Un estudiante del Centro Educativo Los Padres de la Patria, en San Antonio de Guerra, resultó herido tras caerle parte de un muro de concreto en las piernas, lo que le ocasionó una fractura en la pierna izquierda y una lesión en el tobillo derecho, según informó su familia.

Beatriz Jiménez, docente del centro educativo que opera en un local del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) —anteriormente una granja de animales—, indicó que, al finalizar el receso el estudiante de sexto de primaria se acercó al muro, que estaba agrietado y comenzó a empujarlo junto a unos compañeros. A pesar de que los demás estudiantes le advirtieron del peligro y se retiraron, el niño continuó jugando con el muro.

Tras el incidente, el estudiante de 13 años, identificado como José Adrián Cruz, fue asistido por una unidad del Sistema de Emergencia 9-1-1. Posteriormente, se le realizaron estudios y fue trasladado al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, donde está a la espera de ser operado.

De acuerdo con Michael Alcántara Corsino, hermano mayor del niño, se requiere una intervención urgente debido al estado de sus piernas. Comentó que están esperando la cotización del hospital para proceder, ya que la familia no cuenta con los recursos suficientes.

Reparación de la escuela

Este incidente ocurre luego de un levantamiento realizado por el FEDA y el Ministerio de Educación en el centro educativo, con miras a responder a la solicitud de las autoridades de la escuela para su acondicionamiento y reconstrucción.

La profesora Beatriz Jiménez comentó que la tarde de este viernes 11 de octubre se estaría reuniendo con representantes del distrito escolar para tratar este tema.

En esa ocasión, la profesora de la comunidad Niurka Peña, quien ahora se desempeña como directora pese a no estar nombrada en el sistema educativo público, denunció que seis de los docentes que allí laboran no están nombrado, situación que aún no han sido resuelta.

SANTO DOMINGO.- Luego de cuatro días de presentada la reforma fiscal, el expresidente de la República, Leonel Fernández, reacciona y la califica como un “bombazo fiscal”.

“El gobierno de Luis Abinader y el PRM han presentado un bombazo fiscal en el que la mayor parte de la carga de recaudación la aportan los más pobres y la clase media” escribió Fernández a través de su cuenta en la red social X.

Previo a estas declaraciones, el líder del partido Fuerza del Pueblo había anunciado que analizaría detenidamente la propuesta de cambios en el régimen tributario del actual gobierno.

La iniciativa, conocida como ley de modernización fiscal, incluye cambios significativos en el sistema tributario del país. Entre las propuestas más destacadas se encuentran:

Unificación del ITBIS al 18%: Se establece un nuevo concepto de IVA, manteniendo la exención de productos de primera necesidad como arroz, pan y leche.

Aumento de impuestos a bebidas: Se prevé un incremento en los impuestos sobre las bebidas alcohólicas y las no alcohólicas azucaradas.

Incremento en la retención de juegos de azar: La retención máxima sobre premios se elevaría del 25% al 27%.

Eliminación de deducción educativa: Se suprimiría la deducción del gasto educativo del impuesto sobre la renta, de acuerdo con la Ley No. 179-09.

Más sobre la reforma fiscal

Reestructuración del IPI: El impuesto al patrimonio inmobiliario se modificará, estableciendo un mínimo exento equivalente al valor de una vivienda de bajo costo, con una tasa del 1% sobre el excedente.

Gravamen a compras por internet: Se impondrán impuestos sobre compras en línea inferiores a 200 dólares y a los servicios digitales.

Eliminación del anticipo: Se suprimirá el anticipo para personas físicas y microempresas.

Aumento salarial en el sector público: Se propone un incremento del 50% en el salario mínimo del sector público.

A pesar de las críticas de la oposición, los legisladores oficialistas defienden la necesidad de esta reforma. Los mismos argumentan que el gobierno busca aumentar las recaudaciones en un 1.5% del PIB. Los fondos generados se destinarían a áreas críticas como salud, transporte y seguridad.

El sector agricultura es otro de los grandes afectados por el plan migratorio del Gobierno.

Una semana después del inicio del operativo de repatriación de migrantes, desde el sector bananero se aseguró que la situación está generando mucha incertidumbre no solo en los productores, sino también en los compradores por falta de cumplimiento.

Ocurre lo mismo en el segmento del arroz, cuyos representantes afirmaron que notan la presión del proyecto de la Dirección General de Migración en las zonas de Montecristi y Mao en plena preparación de los terrenos para luego regar las semillas, pues la disponibilidad de la mano de obra es escasa y la persecución de las autoridades es mayor.

El director de la Asociación Dominicana de Productores de Banano (Adobanano), Martín Edwardo, garantizó que hay pérdidas en varios aspectos del sector bananero. El plan migratorio "genera mucha incertidumbre en nuestros productores que semanalmente preparan el empaque del banano para llevarlo hasta el barco (…), también generamos inseguridad ante nuestro comprador porque no cumplimos", declaró. 

