El gobierno de Luis Abinader reaccionó con “asombro ante el tono agresivo e infundado” del Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que denuncia abusos, arrestos arbitrarios, discriminación racial, “grave corrupción gubernamental”, entre otras acciones.
El vocero del gobierno y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, dijo anoche en un comunicado que el informe “no refleja la realidad actual de los derechos humanos en República Dominicana, ni la estrecha y respetuosa amistad entre nuestros gobiernos”.
Figueroa afirmó que el gobierno “ha tomado conocimiento del extenso Reporte sobre los Derechos Humanos en nuestro país”, lo está estudiando y “responderemos en el momento oportuno a través de los canales oficiales apropiados”.
“El gobierno dominicano reitera su compromiso con el respeto a los derechos humanos y estamos dispuestos a dialogar constructivamente con nuestros amigos sobre cualquier preocupación legítima en esta área”, puntualizó el funcionario.
El informe
Durante el año 2023 la República Dominicana ejecutó expulsiones masivas de haitianos, cometió abusos con arrestos arbitrarios, encerró en forma inhumana a dominicanos y migrantes, practicó discriminación racial y hubo “grave corrupción gubernamental”, según el Informe de Derechos Humanos preparado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
El informe, dado a conocer ayer, señala que “el cierre de la frontera con Haití por parte del gobierno en septiembre y la posterior suspensión de la emisión o renovación de permisos de residencia, visas y certificados de solicitantes de asilo para migrantes haitianos y personas de ascendencia haitiana, incluidos apátridas, colocaron en mayor riesgo a poblaciones que ya eran vulnerables”.
Asimismo, anota que en el período hubo “homicidios ilegítimos o arbitrarios; tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte del gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad; devolución de refugiados a un país donde enfrentarían tortura o persecución, incluidos daños graves como una amenaza a la vida o la libertad u otros malos tratos que constituirían un abuso separado de los derechos humanos”.
Apunta que hubo “grave corrupción gubernamental; violencia de género generalizada, incluida la violencia doméstica y los feminicidios; delitos que implicaron violencia o amenazas de violencia contra personas de ascendencia haitiana; trata de personas, incluido el trabajo forzoso; delitos que involucran violencia o amenazas de violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales; y la existencia de algunas de las peores formas de trabajo infantil”.
No obstante estas prácticas, el Informe dice que “el gobierno no tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos”.
Corrupción en gobierno
El Informe indica que la ley sanciona la corrupción de funcionarios y, en general, el gobierno implementó la ley de manera efectiva porque el ministerio público investigó a funcionarios presuntamente corruptos, “no obstante, la corrupción gubernamental siguió siendo un problema grave”.
Citó que en agosto, la Procuraduría arrestó a 12 personas –entre ellos fiscales, agentes de policía y personal de apoyo a la fiscalía– como parte de la Operación Gavilán, quienes fueron acusadas de aceptar sobornos a cambio de borrar los antecedentes penales electrónicos de casi 17.000 personas.
El Defensor no es eficaz
Respecto a los órganos gubernamentales de derechos humanos, la Constitución estableció el cargo de un defensor del pueblo independiente para salvaguardar los derechos humanos y proteger los intereses colectivos, “pero había indicios de que no era eficaz a la hora de investigar denuncias de abusos, especialmente contra personas marginadas”.
Libertad de prensa
Respecto al respeto de la libertad de prensa, el Informe dice que en septiembre, los medios informaron que la Policía Nacional arrestó a Jude Charles, un migrante haitiano, en Las Matas de Santa Cruz, Monte Cristi, luego de que criticara al presidente Luis Abinader en las redes sociales por el trato que el gobierno daba a los migrantes haitianos. Charles fue entregado a las autoridades de inmigración tras su arresto.
Asimismo, el Informe se hace eco de observadores que indicaron que “el gobierno ejerció influencia sobre la prensa, incluso a través de contratos publicitarios. Además, los periodistas practicaron la autocensura, particularmente cuando la cobertura podía afectar negativamente los intereses económicos o políticos de los líderes gubernamentales o los propietarios de los medios”.
Abusos policiales
El Departamento de Estado indica en su Informe que “hubo varios informes de que la Policía Nacional y otras fuerzas de seguridad del gobierno cometieron homicidios arbitrarios o ilegítimos durante el año”.
Citó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que 75 personas fueron asesinadas entre enero y septiembre, de los que algunos casos de abuso por parte de la policía fueron procesados por el ministerio público, “representantes de la sociedad civil afirmaron que muchos asesinatos y abusos no fueron denunciados debido a la falta de fe del público en el gobierno para investigar y presentar cargos o por temor a represalias por parte de la policía”.
Manifiesta que según el Movimiento Social de los Trabajadores, en febrero miembros de la Policía Nacional mataron a Dieumil Charles, un residente legal documentado, después de intentar extorsionarlo durante una parada de tráfico.
“Según los informes, la policía lo transportó (a Charles) a una zona apartada, lo golpeó y le disparó, luego confiscó sus documentos, dinero, teléfono celular y motocicleta”, señala el Informe.
Agrega que durante una operación de interdicción migratoria en el área de Cap Cana, la policía y agentes de migración supuestamente “dispararon contra un grupo de trabajadores de la construcción, matando a Jean Modes Fontas e hiriendo a otras personas, incluidas personas que fueron enviadas para ser deportadas a pesar de sus heridas”.
