Desde casos de sobornos y corrupción contra el Estado hasta asesinatos y venta ilegal de terrenos han permanecido durante años en la palestra pública y la justicia, en ocasiones por reaperturas de casos, nuevos testigos presentados o revisiones ante otras entidades judiciales.

Uno de los más recientes es el caso de la venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos, a más de siete años se haber sido denunciado.

Parte de los implicados en este caso fueron Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), quien fue acusado de asociación de malhechores, prevaricación y desfalco, entre otros delitos.

También, Irving Cruz Crespo, exconsultor jurídico de Corde, y Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad. Ambos fueron acusados de asociación de malhechores, prevaricación y desfalco.

Mientras que Carlos Gómez Williams, Julio Gómez Williams y las personas jurídicas de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., Soluciones Electrónicas Sirene S.R.L. y Tecnology Dominicana S.R.L., se les acusó de asociación de malhechores, estafa y desfalco en contra del Estado.

A Domingo Lebrón se le agregaba el delito de soborno. Otras fueron Juana Gómez Williams, representante de Proyecciones Gowi S.R.L, y la agrimensora Lisetel González.

El 5 de abril de 2023 se destituyó al juez Juan Francisco Consoró, quien emitió un auto de no ha lugar a favor de todos los implicados. En abril de este año, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró la extinción de las imputaciones a Almánzar y demás acusados en el caso. La razón fue el vencimiento del plazo máximo de duración del proceso.

Ahora, el Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original del Distrito Nacional declaró que la venta de estos terrenos fue” irregular”.

JUNIOL RAMíREZ

El caso del abogado Yuniol Ramírez es otro que a más de siete años continúa sonando en el ámbito de de la justicia.

El trágico hecho ocurrió el 12 de octubre de 2017, cuando la víctima fue encontrada con una cadena en el cuello y atada a un block en un arroyo de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.

Pero antes de esto, justamente el 19 de junio del mismo año, Ramírez solicitó al exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), Manuel Rivas, que le entregara documentos sobre la cantidad de autobuses reconstruidos entre 2012 y 2017. Pero esto nunca ocurrió y el abogado depositó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo.

De acuerdo con el Ministerio Público, Rivas contactó a Argenis, para que lo ayudara a buscar una solución a esta situación.

También Rivas contactó a Faustino Rosario Díaz, exdirector financiero de la OMSA, y a Eddy Rafael Santana Zorrilla, exsuplidor de la misma entidad, para llegar a un acuerdo con Ramírez.

Pero todo terminó en la muerte del abogado y también profesor.

Argenis Contreras, quien desde el principio se señaló como autor intelectual del hecho, estuvo prófugo de la justicia por unos tres años, y no fue hasta 2021 cuando regresó a territorio dominicano para enfrentar la justicia.

Contreras fue condenado a 20 años para ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo hombres.

Mientras que Rivas fue descargado; Rosario, sentenciado a un año de prisión e inhabilitado para cumplir alguna función pública por cinco años.

Los demás, Heidy Carolina Peña, esposa de Argenis Contreras; Jorge Luis Abreu Fabián, Lilian Francisca Suárez Jáquez, Víctor Ravelo Campos, y José Antonio Mercado Blanco, conocido como El Grande, fueron absueltos por falta de pruebas.

Este año, específicamente en julio, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional inició el juicio de fondo contra Contreras y los demás vinculados con la muerte de Ramírez.

La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenó la apertura de un nuevo juicio y con esto se anuló la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado, en septiembre de 2022, de condena a Contreras y se sentenció a Rivas a dos años de prisión en el Centro Correccional y de Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres.

constructora brasileña

El caso Odebrecht en República Dominicana comenzó a sonar a partir del 29 de mayo de 2017, con apresamientos de personalidades del mundo político por supuestos casos de sobornos millonarios vinculados a la constructora brasileña Odebrecht.

Solo en este país se habrían pagado US$92 millones entre el 2001 y 2014, durante diferentes periodos gubernamentales.

En un principio fueron vinculadas 13 personas: el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el ministro de Industria Comercio y Mipymes, Temistocles Montás; el exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura; el representante de Odebrecht en el país, Ángel Rondón y el abogado Conrado Pittaluga.

