La reciente decisión de las autoridades dominicanas de implementar repatriaciones masivas de ciudadanos haitianos ha desatado una ola de preocupación en la comunidad haitiana. El Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití levantó la voz en contra de esta política, que considera una violación a los derechos humanos y a los tratados internacionales.

Desde el 3 de octubre de 2024, la República Dominicana decidió repatriar hasta 10,000 haitianos por semana, con el objetivo de reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas. Durante el anuncio se señaló que los operativos se llevarán a cabo bajo estrictos protocolos que aseguren el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los repatriados.

¿Cuáles son las violaciones que supuestamente comete la República Dominicana?

 Según el Consejo Presidencial de Transición de Haití, las autoridades dominicanas están violando los siguientes convenios internacionales:

– La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961 y la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963.

– La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).

– La Convención de 1951 relativa al estatuto de los refugiados y el Protocolo de 1967.

– La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965).

– El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (2018).

– La Convención sobre los Derechos del Niño (1989).

Reunión Extraordinaria del CPT

El 8 de octubre, el Consejo Presidencial de Transición (CPT) convocó a una reunión de emergencia con altos funcionarios del gobierno haitiano. Entre los asistentes estaban el primer ministro interino, varios ministros de Estado y directores generales de instituciones clave. El objetivo de la reunión fue evaluar la situación actual y planear una respuesta estratégica ante lo que califican como una "crisis humanitaria"

El CPT señaló "múltiples irregularidades" en los procesos de repatriación. Entre las violaciones "más graves" se encuentran:

• Deportaciones nocturnas: el protocolo de acuerdo sobre los las repatriaciones de 1999 prohíbe las repatriaciones durante la noche y en días festivos. Sin embargo, se han llevado a cabo expulsiones durante estas horas, como ocurrió el fin de semana del 5 y 6 de octubre.

• Despojo de pertenencias: muchos repatriados han llegado a Haití sin sus pertenencias, lo que afecta gravemente su reintegración. La normativa estipula que deben poder recuperar sus efectos personales, pero este derecho ha sido ignorado.

• Menores no acompañados: se han reportado casos de niños que han sido repatriados sin la compañía de adultos, lo que plantea preocupaciones sobre su bienestar y protección.

• Acceso restringido a diplomáticos: los representantes consulares haitianos han sido impedidos de acceder a los centros de detención, violando las normas internacionales.

• Violaciones a convenios internacionales

Además, el CPT denunció que esas acciones constituyen violaciones a múltiples convenios internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. Aseguran que estas normas son fundamentales para asegurar el tratamiento justo de todos los migrantes, sin importar su estatus.

El 10 de octubre, el CPT se reunió con el cuerpo diplomático acreditado en Haití para informar sobre la gravedad de la situación y solicitar apoyo internacional ante estas "medidas extremas".

"Si bien el gobierno haitiano reconoce el derecho de la República Dominicana a controlar su flujo migratorio, enfatiza que las relaciones entre estados deben regirse por normas internacionales, que incluyen el trato justo y humano a los migrantes", indica el documento.

Haití insta a la República Dominicana a respetar sus compromisos internacionales y a poner fin a las expulsiones. El CPT reiteró su disposición a mantener un diálogo constructivo a través de los canales diplomáticos, con el objetivo de restaurar una política de buena vecindad y cooperación mutua entre ambos países.

Decisiones del Gobierno dominicano

El 3 de octubre el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de la República Dominicana dispuso la ejecución inmediata de un plan integral de control migratorio. A continuación el anuncio hecho pro las autoridades dominicanas:

Declaración del Gobierno sobre los Resultados de la  Reunión del Consejo de Seguridad y Defensa  Nacional  

Hoy, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, presidido por el  Presidente de la República (Luis Abinader), se reunió para abordar la situación de la  migración ilegal proveniente de Haití. A pesar del apoyo internacional y de la  presencia de la Misión Multinacional de Apoyo a la Policía de Haiti para la  Pacificación liderada por Kenia, los resultados hasta ahora han sido  limitados y el proceso avanza con lentitud. Ante esta realidad, nos vemos  obligados a actuar de manera decidida y responsable para garantizar la  seguridad y estabilidad de nuestro país.  

