El Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción en contra Jochi Goméz y los demás encartados en el caso Camaleón, detalla que la firma del acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Defensa de la República Dominicana (MIDE) y la empresa Aurix fue un acuerdo oculto y de malas intenciones, al no encontrarse registros institucionales oficiales, según las dependencias del Ministerio de Defensa.

Conforme a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el imputado Jochi Gómez tenía un interés marcado en querer controlar, interferir y participar en actividades de captación, interferencia, seguimiento y ubicación de informaciones manejadas por organismos destinados a la seguridad nacional.

Ante esa situación, alega el Pepca se firmó el acuerdo de cooperación realizada por el Ministerio de Defensa, representado por Rubén Darío Paulino Sem, y la empresa Aurix, representada por Jochi Gómez, de fecha 23 de junio del año 2020, con un tiempo de vigencia de 12 meses.

Sostiene que la razón social Aurix fue presentada como una empresa privada dedicada a la recopilación y análisis de datos, a través de la evaluación de fuentes abiertas, públicas e investigaciones particulares, algoritmos e inteligencia artificial.

OBLIGACIONES DE AURIX Y MIDE

Dentro de las obligaciones de Aurix estaba suministrar al MIDE la cooperación de carácter público o privado respecto de todos los perfiles de entes físicos o jurídicos que, en el marco de una investigación, arrojen un nivel de riesgo; facilitar la cooperación con el uso de software de detección de riesgos o amenazas; recopilar y transferir las cooperaciones de los perfiles físicos y jurídicos; se le autoriza el uso del logo y de la empresa en las instalaciones del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, entre otras.

Mientras que el Ministerio de Defensa se encargaría de coordinar los permisos o licencias necesarias para las operaciones de Aurix en el territorio nacional; proveer a Aurix la cooperación necesaria para el desempeño de su labor de investigación; apoyar los planes de asistencia tecnología y transferencia de los datos requeridos, para el fiel cumplimiento y protección de las instalaciones, personal humano y relacionados, ante cualquier amenaza posible o de forma permanente.

Según oficio núm. 12249 del 21 de marzo de 2024, emitido por el exministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Moría, en comunicaciones de los Comandantes Generales del Ejército de la República Dominicana, Armada de la República Dominicana, Fuerza Aérea de la República Dominicana y la Contralora General de las Fuerzas Armadas, no se encontraron registros de pagos, deudas o relación con la razón social Aurix S.A.S.

Aduce la Pepca que lo que constata que la firma del acuerdo de cooperación fue un acuerdo oculto y de malas intenciones, al no encontrarse registros institucionales oficiales, según las dependencias del Ministerio de Defensa.

Acotó que la firma de este acuerdo viola completamente las disposiciones contenidas en la Constitución y la ley 139-13, al otorgar facultades y libertades, propias de instituciones castrenses y de inteligencia, a una empresa privada para un uso y abuso de información privilegiada y tratada como seguridad nacional, resultando en prácticas particulares de Gómez y sus actividades ilícitas de manipulación, amenazas, chantajes y extorsión.

De igual forma destaca que se pudo confirmar que esta empresa usurpa las atribuciones de otras diligencias de investigación, como es el caso de la policía, llegando a realizar instalaciones de equipos de video vigilancia de forma ilegal, utilizando los logotipos de la Policía Nacional.

Precisa que según comunicación de fecha 4 de octubre de 2024, marcada con el número 33275, remitida por la Dirección de la Policía Nacional, se pudo corroborar que no existe acuerdo ni convenio alguno entre esta institución y la empresa AURIX S.A.S. De igual forma se pudo corroborar el uso de instituciones como el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y otros organismos de investigación.

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) informó que pospuso la movilización que tenían pautada en el Gran Santo Domingo para el lunes, debido a que el Ministerio de Educación (Minerd) “reculó” y retiró el supuesto embargo a las cuentas del sindicato.

A través de un comunicado, la ADP dijo que al levantarse el embargo la convocatoria de movilización en protesta, fue aplazada y posteriormente se estará informando una nueva fecha.

En tanto que, reiteró que las demás acciones continúan vigente, por lo que exhortaron a los maestros a acudir este lunes a los centros educativos con una prenda de vestir, color negro. Esto en representación de la libertad sindical, la defensa del magisterio y de la ADP.

“También se harán denuncias nacionales e internacionales por todos los medios, entre otras acciones que oportunamente serán comunicadas”, dijo la organización en el comunicado.

