El alcalde fronterizo del distrito municipal de Santiago de la Cruz, Walfry Francisco Labour Gutiérrez, dijo a LD que a partir de hoy inició el plazo de 5 días para que haitianos indocumentados abandonen la comunidad.

El funcionario destacó que una vez venza el plazo utilizará a la población de Santiago de la Cruz, con los policías municipales del ayuntamiento y tocarán las puertas de la Dirección General de Migración y el Ejército Dominicano para que se sumen al desalojo de los extranjeros.

La autoridad municipal destacó que en hechos separados haitianos han matado en la comunidad a 3 hacendados sin que hayan detenido por el momento, sucesos que mantienen indignado a la población.

El alcalde dijo que no están muy conformes con el trabajo que lleva acabo la Dirección General de Migración en el distrito municipal y así mismo criticó que hay militares que son cómplices y que permiten el cruce irregular de haitianos hacia la República Dominicana.

“Nosotros tenemos una situación crítica con los haitianos que hasta los locos lo ve usted andando en nuestro territorio y cuando los locos de una nación se meten a otra es porque la cosa es grande, significa que no hay ningún tipo de control por nuestras autoridades”,  dijo Walfry Labour.

El funcionario indicó que los mismos traficantes de indocumentados haitianos pueden ser vistos hablando con los militares en los puestos de chequeos, por lo que considera que hay complicidad con los soldados.

“Ellos conocen, ellos saben quiénes son los que trafican con haitianos, porque hablan con ellos, muchas veces lo identifican, salen corriendo y después lo ve usted en el chequeo conversando con éllos”, indicó.

El dirigente comunitario Eduardo Riveron dijo que tiene varias de sus propiedades en la frontera destruida por el tráfico de indocumentados haitianos.

Riveron dijo que hacen falta militares responsables en la comunidad, ya que todos saben dónde guardan a los haitianos, por dónde los pasan y quiénes los pasan.

Los botellones siguen expuestos al sol en muchos colmados y en camiones repartidores, a una semana de que venza el plazo de tres meses acordado por ProConsumidor con las empresas y asociaciones de envasadoras para proteger, de los rayos ultravioleta, el agua que consume la población.

Mientras que tres de las principales empresas han solicitado al Proconsumidor, según explicó su director, Eddy Alcántara, que extienda el plazo, él declaró que no ha contemplado esa posibilidad.

En recorrido realizado en parte del sector de Villa Juana, en el Distrito Nacional, el mismo que dio pie a una serie de reportajes publicados por LD desde el 23 al 30 de julio, que culminaron con el plazo de los 90 días dados por ProConsumidor, se observó unos anaqueles cubiertos con lonas y otros a pleno sol. Entre las calles Moca, Juan Erazo y otras se ve que algunos comercios han protegido y otros no.

Un camión sin ningún tipo de protección y cargado de botellones, de cinco galones, estaba supliendo un colmado de la zona, y algo que llamó la atención es que eran colocados en la calle enlodada, aumentado el riesgo de contaminación para los consumidores.

El director de ProConsumidor, Eddy Alcántara, reveló que ha recibido comunicaciones de tres grandes empresas que solicitan extender el plazo y aunque no lo descarta, dijo que por el momento no ve motivos suficientes.

“Entendemos que ya hay un porcentaje importante que han hecho lo que acordamos, que es cubrir los estantes donde están los botellones de agua y otros alegan, y estamos en contacto permanente con ellos, que como quieren colocar un tipo de cobertura que tenga publicidad o del comercio, han tendido inconvenientes con el pago de arbitrios de algunos ayuntamientos”, explicó Alcántara.

Apuntó el funcionario que “el plazo, hasta ahora está establecido hasta el día 30. No hemos contemplado, por el momento, otorgar ningún plazo adicional, porque el plazo que íbamos a dar era de 45 a 60 días y ellos dijeron que era insuficiente, entonces socializamos que fuera 90 días”.

Agregó que tanto la Asociación de Embotelladoras de Agua del Cibao, del Distrito Nacional, de la zona oriental, y “creo” que también de la región Este”, han estado enviando comunicaciones para ampliar el plazo, pero que están esperando el reporte del levantamiento.

