La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) no concederá prórroga alguna a los legisladores electos en las elecciones de mayo pasado, a los funcionarios designados, ni a los ratificados que no presentaron su declaración jurada de patrimonio dentro del plazo estipulado, que venció anoche.

Solo el presidente Luis Abinader, 89 de los 190 diputados electos y nueve de los 32 senadores habían cumplido con el requisito de hacer sus declaraciones juradas.

Entre quienes sí cumplieron con la normativa se encuentran varios ministros, incluidos Kelvin Cruz (Deportes), Andrés Bautista (Administrativo de la Presidencia), Faride Raful (Interior y Policía), José Paliza (Presidencia), Sigmund Freund (Administración Pública), Carlos A. Fernández Onofre (Defensa), Carlos Valdez Matos (Juventud) y Víctor Elías Atallah (Salud Pública).

"A pesar del vencimiento del plazo, varios legisladores y funcionarios acudieron este martes a la CCRD para presentar su documentación", según una fuente del organismo.

• "Los funcionarios pueden seguir llevando sus declaraciones, pero caen en el marco de la irregularidad", afirmó el organismo fiscalizador.

El artículo 5 de la Ley 311-14 establece que "los funcionarios públicos obligados a declarar tienen que presentar, dentro de los 30 días siguientes a su toma de posesión, la declaración jurada de los bienes que constituyen su patrimonio y el de la comunidad conyugal", de no hacerlo dentro de ese plazo conlleva sanciones graves contempladas en la Ley No. 41-08 de Función Pública. Las sanciones podrían variar dependiendo del grado de omisión o la gravedad de la falta.

Una empresa de Alexis Medina Sánchez vendió medicamentos al Ministerio de Salud Pública con una falsa calidad de distribuidor exclusivo, según salió a relucir en el juicio de fondo que junto a su hermana y otros le conocen en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional por el denominado “Caso Antipulpo”.

En la audiencia de ayer, el Ministerio Público continuó con la incorporación de pruebas y la escucha de testigos a cargos.

El tribunal escuchó a José Manuel Mallén Santos y Elías Juliá Calac, representantes del laboratorio Doctores Mallén Guerra, S.A., quienes ratificaron que su empresa es la distribuidora exclusiva de  varios medicamentos que fueron vendidos a Salud Pública por la empresa General Medical Solution A.M., S.R.L, propiedad de Medina Sánchez.

Los medicamentos fueron comprados por Salud Pública mediante procesos de excepción, bajo la modalidad de exclusividad a la empresa General Medical Solution A.M., S.R.L., propiedad de Alexis Medina Sánchez, la cual, según el Ministerio Público, no cuenta con acreditación de la casa matriz.

De acuerdo al fiscal Ernesto Guzmán Alberto, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), durante la gestión del también acusado Freddy Hidaldo, en el Ministerio de Salud Pública, la empresa Doctores Mallén Guerra fue ahorcada económicamente, lo que propició que la empresa de Alexis Medina Sánchez revendiera algunos medicamentos de alto costo que de manera exclusiva importaban y distribuían.

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El testigo y actual gerente de Doctores Mallén Guerra, Elías Juliá Calac, declaró ante el tribunal que entre los años 2013 y 2014, el monto de las cuentas por cobrar en el Ministerio de Salud Pública, relacionada a medicamentos de alto costo llegó a más de RD$580 millones, con facturas de hasta 24 meses de atraso y fue en la gestión posterior del ministerio que recibieron el cumplimiento de esos pagos.

En tal sentido, según dijo, procedieron a realizar simples ventas de los medicamentos a la empresa de Alexis Medina Sánchez, quien se presentó como socio de General Medical Solution A.M, S.R.L, para comprarlos y revenderlos al Ministerio de Salud Pública.

“Esos productos fueron adquiridos con descuentos a la empresa Doctores Mallén Guerra y en la reventa realizada al Estado dominicano se sobrevaluaron los precios, según comprobamos a través de una auditoría forense”, detalló Ernesto Guzmán.

Con el testigo Elías Juliá Calac, el órgano acusador logró incorporar las documentaciones que demuestran la adquisición para posterior venta de los medicamentos Octagam, Octanine F y Recormon, fabricados por los laboratorios Octapharma AG de Alemania, y Roche de Suiza, de los cuales la empresa que representa es concesionaria en el país.

Faride Raful, ministra de Interior y Policía, reportó un patrimonio aproximado de 25,007,778.85 pesos en su declaración jurada de bienes presentada ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD). Este monto refleja un incremento significativo de más de 15 millones de pesos respecto a su última declaración en 2020, cuando era senadora por el Distrito Nacional y reportó un patrimonio de 10,627,771.74 pesos.

En la sesión de pasivos de su declaración jurada, la funcionaria presenta un monto de 2,132,000.00 pesos, entre préstamo, y tarjetas de crédito. El préstamo es de 1,200,000.00  pesos, del cual solo adeuda 613,549.00  pesos. Las tarjetas de créditono presentan balance adeudado.

Entre los activos declarados por Raful figuran cuentas de ahorro con un saldo de 1,233,778.85 pesos y un total de ingresos y membresías que ascienden a 594,000.00 pesos.