Anteriormente, la entidad ofreció una rueda de prensa donde su presidente, Eduardo Hidalgo, denunció que la presunta acción del Minerd de embargar todas las cuentas del sindicato fue un intento de boicotear el proceso electoral interno de la organización.

Sin embargo, estas declaraciones fueron refutadas por el Ministerio de Educación, el cual rechazó que haber atentado contra el proceso eleccionario de la Asociación Dominicana de Profesores.

A través de un comunicado de prensa, la institución también aseguró que no ha cancelado a ningún docente en la provincia de Barahona.

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, aseguró este sábado que las elecciones pautadas para el próximo miércoles 9 de octubre se van a realizar a pesar de la paralización a sus cuentas bancarias.

"Son las cuentas de las 155 seccionales que están bloqueadas. Ahora, nosotros el 9 vamos a votar aun sea en papel de funda y lápiz de carbón, vamos a votar el día 9 para derrotar al Gobierno y a sus seguidores internos que pretenden que no se hagan las elecciones", sostuvo.

Hidalgo se pronunció luego de que el Comité Ejecutivo Nacional sostuviera una reunión extraordinaria tras conocerse que el Ministerio de Educación (Minerd) embargó las cuentas del colectivo magisterial.

Asimismo, Hidalgo declaró como "Día de duelo" a este próximo lunes 7, invitando a todos los maestros a acudir vestidos de negro a sus centros de trabajo y a los profesores del Distrito Nacional, en especial a los miembros de la regionales 10 y 15, a presentarse a las 10:00 de la mañana frente al Minerd, como parte de un plan de movilizaciones.

"Llamamos al magisterio nacional a mantenerse unido en torno a la Asociación Dominicana de Profesores, la cual seguirá firme y fortalecida ante este despropósito gubernamental", peticionó.

"Queremos tener un sindicato firme, unido, clasista y en libertad", agregó el docente.

Situación en Barahona

Hidalgo responsabilizó al ministro de Educación, Ángel Hernández, de los recientes paros ocurridos en Barahona y que, según un comunicado del organismo gubernamental, fue el motivo para proceder con el embargo de las cuentas de la ADP.

"Mes tras mes, en Barahona tienen decenas de cancelados y el caso de este mes es el que ha desbordado la copa, más de 30 profesores han sido cancelados en Barahona", detalló.

Hidalgo llamó al ministro Hernández a presentar las pruebas de la acusación que realizara en la mañana de este sábado en el comunicado del Minerd, donde el texto señala que la dirigente de la ADP en la provincia "ha recurrido a medidas intimidatorias, incluidas amenazas con armas, para forzar a otros docentes a sumarse a los paros".

Lo que dijo el Minerd

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) emitió este sábado un comunicado aclarando que el embargo reciente a las cuentas de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) no se debe a razones sindicales ni electorales.

Esta medida legal responde a la prolongada suspensión de la docencia en Barahona, iniciada al comienzo del año escolar por parte de la ADP.

En su declaración, el Minerd señaló que la paralización de clases en Barahona, así como en Azua y San Francisco de Macorís, ha sido impulsada por una facción minoritaria de la ADP, que utiliza los paros como estrategia para promover a sus candidatos, lo que atenta contra el derecho de los estudiantes a una educación de calidad y la continuidad del calendario escolar.

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) emitió este sábado un comunicado aclarando que el embargo reciente a las cuentas de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) no se debe a razones sindicales ni electorales.

Esta medida legal responde a la prolongada suspensión de la docencia en Barahona, iniciada al comienzo del año escolar por parte de la ADP.

En su declaración, el Minerd señaló que la paralización de clases en Barahona, así como en Azua y San Francisco de Macorís, ha sido impulsada por una facción minoritaria de la ADP, que utiliza los paros como estrategia para promover a sus candidatos, lo que atenta contra el derecho de los estudiantes a una educación de calidad y la continuidad del calendario escolar.

El ministro de Educación, Ángel Hernández, reafirmó el compromiso del Minerd de salvaguardar el derecho de los niños y adolescentes a recibir una educación continua, subrayando que no se permitirá que grupos anárquicos dentro del gremio sindical pongan en riesgo este derecho fundamental.

"La mayoría de los docentes está comprometida con el bienestar de sus alumnos, pero algunos dirigentes persiguen beneficios personales, perjudicando a los más vulnerables", afirmó Hernández.