“Sí le digo a ustedes que en caso de vencer el plazo, de nosotros no extenderlo, porque hay algunos casos que pudiéramos analizarlos, porque los ayuntamientos no le han permitido colocar el tipo de publicidad que ellos hicieron para los anaqueles, como mecanismo de ellos cubrir los botellones, pero cuando de venza el plazo, Proconsumidor va a aplicar la Ley 358-05, incautar, sancionar y tomar medidas más drásticas de acuerdo con la gravedad de la situación”, expresó Alcántara.

Las sanciones van desde uno hasta 500 salarios mínimos.

De acuerdo con los informes oficiales, aunque operan más de 1,200 plantas procesadoras de agua, solo 251 cuentan con registro sanitario.

El 31 de julio, Proconsumidor acordó con las empresas y asociaciones de envasadoras que en 90 días estas completarían la protección de los botellones de los rayos solares.

Que los botellones serían colocados en la sombra y que las plantas de procesamiento y los camiones transportadores y colmados también los protegerían.

El ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, afirmó que todos los aspectos presentados en el proyecto de ley de reforma laboral, depositado el 10 de octubre en el Senado de la República, han sido discutidos en el marco del Consejo Consultivo del Trabajo y, entiende, que el país debe continuar avanzando y construir los próximos pasos sobre los consensos alcanzados.

De Camps se mostró confiado en que el Congreso apruebe la propuesta, lo que permitiría al país avanzar hacia una legislación moderna que proteja mejor los derechos de los trabajadores, empleadores y fortalezca las herramientas del Ministerio para tener mayor cobertura en términos regulatorios.

"Todos conocemos que hace algunas semanas se presentó en el Congreso Nacional un proyecto de reforma del Código de Trabajo que tiene elementos consensuados entre trabajadores, empleadores y el gobierno. No hay nada en ese proyecto que no haya sido previamente consensuado (…) Hay elementos que cada sector quisiera agregar, pero lo que hemos logrado avanzar es poder hacer que la población disfrute de esas mejoras", destacó el funcionario.

Ante la insistencia del sector empleador de la República Dominicana sobre la necesidad de abrir un espacio de diálogo acerca de la cesantía en el Congreso Nacional, el ministro reiteró que todos los temas fueron abordados en el diálogo tripartito.

"Durante más de dos años estuvimos dialogando y discutiendo todos los temas. Todos los temas fueron parte de la conversación. Obviamente, no todos los temas logramos consensuar. Pero sí, todos los temas lo abordamos de manera respetuosa, de manera diligente y de manera profunda", indicó De Camps.

Añadió que, tras la aprobación del proyecto, se seguirán tratando otros asuntos de interés.

"Lo que proponemos es que el país disfrute de los consensos alcanzados y, una vez aprobado, atenderemos muchos otros temas, porque, aunque el sector empleador ha planteado preocupaciones legítimas, siempre hay aspectos que necesitan atención", subrayó.

Por su lado, Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), aclaró que su organización no busca retirar el proyecto de ley, sino abrir un espacio para que los legisladores escuchen las propuestas del sector empresarial en torno a la cesantía.

"Lo que pedimos es un espacio en el Congreso para presentar nuestra posición sobre la reestructuración del auxilio de cesantía y el preaviso. No estamos pidiendo que se retire el proyecto, sino que se nos brinde la oportunidad de ser escuchados", resaltó.

Peña Izquierdo también mencionó que han propuesto varias opciones para abordar la cesantía de los trabajadores y expresó su esperanza de que se les conceda ese espacio en el Congreso.

Recientemente, la representante del sector empresarial presentó algunas alternativas para sustituir la cesantía, pero aclaró que están abiertos al diálogo tripartito.

