Personas desconocidas hasta el momento quemaron este miércoles un vehículo propiedad de Barrick Pueblo Viejo en la comunidad El Rayo, una de las localidades que será impactada con la construcción de la nueva presa de colas de la minera en la provincia Sánchez Ramírez.

No hay reportes de personas heridas luego de que la camioneta de doble cabina fuera incendiada, durante un hecho que se registró a primeras horas de la mañana de este miércoles, en la referida demarcación.

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Al lugar se presentaron varias unidades de la Policía Nacional para establecer las circunstancias del hecho.

Desde Barrick Pueblo Viejo condenaron energéticamente el acto de violencia. Advierten que están considerando emprender acciones legales para que los responsables rindan cuentas ante la ley.

A juicio de la empresa, ese suceso constituye una clara violación a la ley y aseguran que la acción representó un grave riesgo para los lugareños. La minera indica que se mantienen abiertos al diálogo pacífico.

Reunión para acuerdo

Ejecutivos de Barrick Pueblo Viejo y representantes de las comunidades que serán desalojadas para la construcción de la presa de colas de la empresa minera en la provincia Sánchez Ramírez acordaron el pasado 4 de febrero crear una comisión técnica para la revisión y decisión de la aplicabilidad de las normas ambientales y sociales que establecen los organismos internacionales en ese tipo de proceso de expropiación de terrenos.

• El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, quien es el vocero de la comisión mediadora, informó que otorgó a las partes un plazo de 24 horas para informar quienes serían las personas que integrarían la comisión.

Marcha en contra

A pesar de las reuniones, el pasado 19 de febrero, líderes religiosos y  campesinos realizaron una marcha caravana por la autopista Duarte, tramo Sabana del Puerto- Bonao, en rechazo a la construcción de la nueva presa de colas de la empresa minera Barrick Pueblo Viejo.

Los convocantes explican que la movilización es realizada para llamar la atención de las autoridades debido a los daños ecológicos y la contaminación que, según denuncian, genera el depósito de residuos mineros que pretende construir Barrick Pueblo Viejo, en la provincia Sánchez Ramírez.

Licencia ambiental para presa de colas

Las autoridades otorgaron la licencia ambiental a la empresa minera Barrick Pueblo Viejo para desarrollar su proyecto de una nueva presa de colas, luego de completar el proceso de evaluación de impacto que ordena la Ley 64-00 y sus reglamentos.

De acuerdo a la viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Indhira de Jesús, la nueva facilidad de relaves de la Barrick recibió la licencia ambiental número LA-0501-23. La misma fue entregada el pasado 19 de mayo.

La minera Barrick Pueblo Viejo confirmó que recibió la documentación de la licencia ambiental la pasada semana. Detalló que esta le fue otorgada luego de varios meses de trabajo que incluyeron vistas públicas, donde participaron más de 1,200 personas.

El ambiente en el Congreso Nacional parece ser unísono: aprobar un nuevo Código Penal sin las tres causales del aborto y aprovechar el contexto internacional para estudiar tres propuestas similares sin ninguna presión externa.

En el hemiciclo de la Cámara de Diputados, los legisladores provida dejaron sentir su fuerza colocando pañoletas azules en la mayoría de las curules y dejando entrever que respaldarán un Código Penal que no contenga eximentes para permitir las interrupciones de los embarazos.

Este miércoles, un grupo conservador de la sociedad civil sometió un anteproyecto de Código Penal que fue respaldado por 18 diputados de todos los partidos políticos.

A esa propuesta se suma la del diputado reformista Rogelio Alfonso Genao y la del senador Ramón Rogelio Genao, que ya es estudiada en una comisión especial.

Las tres iniciativas son similares en la mayoría de los artículos y dejan fuera aspectos como la penalización a la discriminación por orientación sexual y las posibles causales que permitirían practicar abortos sin consecuencias legales.

La diputada Soraya Suárez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), es la principal propulsora del anteproyecto que se depositó este miércoles y expresó que en el actual contexto "no hay ningún tipo de obstáculos" para aprobar la iniciativa en la actual legislatura, prevista para concluir en julio de este año.

Además, la diputada de Santiago fue enfática al expresar que el nuevo Código Penal que apruebe el Congreso solo debe condenar delitos, no "privilegios" de algunos sectores sociales.

Sin presiones

En el mismo depósito del anteproyecto, el diputado Eugenio Cedeño, del PRM, precisó que el Código Penal será aprobado en esta legislatura porque "hay elementos externos que han desaparecido".

Además, enfatizó que el triunfo presidencial de Donald Trump en Estados Unidos influirá para la aprobación del proyecto "que no iba a salir de aquí mientras gobernara el partido demócrata".

