El proyecto de reforma fiscal sigue recibiendo comentarios en contra. El exdirector de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Magín Díaz, dijo este miércoles que será un “reto” una eventual aprobación de la reforma fiscal, y señaló que, de momento, no le queda claro que la actual administración esté “preparada para manejar una reforma”.

La propuesta del Poder Ejecutivo, que ya fue enviada al Congreso Nacional, ha generado el rechazo de una gran parte de la sociedad y de algunos sectores productivos del país por el golpe económico que, según han expresado, podrían recibir en caso de aprobarse.

“Creo que tiene puntos buenos, pero tiene muchos errores de diseño”, dijo el economista sobre la reforma mientras participaba en el foro “Diálogo Fiscal, Desafíos y Oportunidades”, que moderó el senador Omar Fernández, organizado por la Oficina Senatorial del Distrito Nacional.

De manera particular, Díaz se refirió a la propuesta del Gobierno que contempla una única tasa de un 18% para el impuesto a la transferencia de bienes y servicios industrializados (Itbis), que pasaría a llamarse “impuestos al valor agregado (IVA)”.

Tras explicar que ese cambio se conoce como “Itbis personalizado”, el exdirector de la DGII apuntó: “A un 18% está duro. Tal vez hay que hacer dos tasas: de 6% a 8%, o de 8% a 18%. Ahí hay que tener cuidado. No estamos en la antesala de una crisis para hacer una reforma de choque de esa magnitud”.

Uno de los objetivos principales del Gobierno, con esa reforma, es aplicar ‘mano dura’ en la persecución de la evasión y elusión fiscal mediante “reglas claras e iguales para todos” los contribuyentes.

Para el economista, sin embargo, sería todo lo contrario: “La reforma puede aumentar la evasión. De hecho, porque se están aumentando impuestos que no se deben aumentar, como el de los alcoholes”.

“Un mal argumento es decir que la reforma tiene que tocar a todo el mundo obligatoriamente. No. Hay sectores sobrecargados. No me gusta poner impuestos selectivos, como el de las bebidas azucaradas cuando tú no tienes control de los otros y la evasión está por encima del 40%”, señaló Díaz.

El foro, que se ha celebrado en el hotel JW Marriot del Distrito Nacional, ha reunido a otros economistas como Germania Montás y Jaime Aristy Escuder, Mercedes Carrasco y Luis Alberto Rodríguez, de Colombia.

La Cervecería Nacional Dominicana (CND) manifestó su preocupación ante la propuesta de reforma fiscal presentada por el Poder Ejecutivo, que aumentaría la recaudación de impuestos sobre las bebidas alcohólicas y afectaría sus operaciones.

A través de un comunicado de prensa, la Cervecería advirtió que las medidas tendrían un impacto negativo significativo en el sector cervecero dominicano, afectado las operaciones y limitando futuras inversiones.

En ese sentido, señalaron como ejemplo la reforma fiscal del 2013, que les tomó seis años para recuperar los volúmenes de ventas, previo al incremento de los impuestos. “Esto evidencia la alta sensibilidad del sector a los aumentos de precios y su vulnerabilidad ante altos cambios fiscales”, agregan.

“Como uno de los mayores contribuyentes fiscales del país, CND subraya que el aumento propuesto en el impuesto específico por grado de alcohol a RD$840 pesos, junto con el incremento en la tasa Ad-valorem a un 11%, genera un gravamen injusto que afectará a uno de los sectores que más impuestos paga actualmente y en un momento crucial para su crecimiento”, indican en un comunicado.

Sostuvieron que el sector cervecero representa el 2.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, contribuyendo de manera “significativa” a las recaudaciones del Estado, aportando unos RD$43,825 millones en impuestos anualmente.

“República Dominicana es el país de la región con la mayor presión tributaria sobre este sector, lo que reduce nuestra competitividad frente a otros países" afirmó Fabián Suárez, presidente de la empresa.