Propuestas

Las opciones de la Copardom para reestructurar la cesantía consisten en:

• Establecer un tope de años para que haya un límite en la duración de la cesantía, sugiriendo un rango de cinco y ocho años.
• Definir un tope de salarios para que la base de cálculo para la cesantía se limite a un número específico de salarios mínimos.
• La cesantía se podría sustituir por la implementación de un seguro de desempleo. Adoptar un modelo que permita a los trabajadores contar con un respaldo económico en caso de despido.
• Entre las opciones está el fondo de Cesantía, señaló que se podría establecer un fondo específico que sirva como alternativa al sistema actual de cesantía.

Ambos funcionarios hablaron en el marco del XXII Congreso de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), centrado en la "Gestión de la seguridad y salud en el trabajo en entornos disruptivos". Este congreso reúne a expertos nacionales e internacionales para debatir sobre la prevención de riesgos laborales en un contexto global caracterizado por rápidos cambios tecnológicos y nuevas formas de trabajo.

"Hoy enfrentamos entornos laborales altamente disruptivos, donde la tecnología redefine las formas de trabajar, y los riesgos laborales se diversifican y complejizan", apuntó el funcionario.

En este contexto, De Camps dijo que su responsabilidad como líderes gubernamentales es acompañar a las empresas y trabajadores en su adaptación a estos cambios, proporcionándoles el marco regulatorio adecuado, pero también las herramientas, los recursos y el acompañamiento necesario para que puedan hacer frente a los desafíos de la nueva era del trabajo.

Dijo que el Gobierno seguirá apostando por el diálogo tripartito entre los sectores, con el fin de crear políticas inclusivas que beneficien a todos los actores involucrados.

"Es por esta razón que abogamos por una modernización del Código Laboral, para fortalecer los derechos de trabajadores y empleadores, sin comprometer la salud de quienes día a día construyen el progreso de nuestra nación", resaltó el ministro de Trabajo.

Por otra parte, Laura Peña Izquierdo expresó ayer su preocupación por la alta tasa de siniestralidad vial en el país que, según World of Statistics, ocupa el primer lugar a nivel mundial con 65 muertes por cada 100 mil habitantes.

"Estas cifras nos muestran una dura verdad: vidas jóvenes y productivas se ven truncadas por imprudencias en las vías públicas, por fallos en el mantenimiento de vehículos, o la falta de infraestructura adecuada", señaló la presidenta de Copardom.

En ese sentido, dijo que desde Copardom quieren desarrollar esquemas colaborativos con el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril), que, entre enero y octubre de este año ha reportado 40,520 accidentes laborales, de los cuales el 22 %  ocurren en el sector industrial, el 17 % en el comercio y el 15 % en alojamiento, comida y bebida. Es decir, cerca del 55 % de los accidentes laborales se concentran en tres sectores productivos.

"Es preocupante que el 65 % de los accidentes reportados por Idoppril en ese mismo periodo ocurran en el trayecto, cifra que coincide con la de World of Statistics", indicó.

Desde casos de sobornos y corrupción contra el Estado hasta asesinatos y venta ilegal de terrenos han permanecido durante años en la palestra pública y la justicia, en ocasiones por reaperturas de casos, nuevos testigos presentados o revisiones ante otras entidades judiciales.

Uno de los más recientes es el caso de la venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos, a más de siete años se haber sido denunciado.

Parte de los implicados en este caso fueron Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), quien fue acusado de asociación de malhechores, prevaricación y desfalco, entre otros delitos.

También, Irving Cruz Crespo, exconsultor jurídico de Corde, y Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad. Ambos fueron acusados de asociación de malhechores, prevaricación y desfalco.

Mientras que Carlos Gómez Williams, Julio Gómez Williams y las personas jurídicas de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., Soluciones Electrónicas Sirene S.R.L. y Tecnology Dominicana S.R.L., se les acusó de asociación de malhechores, estafa y desfalco en contra del Estado.

A Domingo Lebrón se le agregaba el delito de soborno. Otras fueron Juana Gómez Williams, representante de Proyecciones Gowi S.R.L, y la agrimensora Lisetel González.

El 5 de abril de 2023 se destituyó al juez Juan Francisco Consoró, quien emitió un auto de no ha lugar a favor de todos los implicados. En abril de este año, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró la extinción de las imputaciones a Almánzar y demás acusados en el caso. La razón fue el vencimiento del plazo máximo de duración del proceso.