En este contexto, hemos diseñado un plan integral que responde de manera  efectiva a la creciente preocupación ciudadana, priorizando tanto la  seguridad como el respeto a los derechos humanos.  

Los puntos acordados durante la reunión son los siguientes:

• Fortalecimiento de la vigilancia y control fronterizo: Se implementarán medidas adicionales para reforzar la seguridad en la frontera, con un despliegue de mayor personal y equipamiento especializado.

• Se ampliará la Desarticulación de redes de tráfico humano: Se tomarán acciones inmediatas para identificar y desmantelar las redes responsables del tráfico ilegal de personas, con la colaboración de organismos internacionales y de seguridad.

• Identificación y retorno asistido de migrantes: Se establecerá un protocolo de identificación de migrantes ilegales y su retorno asistido, garantizando condiciones dignas y en colaboración con las autoridades haitianas.

• Aumento de recursos humanos en la Dirección General de Migración: Se incrementará el número de inspectores y personal capacitado, para garantizar una respuesta más rápida y eficiente en los procesos migratorios.

• Aumento del uso de tecnología de vigilancia: Se incorporarán herramientas tecnológicas avanzadas, como drones y sistemas de vigilancia por cámaras, para mejorar el monitoreo continuo de la frontera.

• Capacitación de los inspectores de migración: Los inspectores de migración recibirán capacitación continua en materia de manejo de crisis, control migratorio y derechos humanos con el objetivo de actuar con profesionalismo y respeto a la ley.

• Construcción y mejora de infraestructura: Se iniciarán proyectos de construcción y renovación de centros de control fronterizo puntos de inspección y campamentos temporales de repatriación para  garantizar el adecuado manejo de los migrantes.

Además, se acordó la ejecución inmediata de un operativo de repatriación con el objetivo de repatriar hasta 10 mil migrantes por semana. Este  operativo busca reducir el exceso de población migrante que se percibe en  las comunidades dominicanas, y se llevará a cabo bajo estrictos protocolos que aseguren el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los  repatriados.

El Gobierno reafirma su compromiso de proteger la soberanía nacional y abordar los desafíos migratorios con una política que combine la seguridad con el respeto a los derechos humanos, en coordinación con la comunidad internacional y con un enfoque de cooperación regional.

Seguiremos informando al país sobre los avances en la implementación de estas medidas, que buscan una respuesta sostenible y justa al problema de la migración irregular.

El nuevo proyecto de ley para la modernización y actualización del Código de Trabajo busca mejorar las condiciones laborales de las mujeres embarazadas, permitiendo la acumulación de los días de licencia prenatal con la postnatal y las vacaciones. Además, en el documento, se aumenta una semana  a ambos tipos de licencias.

La propuesta deja en manos de la trabajadora y el empleador la decisión sobre cómo utilizar los días de descanso, con el objetivo de ofrecer mayor flexibilidad y protección durante el período de gestación y después del parto.

Las licencias de descanso obligatorio serán de siete semanas antes de la fecha de parto y siete semanas después del parto. Dicho esto, la licencia por maternidad queda fijada en 14 semanas en total. Anteriormente, cada periodo contaba con seis semanas.

De acuerdo con el documento, presentado ante el Senado por el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, se otorga el derecho a las trabajadoras embarazadas de acumular las siete semanas de licencia prenatal obligatoria con los días de licencia postnatal.

Asimismo, podrán solicitar que se les concedan sus vacaciones inmediatamente después del periodo de maternidad, lo que prolongaría el tiempo de descanso de la trabajadora.

Algunas de las modificaciones al Código de Trabajo

El proyecto incluye varias modificaciones a los artículos del Código de Trabajo de 1992. Entre ellas, se establece que no se puede ejercer desahucio por parte del empleador durante:

• El embarazo de la trabajadora
• La licencia por maternidad y hasta tres meses después del parto.

Mientras que la trabajadora está obligada a notificar el embarazo de manera fehaciente e indicar la fecha estimada del parto.

Otro de los cambios clave es que la licencia de maternidad será de catorce semanas en total, garantizando que la trabajadora conserve todos sus derechos laborales durante este tiempo.

Por último, se especifica que, si la trabajadora solicita sus vacaciones inmediatamente después de la licencia por maternidad, el empleador estará obligado a concederle este derecho, asegurando así que las mujeres puedan disfrutar de un tiempo de recuperación y cuidado extendido sin riesgo de perder sus derechos laborales.