Así también lo entiende el diputado Rogelio Alfonso Genao, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), quien cree que el cambio de gobierno en Estados Unidos provocará que las supuestas organizaciones financiadas ya no presionarán al Congreso para la inclusión de las tres causales y dejarán que el Poder Legislativo "decida libremente" sobre el tema.

Uno de los proyectos de Código Penal registrados en el Congreso es autoría del diputado Genao y se une a otra iniciativa de su padre, el senador Ramón Rogelio Genao. Ambos proyectos ya se encuentran bajo estudios en comisiones separadas.

Mas voluntad política

Aunque en el Congreso imperan tres proyectos similares, para el diputado oficialista Ramón Bueno no será difícil que el Congreso los estudie los tres a la vez, porque las comisiones podrán invitar a los autores de las iniciativas y analizarlas en conjunto.

El diputado Bueno manifestó que los representantes de los partidos políticos ya no deben usar excusas ni estrategias partidarias para frenar el Código Penal que, a su parecer, es una exigencia de la sociedad al Congreso.

Ahora, con tres proyectos de Código Penal, el Senado y la Cámara de Diputados buscan alinearse para aprobar la pieza en la actual legislatura.

SANTO DOMINGO. El Senado de la República dejó conformada una Comisión Especial para el estudio y ponderación del proyecto de ley del Código Penal.

Está presidida por el senador Santiago José Zorrilla e integrada por los senadores Pedro Catrain, Omar Fernández, Franklin Romero, Antonio Tavéras Guzmán, Ramón Rogelio Genao, Félix Bautista, Lía Inocencia Díaz, Aracelis Villanueva, Rafael Duluc y Cristóbal Venerado Castillo.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, consideró como una “deuda que tiene el Congreso Nacional con el país” la necesidad de que sean aplicadas a la mayor brevedad las sanciones establecidas en esta pieza legislativa.

“Tenemos que buscar la manera de que sea aprobado porque el Código Penal que tenemos data del siglo XIX y ya estamos en el XXI, significa que ese proyecto tiene casi 30 años dando vueltas en el congreso” expresó de los Santos.

En tanto que el senador por la provincia La Vega, Ramón Rogelio Genao, abogó por su aprobación para que el nuevo Ministerio Público independiente se estrene aplicando el Código Penal.

Genao recomendó a los miembros de la Comisión Especial que dediquen todo el tiempo necesario para ampliar el consenso logrado y establecer una redacción que “nos llene de orgullo y que sea fértil en la otra ala del Congreso”.

Proyectos aprobados en primera lectura:

El Pleno del Senado aprobó reintroducir y aprobar en primera lectura varias piezas legislativas aprobadas y permitidas en la legislatura pasada; como el proyecto ley de Eficiencia Energética, presentado por el senador Félix Bautista.

Esta ley tiene por objeto el fomento y promoción del uso eficiente de energía, mediante la creación de un marco normativo y regulatorio para la utilización de tecnologías, cambios en los hábitos de consumo y régimen de incentivos, que contribuya al desarrollo sostenible de la nación.

En los trabajos legislativos de este martes los senadores sancionaron el proyecto de ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, propuesta de los senadores Ricardo de los Santos y Cristóbal Castillo.

La pieza busca garantizar la tutela efectiva de los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración Pública, asegurando la conformidad con el ordenamiento jurídico del Estado, de toda conducta, acto, actuación y omisión de la Administración Pública, regulando la organización y el funcionamiento de los órganos judiciales competentes en el ámbito de lo contencioso administrativo consagrado en la Constitución de la República.

En primera lectura se aprobó también el proyecto de ley que reorganiza el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL), iniciativa de los senadores Alexis Victoria Yeb y Cristóbal Castillo.

Esta iniciativa tiene el propósito de adecuar la actualización de los órganos, infraestructuras y los procedimientos que componen el Sistema Dominicano para la Calidad, la redefinición e integración del Consejo Dominicano para la Calidad (CODOCA) y las normas y directrices que regulan el Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL) y el Instituto Dominicano para la Acreditación (INDAC).

En la sesión fue conocido y aprobado en primera lectura el proyecto de ley que modifica los artículos 14 y 21, de la Ley núm.631-16 para el Control y Regulación de Armas, municiones y materiales relacionados, iniciativa del senador Alexis Victoria Yeb.

Dentro de los proyectos perimidos también figura el que modifica el artículo 113 de la Ley 590-16, Ley Orgánica de la Policía Nacional, presentado por el senador Cristóbal Castillo.

