El primer ministro de Haití, Garry Conille, manifestó este viernes su indignación y condena por la violenta incursión perpetrada este jueves de parte de bandas armadas, que se ha saldado hasta el momento con al menos 54 víctimas mortales, en la localidad de Pont Sondé, situada entre los municipios de Saint-Marc y l’Estère, en el departamento de Artibonite, muy cerca de la capital, Puerto Príncipe.

"Este ataque, de una brutalidad indescriptible, causó trágicas pérdidas humanas e hirió a un número indeterminado de personas. Este nuevo acto de violencia, dirigido contra civiles inocentes, es inaceptable y requiere una respuesta urgente, rigurosa y coordinada por parte del Estado", dijo Conille sobre el suceso perpetrado por miembros de la banda armada "Gran Grif" de Savien.

El primer ministro expresó su más sentido pésame a las familias afligidas y les aseguró, así como a los heridos y sus seres queridos, el apoyo inquebrantable del gobierno en estas horas oscuras.

"Hoy, una vez más, nos enfrentamos a la cobardía más absoluta. Un ataque brutal, sin motivo alguno, golpeó a ciudadanos inocentes en Pont Sondé. Este crimen atroz, perpetrado contra mujeres, hombres y niños indefensos, no es sólo un ataque contra estas víctimas, sino contra toda la nación haitiana", destacó.

El funcionario dijo a quienes siembran el terror que "no quebrantarán nuestra determinación. No subyugaréis a estas personas que siempre han luchado por su dignidad y libertad. Nunca renunciaremos a nuestro derecho a vivir en paz, seguridad y justicia".

Indicó que la policía, apoyada por los socios internacionales, está intensificando su intervención.

"A mis hermanos y hermanas haitianos, les hago un llamado a la unidad y la solidaridad. Somos un pueblo fuerte, un pueblo que sabe cómo volver a unirse. Juntos construiremos un futuro en el que estos actos de barbarie no serán más que un oscuro recuerdo", dijo.

¿Cómo fue la masacre, que fue anunciada?

La comunidad de Pont-Sondé, localidad del quinto tramo de Saint-Marc, en Artibonite, situada en la carretera nacional número 1, vivió horas de terror la noche del miércoles 2 al jueves 3 de octubre de 2024, bajo las balas asesinas de los bandidos de Savien.

Asediados por la banda del Gran Grif, los habitantes de las distintas calles, hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos, gritaron desesperados hasta el amanecer.

El día antes de la tragedia, un mensaje de audio del líder de la banda Savien anunció el suceso, según cuenta el diario haitiano Le Nouvelliste.

Personas escaparon de los bandidos

Miles de habitantes tuvieron que abandonaron la ciudad de Pont-Sonde, ubicada unos 100 kilómetros al norte de la capital de Haití, para refugiarse en la ciudad costera de Saint-Marc.

Concentrados en la plaza pública Philippe Guerrier y frente al hospital Saint-Nicolas de Saint-Marc, miles de supervivientes, que huyeron de sus hogares para escapar de la masacre, expresaron su ira contra las autoridades gubernamentales del país.

La matanza de Pont-Sondé sacudió a todo el departamento de Artibonite, que dependía en gran medida de la resistencia popular local.

Gobierno lanza gran operativo contra bandidos

Ante esta dramática situación, el gobierno tomó inmediatamente todas las medidas necesarias para reforzar las capacidades del hospital público Saint-Nicolas de Saint-Marc, donde actualmente se está tratando a un gran número de heridos. Se están movilizando recursos logísticos y médicos adicionales para garantizar una atención rápida y óptima a las víctimas.

La Policía Nacional Haitiana (PNH) está intensificando sus esfuerzos. Agentes de la Unidad Temporal Antipandillas (UTAG) fueron desplegados como refuerzo para apoyar a los equipos ya presentes en el terreno, intensificando así las operaciones de localización de bandas activas en el Artibonite.

Además, unidades especializadas de la PNH, apoyadas por las fuerzas de la Misión Multinacional de Seguridad (MSS), salieron de Puerto Príncipe la noche del 3 al 4 de octubre para dirigirse al departamento de Artibonite, en el cruce de la carretera de Canaán. Otras unidades especializadas se están preparando para ser desplegadas desde Puerto Príncipe, transportadas en helicópteros del gobierno haitiano para fortalecer aún más la operación en curso.