Los jueces de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones del Distrito Nacional anularon este viernes la sentencia que había emitido el Primer Tribunal Colegiado contra los implicados en la muerte a golpes del joven David de los Santos, mientras estaba bajo custodia de la Policía Nacional en destacamento del Ensanche Naco.

Al anular el fallo del tribunal de primer grado, la corte ordenó la apertura de un nuevo juicio.

El abogado Waldo Paulino explicó que la decisión fue tomada debido a que las juzgadoras no se apegaron al debido proceso.

"Anuló de manera total la sentencia para conocer un nuevo juicio ante un tribunal distinto pero de la misma jerarquía", explicó el togado.

Paulino dijo que con esta apertura a un nuevo juicio se busca que aparezcan los reales responsables de la muerte de David de los Santos.

"Los que están presos son inocentes y así ha demostrado la sentencia que ha emitido la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional", expresó el abogado.

La sentencia

El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a dos agentes de la Policía a 15 años de prisión y a tres civiles a 30 años por la muerte de David de los Santos, quien fue víctima de una golpiza en el destacamento de Naco el 27 de abril del año pasado y falleció cuatro días después.

Los policías condenados fueron el segundo teniente Germán García y el cabo Alfonso Decena Hernández, mientras que fueron declarados no culpables el capitán Domingo Alberto Rodríguez y el raso Sari Manuel González han sido absueltos por el caso.

Los civiles condenados por tortura y barbarie fueron Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña, quienes estaban en la celda cuando llevaron a la víctima esposada con las manos hacia atrás.

El Tribunal Colegiado de Jimaní condenó  al exencargado de Migración de Jimaní, en la frontera domínico-haitiana, Roberto Méndez Pérez a 10 años de prisión y al pago de 150 salarios mínimos por tráfico y secuestro de migrantes y que fue detenido durante la Operación Iguana, en el 2022.

Méndez Pérez se desempeñaba como coordinador de control en el puesto fronterizo en Jimaní de la Dirección General de Migración. Junto a él también fueron condenados por la misma acusación Johan Rosario Castillo, igualmente a 10 años de prisión, mientras que a 15 años fueron sentenciados Delson Manuel Medina Díaz, Juan Mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Volquez Guzmán.

"Todos deberán pagar una multa de 150 salarios mínimos", informó la Procuraduría General en una comunicación de prensa.

Según el Ministerio Público, el tribunal dictó una sentencia absolutoria respecto de los acusados Deivi Novas Reyes y Dominga Guzmán.

Secuestraban mujeres y niñas

En la comunicación de prensa sobre la condena a los cinco principales acusados de Operación Iguana, la Procuraduría recuerda que durante los allanamientos contra la red, arrestó a los hoy condenados y ocupó como evidencias siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego, calibre 9 milímetros.

Sostuvo que, con el apoyo del Departamento de Investigación de la Dirección General de Migración, dio inicio a la investigación penal de este caso en diciembre del año 2021 contra los miembros de la red y que logró la obtención de pruebas que los vinculan al tráfico ilícito agravado de migrantes y secuestro de dos mujeres y dos niñas de nacionalidad cubana, así como de otros hechos de tráfico ilícito de migrantes.

El expediente acusatorio señala que los procesados recurrían a la amenaza y al chantaje para la obtención de soborno. Igualmente, privaban de su libertad y mantenían en cautiverio a las personas objeto de tráfico ilícito hasta recibir el pago exigido para la liberación de las personas retenidas o secuestradas, llegando inclusive a recurrir a las amenazas para la recepción de los pagos.

El grupo fue acusado de violar la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el Código Penal Dominicano, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la  Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), así como la Ley 583 sobre Secuestro.

A través de un comunicado de prensa el Ministerio Público destaca la importancia de la sanción contra esos graves delitos que afectan principalmente a personas en condición de vulnerabilidad, la mayoría mujeres, niños, niñas y  adolescentes.

El equipo investigador

Los procuradores fiscales litigantes Aleika Almonte, Jhensy Víctor y Miguel Crucey,  de las procuradurías  especializadas contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aportaron diferentes elementos probatorios que fueron acogidos como buenos y válidos por los jueces Alejandro Antonio García Cruz, Elaine del Pilar Lluberes y Freidy Hernández White, quienes dictaron la sentencia condenatoria.

