Google perdió el martes su último recurso legal contra una sanción de la Unión Europea por dar a sus propias recomendaciones de compras una ventaja ilegal sobre sus rivales en los resultados de búsqueda, cerrando así a una disputa antimonopolio que se salda con una multa cuantiosa.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratificó la decisión de un tribunal inferior y desestimó la apelación de la empresa contra una sanción de 2.400 millones de euros (2.700 millones de dólares) de la Comisión Europea, la máxima autoridad antimonopolio del bloque de 27 naciones.

En su decisión original de 2017, la Comisión acusó al gigante de Silicon Valley de dirigir injustamente a los usuarios a su propio servicio Google Shopping en detrimento de sus competidores. Fue una de las tres sanciones multimillonarias que la UE impuso a Google la década pasada, cuando Bruselas empezó a intensificar sus controles a la industria tecnológica.

“Google perjudicó a miles de consumidores europeos al garantizar que los servicios de comparación de precios rivales fuesen prácticamente invisibles”, apuntó el director general del grupo, Agustín Reyna. “Las prácticas ilegales de Google impidieron el acceso de los consumidores a precios potencialmente más bajos y a información útil sobre productos de servicios de comparación de precios rivales en todo tipo de productos, desde ropa a lavadoras”.

Google también ha recurrido las otras dos sanciones antimonopolio de la UE relacionadas con su sistema operativo Android y con la plataforma de publicidad AdSense. El grupo ya sufrió un revés en el caso Android cuando el Tribunal General confirmó la sanción de 4.125 millones de euros de la Comisión en una decisión de 2022. Su recurso inicial contra la multa de 1.490 millones de euros en el caso de AdSense está pendiente de resolución.

Esos tres casos fueron el preludio de los esfuerzos de los reguladores en todo el mundo para tomar medidas más firmes contra el sector tecnológico. Desde entonces, la UE ha abierto más investigaciones a grandes compañías tecnológicas y elaboró nuevas leyes para sanear las plataformas de redes sociales y regular la inteligencia artificial.

La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, apuntó que el caso de las compras fue uno de los primeros intentos de regular una empresa digital e inspiró otras iniciativas similares en todo el mundo.

“El caso es simbólico porque demostró que incluso las empresas tecnológicas más poderosas podían rendir cuentas. Nadie está por encima de la ley”, dijo Vestager en una conferencia de prensa en Bruselas.

Google enfrenta una presión especial por su negocio de publicidad digital. En un juicio federal antimonopolio que está previsto que arranque el lunes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos alega que tiene un monopolio en el sector de la “tecnología publicitaria”.

En Reino Unido, los reguladores de la competencia acusaron la semana pasada a Google de abusar de su posición dominante en el sector de la “tecnología publicitaria”, mientras que la UE está realizando su propia investigación.

AP

Por: Elvin Minaya

Este martes ha comenzado la séptima jornada judicial del caso Mazan, en el que se investigan las violaciones sufridas por Gisèle Pelicot, la mujer de 71 años que durante una década fue drogada por su marido para que decenas de hombres abusasen sexualmente de ella. Los policías encargados del caso calculan cientos de violaciones perpetradas por hasta 83 hombres, de los que tan solo han podido localizar a 50.

Durante el día se escucharán los testimonios de los 50 acusados, además de investigadores policiales que han trabajado en el caso durante cuatro años. El acusado principal, Dominique Pelicot, ha vuelto a faltar este martes a la cita judicial, pues se encuentra enfermo. Debía declarar por primera vez en el estrado, pero una infección le mantiene fuera de los tribunales.

El presidente del Tribunal de lo Criminal de Vaucluse, Roger Arata, ha pedido un “tratamiento de urgencia a partir de hoy”, pues en el centro penitenciario no podían atenderle hasta el jueves, y se encuentra hospitalizado. Se plantea una “suspensión del juicio” que podría durar varios días a causa de su enfermedad.

Uno de los cuatro agentes de la policía judicial ha sido el encargado de hablar de la primera tanda de acusados. Identificados como “vecino de Mazan”, “motorista” o “exmilitar”, todos ellos aparecen en uno o varios de los vídeos que Dominique Pelicot almacenaba en su carpeta de “abusos”.

Algunos admiten que sabían que ella no era consciente de lo que sucedía, pero “no me pude parar”, confesaron ante la Policía. Otros, en cambio, hicieron constatar que pensaban que era una relación consentida debido a conversaciones previas que habían mantenido con el señor Pelicot. Incluso uno de ellos, exmilitar, llegó a afirmar que había charlado durante una hora con el matrimonio antes del inicio de las relaciones. El acusado terminó confesando tres encuentros durante la custodia policial, si bien por aquel entonces carecía de abogado.

Los audios de los vídeos parecen demostrar dudas sobre el consentimiento de Gisèle. “Es una locura que no se despierte, es raro”, comenta durante la grabación uno de ellos. Para el policía, está claro que “los acusados no podían ignorar que ella dormía profundamente, que estaba inconsciente”.

Los acusados hablaban de Dominique Pelicot como el “jefe de orquesta” que organizaba los encuentros a través de Skype o la aplicación Coco. Según su abogada, Béatrice Zavarro, “muchos de los acusados dicen que si hubieran sabido que les estaban filmando no habrían ido allí”. El desconocimiento ha sorprendido al investigador, que asegura que las imágenes no se grabaron en un plano fijo y en los vídeos aparecen primeros planos.

Los 51 hombres del juicio por las violaciones a Gisèle Pelicot se enfrentan a una condena por un delito de violación agravado, que podría saldarse con 20 años de prisión. De entre 26 y 74 años, acudieron al hogar del matrimonio en Mazan para mantener relaciones con la víctima, mientras ella estaba inconsciente a consecuencia de los fármacos que le administraba su marido.

La condena, no obstante, podría ser menor para alguno de los acusados, dependiendo del tipo de relación que hubieran mantenido. La legislación francesa solo reconoce la violación cuando se produce algún tipo de penetración, por lo que en caso contrario podrían ser condenados por un delito de agresión sexual agravado, con condenas de entre 5 a 10 años.

Desde el año 2021, cualquier “acto buco-genital” se considera igualmente violación. A su vez, la defensa intenta abogar en algunos casos por el desconocimiento de que la víctima se encontraba inconsciente, así como la colaboración con las autoridades durante el caso.

Por: Infobae