Además, explicó que los haitianos no quieren salir a la finca a trabajar por temor a ser deportados, y eso los limita.

"También está el hecho de que algunos extranjeros se están yendo de forma voluntaria para no perder los ajuares al momento de ser deportados. La situación es apremiante para nosotros porque hay escasez de mano de obra, sobre todo en la zona de Valverde y Montecristi", reiteró.

Por ello, Edwardo hace un llamado en favor del sector bananero para regularizar a los trabajadores con visas de empleo temporal, para así tener garantía de que los mismos no serán deportados. "Estamos de acuerdo con se cumpla la ley, pero para salvar la industria del banano es necesario que se pueda regularizar a nuestros trabajadores y, de esta manera, poder cumplir con los contratos establecidos para este año y los próximos meses", justificó. 

Desde el área del arroz, el presidente de la Federación Nacional Dominicana de Productores de Arroz (Fenarroz), Marcelo Reyes, expuso que la migración haitiana en la República Dominicana es bastante compleja y presenta muchas aristas y desafíos, especialmente en la agricultura. "Estamos presentando escasez en la disponibilidad de la mano de obra, lo que estaría encareciendo la hora/jornal a un ritmo sin precedente, en diferentes zonas del país las misma rondan entre 125 pesos a 160 pesos/hora,  representando un aumento que oscila en  15 por ciento adicional", declaró.

En consecuencia, explicó que esta situación, a medio plazo, podría verse reflejada en un aumento de los costos de producción y sostenibilidad del sector, lo que reduciría la disponibilidad de alimentos para la población y un alza de los precios.

Por esa razón, Reyes destacó la necesidad de un control en las fronteras. "La falta de un control fronterizo eficaz facilita la entrada irregular de los trabajadores, evitando el 'macuteo', lo que impide al Estado implementar una política migratoria ordenada y beneficiosa al país", declaró Reyes.

El presidente de Fenarroz defendió la necesaria protección de las fronteras e implementación de mecanismos que garanticen que "solo entren los trabajadores para cada sector específico y con permiso de trabajo zonificado a un territorio o demarcación del país".

Igualmente, explicó la necesidad de diseñar unos reglamentos que regulen la contratación de migrantes que sean adaptados a las realidades del campo dominicano. Y, además, pidió un programa de regulación migratoria para que los trabajadores haitianos puedan integrarse legalmente al sistema laboral agrícola.

Migración garantiza derechos

El vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director general de Migración, se reunió ayer con las autoridades civiles de Santiago, con el objetivo de coordinar acciones para garantizar el respeto de los derechos humanos durante los operativos contra ciudadanos haitianos que se encuentran en situación migratoria irregular en el país. Explicó que el objetivo es cumplir con lo establecido en el marco legal de la República Dominicana, así como en los tratados internacionales.

La meta del gobierno es deportar hasta 10,000 migrantes haitianos irregulares a la semana. El pasados lunes, Migración informó que en los primeros cinco días del operativo había devuelto a su país a 7,217 migrantes haitianos en condición irregular.

Fuente: Diario Libre

La mayoría de los sectores y entes productivos coinciden en un mismo punto sobre la reforma fiscal: es necesaria y este es el momento adecuado para aplicarla. Sin embargo, difieren en el mecanismo propuesto, al considerarlo lesivo para la sociedad y complejo para su implementación.

Uno de los gremios que expresó su percepción sobre el documento fue el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), a través de un post publicado por su vicepresidente ejecutivo, César Dargam, quien señaló que estaban en proceso de estudiar lo presentado por el ministro de Hacienda, José Manuel -Jochi- Vicente.

Ayer, el Conep se pronunció formalmente, subrayando que, dada la profundidad del tema, es necesario un "diálogo amplio y constructivo" en torno al proyecto de Ley de Modernización Fiscal, con el que el gobierno busca eliminar incentivos, aumentar impuestos, combatir la evasión fiscal y realizar otros ajustes para incrementar los ingresos gubernamentales en 122,486 millones de pesos.

"Reconocemos la importancia de generar recursos adicionales que permitan al Estado satisfacer las demandas de la población en términos de servicios e infraestructura. Sin embargo, consideramos que este proceso debe sustentarse en la apertura de espacios para la escucha activa y el consenso, como medio para identificar oportunidades de mejora en el proyecto", indicó el gremio en una nota de prensa.

El Conep reiteró su llamado al Congreso Nacional para que continúe el proceso de diálogo iniciado por el Ministerio de Hacienda, abriendo un foro con receptividad, que permita a los diversos sectores de la economía expresar sus inquietudes y planteamientos.

Ayer, la Cámara de Diputados remitió el proyecto de reforma fiscal a la Comisión de Hacienda, donde será analizado para la elaboración de un posible informe que conduzca a su aprobación o rechazo.