La PETT, encabezada por la procuradora general de corte Yoanna Bejarán Álvarez, desarrolló la Operación Iguana en el año 2022 con nueve allanamientos simultáneos en municipios de las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales, mediante los cuales fue desarticulada esta red que utilizó a la frontera domínico haitiana como centro de operaciones.

Un estudiante del Centro Educativo Los Padres de la Patria, en San Antonio de Guerra, resultó herido tras caerle parte de un muro de concreto en las piernas, lo que le ocasionó una fractura en la pierna izquierda y una lesión en el tobillo derecho, según informó su familia.

Beatriz Jiménez, docente del centro educativo que opera en un local del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) —anteriormente una granja de animales—, indicó que, al finalizar el receso el estudiante de sexto de primaria se acercó al muro, que estaba agrietado y comenzó a empujarlo junto a unos compañeros. A pesar de que los demás estudiantes le advirtieron del peligro y se retiraron, el niño continuó jugando con el muro.

Tras el incidente, el estudiante de 13 años, identificado como José Adrián Cruz, fue asistido por una unidad del Sistema de Emergencia 9-1-1. Posteriormente, se le realizaron estudios y fue trasladado al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, donde está a la espera de ser operado.

De acuerdo con Michael Alcántara Corsino, hermano mayor del niño, se requiere una intervención urgente debido al estado de sus piernas. Comentó que están esperando la cotización del hospital para proceder, ya que la familia no cuenta con los recursos suficientes.

Reparación de la escuela

Este incidente ocurre luego de un levantamiento realizado por el FEDA y el Ministerio de Educación en el centro educativo, con miras a responder a la solicitud de las autoridades de la escuela para su acondicionamiento y reconstrucción.

La profesora Beatriz Jiménez comentó que la tarde de este viernes 11 de octubre se estaría reuniendo con representantes del distrito escolar para tratar este tema.

En esa ocasión, la profesora de la comunidad Niurka Peña, quien ahora se desempeña como directora pese a no estar nombrada en el sistema educativo público, denunció que seis de los docentes que allí laboran no están nombrado, situación que aún no han sido resuelta.

SANTO DOMINGO.- Luego de cuatro días de presentada la reforma fiscal, el expresidente de la República, Leonel Fernández, reacciona y la califica como un “bombazo fiscal”.

“El gobierno de Luis Abinader y el PRM han presentado un bombazo fiscal en el que la mayor parte de la carga de recaudación la aportan los más pobres y la clase media” escribió Fernández a través de su cuenta en la red social X.

Previo a estas declaraciones, el líder del partido Fuerza del Pueblo había anunciado que analizaría detenidamente la propuesta de cambios en el régimen tributario del actual gobierno.

La iniciativa, conocida como ley de modernización fiscal, incluye cambios significativos en el sistema tributario del país. Entre las propuestas más destacadas se encuentran:

Unificación del ITBIS al 18%: Se establece un nuevo concepto de IVA, manteniendo la exención de productos de primera necesidad como arroz, pan y leche.

Aumento de impuestos a bebidas: Se prevé un incremento en los impuestos sobre las bebidas alcohólicas y las no alcohólicas azucaradas.

Incremento en la retención de juegos de azar: La retención máxima sobre premios se elevaría del 25% al 27%.

Eliminación de deducción educativa: Se suprimiría la deducción del gasto educativo del impuesto sobre la renta, de acuerdo con la Ley No. 179-09.

Más sobre la reforma fiscal

Reestructuración del IPI: El impuesto al patrimonio inmobiliario se modificará, estableciendo un mínimo exento equivalente al valor de una vivienda de bajo costo, con una tasa del 1% sobre el excedente.

Gravamen a compras por internet: Se impondrán impuestos sobre compras en línea inferiores a 200 dólares y a los servicios digitales.

Eliminación del anticipo: Se suprimirá el anticipo para personas físicas y microempresas.

Aumento salarial en el sector público: Se propone un incremento del 50% en el salario mínimo del sector público.

