósitos en entidades en proceso de liquidación.

Las nuevas funciones incluyen:

• La posibilidad de solicitar el retiro de las listas de promociones y venta de nuevos productos de cualquier entidad bancaria

• Explorar las ubicaciones y horarios de las sucursales, cajeros automáticos y subagentes bancarios de todo el territorio nacional (mapa bancario)

• Recibir un diagnóstico del nivel personal de endeudamiento

ProUsuario se encuentra disponible para descarga gratuita en las tiendas de aplicaciones Android (Google Play) y de iOS (App Store). Además, ofrece acceso desde cualquier navegador a su página web.

Ante las expectativas surgidas por las declaraciones del dirigente peledeísta Francisco Javier García de que, este lunes, la alianza opositora “Rescate RD”, conformada por los partidos Revolucionario Dominicano (PRD), de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP), anunciará nuevos acuerdos, esto es lo que ha aprobado la Junta Central Electoral a la fecha.

Los pactos de alianza oficiales aprobados por la Junta Central Electoral están contenidos en la Resolución 19-2024, publicada por el órgano electoral el pasado viernes, que incluye los niveles presidencial, diputación y senatorial.

En el presidencial establece como primer punto, los pactos de alianzas en el nivel presidencial suscritos por el PRM con los partidos Alianza por la Democracia (APD), Dominicanos por el Cambio (DxC), Cívico Renovador (PC), Demócrata Popular (PDP), Justicia Social (JS), Liberal Reformista (PLR), Revolucionario Independiente (PRI), Unión Demócrata Cristiana (UDC).

También el Humanista Dominicano (PHD), Democrático Alternativo (MODA), Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), Revolucionario Social Demócrata a (PRSD); Acción Liberal (PAL); Partido Primero la Gente (PPG), País Posible (PP), Verde Dominicano (PASOVE), Reformista Social Cristiano (PRSC), Unidad Nacional (PUN), Alianza País (ALPAÍS), y Popular Cristiano (PPC).

En el caso del partido Fuerza del Pueblo (FP) la alianza aprobada por la JCE establece que es con los partidos Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC); Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Demócrata Institucional (PDI) y Socialista Cristiano (PSC).

En el Caso del Partido de la Liberación Dominicana se recuerda que no está aliado a ninguna otra organización en el nivel presidencial para los comicios del 19 de mayo.

La resolución 19-2024, del 22 de marzo de 2024, la secretaria general de la JCE, Sonne Beltré Ramírez, hace constar que en el documento de 59 páginas, que también establece las alianzas en los niveles de la senaduría y diputaciones, tanto nacional como al Parlacem, fue firmado por el presidente Román Andrés Jáquez Liranzo y los miembros titulares Rafael Armando Vallejo Santelises; Dolores Altagracia Fernández Sánchez, Patricia Lorenzo Paniagua y Samir Rafael Chami Isa.

Decenas de privados de libertad no aparecen en los Centro de Corrección y Rehabilitación a que fueron trasladados, luego del incendio del pasado lunes que afectó parte de las instalaciones del citado centro, donde el pasado sábado se produjo otro conato de incendio.

Familiares de los internos narraron con amargura al Listín Diario, que han acudido a los centros El Pinito, en La Vega y de Vista al Valle, en San Francisco de Macorís, y que le informan que sus parientes no se encuentran dentro del listado, debido a que por la rapidez a mucho no se les tomaron sus datos.

José Gonzalo Hernández, padre del recluso José Javier Hernández Ramírez, quien fue traslado del Penal de La Victoria, dijo que como su hijo no apareció en ninguno de los dos listados de El Pinito y de Vista al Valle, visitaron los recintos de Higuey, La Romana y San Pedro de Macorís a donde también habrían llevados privados de libertad.

“Las autoridades del recinto carcelario no quieren dar una respuesta contundente de lo que está ocurriendo. Yo tengo un hijo que estaba recluido ahí y desde ese día no se ha podido comunicar conmigo”, enfatizó el señor quien acudió temprano a seguir buscando información al respecto.

Explicó que dentro de la lista de los presos que fueron trasladados a esos centros penitenciarios, no figura el nombre de su hijo y que como no aparece en dicha lista les pidieron a sus familiares que lo busquen en diferentes cárceles donde también fueron enviados.