Asimismo, el Departamento de Estado dijo que hubo informes de que miembros de la Dirección General de Migración (DGM) y otras fuerzas de seguridad del gobierno “sometieron a personas, principalmente de ascendencia haitiana, a tratos degradantes y abuso físico”.
Indica que organizaciones internacionales y locales de la sociedad civil expresaron su preocupación “por el trato duro y a menudo degradante por parte del DGM y otras fuerzas de seguridad a migrantes haitianos indocumentados y apátridas de ascendencia haitiana durante las operaciones de detención y deportación y en los centros de detención del DGM en Haina y Santiago”.
Apunta que esas preocupaciones incluían “detenciones arbitrarias, abuso físico de los detenidos, entradas a domicilio sin orden judicial, revocación o destrucción de documentos de identidad, robo de pertenencias personales, extorsión, violencia sexual, acceso inadecuado a alimentos, agua y atención médica en los centros de detención y durante todo el proceso de deportación, la deportación ilegal de niños, madres embarazadas o lactantes y ancianos”.
Expresa el Informe que en julio, medios de comunicación y grupos de la sociedad civil informaron que la DGM, la policía y unidades militares “allanaron salas de maternidad de hospitales en todo el país y detuvieron arbitrariamente a mujeres embarazadas, en posparto y lactantes que no pudieron demostrar de inmediato su estatus de residencia”.
Señala que los observadores internacionales y de la sociedad civil informaron de un aumento asociado de mujeres embarazadas y lactantes que llegaban a la frontera con Haití para ser deportadas, incluidas aquellas que habían dado a luz recientemente y sus bebés recién nacidos.
“La impunidad siguió siendo un problema dentro de las fuerzas de seguridad, en particular la Policía Nacional y la DGM”, concluye el Informe.
Las cárceles
Según el Departamento de Estado, “el hacinamiento, el abuso físico y las condiciones insalubres también siguieron siendo un problema en los centros de detención de migrantes en Haina y Santiago, así como en los centros de recepción fronterizos más pequeños en Dajabón, Elías Pina, Jimaní y Pedernales.
En las cárceles, la enfermedad fue la principal causa de muertes notificadas en el sistema penitenciario, agravada por el hacinamiento y la falta de recursos sanitarios.
Hubo informes de tráfico de drogas, tráfico de armas, prostitución y abuso sexual en las cárceles.
Explica que en los centros de detención de migrantes, los observadores informaron sobre la detención de mujeres embarazadas, en posparto y lactantes, niños no acompañados y ancianos, así como falta de acceso a alimentos o agua durante períodos que iban desde varias horas hasta varios días, ninguna atención médica especializada para mujeres o bebés. “Los observadores informaron que los guardias robaron las pertenencias de los detenidos y solicitaron sobornos para su liberación”, anota el Informe.
Arrestos arbitrarios
Manifiesta que aunque la ley dispone que cualquier persona acusada de un delito podía ser detenida hasta por 48 horas sin orden judicial antes de ser presentada ante las autoridades judiciales, “hubo informes de arrestos arbitrarios y detenidos que permanecieron en comisarías o centros de detención de migrantes durante largos períodos, incluso semanas, antes de ser liberados, trasladados a una prisión o deportados”.
Apunta que “funcionarios de migración detuvieron arbitrariamente a personas, incluidos ciudadanos dominicanos, residentes extranjeros legales y otros, basándose principalmente en la percepción de que podrían ser migrantes haitianos indocumentados”.
Igualmente, apunta que “la policía realizó redadas esporádicas en comunidades de bajos ingresos y alta criminalidad durante las cuales arrestaron y detuvieron a personas sin orden judicial” y en estas operaciones, “la policía detuvo a un gran número de residentes y confiscó bienes personales presuntamente utilizados en actividades delictivas”.
Durante las operaciones de detención y en los centros de detención, los funcionarios de migración no tenían acceso a una base de datos centralizada para verificar la nacionalidad o el estatus de residencia de las personas detenidas, lo que a menudo resultaba en determinaciones arbitrarias por parte de funcionarios individuales.
“Esto dio lugar a una corrupción generalizada, incluida la extorsión de los detenidos y el robo de sus pertenencias personales durante las detenciones iniciales y mientras estaban bajo custodia en los centros de detención”, agrega el Informe.
Vulneración de derechos individuales
El Informe indica que funcionarios de migración y otras fuerzas de seguridad hicieron registros e incautaciones ilegales, incluidas frecuentes redadas nocturnas en las que irrumpieron en residencias privadas sin notificación ni orden judicial.
“Los testigos informaron que los funcionarios de migración exigieron sobornos, destruyeron documentos de identificación, robaron pertenencias de las casas y no dieron a los detenidos la oportunidad de vestirse o recoger sus pertenencias antes de llevarlos a los centros de detención de inmigrantes para su posterior procesamiento o a la frontera para su deportación inmediata”, agrega.
Anota que hubo casos en que “los padres fueron detenidos y deportados separados de sus hijos, los niños fueron detenidos con sus padres o los niños no acompañados fueron detenidos y deportados sin un padre o tutor”.
Proteccción de refugiados
El gobierno cooperó de manera limitada con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otras organizaciones humanitarias para brindar protección y asistencia a los refugiados, refugiados que regresan o solicitantes de asilo, así como a otras personas de interés.
Las tasas de rechazo de solicitudes de asilo superaron el 90 por ciento y las solicitudes de asilo a menudo permanecían pendientes durante meses o incluso años.