Aunque se esperaba que el proyecto sea enviado a una comisión bicameral para agilizar su análisis, como lo pedía el bloque de la Fuerza del Pueblo, la Cámara Baja decidió que la iniciativa cumpla con el procedimiento ordinario como cualquier proyecto regular.

Opinión de economistas

Los economistas Jaime Aristy Escuder e Isidoro Santana coincidieron en que el proyecto de Modernización Fiscal que presentó el Gobierno es considerado, detallando que la propuesta pudo ser aún más ambiciosa, porque solo busca recaudar aproximadamente 122,000 millones de pesos adicionales equivalente al 1.5 % del producto interno bruto (PIB), cuando se necesita mucho más.

"En general, hasta ahora lo conocido me parece que va muy acorde con lo que se estaba esperando. De hecho, es mucho menos de lo que se necesita porque la realidad es que el Gobierno tenía que hacer una reforma mucho más ambiciosa", sostuvo Santana, exministro de Economía, Planificación y Desarrollo.

Expresó que, a pesar de su costo político, porque las reformas fiscales son impopulares, "es una gran cosa que al final se haya tomado una decisión y que se someta al Congreso. Ojalá que se apruebe porque en verdad el país necesitaba eso".

En tanto, Aristy Escuder aseguró que la reforma tributaria planteada impactará principalmente a los sectores más pudientes de la sociedad. Afirmó que esta es la primera vez desde la reforma fiscal de 1992, bajo el mandato de Joaquín Balaguer, que el impacto recae de manera significativa sobre los segmentos más ricos. "El ramalazo lo reciben los ricos. Vamos a poner las cosas claras", expresó.

Añadió que su experiencia participando en reformas fiscales anteriores, como las de 1992; la del 1996, bajo el Gobierno de Leonel Fernández, y la del 2000, durante la administración de Hipólito Mejía, le permite asegurar que la carga tributaria de la actual reforma será asumida mayormente por los de mayores ingresos.

El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, consideró que la Ley de Modernización Fiscal es necesario a pesar del costo político que pudiera representar en la actualidad, siendo una de las razones que, a su entender, impidieron en el pasado su anuncio y ejecución.

"Aquí tenemos dos caminos: seguir tomando prestado hasta caer en el abismo o hacer esta reforma; no hay una posición dictatorial, pero no se puede permitir que se desnaturalice el objetivo, que es precisamente conseguir recursos para poder pagar", indicó Bautista.

Ayer, un grupo de personas protestaron frente al Congreso Nacional contra el proyecto de ley porque consideran que lesionará a la clase media.

El proyecto de ley del Código de Trabajo indica que aquellos empleados que realicen teletrabajo no tendrán que usar sus propias herramientas y materiales para desempeñar la labor, sino que la empresa deberá asumir estos costos.

De acuerdo con el artículo 276, en ningún caso el trabajador responderá por el desgaste del producto y en caso de desperfectos, roturas o desgaste de los equipos y herramientas su reemplazo o reparación a fin de posibilitar la prestación de los servicios.

“El tiempo que demanda el cumplimiento de esta obligación no afectará el derecho del trabajador a continuar percibiendo su remuneración habitual, por el hecho de no poder prestar sus servicios por esta causa”, indica el artículo.

Además, indica que en caso de que los costos relacionados con el teletrabajo no sean acordados por las partes, deberán ser cubiertos por el empleador.

Detalla que el empleador deberá darle formación profesional a quien trabaje con nuevas tecnologías ofrecer cursos y seminarios de apoyo, en forma virtual o presencial, que permitan una mejor adecuación de las partes en esta modalidad laboral; esto no generará una nueva carga de trabajo y podrían ser bajo el soporte de cursos del Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep).

También debe informar al trabajador de cualquier sistema de vigilancia a distancia que se haya establecido para proteger los bienes e informaciones propiedad del empleador, que en ningún caso podrá implicar intromisión en la vida privada e íntima del empleado ni de su domicilio.

El proyecto da mención a la importancia de respetar el derecho del trabajador de desconectarse fuera de la jornada laboral, y durante sus periodo de descanso semanal, días feriados, vacaciones y licencias.

Obligaciones del trabajador

El empleado estará obligado a mantener confidencialidad con las informaciones recibidas por medios electrónicos; a custodiar los equipos y materiales facilitados por la empresa y su uso exclusivo para actividades propias de su trabajo.

En caso de que la modalidad de teletrabajo se acuerde con posterioridad al inicio de la relación laboral, cualquiera de las partes podrá unilateralmente solicitar a su contra parte su reversión, pero deberá hacerse mediante una comunicación dirigida a la otra parte con un plazo no menor de 15 días ni mayor de 30 días de antelación.

Si no hay acuerdo, entre las partes, la parte interesada podrá apoderar a la Dirección General de Trabajo (DGT) que decidirá mediante una resolución la existencia de una justa causa, en un plazo no mayor de diez (10) días. La reversibilidad no será efectiva hasta que no intervenga la decisión, la cual será de inmediato cumplimiento.”