Ahora, el Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del Distrito Nacional declaró que la venta de estos terrenos fue” irregular”.

JUNIOL RAMíREZ

El caso del abogado Yuniol Ramírez es otro que a más de siete años continúa sonando en el ámbito de de la justicia.

El trágico hecho ocurrió el 12 de octubre de 2017, cuando la víctima fue encontrada con una cadena en el cuello y atada a un block en un arroyo de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.

Pero antes de esto, justamente el 19 de junio del mismo año, Ramírez solicitó al exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas, que le entregara documentos sobre la cantidad de autobuses reconstruidos entre 2012 y 2017. Pero esto nunca ocurrió y el abogado depositó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo.

De acuerdo con el Ministerio Público, Rivas contactó a Argenis, para que lo ayudara a buscar una solución a esta situación.

También Rivas contactó a Faustino Rosario Díaz, exdirector financiero de la OMSA, y a Eddy Rafael Santana Zorrilla, exsuplidor de la misma entidad, para llegar a un acuerdo con Ramírez.

Pero todo terminó en la muerte del abogado y también profesor.

Argenis Contreras, quien desde el principio se señaló como autor intelectual del hecho, estuvo prófugo de la justicia por unos tres años, y no fue hasta 2021 cuando regresó a territorio dominicano para enfrentar la justicia.

Contreras fue condenado a 20 años para ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo hombres.

Mientras que Rivas fue descargado; Rosario, sentenciado a un año de prisión e inhabilitado para cumplir alguna función pública por cinco años.

Los demás, Heidy Carolina Peña, esposa de Argenis Contreras; Jorge Luis Abreu Fabián, Lilian Francisca Suárez Jáquez, Víctor Ravelo Campos, y José Antonio Mercado Blanco, conocido como El Grande, fueron absueltos por falta de pruebas.

Este año, específicamente en julio, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional inició el juicio de fondo contra Contreras y los demás vinculados con la muerte de Ramírez.

La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenó la apertura de un nuevo juicio y con esto se anuló la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado, en septiembre de 2022, de condena a Contreras y se sentenció a Rivas a dos años de prisión en el Centro Correccional y de Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres.

constructora brasileña

El caso Odebrecht en República Dominicana comenzó a sonar a partir del 29 de mayo de 2017, con apresamientos de personalidades del mundo político por supuestos casos de sobornos millonarios vinculados a la constructora brasileña Odebrecht.

Solo en este país se habrían pagado US$92 millones entre el 2001 y 2014, durante diferentes periodos gubernamentales.

En un principio fueron vinculadas 13 personas: el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el ministro de Industria Comercio y Mipymes, Temistocles Montás; el exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura; el representante de Odebrecht en el país, Ángel Rondón y el abogado Conrado Pittaluga.

Además, Andrés Bautista; el exvicepresidente de la CDEEE, César Sánchez; Máximo de Óleo, exadministrador de la de Egehid; Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA); y el exdiputado Ruddy González.

En un principio el Ministerio Público estaba pidiendo 18 meses de prisión como medida de coerción.

Sin embargo, Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga fueron enviados a prisión preventiva en Najayo Hombres; a César Sánchez y Máximo de Oleo, tres meses de prisión en el mismo centro; mientras que Temístocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González fueron enviados por seis meses a la cárcel.

A Rondón lo mandaron a la Penitenciaría Nacional La Victoria.

A Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, les dictaron nueve meses de arresto domiciliario; mientras que a Tommy Galán, Alfredo Pacheco y Julio César Valentín les impusieron fianzas de cinco millones de pesos e impedimento de salida.

En octubre de 2021 fueron condenados solo dos personas en el caso: Rondón y Díaz Rúa, a ocho y cinco años respectivamente. Sin embargo, se mantuvieron en libertad debido a que el tribunal rechazó mandarlos a la cárcel.