El canciller Roberto Álvarez dijo que los detalles operativos del plan de deportación masiva de haitianos son competencia de la Dirección General de Migración (DGM), sin embargo, consideró que ese organismo cuenta con la capacidad logística para lograr la meta de 10 mil repatriaciones semanales de haitianos.

Álvarez señaló que para elaborar el plan, la institución ejecutoria de la política de migración tomó en cuenta los antecedentes de este año, en el que han tenido altas cifras de deportaciones de migrantes irregulares.

"Actualmente Migración maneja cifras cercanas a esas, así que supongo que sí tienen la capacidad para llevar a cabo esta logística", expresó.

Las cifras

De acuerdo con una nota de prensa de la Dirección General de Migración, de enero a junio de este año, 66,227 haitianos fueron deportados, en promedio de 2,759 deportaciones por semana.

En 2023 más de 250,000 haitianos con estatus irregular fueron deportados y repatriados, para un promedio de 4,807 deportaciones por semana.

Estos montos no se acercan a la meta fijada por el Gobierno dominicano, que de aplicarse, la cifra anualizada sobrepasaría las 500,000 deportaciones.

En ese sentido, las autoridades deben aumentar en un 51 % la cantidad de ciudadanos de Haití que devuelven a su país por semana para lograr alcanzar la meta fijada en el nuevo proyecto.

Sin embargo, una lectura distinta al balance del año 2023 se da al sumar la cantidad de los retornos voluntarios que fueron 246,678, que permitió al Gobierno dominicano reconducir más de 497 mil haitianos a su país de origen.

Respuesta a Haití

Nuevamente el canciller Álvarez defendió la soberanía de República Dominicana para establecer su política migratoria.

En respuesta a la canciller haitiana Dominique Dupuy, que calificó como discriminatoria la deportación de 10 mil haitianos semanales, el canciller dominicano indicó que República Dominicana está en su derecho de deportar a los ciudadanos que ingresan al país de manera irregular.

Reconoció la grave crisis que atraviesa Haití y que esto ha provocado la migración masiva de sus ciudadanos que buscan mejores condiciones de vida, sin embargo, enfatizó que en República Dominicana "hay límites".

"Dada las cifras de migrantes que hemos enfrentado, hemos tenido que tomar estas medidas", dijo el funcionario. Garantizó que el Estado dominicano respetará los derechos humanos y ejecutará las deportaciones acorde con las normas internacionales.

"En el comunicado queda establecido que se harán en cumplimiento de todas las normas internacionales en la materia, primordialmente en el manejo de temas de recursos humanos, estableciendo y respetando la dignidad de las personas", subrayó el canciller Roberto Álvarez.

El Ministerio Público puso en marcha este miércoles la Operación Camaleón con la que arrestó a siete personas a las que, en las próximas horas, se les solicitará medida de coerción, imputados de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología y robo de identidad.

Los imputados permanecen arrestados en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional.

Durante la Operación, desplegada en la noche del 2 de octubre del 2024, se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En estos operativos participaron, aproximadamente, 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.

Durante los allanamientos se ocuparon cientos de evidencias que confirman las imputaciones del Ministerio Público, que los ha calificado como unos de las “Más exitosas de sus operaciones contra el crimen organizado, al punto que el procesamiento de las evidencias en algunos de ellos se prolongó por más de 12 horas”.

Entre los hechos objetos de la imputación se encuentran el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo; el contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, de fecha 23 de junio del 2020, utilizado para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto.

Desde asociación de malhechores, sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación y actos de terrorismo… así son parte de los cargos de los  siete involucrados en la Operación Camaleón, el sonado caso de supuesta corrupción administrativa en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Los acusados son Hugo Beras Goico, ex director del Intrant; Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant; Jochi Gómez, dueño de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas.

Pero, ¿de qué se les vincula?

En la orden de arresto 2024-AJ0020784, Hugo Beras Goico Ramírez es definido por el Ministerio Público como el “coautor y principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia”.

Y señalan que entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, Beras Goico “dirigió y autorizó la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas requeridas”.

Además, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) indica que él fue clave en la integración de “nuevas autoridades al proyecto manipulado y facilitó la participación de empresas de carpeta que desviaron recursos del Estado”.

Asimismo, Frank Rafael Atilano Díaz Warden habría participado en la adjudicación irregular de contratos, y “su rol fue la manipulación de la licitación y la toma de decisiones que beneficiaron a los imputados”.

También que habría influenciado en que las decisiones del comité de ventas del Intrant favorecieran a empresas vinculadas a la estructura “corrupta”.

Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, quien era el encargado de la red semafórica y de videovigilancia del Gran Santo Domingo, “facilitó el control de estos sistemas a Transcore Latam S.R.L., una empresa que no cumplía con los requisitos legales ni técnicos”.

Según la PEPCA, Baquero Sepúlveda habría adaptado la evaluación pericial en el proceso de licitación para favorecer a Transcore Latam.

“Tuvo una participación activa en la ejecución técnica del esquema fraudulento, comprometiendo la seguridad vial y la transparencia en el uso de fondos públicos”, dice la acusación contra Baquero Sepúlveda.

Jochi Gómez, cuyo nombre de pila es José Ángel Gómez Canaán, fue el “el principal beneficiario económico del esquema corrupto”.

Las autoridades indican que a través de su empresa Aurix S.A.S., “controló fraudulentamente los sistemas semafóricos y de vigilancia”.

Además, habría utilizado a Transcore Latam S.R.L. y Dekolor S.R.L. para movilizar fondos obtenidos ilegalmente y realizar lavado de activos.

Gómez es investigado por lavado de activos, usurpación de identidades empresariales y manipulación de fondos públicos, “constituyendo una clara amenaza a la integridad financiera del Estado”. También se le vincula con ser el responsable principal del sabotaje a la red semafórica ocurrida a finales de agosto 2024, en el gran Santo Domingo.

Pedro Vinicio Padovani Báez, quien sería uno de los socios de Gómez, habría sido una de las piezas claves en el manejo y supervisión del centro de control de tráfico.

El documento indicó que tras renunciar a su cargo, colaboró de “manera directa con las actividades fraudulentas de Transcore Latam S.R.L.”.

“Posee participación directa en el fraude licitatorio y contribuyó a la implementación de los esquemas de lavado de activos, así como en el sabotaje a la red semafórica”, detalla la acusación contra Padovani Báez.

Carlos José Peguero Vargas, a quien atribuyen como el responsable de movilizar fondos a través de INPROSOL S.R.L., desviando el dinero adjudicado a Transcore Latam S.R.L.

Además, “es el encargado de los asuntos técnicos – informáticos de la estructura de vigilancia y espionaje de José Gómez Canaán. Se le imputa lavado de activos, desvío de fondos públicos y colaboración en la estructura financiera ilícita”.

¿De qué se les acusa?

Los siete son investigados por la presunta violación de varios delitos.

El primero es de proscripción de la corrupción, contenido en el artículo 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana; y los artículos 123 y 124 (coalición de funcionarios).

También de uso de documento privado, resumido en los artícuos 147, 150 y 151 del Código Penal dominicano; de desfalco, en los 171 y 172; de asociación de malhechores, en los artículos 265 y 266; así como el artículo 405, de estafa en perjuicio del Estado dominicano.

De los artículos 11, 17, 27, y 28, que detallan los delitos sobre sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, y actos de terrorismo, de la Ley  a 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

De los artículos 5, 33, 34, 35, 36, que tratan de contrabando y corresponde a la Ley 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.

También los acusan de Lavado de Activos, especificamente de los artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9, y 1 de la Ley núm. 155-17 sobre Lavados de activos y financiamiento del terrorismo, de acuerdo con los artículos 5, y 8 letra F, de la Ley 267-08 sobre Terrorismo.

detenidos en palacio de justicia

Los siete acusados fueron detenidos la noche del miércoles luego de varios allanamientos en el Distrito Nacional, principalmente en la residencia de Hugo Beras y en Aurix, la empresa de Jochi Gómez.

El Gobierno de Haití consideró este jueves como discriminatorias las medidas anunciadas por las autoridades dominicanas que prevén la deportación masiva de 10 mil nacionales haitianos por semana.

La respuesta del gobierno haitiano está contenida en una declaración realizada por su canciller, Dominique Dupuy, quien también hizo un llamado al gobierno dominicano a "respetar los derechos inalienables de cada niño, cada mujer y cada hombre objeto de esta lamentable decisión".

Anunció que el Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual dirige, se reunirá próximamente con las organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales que operan en la zona fronteriza, para definir una estrategia de apoyo a las personas afectadas.

Dupuy dijo también que otra medida será acelerar el fortalecimiento de las capacidades de su Misión Diplomática y de sus Oficinas Consulares para atender adecuadamente a los conciudadanos en República Dominicana.