Según refieren en el escrito, la situación en Barahona se ha vuelto especialmente preocupante, ya que el principal dirigente de la ADP en esa región ha recurrido a tácticas intimidatorias, incluyendo amenazas con armas, para coaccionar a otros docentes a unirse a los paros. Esto ha generado un ambiente de tensión y temor en la comunidad educativa.

Más

• El Minerd hizo un llamado a la sociedad dominicana para que exija a los dirigentes sindicales que abandonen estas prácticas perjudiciales y se unan a la búsqueda de soluciones para mejorar el sistema educativo, en lugar de convertirse en su principal obstáculo.

El primer ministro de Haití, Garry Conille, manifestó este viernes su indignación y condena por la violenta incursión perpetrada este jueves de parte de bandas armadas, que se ha saldado hasta el momento con al menos 54 víctimas mortales, en la localidad de Pont Sondé, situada entre los municipios de Saint-Marc y l’Estère, en el departamento de Artibonite, muy cerca de la capital, Puerto Príncipe.

"Este ataque, de una brutalidad indescriptible, causó trágicas pérdidas humanas e hirió a un número indeterminado de personas. Este nuevo acto de violencia, dirigido contra civiles inocentes, es inaceptable y requiere una respuesta urgente, rigurosa y coordinada por parte del Estado", dijo Conille sobre el suceso perpetrado por miembros de la banda armada "Gran Grif" de Savien.

El primer ministro expresó su más sentido pésame a las familias afligidas y les aseguró, así como a los heridos y sus seres queridos, el apoyo inquebrantable del gobierno en estas horas oscuras.

"Hoy, una vez más, nos enfrentamos a la cobardía más absoluta. Un ataque brutal, sin motivo alguno, golpeó a ciudadanos inocentes en Pont Sondé. Este crimen atroz, perpetrado contra mujeres, hombres y niños indefensos, no es sólo un ataque contra estas víctimas, sino contra toda la nación haitiana", destacó.

El funcionario dijo a quienes siembran el terror que "no quebrantarán nuestra determinación. No subyugaréis a estas personas que siempre han luchado por su dignidad y libertad. Nunca renunciaremos a nuestro derecho a vivir en paz, seguridad y justicia".

Indicó que la policía, apoyada por los socios internacionales, está intensificando su intervención.

"A mis hermanos y hermanas haitianos, les hago un llamado a la unidad y la solidaridad. Somos un pueblo fuerte, un pueblo que sabe cómo volver a unirse. Juntos construiremos un futuro en el que estos actos de barbarie no serán más que un oscuro recuerdo", dijo.

¿Cómo fue la masacre, que fue anunciada?

La comunidad de Pont-Sondé, localidad del quinto tramo de Saint-Marc, en Artibonite, situada en la carretera nacional número 1, vivió horas de terror la noche del miércoles 2 al jueves 3 de octubre de 2024, bajo las balas asesinas de los bandidos de Savien.

Asediados por la banda del Gran Grif, los habitantes de las distintas calles, hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos, gritaron desesperados hasta el amanecer.

El día antes de la tragedia, un mensaje de audio del líder de la banda Savien anunció el suceso, según cuenta el diario haitiano Le Nouvelliste.

Personas escaparon de los bandidos

Miles de habitantes tuvieron que abandonaron la ciudad de Pont-Sonde, ubicada unos 100 kilómetros al norte de la capital de Haití, para refugiarse en la ciudad costera de Saint-Marc.

Concentrados en la plaza pública Philippe Guerrier y frente al hospital Saint-Nicolas de Saint-Marc, miles de supervivientes, que huyeron de sus hogares para escapar de la masacre, expresaron su ira contra las autoridades gubernamentales del país.

La matanza de Pont-Sondé sacudió a todo el departamento de Artibonite, que dependía en gran medida de la resistencia popular local.

Gobierno lanza gran operativo contra bandidos

Ante esta dramática situación, el gobierno tomó inmediatamente todas las medidas necesarias para reforzar las capacidades del hospital público Saint-Nicolas de Saint-Marc, donde actualmente se está tratando a un gran número de heridos. Se están movilizando recursos logísticos y médicos adicionales para garantizar una atención rápida y óptima a las víctimas.

La Policía Nacional Haitiana (PNH) está intensificando sus esfuerzos. Agentes de la Unidad Temporal Antipandillas (UTAG) fueron desplegados como refuerzo para apoyar a los equipos ya presentes en el terreno, intensificando así las operaciones de localización de bandas activas en el Artibonite.