En tanto que la señora Sugeli Gomera, madre de otro interno, dijo que este tiene lista su libertad hace seis meses, al tiempo que mostró preocupación por lo que le pueda pasar a su vástago. “Yo lo que no quiero es que se produzca otro incendio y a que mi hijo le pueda pasar algo, tal como sucedió el pasado lunes que varios fallecieron”, expresó la señora entre llanto.

SOLICITUD DE CAMPAMENTO

Mientras que la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito informó que ha solicitado la instalación de campamento permanente al Centro de Operaciones de Emergencias (COE) en La Victoria, como parte de las medidas de su plan de gestión de ese recinto tras el incendio.

Dijo además, que dispuso, una auditoría de infraestructura física y eléctrica, el traslado de 1,800 internos y la instalación de una unidad de atención multidisciplinaria, integrada por personal de atención para información, psicólogos y otros profesionales.

Sostuvo que el ingeniero Leonardo Reyes Madera, director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones, encabeza la realización de la auditoría de la estructura, mientras que la evaluación de sus instalaciones energéticas está a cargo de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste).

Detalló que se están tomando todas las medidas de lugar para evitar que ocurran más daños humanos y materiales y que por igual, se avanza en las investigaciones para determinar las causas del incendio.

Sostuvo que ha reforzado el equipo de investigación con otras agencias y fiscales de la Dirección General de Persecución para tener en el menor tiempo posible los resultados de las indagatorias que se realizan desde el día del referido incendio.

También, se han tomado medidas para garantizar que los internos afectados a causa del incendio tengan kits de higienes, vestimenta y todo lo básico.

CONTINÚAN TRASLADO A OTROS RECINTOS

Asimismo, se informó que hasta este sábado han sido trasladados a centros de corrección y rehabilitación como CCR Anamuya, Higüey, 175; CCR Cucama, La Romana, 62; CCR San Pedro de Macorís 23, CCRA Haras Nacionales 12; CCR Elías Piña 72, y CCR Batey Bienvenido 36.

Mientras que en los Centros CCR El Pinito, La Vega, 294 privados de libertad; al CCR Vista al Valle, de San Francisco, 98, fueron llevado la mayoría de los privados de libertad que residían en las celdas 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de los patios que fueron afectadas por el incendio.

FAMILIARES CONTACTAN RECLUSOS

En tanto que cientos de personas han logrado contactar a su familiares recluidos en áreas más seguras del Penal de La Victoria y en diferentes centros de corrección y rehabilitación, luego del incendio.

Empleados de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), continúan trabajando en el protocolo y la mesa de ayuda establecida mediante la cual cientos de familias han logrado identificar sanos y salvos a sus parientes trasladados de áreas luego del siniestro.

Para identificar a sus parientes, las familias, acompañadas de funcionarios del sistema penitenciario de puesto en el centro de La Victoria recorren las diferentes áreas del centro hasta encontrar a sus privados de libertad, manifestando una gran alegría por ver con vida a sus seres queridos.

Según el registro hasta este sábado han sido asistidas unas 243 familias de privados de libertad que han sido distribuidos en las diferentes áreas del referido centro penitenciario para ofrecer asistencia sobre los traslados dentro del penal y a otros centros.

ASEGURAN ASISTENCIA

El director general de la DGSPC, Roberto Hernández, dijo que el departamento jurídico coordina la asistencia de los privados de libertad a las audiencias, para evitar que se produzcan aplazamiento por esas causas.

Explicó que dicho departamento para evitar que los privados de libertad que han sido notificados, pierdan la oportunidad de que no se les conozcan sus expedientes en tiempo oportuno, identifica a quienes tienen el conocimiento de sus casos pendientes y se creó un chat de seguimiento.

Detalló que los privados de libertad que residían en las celdas afectadas por el incendio, son llevados a las áreas de ducha, reciben ropa limpia, son atendidos por barberos y por un personal de salud que les realiza una evaluación y reciben una charla en la cual se les explica sus derechos y deberes, según lo establece la Ley 113-21, sobre Régimen Penitenciario.

LABORES DE LIMPIEZAS

Mientras las brigadas pertenecientes a la Dirección de Medio Libre, integrada por privados de libertad que guardan prisión en La Victoria, continúan realizando labores de limpieza en la zona afectada, a fin de restablecer lo más pronto posible las condiciones en que ha quedado el recinto luego del incendio.