"Tomamos nota del anuncio realizado el 2 de octubre de 2024 por las autoridades dominicanas sobre una serie de medidas discriminatorias que prevén la deportación masiva de hasta 10 mil nacionales haitianos por semana. De conformidad con los tratados y acuerdos internacionales que regulan la materia, llamamos a respetar los derechos inalienables de cada niño, cada mujer y cada hombre objeto de esta lamentable decisión", destacó.

Con el plan del gobierno dominicano anunciado ayer se busca deportar a 10 mil haitianos a la semana, lo que serían unos 40 mil al mes, esto representaría el doble del promedio de haitianos devueltos mensualmente en 2023.

Derechos Humanos en Haití cree es excesivo

También el Grupo de Apoyo a Retornados y Refugiados (GARR) manifestó su preocupación por la disposición del gobierno dominicano de repatriar 10 mil haitianos por semana, alegando que las deportaciones masivas están en contradicción con los derechos humanos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Sam Guillaume, representante del GARR, manifestó que, si 23 mil deportaciones al mes que se hacían en promedio les parecía excesivo, estas cifras que se pretenden alcanzar son indignantes.

Al ofrecer declaraciones al diario haitiano Le Nouvelliste, Guillaume destacó que hoy en día, dado que ya no se conceden visas dominicanas a los haitianos, esto complica aún más la situación.

"En RD, cada vez hay más haitianos que se encuentran en situación irregular y están realmente preocupados por este plan", comentó Guillaume al periódico.

Consideró que las deportaciones masivas provocarán importantes desplazamientos de población en los puntos fronterizos.

"Tendremos una alta concentración en estas zonas", advirtió, invitando a las autoridades haitianas a asumir su responsabilidad.

RD duplicaría el promedio de haitianos devueltos mensualmente

Un total de 497,692 haitianos tuvieron que regresar a su país en el 2023, casi la mitad (246,678) mediante el retorno voluntario y otros 251,011 fueron reconducidos por las autoridades.

Según las estadísticas de la Dirección General de Migración (DGM), los 251,011 haitianos reconducidos a su país fueron por la vía de la deportación o la repatriación. En tanto que tres fueron no admitidos.

De los 251,011 haitianos que fueron reconducidos, 174,602 fueron deportados y 76,409 repatriados.

De estas cifras se calcula que un promedio de 20,917 haitianos fueron reconducidos mensualmente a su país por las autoridades en 2023, pero esto es solo en promedio porque en las cifras exactas hubo meses con menos de 20,000 y uno con un poco más de 26,000.

En tanto que, con el actual proyecto del gobierno, unos 10,000 haitianos semanales se estaría buscando reconducir unos 40,000 al mes, es decir el doble del promedio de cada mes de 2023.

Los meses con más haitianos reconducidos a su país en 2023 fueron: julio con 26,058; junio con 23,881; agosto con 23,829, enero con 23,242 y septiembre con 22,563, según la DGM.

El plan

El gobierno dominicano dispuso la ejecución inmediata de un operativo con el objetivo de repatriar hasta 10 mil haitianos por semana. La decisión está contenida en un plan con siete medidas que buscan enfrentar el problema de la migración irregular de haitianos en el país.

Además de la repatriación de haitianos con estatus migratorio irregular, el plan contempla el fortalecimiento del personal que resguarda la frontera binacional.

El presidente Luis Abinader dijo que estas son parte de las medidas que toma el Estado dominicano ante los limitados resultados de la Misión Multinacional de Apoyo a la Policía de Haití liderada por Kenia, como lo advirtió en su participación en la 79 Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la semana pasada.

Estas declaraciones fueron ofrecidas luego de la reunión del mandatario con el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional que se desarrolló este miércoles en el Ministerio de Defensa.

El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), ha detenido a, al menos, siete personas en relación con las presuntas irregularidades en un contrato otorgado por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant) a la empresa Transcore Latam.

La referida empresa fue contratada para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.

Entre los detenidos se encuentran Hugo Beras, exdirector del Intrant; José "Jochi" Gómez Canaán, uno de los titulares de la empresa Transcore Latam, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, quien hasta febrero del 2024 se desempeñaba como director de Tecnología de la Información y la Comunicación del Intrant.

Además, fueron arrestados Frank R. Díaz, Pedro Vinicio Padovani, Juan Francisco Álvarez y Carlos José Peguero Vargas.

El Ministerio Público está preparando la solicitud de medida de coerción contra los detenidos, que se presentará en las próximas horas.