Esta ley busca modificar el artículo 113, de la Ley 590-16 a los fines de establecer los mecanismos de indexación de las jubilaciones y pensiones que reciben los miembros de la Policía Nacional en condición de retiro, que la hayan recibido antes de la entrada en vigencia de la indicada ley.

También, se aprobó el proyecto que ordena la colocación del Valor Energético de los Alimentos en Restaurantes y otros lugares de expendio, propuesto por el senador Alexis Victoria Yeb.

Fue sancionado en primera lectura la ley que dispone la Implementación de Detectores de Metales en Instituciones Públicas y Privadas de la República Dominicana, propuesta del senador Santiago José Zorrilla.

Los legisladores sancionaron, además, el proyecto que crea el Sistema Nacional de Registro de Ácido Desoxirribonucleico (ADN), iniciativa propuesta del senador Santiago José Zorrilla.

En la sesión, también se aprobó el proyecto que libera de Impuesto de Importación a las Cámaras Digitales Utilizadas en los Sistemas de Seguridad, así como el proyecto que modifica los artículos 7 y 10 y deroga el artículo 17, de la Ley 70 sobre Actividad Portuaria. Ambas piezas legislativas son de la autoría de la senadora Ginnette Bournigal de Jiménez.

De igual manera y en primera lectura se aprobó el proyecto que designa con el nombre de Padre Joaquín Soler Corominas el estadio de fútbol del municipio Jarabacoa de la provincia La Vega. Proponente Ramón Rogelio Genao Durán.

Así como el proyecto de ley que declara la procesión de la Divina Pastora como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Dominicana y la Iglesia Divina Pastora como Patrimonio Monumental, También, el proyecto que designa con el nombre Leopoldina Taveras Martínez, el tramo comprendido entre el kilómetro 7, de la carretera que conecta el Seibo-Hato Mayor, pasando por Candelaria Magarín hasta Bejucal, ambas del senador Santiago José Zorrilla.

En segunda lectura:

En segunda lectura fue sancionado el proyecto de ley que define la ubicación territorial del Parque Nacional Salto de la Jalda, dentro de las provincias Hato Mayor y el Seibo y lo adiciona Ley sectorial de Áreas Protegidas, propuesta del senador Cristóbal Venerado Castillo.

En única lectura

Mientras que en única lectura el Pleno ratificó tres nombramientos diplomáticos entre ellos de Raquel Josefina Jacobo Jaar, ante la República de Trinidad y Tobago; también a Reinaldo Rafael Espinal en la República Socialista de Vietnam; y Ricardo Tomás Polanco Reinoso, en la República de Guatemala.

Los senadores guardaron un minuto de silencio por el fallecimiento de combatiente revolucionario Rafael Crespo Minaya, de igual manera honraron la memoria del músico Diómedes Núñez con un aplauso

La Policía Nacional (PN) y el Ministerio de Defensa (MIDE) -que agrupa a las Fuerzas Armadas– sobresalen como las instituciones que más se rehúsan a cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional (TC).

En una lista compartida por el TC con 93 sentencias desacatadas por personas, empresas e instituciones públicas, el MIDE aparece ocho veces y la Policía 24, a pesar de esta última ser la encargada de ejercer la "fuerza pública" para forzar a la ejecución de las decisiones judiciales.

Decenas de militares, policías (activos y pensionados) y civiles que han sido favorecidos con decisiones del TC, en al menos 32 casos han tenido que volver ante dicho tribunal para reclamar su ejecución.

Está el caso de Alexander Rubio Urbáez, a quien la PN le incautó su motocicleta en Barahona en el 2016 y llegó hasta el TC exigiendo su devolución.

La alta corte falló a su favor y dispuso que se le pague una astreinte de 5,000 pesos por cada día de inobservancia de la sentencia, a favor de Hogar Crea Dominicana. Esta organización presentó en el 2024 una solicitud de cumplimiento de sentencia para reclamar el dinero.

La lucha por una pensión

En 2017, Ana Espinosa Tejar logró que el TC reconociera su derecho a recibir la pensión de conviviente superviviente que el Ejército le había retirado en el 2000. También debía recibir los montos adeudados tras 17 años sin el beneficio.

Tras la presión pública, comenzó a recibir una pensión que rondaba los 2,000 pesos.

Además, Espinosa recibió los sueldos atrasados de 183 meses, aunque la suma no llegó a los 500,000 pesos, muy por debajo de los 2.3 millones que reclamaba, calculados con el salario actual de un segundo teniente.

En otro caso, la PN recurrió en 2017 una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que le ordenaba pagar una pensión a las dos hijas menores del sargento Miguel Ángel Morel Cuevas, quien murió en 2011.