Tres años después, en agosto de 2024 la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia absolvió a Rondón y a Díaz Rúa del caso de sobornos y con esto se ordenó que se les devolvieran sus bienes. Esta medida fue tomada por falta de pruebas y ausencia de un delito precedente.

Aunque se creía que no se mencionaría más el caso, en septiembre de este año, el director de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, pidió ante el Tribunal Constitucional (TC) que se anulara la decisión de absolver a estos dos acusados en el caso. Por lo que actualmente esta revisión se encuentra en el TC.

caso antipulpo

El caso de corrupción contra el Estado, conocido como Antipulpo, se inició en noviembre de 2020. Como parte de las investigaciones de este caso se presume que se habría desfalcado al Estado con más de 4,500 millones de pesos, mediante el mecanismo de usar empresas vinculadas a imputados para obtener contratos fraudulentos.

Los acusados iniciales fueron Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez y el exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) Francisco Pagán; Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fonper; y Juan Alexis Medina Sánchez, ambos hermanos del exmandatario Danilo Medina. También, Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Rafael Antonio Germosén Andújar y Domingo Antonio Santiago Muñoz.

Sin embargo, a casi cuatro años de su inicio, el Ministerio Público sigue presentando más testigos. Solo a inicios de esta semana presentó a cinco nuevos: Rosanna Ramírez Paulino, con quien el Ministerio Público incorporó conduces de entrega de equipos médicos suministrados por la empresa Domedical Supply, S.R.L., vinculada al acusado Alexis Medina, en el Hospital Municipal Santo Cristo de los Milagros, en Bayaguana, provincia Monte Plata.

Además, Marlín Elizabeth Ledesma Vásquez declaró que en el Hospital Toribio Bencosme, provincia Espaillat, solo recibió una parte de los equipos y mobiliarios prometidos por Domedical Supply, S.R.L.

Asimismo, a Arys A. Emeterio Ramos, perito de informática forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), les presentó 11 informes periciales realizados a equipos electrónicos y dispositivos incautados durante la Operación Antipulpo.

Claudia María Cabral Dalder, directora de reconocimiento de deuda administrativa del Ministerio de Hacienda desde el 2020, fue otra de las testigos.

Ella les mostró una certificación relacionada con siete solicitudes de pago a favor de Domedical Supply, S.R.L., presentadas por el condenado Francisco Pagán, por RD$922,074,848.60.

“Dichas solicitudes estaban dirigidas al entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y fueron procesadas en un período de siete días, cuando lo habitual es que este tipo de pagos tarde alrededor de dos meses”, indica el MP.

La audiencia continuará este miércoles 23 de octubre, tras ser recesada por las juezas Claribel Nivar Arias, Arlín Ventura Jiménez y Yissel Soto Marte del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

La Asociación Nacional de Industriales de Herrera (AEIH) manifestó su preocupación ante la postura del Gobierno de no volver a presentar una nueva propuesta de reforma fiscal y solo hacer ajustes administrativos al Presupuesto Nacional.

“En ANEIH estamos muy preocupado por la decisión del presidente que al retirar el proyecto de modernización fiscal no ha mostrado el interés de renegociarla y renviar una nueva propuesta con los cambios luego de consensuar con los diferentes actores de la economía en especial en lo referente a los alimentos básicos”, expuso el presidente de la entidad, Euri Andújar.

Sostuvo que prácticamente todos los sectores entendían como necesaria el proyecto de reforma fiscal, y valoraron buenas y validas medidas como la eliminación del anticipo a las micros y el pago de un 40% y 60% a las pequeñas y mediana empresas y además trimestrales.

“Era un gran paso de avance para el desarrollo y disminución de la informalidad, así como lo referente a los 3 años de excepción del pago del ISR a los nuevos contribuyentes y la eliminación de las exoneraciones de los 2 vehículos a los congresistas entre otras”, dijo.

Andújar indicó que si no se reintroduce la reforma “perdimos todos”.

El presidente Luis Abinader solicitó el pasado sábado 19 el retiro “inmediato” del proyecto de Ley de Modernización Fiscal, después de que no recibiera el apoyo de la sociedad y algunos sectores económicos.