"Nuestras inversiones recientes, que superan los RD$14,484 millones desde 2021, han sido fundamentales para fortalecer la economía, infraestructura, producción y sostenibilidad del país, aportando a múltiples sectores productivos a través del encadenamiento comercial y produciendo más de 51 mil oportunidades de empleos para los dominicanos. Sin embargo, la aprobación de esta reforma fiscal nos obligaría a posponer proyectos futuros por más de RD$10,000 millones proyectados para los próximos 18 meses".

La compañía también expresó su preocupación por la sostenibilidad del esquema de contribución fiscal actual, destacando que la industria cervecera ya aporta casi el 50% de las recaudaciones del sector de alcoholes, lo cual podría generar riesgos económicos adicionales para la República Dominicana.

"Existen precedentes de reformas similares que han provocado una lenta recuperación en las recaudaciones y un estancamiento en el crecimiento de las ventas del sector. Estamos comprometidos a seguir impulsando el desarrollo nacional, pero es fundamental contar con un marco fiscal que promueva la inversión y el crecimiento sostenible. Con la propuesta de reforma actual, en lugar de aumentar las recaudaciones, estas disminuirán considerablemente, lo que resultaría perjudicial tanto para la industria como para el Gobierno", concluyó Suárez.

Reiteraron que entienden la importancia y necesidad del Gobierno de incrementar las recaudaciones, sin embargo, destacaron que la reforma podría abordarse de manera integral y competitiva, fomentando un clima de confianza para la inversión, la reducción de la informalidad y la evasión, así como el fortalecimiento de las instituciones públicas para incrementar su eficacia.

“CND siempre está a disposición para dialogar con las autoridades y demás actores involucrados de cara a generar escenarios que permitan el desarrollo y la mejoría de todos en el país”, concluyeron.

Román Andrés Jáques Liranzo participó este miércoles en el proceso de entrevistas realizado por el Senado de la República en busca de ser ratificado para el periodo 2020-2024 como presidente de la Junta Central Electoral (JCE).

Al responder las preguntas de la comisión especial que evalúa a los aspirantes, Jáques Liranzo consideró como un desafío la “falta de garras” con las que dispone el órgano electoral para enfrentar las irregularidades en los procesos electorales.

Liranzo mencionó varios aspectos que no fueron incluidos en la Ley 20-23 del Régimen Electoral como parte de las propuestas realizadas para eficientizar las sanciones electorales.

Tal es el caso de una posible reducción mayor a los topes de gastos y el fortalecimiento de las consecuencias para los actores políticos que lo sobrepasen. No obstante, Liranzo indicó que esta visión no se puedo materializar en la ley.

Uno de los grandes logros en la reforma electoral con la aprobación de la Ley 20-23 del Régimen Electoral es la tipificación de la violencia política hacia la mujer como un crimen.

“Se propuso que los topes de gastos tengan sanciones y no hay sanciones. Se propuso para que la campaña electoral fuese menos impactante desde el punto de vista económico, que los topes fueron reducidos. Pero, esto no se materializó. Creo que hay darles garras a la JCE”, manifestó.

Además, entiende que deben ser incluidos en la ley los coordinadores de recintos electorales y los coordinadores de los delegados políticos, debido a la agilidad que representa para la celebración de las votaciones.

Esto, según explicó, fue un requerimiento de los partidos políticos y los organismos internacionales que vinieron a observar los pasados comicios.

“Creo que es el momento en una reforma electoral de implementar los coordinadores de recintos, incluso los coordinadores de los delegados políticos en los recintos, esto vino a eficientizar y agilizar la dinámica del proceso electoral”, dijo.

San Juan de la Maguana, RD.- La Cámara de Comercio y Producción de San Juan en coordinación con la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), impartieron una charla enfocada en las facilidades para el conocimiento de pensiones a empresarios y trabajadores de la zona bajo el tema: “ Lo que debo saber sobre mi pensión”.

Juan Manuel Pérez, director de educación y atención previsional de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), expositor de la charla, indicó que desde el sistema dominicano de pensiones implementan nuevas tendencias demográficas en el mercado laboral con políticas eficientes para mayor formalidad en los procesos que logren mejores pensiones para los trabajadores.

