El vicepresidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), Francisco Tamárez, aseguró este lunes que trabajan con rapidez en la auditoría especial que realiza ese órgano al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y garantizó que su finalización no tomará tres meses.

Tamárez reveló que los escollos que encontraron para auditar al Senasa ya fueron superados, aunque evitó dar una fecha de cuándo se conocería el informe con los hallazgos del supuesto fraude que afectó a la aseguradora de salud estatal durante la gestión de su pasado administrador, Santiago Hazim.

Afirmó que las barreras encontradas para realizar el peritaje fue producto de que una parte de la documentación requerida para auditar ya estaba en poder del Ministerio Público y la otra de una empresa que la administraba.

"Cuando nosotros llegamos (al Senasa) no teníamos nada, pero ya todo está fluyendo y estamos trabajando a toda máquina para concluir a la brevedad posible la auditoría de la actual gestión", explicó el ejecutivo de la CCRD.

Santiago Hazim fue detenido el pasado sábado por la Procuraduría General de la República, junto a otras siete personas, incluyendo funcionarios actuales del Senasa y empresarios, acusados de prácticas corruptas que afectaron la capacidad financiera de la entidad.

El vicepresidente de la Cámara de Cuentas habló tras la presentación del informe con los avances de la presente gestión de ese órgano, correspondientes al período abril-diciembre de 2025, entre los que se incluyen 66 auditorías publicadas e inició 41 nuevas.

Mejoras aplicadas

Sobre el particular, destacó que las mejoras aplicadas a los informes de auditoría, las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios, la incorporación de 82 nuevos auditores y la transformación de la Escuela Nacional de Cuentas para capacitar al personal que realiza las auditorías.

Santo Domingo.– Las motocicletas dominan el parque vehicular de la República Dominicana —representan el 57 % de los más de 6.1 millones de vehículos registrados, según la DGII—, pero continúan circulando con total desorden y en abierto desacato a la ley.

En las calles es común ver motores sin luces, sin placa, en vía contraria, sobre aceras, violando semáforos, sin casco protector y, cada vez más, desplazándose a alta velocidad mientras sus conductores miran el celular. Todo esto ocurre a la vista de las autoridades, que con frecuencia optan por voltear la mirada.

La Ley 63-17 establece con claridad cómo deben operar estos vehículos: identificación única de placa; número visible también en cascos y chalecos; prohibición de transportar menores de ocho años; y límite de dos personas por motocicleta.

Además, su circulación por túneles y elevados está expresamente prohibida. Sin embargo, la realidad cotidiana demuestra que estas normas se incumplen de manera sistemática. También, están las carreras clandestinas, las mismas ponen en riesgo las vidas de las personas en las diferentes vías.

Aun así, en lugar de atacar el desorden general, las autoridades han centrado sus esfuerzos recientes en la imposición de cascos certificados, un requerimiento válido, pero que llega en medio de un caos que nadie parece dispuesto a organizar.

Santo Domingo.– La investigación por el presunto fraude millonario en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) alcanzó este fin de semana un nuevo nivel de intensidad, con la detención de ocho personas por parte del Ministerio Público.

Las autoridades realizaron interrogatorios desde el sábado y ejecutaron múltiples allanamientos en busca de evidencias que permitan esclarecer un esquema que, según la acusación preliminar, habría provocado un desfalco superior a los 12 mil millones de pesos.

La institución arrastra desde hace meses señales de una profunda crisis financiera y de gobernanza, marcada por denuncias de corrupción, pagos atrasados, contratos cuestionados y la salida de varios funcionarios, mientras el Gobierno insiste en que los servicios para los afiliados más vulnerables continúan garantizados.

El Informe con Alicia Ortega fue donde por primera vez se denunció un esquema de facturaciones fraudulentas que involucraba sumas ascendentes a 40 millones de pesos. La denuncia detalló que, entre enero de 2021 y septiembre de 2024, se realizaron solicitudes de autorizaciones para procedimientos médicos y consultas sin el conocimiento de los afiliados.

Cronología del caso Senasa 2025

25 de junio de 2025 — Surgen las primeras alertas

El partido Fuerza del Pueblo abrió el debate al advertir que Senasa enfrentaba un deterioro en su manejo interno. La organización afirmó que la entidad se encontraba "al borde del colapso" debido a una supuesta mala administración.

30 de junio — El Gobierno rechaza las denuncias

El presidente Luis Abinader salió al frente y desestimó esas afirmaciones, acusando a sectores opositores de intentar empañar los avances logrados por el seguro estatal. Aseguró que Senasa no presentaba déficit alguno.

4 de julio — Suspensión de servicios y pedido de auditoría

La institución anunció la interrupción temporal del servicio de entrega de medicamentos a domicilio. Ese mismo día, la exdirectora Alma Bobadilla solicitó que se realizara una auditoría profunda para aclarar las dudas sobre la gestión interna.