Además, Andrés Bautista; el exvicepresidente de la CDEEE, César Sánchez; Máximo de Óleo, exadministrador de la de Egehid; Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA); y el exdiputado Ruddy González.

En un principio el Ministerio Público estaba pidiendo 18 meses de prisión como medida de coerción.

Sin embargo, Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga fueron enviados a prisión preventiva en Najayo Hombres; a César Sánchez y Máximo de Oleo, tres meses de prisión en el mismo centro; mientras que Temístocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González fueron enviados por seis meses a la cárcel.

A Rondón lo mandaron a la Penitenciaría Nacional La Victoria.

A Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, les dictaron nueve meses de arresto domiciliario; mientras que a Tommy Galán, Alfredo Pacheco y Julio César Valentín les impusieron fianzas de cinco millones de pesos e impedimento de salida.

En octubre de 2021 fueron condenados solo dos personas en el caso: Rondón y Díaz Rúa, a ocho y cinco años respectivamente. Sin embargo, se mantuvieron en libertad debido a que el tribunal rechazó mandarlos a la cárcel.

Tres años después, en agosto de 2024 la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia absolvió a Rondón y a Díaz Rúa del caso de sobornos y con esto se ordenó que se les devolvieran sus bienes. Esta medida fue tomada por falta de pruebas y ausencia de un delito precedente.

Aunque se creía que no se mencionaría más el caso, en septiembre de este año, el director de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, pidió ante el Tribunal Constitucional (TC) que se anulara la decisión de absolver a estos dos acusados en el caso. Por lo que actualmente esta revisión se encuentra en el TC.

caso antipulpo

El caso de corrupción contra el Estado, conocido como Antipulpo, se inició en noviembre de 2020. Como parte de las investigaciones de este caso se presume que se habría desfalcado al Estado con más de 4,500 millones de pesos, mediante el mecanismo de usar empresas vinculadas a imputados para obtener contratos fraudulentos.

Los acusados iniciales fueron Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper); el exministro de Salud Pública, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez y el exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) Francisco Pagán; Carmen Magalys Medina Sánchez, exvicepresidenta del Fonper; y Juan Alexis Medina Sánchez, ambos hermanos del exmandatario Danilo Medina. También, Aquiles Alejandro Cristofer Sánchez, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona, Rafael Antonio Germosén Andújar y Domingo Antonio Santiago Muñoz.

Sin embargo, a casi cuatro años de su inicio, el Ministerio Público sigue presentando más testigos. Solo a inicios de esta semana presentó a cinco nuevos: Rosanna Ramírez Paulino, con quien el Ministerio Público incorporó conduces de entrega de equipos médicos suministrados por la empresa Domedical Supply, S.R.L., vinculada al acusado Alexis Medina, en el Hospital Municipal Santo Cristo de los Milagros, en Bayaguana, provincia Monte Plata.

Además, Marlín Elizabeth Ledesma Vásquez declaró que en el Hospital Toribio Bencosme, provincia Espaillat, solo recibió una parte de los equipos y mobiliarios prometidos por Domedical Supply, S.R.L.

Asimismo, a Arys A. Emeterio Ramos, perito de informática forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), les presentó 11 informes periciales realizados a equipos electrónicos y dispositivos incautados durante la Operación Antipulpo.

Claudia María Cabral Dalder, directora de reconocimiento de deuda administrativa del Ministerio de Hacienda desde el 2020, fue otra de las testigos.

Ella les mostró una certificación relacionada con siete solicitudes de pago a favor de Domedical Supply, S.R.L., presentadas por el condenado Francisco Pagán, por RD$922,074,848.60.

“Dichas solicitudes estaban dirigidas al entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero, y fueron procesadas en un período de siete días, cuando lo habitual es que este tipo de pagos tarde alrededor de dos meses”, indica el MP.

La audiencia continuará este miércoles 23 de octubre, tras ser recesada por las juezas Claribel Nivar Arias, Arlín Ventura Jiménez y Yissel Soto Marte del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

La Asociación Nacional de Industriales de Herrera (AEIH) manifestó su preocupación ante la postura del Gobierno de no volver a presentar una nueva propuesta de reforma fiscal y solo hacer ajustes administrativos al Presupuesto Nacional.