Pérez también se refirió al sistema de pensiones que operan actualmente, en lo que están sistema de reparto, sistema de capacitación individual, indicando que el Sistema Dominicano de pensiones cuenta con patrimonio de RD$1.34 billones, 5.23 millones de afiliados al SDP, un 20% PIB, 2.16 millones de cotización al SDP, 16% PIB fondos CCI, 9.61% rentabilidad nominal de los últimos 12 mese y 8mil millones de recaudación mensual de los aportes.

En la actividad realizada en el salón de eventos de la Cámara de Comercio y Promoción de San Juan, la presidenta Jackelinne Sosa valoró la presentación de la superintendencia de pensiones (SIPEN) a los que se dieron cita empresarios y sectores productivo de San Juan.

La Cámara de Comercio y Producción de San Juan acordó con la Superintendencia de Pensiones impartir otra charla a entidades privadas de la zona.

Sosa sostuvo que la charla impartida forma parte de las actividades previo al 83 aniversario de la Cámara de Comercio y Producción de San Juan.

¿Qué es la Superintendencia de Pensiones (SIPEN)?

La Superintendencia de Pensiones es una entidad estatal, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que a nombre y representación del Estado Dominicano ejerce la función de velar por el estricto cumplimiento de la Ley 87-01 y sus normas complementarias, de proteger los intereses de los afiliados, de vigilar la solvencia financiera de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y de contribuir a fortalecer el Sistema Previsional Dominicano.

Objetivo Social:

Velar por la sostenibilidad del Sistema Previsional, garantizando el oportuno y correcto otorgamiento de pensiones y beneficios a los afiliados y sus beneficiarios, promoviendo el conocimiento sobre el Sistema Previsional e impulsando su desarrollo.

Un hombre murió electrocutado mientras utilizaba su teléfono celular conectado a la electricidad, en un hecho ocurrido en el municipio Villa Isabela, provincia Puerto Plata

La víctima fue identificada como Inoel Pérez, de 33 años de edad.

Su muerte se produjo la noche del pasado sábado 12 de octubre tras recibir una descarga eléctrica en en el interior de la residencia donde residía.

La muerte de Inoel Pérez ha consternado a los lugareños en Villa Isabela.

Las autoridades policiales y del Ministerio Público investigan las circunstancias del incidente.

Seis de cada diez familias dominicanas podrían quedarse sin acceso a una vivienda o descalificadas por no disponer de los recursos económicos necesarios en caso de aprobarse la propuesta de reforma fiscal del Poder Ejecutivo, alertó este lunes la presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), Annerys Meléndez.

En general, la gremialista advirtió que algunos puntos de esa propuesta provocarían un aumento mayor al 30% del precio de la vivienda.

Los efectos, explicó Meléndez, recaen en la eventual eliminación de la tasa diferenciada del impuesto sobre la renta (ISR) de los fideicomisos de vivienda, lo que aumentaría el precio de la vivienda “en más de un 12.5 %”, dijo la gremialista en conferencia de prensa.

Otro 18 % también podría incrementar solo por gravar con impuesto sobre el valor añadido (IVA) la venta de viviendas, por la inclusión del IVA al transporte de carga y a los bienes no industrializados como los agregados.

Pero, además, por el aumento del 50 % a las retenciones realizadas a la mano de obra, indicó la presidenta de la Acoprovi.

Meléndez se refirió al incremento en el precio de la vivienda de un 12.5 %, y señaló que eso provocaría que los compradores pierdan el acceso al bono de Vivienda de Bajo Costo, pues estimó que el 59 % de esos proyectos “saldrían de su actual calificación”.

“A esta difícil situación se agrega que los precios de los alquileres subirían debido a una reducción importante de la oferta de viviendas para estos fines”, alertó la gremialista.

Y agregó que la disminución de la base del impuesto al patrimonio inmobiliario (IPI), de 9 millones a 5 millones, así como la revalorización de inmuebles, generaría un aumento “significativo” del costo para los propietarios.