8 de julio — El caso entra al radar del Ministerio Público

El Ministerio Público desplegó una operación anticorrupción que incluía procesos vinculados a Senasa, así como a Inaipi y Edes. La Cámara de Cuentas confirmó que tenía dos auditorías en marcha relacionadas con la entidad.

13 de agosto — Destitución de Hazim

Tras el creciente cúmulo de cuestionamientos, el Gobierno dispuso la salida de Santiago Hazim, quien había asumido la dirección en 2020. Su destitución se produjo en medio de un ambiente de fuerte presión pública.

17 de agosto — Designación de nuevas autoridades

El presidente Abinader nombró a Padilla como nuevo titular de Senasa, mientras que José Luis López Pérez pasó a dirigir Promese/Cal.

14 de septiembre — DGCP aclara el marco legal

La Dirección de Compras y Contrataciones informó que los acuerdos entre Senasa y los Prestadores de Servicios de Salud se rigen estrictamente por la Ley 87-01, intentando bajar la tensión generada.

15 de septiembre — Abinader pide dejar actuar al MP

El Presidente llamó a permitir que el Ministerio Público investigue sin presiones.

16 de septiembre — Pepca solicita los programas completos

El exdirector Chanel Rosa Chupany denunció la existencia de dos sistemas contables paralelos dentro de la entidad.

24 de septiembre — Hazim reaparece

Hazim ha defendido públicamente su gestión, asegurando que actuó "con honradez y responsabilidad" y que su decisión de denunciar irregularidades internamente fue parte de su deber moral y legal como director.

21 de noviembre — La investigación entra en su etapa final

La Procuraduría General de la República informó que las pesquisas estaban prácticamente concluidas y anticipó próximas acciones.

6 de diciembre — Arresto de Hazim

El exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, quedó formalmente arrestado el sábado tras ser entrevistado por fiscales en la Procuraduría General de la República, según confirmó su abogado, Miguel Valerio; el cual informó que el Ministerio Público presentará la solicitud de medida de coerción posiblemente este lunes.

El Tribunal Constitucional (TC) anuló la condena de 30 años de prisión dictada en contra de Pascual Cordero Martínez (conocido como ’El Chino') por narcotráfico y lavado de activos.

Los jueces del TC anularon la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que había mantenido firme la condena de 30 años de prisión dictada en contra de Cordero Martínez.

La alta corte tomó la decisión, tras acoger un recurso de revisión constitucional presentado por la defensa de Cordero Martínez.

La anulación se fundamenta en la violación de la garantía constitucional del plazo razonable y la falta de motivación adecuada por parte de la Suprema Corte para justificar la extensa duración del proceso.

Cordero Martínez había solicitado la extinción de la acción penal, argumentando una "grosera vulneración a la justicia oportuna" debido a que su proceso se extendió considerablemente, con un punto de partida legal fijado en la medida de coerción impuesta el 22 de marzo de 2011.

El TC determinó que, si bien la Suprema argumentó que la dilación estaba justificada por la complejidad del caso (declarado complejo en 2011), la rebeldía del imputado, la pandemia de COVID-19 y el uso de recursos, dicha justificación fue insuficiente y genérica.

El Tribunal Constitucional subrayó que las causas de dilación de los procesos deben ser justificadas de manera minuciosa para no vulnerar el plazo razonable.

El TC consideró que la Suprema no agotó un proceso argumentativo lo suficientemente detallado que permitiera corroborar cuáles fueron las actuaciones atribuibles al imputado que justificaran no extinguir la acción penal.

En este sentido, el TC exige a los jueces realizar un análisis detallado y específico de las actuaciones de la parte imputada que presuntamente causaron la dilación, no siendo suficiente un mero cálculo matemático o una mención general de los eventos.

El proceso contra Cordero Martínez es de larga data, marcado por múltiples audiencias (57 sesiones solo entre 2016 y 2020) y desgloses de expediente, que el TC considera deben ser evaluados rigurosamente.

Para sustentar su criterio, el TC citó su precedente (Sentencia TC/0740/24) y un criterio de la Corte Constitucional de Colombia (Sentencia T-230/13) para enfatizar la necesidad de justificaciones detalladas.

El Constitucional ordenó el envío del expediente a la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte para que conozca nuevamente el caso, con estricto apego al criterio establecido por el Tribunal Constitucional en esta decisión.

Cabe destacar que la condena original de 30 años de prisión fue impuesta por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, decisión que había sido confirmada previamente por la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Votos y Abstenciones

La decisión fue adoptada por la mayoría requerida de los jueces del Tribunal Constitucional.

El magistrado José Alejandro Vargas Guerrero se inhibió del caso por haber suscrito decisiones relativas al proceso en su condición de ex juez coordinador de Atención Permanente.

Mientras que la magistrada Army Ferreira emitió un voto disidente y el juez Amaury Reyes Torres, emitió un voto salvado.

Finalmente, el TC optó por no pronunciarse sobre los vicios relativos a la tipificación de la conducta y la afectación del derecho de defensa argumentados por el recurrente, al considerar que ya existían razones suficientes para anular la decisión.