“En ANEIH estamos muy preocupado por la decisión del presidente que al retirar el proyecto de modernización fiscal no ha mostrado el interés de renegociarla y renviar una nueva propuesta con los cambios luego de consensuar con los diferentes actores de la economía en especial en lo referente a los alimentos básicos”, expuso el presidente de la entidad, Euri Andújar.

Sostuvo que prácticamente todos los sectores entendían como necesaria el proyecto de reforma fiscal, y valoraron buenas y validas medidas como la eliminación del anticipo a las micros y el pago de un 40% y 60% a las pequeñas y mediana empresas y además trimestrales.

“Era un gran paso de avance para el desarrollo y disminución de la informalidad, así como lo referente a los 3 años de excepción del pago del ISR a los nuevos contribuyentes y la eliminación de las exoneraciones de los 2 vehículos a los congresistas entre otras”, dijo.

Andújar indicó que si no se reintroduce la reforma “perdimos todos”.

El presidente Luis Abinader solicitó el pasado sábado 19 el retiro “inmediato” del proyecto de Ley de Modernización Fiscal, después de que no recibiera el apoyo de la sociedad y algunos sectores económicos.

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Elizabeth Silverio este lunes a siete años de prisión por ejercer la medicina y otras profesiones afines para el tratamiento a menores de edad con condiciones especiales sin las credenciales correspondientes.

El tribunal también le impuso pagar una indemnización de 2 millones de pesos a cada una de las 13 víctimas que se querellaron contra la ahora hallada culpable.

Silverio deberá cumplir la pena impuesta en el Centro de Reclusión y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.

El Ministerio Público había solicitado 10 años y al pago de 50 salarios mínimos.

El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró culpable a Silverio "de violar las disposiciones de los artículos 151 y 4-105 del Código Penal y el artículo 156 numeral 7 de la Ley 42-01 General de salud, en perjuicio de las víctimas, querellantes, actores civiles y el Estado Dominicano, respectivamente".

"Se le condena a cumplir una pena de siete años de reclusión a ser cumplidos en el Centro de Rehabilitación y Corrección Najayo Mujeres, así como al pago de las costas penales. En materia civil se le condena al pago de una indemnización ascendente a la suma de 2 millones de pesos a cada uno de los querellantes constituidos en actores civiles", leyó la secretaria del tribunal.

Fue en 2023 cuando se dio a conocer este caso tras una investigación de la comunicadora Nuria Piera, en el que cuestionó que la imputada fuera neurocientífica y que tuviera titulación de varias universidades extranjeras prestigiosas.

El presidente de la República, Luis Abinader, inició su administración con una clara intención de implementar reformas que modernicen y fortalezcan la estructura estatal del país.

Sin embargo, en solo dos meses de gobierno y también durante su primer mandato presidencial (2020-2024), ha enfrentado mucha oposición por parte de distintos sectores de la sociedad, que lo han llevado a retirar sus iniciativas.

El más reciente es el caso de la reforma fiscal. El pasado sábado, el jefe de Estado solicitó el retiro de “inmediato” del proyecto de Ley de Modernización Fiscal. Esta decisión llegó tras semanas de intensos debates públicos y protestas generalizadas, donde la sociedad dominicana expresó su rechazo a la propuesta a través de cacerolazos nocturnos y manifestaciones frente al Congreso Nacional.

El proyecto buscaba, entre otras medidas, la eliminación de exenciones fiscales y el aumento de ciertos impuestos, en un intento de estabilizar la deuda pública y aumentar los ingresos del Estado, pero ante la falta de apoyo popular se vio en la necesidad de retroceder.

Este no es el único episodio en el que Abinader ha tenido que dar marcha atrás debido a la presión social o a la falta de consenso político.

proyecto ley de trata

En medio del desencadenamiento de un torrente de indignación y repulsa popular, en febrero de 2023, el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, informó que Abinader instruyó a retirar del Congreso el proyecto relativo a Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes sometido por el Poder Ejecutivo.

El gobierno indicó en ese entonces que el propósito de la medida era “lograr el consenso público necesario”.

La polémica pieza, que llegó a la cámara alta cuando el país estaba concentrado en sus preparativos navideños y de Año Nuevo, establecía en su artículo 63 que la gestión de permanencia regular de las víctimas de trata y tráfico ilícito debían “realizar los trámites necesarios para obtener permisos migratorios y de residencia, cuando este último aplique”.