Además, unidades especializadas de la PNH, apoyadas por las fuerzas de la Misión Multinacional de Seguridad (MSS), salieron de Puerto Príncipe la noche del 3 al 4 de octubre para dirigirse al departamento de Artibonite, en el cruce de la carretera de Canaán. Otras unidades especializadas se están preparando para ser desplegadas desde Puerto Príncipe, transportadas en helicópteros del gobierno haitiano para fortalecer aún más la operación en curso.

El canciller Roberto Álvarez dijo que los detalles operativos del plan de deportación masiva de haitianos son competencia de la Dirección General de Migración (DGM), sin embargo, consideró que ese organismo cuenta con la capacidad logística para lograr la meta de 10 mil repatriaciones semanales de haitianos.

Álvarez señaló que para elaborar el plan, la institución ejecutoria de la política de migración tomó en cuenta los antecedentes de este año, en el que han tenido altas cifras de deportaciones de migrantes irregulares.

"Actualmente Migración maneja cifras cercanas a esas, así que supongo que sí tienen la capacidad para llevar a cabo esta logística", expresó.

Las cifras

De acuerdo con una nota de prensa de la Dirección General de Migración, de enero a junio de este año, 66,227 haitianos fueron deportados, en promedio de 2,759 deportaciones por semana.

En 2023 más de 250,000 haitianos con estatus irregular fueron deportados y repatriados, para un promedio de 4,807 deportaciones por semana.

Estos montos no se acercan a la meta fijada por el Gobierno dominicano, que de aplicarse, la cifra anualizada sobrepasaría las 500,000 deportaciones.

En ese sentido, las autoridades deben aumentar en un 51 % la cantidad de ciudadanos de Haití que devuelven a su país por semana para lograr alcanzar la meta fijada en el nuevo proyecto.

Sin embargo, una lectura distinta al balance del año 2023 se da al sumar la cantidad de los retornos voluntarios que fueron 246,678, que permitió al Gobierno dominicano reconducir más de 497 mil haitianos a su país de origen.

Respuesta a Haití

Nuevamente el canciller Álvarez defendió la soberanía de República Dominicana para establecer su política migratoria.

En respuesta a la canciller haitiana Dominique Dupuy, que calificó como discriminatoria la deportación de 10 mil haitianos semanales, el canciller dominicano indicó que República Dominicana está en su derecho de deportar a los ciudadanos que ingresan al país de manera irregular.

Reconoció la grave crisis que atraviesa Haití y que esto ha provocado la migración masiva de sus ciudadanos que buscan mejores condiciones de vida, sin embargo, enfatizó que en República Dominicana "hay límites".

"Dada las cifras de migrantes que hemos enfrentado, hemos tenido que tomar estas medidas", dijo el funcionario. Garantizó que el Estado dominicano respetará los derechos humanos y ejecutará las deportaciones acorde con las normas internacionales.

"En el comunicado queda establecido que se harán en cumplimiento de todas las normas internacionales en la materia, primordialmente en el manejo de temas de recursos humanos, estableciendo y respetando la dignidad de las personas", subrayó el canciller Roberto Álvarez.

El Ministerio Público puso en marcha este miércoles la Operación Camaleón con la que arrestó a siete personas a las que, en las próximas horas, se les solicitará medida de coerción, imputados de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología y robo de identidad.

Los imputados permanecen arrestados en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional.

Durante la Operación, desplegada en la noche del 2 de octubre del 2024, se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En estos operativos participaron, aproximadamente, 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.

Durante los allanamientos se ocuparon cientos de evidencias que confirman las imputaciones del Ministerio Público, que los ha calificado como unos de las “Más exitosas de sus operaciones contra el crimen organizado, al punto que el procesamiento de las evidencias en algunos de ellos se prolongó por más de 12 horas”.

Entre los hechos objetos de la imputación se encuentran el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo; el contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, de fecha 23 de junio del 2020, utilizado para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto.

Desde asociación de malhechores, sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación y actos de terrorismo… así son parte de los cargos de los  siete involucrados en la Operación Camaleón, el sonado caso de supuesta corrupción administrativa en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Los acusados son Hugo Beras Goico, ex director del Intrant; Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant; Jochi Gómez, dueño de Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas.