En cuanto a sus propiedades, la ministra posee una residencia y un apartamento valorados en 17,330,000.00 pesos, además de bienes como electrodomésticos, muebles del hogar y obras de arte, cuyo valor asciende a 3,200,000.00 pesos. También declaró la propiedad de una yipeta valorada en 2,400,000.00 pesos y un capital invertido de 250,000.00 pesos.

En su declaración además aparecen otros montos relacionados con gastos, pasivos y pólizas que suman aproximadamente 3,359,000.00 pesos. Estos incluyen gastos mensuales como alimentación, educación, mantenimiento de viviendas, recreación, salud y servicios públicos, que alcanzan los 227,000.00 pesos.

En cuanto a los pasivos, reportó deudas por tarjetas de crédito y préstamos que ascienden a 2,132,000.00 pesos, y póliza de seguro de vehículo de 1,000,000.00 pesos.

Este incremento patrimonial evidencia un notable aumento desde su etapa como senadora hasta su actual rol como ministra de Interior y Policía.

La Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas arrestaron y sometieron a la acción de la justicia al hombre que conducía el vehículo en el que murieron 13 indocumentados haitianos, incluyendo dos menores de edad, luego de que se volcara y cayera en las aguas del canal de riego Cañeo, del municipio Esperanza, en la provincia Valverde.

El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago que le imponga prisión preventiva como medida de coerción a Víctor Valentín Álvarez Tapia (Valentín).

Álvarez Tapia es un importante miembro de una estructura de criminalidad organizada transnacional, dedicada al tráfico ilícito de migrantes, especialmente, haitianos indocumentados, que la Fiscalía, junto a la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas desarticuló a finales del mes de abril de este año, tras identificar, arrestar y lograr medidas de coerción contra la mayoría de sus integrantes.

Mediante rastreo de llamadas y otras labores de investigación, el Ministerio Público pudo constatar la participación de Álvarez Tapia en el accidente, ocurrido el 6 de agosto del 2023, donde murieron al menos 13 indocumentados haitianos, nueve hombres, dos mujeres y dos niños (una de 3 meses de nacida y otro de 4 años), luego de que el imputado perdiera el control de la yipeta Toyota Runner color blanco, y cayera a las aguas del canal Cañeo, en Peñuela, municipio Esperanza, provincia Valverde.

La instancia de solicitud de medidas de coerción, depositada por la Fiscalía de Santiago ante el Juzgado de Atención Permanente, establece que esta organización cruza de manera irregular y vía terrestre por la frontera domínico-haitiana por Dajabón, a cientos de personas haitianas, las que luego trasladan a la provincia Valverde.

Desde allí conducen los grupos de indocumentados hasta Navarrete, donde Álvarez Tapia, hijo de la también imputada Ramona Salvadora Tapia Flores, desempeña su rol de alojar a los inmigrantes en casas, cuarterías, terrenos baldíos y otros, para luego, bajo su coordinación, determinar el traslado de estas personas hasta Santiago y otras ciudades del país, exigiéndoles por ese concepto sumas de dinero que oscilan entre $8,000 y $17,000 pesos dominicanos.

Los integrantes de esta estructura lograron acumular bienes materiales como consecuencia de las ganancias que les dejaba la actividad ilícita, entre estos, vehículos de motor, viviendas, terrenos y otras propiedades.

Álvarez Tapia se enfrenta a cargos provisionales por violación a los artículos 2 y 7 (literales C, D y E), de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; artículo 2 (numeral 11), 3 (letras A, B y C) de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, en perjuicio del Estado dominicano.

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana informó que tras vencer el plazo para la entrega de jurada de patrimonio de los funcionarios que tomaron posesión el pasado 16 de agosto 120 de 190 diputados entregaron sus declaraciones juradas de bienes y 19 senadores dentro de la fecha establecida, tras el plazo vencer a las 11:59 de la noche del lunes.

La CC informó que dentro de los 120 diputados que entregaron ocho de ellos cesaron sus funciones, como también de los senadores que entregaron 19 dos de ellos cesaron de sus funciones.

En total hay 222 legisladores 190 diputados y 32 senadores.

De acuerdo con la Cámara de Cuentas los funcionarios que entregaron sus declaraciones cumplieron con la ley 311-14 que habla sobre el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio y su Reglamento, número 92-16.

“Aunque el plazo venció a las 11:59 de este lunes; hasta la madrugada de hoy martes, técnicos de la Oficina de Evaluación y Fiscalización de los Funcionarios Públicos trabajaron asistiendo a los declarantes”, informo la Cámara de Cuentas.

En tanto que la mañana de este martes continúan llegando los declarantes a la CC según informaron.

¿Qué pasará con los legisladores que no hayan cumplido con lo que establece la ley?

Da acuerdo con el párrafo uno del artículo 13 de ley 311-14, “cuando el funcionario no obtempere a dicho requerimiento en la forma y los plazos establecidos por esta ley, o cuando no justifica su falta de presentación, la declaración se reputa como no depositada con todas las consecuencias que prevé la ley”.

Ley sobre Declaraciones Juradas

El 8 de agosto de 2014 fue promulgada la Ley 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, la cual es crucial para el fortalecimiento de la institucionalidad, esta establece el marco legal.