El Tribunal Constitucional rechazó el recurso y confirmó que el Comité de Retiro debía entregar a la viuda, Andrea D´Oleo Vicente, el monto adeudado desde su muerte.

Tres generales y un coronel retirados también consiguieron en el 2022 que el TC condenara a la PN a pagarles un astreinte que ascendía a 5.2 millones de pesos por desacatar la sentencia que la obligó a adecuar el monto de sus pensiones.

Sin alternativas

El pasado presidente del TC, Milton Ray Guevara, manifestó varias veces su preocupación ante el recurrente desacato de las decisiones de ese colegiado y la ausencia de medios legales que les permitan hacer cumplir sus resoluciones.

En su gestión se creó la Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencias (USES), cuya función se limita a cuestionar a las entidades y personas que no obedecen a los dictámenes.

Los actuales magistrados de esa corte prefieren no referirse al tema argumentando que no está dentro de sus atribuciones.

El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, propuso recientemente un proyecto de ley que busca sancionar a quienes desacaten las sentencias del TC. El artículo 69 dispone hasta un año de prisión por el desacato.

Las luchas de sus miembros

Muchos expedientes en los tribunales involucran a policías y militares expulsados por faltas graves, pero cuya destitución fue anulada por irregularidades en el proceso. Uno de ellos fue el capitán de navío Huáscar Miguel de Peña Lizardo, a quien el TC ordenó reintegrar a la Armada en 2014 sin éxito.

De Peña solicitó su expediente con el decreto presidencial de su retiro, pero la Armada y el MIDE ignoraron el requerimiento. Más tarde, denunció en entrevistas que su expulsión fue represalia por negarse a dejar pasar un cargamento de drogas y rechazar un soborno.

Imposibilitado de reincorporarse, en 2020 pidió al TC un ajuste de su pensión de 60,000 pesos, pero el tribunal lo rechazó alegando que su retiro había sido anulado en su sentencia anterior. Posteriormente, De Peña se exilió y se convirtió en un activista anticorrupción en redes sociales. No fue posible contactarlo para esta investigación.

Otro militar que tuvo que pelear para que se cumpliera el fallo del Tribunal Constitucional que ordenaba su regreso fue el mayor del Ejército, Juan Ramón Aquino Rodríguez, quien fue expulsado en 2010 y acusado de formar parte de la red de narcotráfico de José Figueroa Agosto.

La sentencia del TC del 2017, mandó al MIDE a reincorporarlo con el mismo rango y pagar los salarios que dejó de percibir durante los últimos siete años. En los archivos del tribunal figura un recurso de ejecución de sentencia incoado por él en el 2019.

Actualmente, es teniente coronel y figura en la nómina del Ministerio de la Presidencia como parte del personal de vigilancia, con un salario de 145,475 pesos. Al mismo tiempo, la Alcaldía de Santo Domingo Este lo ocupa como director de Seguridad.

Expulsados de la Policía

Después de años de espera, algunos oficiales de la Policía lograron su reintegro, mientras que otros fallecieron sin conseguirlo. Uno de los casos más recientes es el del teniente coronel José Agustín Ayala Sánchez, separado en 2014 por supuestos vínculos con un delincuente.

En 2023, el Tribunal Constitucional ordenó su reposición y el pago de salarios atrasados. Más adelante, Ayala solicitó el pago de astreinte por incumplimiento, lo que resultó en una sentencia a favor de la Fundación para el Desarrollo de Pedro Brand (Fundapebra) por 5,030,000 pesos.

En diciembre de 2024, Fundapebra presentó un incidente de ejecución de sentencia para exigir el pago. Sin embargo, la Policía Nacional alegó que la fundación pertenece al propio Ayala. Una búsqueda en Internet no arrojó presencia de la entidad en la web, mapas o redes sociales.

En 2017, la Policía Nacional y la Presidencia de la República debían entregar al general pensionado Eduardo Antonio Sarraff Herrera los documentos sobre su cancelación, según otra sentencia del TC.

En 2021, Sarraff solicitó el pago de astreinte de 5,000 pesos por cada día de retraso, pero el Tribunal Constitucional no lo favoreció, ya que la medida se había fijado a favor de la Cruz Roja Dominicana.

Sarraff Herrera falleció el 20 de febrero de 2025, pero en 2021 había sido incluido entre los 113 generales a quienes el presidente Luis Abinader elevó la pensión a 100,000 pesos.

El Decreto 856-21 los identificó a todos como "miembros de la Policía Nacional puestos en la honrosa condición de retiro por antigüedad en el servicio y por edad".