Pero, ¿de qué se les vincula?

En la orden de arresto 2024-AJ0020784, Hugo Beras Goico Ramírez es definido por el Ministerio Público como el “coautor y principal facilitador de la corrupción en el manejo de la red semafórica y el sistema de videovigilancia”.

Y señalan que entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, Beras Goico “dirigió y autorizó la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas requeridas”.

Además, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) indica que él fue clave en la integración de “nuevas autoridades al proyecto manipulado y facilitó la participación de empresas de carpeta que desviaron recursos del Estado”.

Asimismo, Frank Rafael Atilano Díaz Warden habría participado en la adjudicación irregular de contratos, y “su rol fue la manipulación de la licitación y la toma de decisiones que beneficiaron a los imputados”.

También que habría influenciado en que las decisiones del comité de ventas del Intrant favorecieran a empresas vinculadas a la estructura “corrupta”.

Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, quien era el encargado de la red semafórica y de videovigilancia del Gran Santo Domingo, “facilitó el control de estos sistemas a Transcore Latam S.R.L., una empresa que no cumplía con los requisitos legales ni técnicos”.

Según la PEPCA, Baquero Sepúlveda habría adaptado la evaluación pericial en el proceso de licitación para favorecer a Transcore Latam.

“Tuvo una participación activa en la ejecución técnica del esquema fraudulento, comprometiendo la seguridad vial y la transparencia en el uso de fondos públicos”, dice la acusación contra Baquero Sepúlveda.

Jochi Gómez, cuyo nombre de pila es José Ángel Gómez Canaán, fue el “el principal beneficiario económico del esquema corrupto”.

Las autoridades indican que a través de su empresa Aurix S.A.S., “controló fraudulentamente los sistemas semafóricos y de vigilancia”.

Además, habría utilizado a Transcore Latam S.R.L. y Dekolor S.R.L. para movilizar fondos obtenidos ilegalmente y realizar lavado de activos.

Gómez es investigado por lavado de activos, usurpación de identidades empresariales y manipulación de fondos públicos, “constituyendo una clara amenaza a la integridad financiera del Estado”. También se le vincula con ser el responsable principal del sabotaje a la red semafórica ocurrida a finales de agosto 2024, en el gran Santo Domingo.

Pedro Vinicio Padovani Báez, quien sería uno de los socios de Gómez, habría sido una de las piezas claves en el manejo y supervisión del centro de control de tráfico.

El documento indicó que tras renunciar a su cargo, colaboró de “manera directa con las actividades fraudulentas de Transcore Latam S.R.L.”.

“Posee participación directa en el fraude licitatorio y contribuyó a la implementación de los esquemas de lavado de activos, así como en el sabotaje a la red semafórica”, detalla la acusación contra Padovani Báez.

Carlos José Peguero Vargas, a quien atribuyen como el responsable de movilizar fondos a través de INPROSOL S.R.L., desviando el dinero adjudicado a Transcore Latam S.R.L.

Además, “es el encargado de los asuntos técnicos – informáticos de la estructura de vigilancia y espionaje de José Gómez Canaán. Se le imputa lavado de activos, desvío de fondos públicos y colaboración en la estructura financiera ilícita”.

¿De qué se les acusa?

Los siete son investigados por la presunta violación de varios delitos.

El primero es de proscripción de la corrupción, contenido en el artículo 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana; y los artículos 123 y 124 (coalición de funcionarios).

También de uso de documento privado, resumido en los artícuos 147, 150 y 151 del Código Penal dominicano; de desfalco, en los 171 y 172; de asociación de malhechores, en los artículos 265 y 266; así como el artículo 405, de estafa en perjuicio del Estado dominicano.

De los artículos 11, 17, 27, y 28, que detallan los delitos sobre sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, y actos de terrorismo, de la Ley  a 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

De los artículos 5, 33, 34, 35, 36, que tratan de contrabando y corresponde a la Ley 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.

También los acusan de Lavado de Activos, especificamente de los artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9, y 1 de la Ley núm. 155-17 sobre Lavados de activos y financiamiento del terrorismo, de acuerdo con los artículos 5, y 8 letra F, de la Ley 267-08 sobre Terrorismo.

detenidos en palacio de justicia

Los siete acusados fueron detenidos la noche del miércoles luego de varios allanamientos en el Distrito Nacional, principalmente en la residencia de Hugo Beras y en Aurix, la empresa de Jochi Gómez.