A pesar de las críticas de la oposición, los legisladores oficialistas defienden la necesidad de esta reforma. Los mismos argumentan que el gobierno busca aumentar las recaudaciones en un 1.5% del PIB. Los fondos generados se destinarían a áreas críticas como salud, transporte y seguridad.

El sector agricultura es otro de los grandes afectados por el plan migratorio del Gobierno.

Una semana después del inicio del operativo de repatriación de migrantes, desde el sector bananero se aseguró que la situación está generando mucha incertidumbre no solo en los productores, sino también en los compradores por falta de cumplimiento.

Ocurre lo mismo en el segmento del arroz, cuyos representantes afirmaron que notan la presión del proyecto de la Dirección General de Migración en las zonas de Montecristi y Mao en plena preparación de los terrenos para luego regar las semillas, pues la disponibilidad de la mano de obra es escasa y la persecución de las autoridades es mayor.

El director de la Asociación Dominicana de Productores de Banano (Adobanano), Martín Edwardo, garantizó que hay pérdidas en varios aspectos del sector bananero. El plan migratorio "genera mucha incertidumbre en nuestros productores que semanalmente preparan el empaque del banano para llevarlo hasta el barco (…), también generamos inseguridad ante nuestro comprador porque no cumplimos", declaró. 

Además, explicó que los haitianos no quieren salir a la finca a trabajar por temor a ser deportados, y eso los limita.

"También está el hecho de que algunos extranjeros se están yendo de forma voluntaria para no perder los ajuares al momento de ser deportados. La situación es apremiante para nosotros porque hay escasez de mano de obra, sobre todo en la zona de Valverde y Montecristi", reiteró.

Por ello, Edwardo hace un llamado en favor del sector bananero para regularizar a los trabajadores con visas de empleo temporal, para así tener garantía de que los mismos no serán deportados. "Estamos de acuerdo con se cumpla la ley, pero para salvar la industria del banano es necesario que se pueda regularizar a nuestros trabajadores y, de esta manera, poder cumplir con los contratos establecidos para este año y los próximos meses", justificó. 

Desde el área del arroz, el presidente de la Federación Nacional Dominicana de Productores de Arroz (Fenarroz), Marcelo Reyes, expuso que la migración haitiana en la República Dominicana es bastante compleja y presenta muchas aristas y desafíos, especialmente en la agricultura. "Estamos presentando escasez en la disponibilidad de la mano de obra, lo que estaría encareciendo la hora/jornal a un ritmo sin precedente, en diferentes zonas del país las misma rondan entre 125 pesos a 160 pesos/hora,  representando un aumento que oscila en  15 por ciento adicional", declaró.

En consecuencia, explicó que esta situación, a medio plazo, podría verse reflejada en un aumento de los costos de producción y sostenibilidad del sector, lo que reduciría la disponibilidad de alimentos para la población y un alza de los precios.

Por esa razón, Reyes destacó la necesidad de un control en las fronteras. "La falta de un control fronterizo eficaz facilita la entrada irregular de los trabajadores, evitando el 'macuteo', lo que impide al Estado implementar una política migratoria ordenada y beneficiosa al país", declaró Reyes.

El presidente de Fenarroz defendió la necesaria protección de las fronteras e implementación de mecanismos que garanticen que "solo entren los trabajadores para cada sector específico y con permiso de trabajo zonificado a un territorio o demarcación del país".

Igualmente, explicó la necesidad de diseñar unos reglamentos que regulen la contratación de migrantes que sean adaptados a las realidades del campo dominicano. Y, además, pidió un programa de regulación migratoria para que los trabajadores haitianos puedan integrarse legalmente al sistema laboral agrícola.

Migración garantiza derechos

El vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director general de Migración, se reunió ayer con las autoridades civiles de Santiago, con el objetivo de coordinar acciones para garantizar el respeto de los derechos humanos durante los operativos contra ciudadanos haitianos que se encuentran en situación migratoria irregular en el país. Explicó que el objetivo es cumplir con lo establecido en el marco legal de la República Dominicana, así como en los tratados internacionales.

La meta del gobierno es deportar hasta 10,000 migrantes haitianos irregulares a la semana. El pasados lunes, Migración informó que en los primeros cinco días del operativo había devuelto a su país a 7,217 migrantes haitianos en condición irregular.

Fuente: Diario Libre