También, que podrían gestionar un permiso de trabajo y “cualquier otro que les sea necesario”, ante las instituciones estatales correspondientes y optar por seguro de salud, hasta tanto permanezcan en la Unidad de Identificación, Atención y Protección de Víctimas, Sobrevivientes y Testigos de Trata de Personas, un ente que sería fundado en caso de aprobarse el proyecto.

resolución de map y digepres

Otra medida echada para atrás se produjo por la resolución del Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Dirección General de Presupuesto (Digepres) que restringía el ingreso o movimientos de personal, y reajustes salariales que representaran incrementos en el renglón de remuneraciones en las instituciones que componían la administración pública.

La comunicación establecía que el cumplimiento de la norma se realizaría salvo aquellos entes u órganos que, por su naturaleza, lo ameritaran, y que contaran con la debida autorización, tanto del MAP como de la Digepres.

Esa disposición causó una serie de reclamos y quejas, principalmente de parte de los miembros de las bases del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que aún estaban a la espera de ingresar al tren gubernamental, y justo al día siguiente el titular del MAP, Darío Castillo Lugo, tuvo que enviar un documento a los medios de comunicación para “aclarar” que la circular no limitaba los nombramientos si son para cubrir vacantes o sustituir personal activo.

tarifas eléctricas

Esas circunstancias ocurrían casi al unísono con las quejas por el aumento de las tarifas y las facturas eléctricas y que junto con los apagones, se había convertido en el principal dolor de cabeza del gobierno.

Debido a los reclamos, Abinader expresó que el gobierno había determinado “detener próximas alzas de la tarifa eléctrica hasta que cambien las circunstancias económicas en la República Dominicana”.

Mediante la Resolución SIE-068-2022-TF, la Superintendencia de Electricidad (SIE) anunció que modificaría la disposición emitida el 30 de junio, en la que se establecieron las tarifas de transición para el trimestre julio-septiembre de 2022, dejando las mismas sin efecto y manteniendo en vigencia las aplicadas en el trimestre abril-junio de 2022.

proyecto de ciberdelincuencia

El mandatario instruyó el retiro del Congreso Nacional del proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, que sancionaba a un ciudadano con hasta cuatro años de prisión por publicaciones discriminatorias.

“Por instrucción del presidente de la República estoy procediendo a retirar de la Cámara de Diputados el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia a fin de facilitar el trabajo que llevará a cabo la Comisión Consultiva para la revisión y actualización de legislación sobre libertad de expresión”, expresó en ese entonces Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo.

fideicomiso de punta catalina

El 11 de enero de 2022, la Cámara de Diputados aprobó un fideicomiso para la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) el cual había sido depositado por el Poder Ejecutivo, integrado por dos instituciones del Estado, la Fiduciaria Banreservas y la Corporación Dominicana de Empresas Eléctrica Estatales (CDEEE).

La finalidad del fideicomiso CTPC era la de crear una estructura de gestión independiente para la administración del patrimonio fideicomitido con el fin de “asegurar la operación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina”.

De inmediato, las críticas desde varios sectores de la sociedad no se hicieron esperar y en medio de los dimes y diretes entre el oficialismo y la oposición, el 30 de enero Abinader anunció que solicitaba al Congreso aplazar el conocimiento del contrato de fideicomiso, hasta tanto el Consejo Económico y Social (CES) reciba las opiniones de quienes quieran aportar “para buscar el mecanismo más apropiado y transparente en el manejo y preservación de las termoeléctricas”.

carnets de habitantes fronterizos

La Dirección General de Migración (DGM) tenía pautado comenzar a implementar la iniciativa de expendido de los carnets de “Habitante Fronterizo”, a los ciudadanos extranjeros que residen en zonas fronterizas y que ingresan al país durante el día sin intención de quedarse; sin embargo, la medida nunca llegó a cumplirse debido al rechazo de la población.

Durante una visita al LISTÍN DIARIO, el director General de Migración en ese entonces, Enrique García, dijo que la medida fue suspendida.

intento de reforma fiscal

Justo cuando en el país se sentaban las bases de iniciar el “dialogo por las Reformas”, en octubre de 2021, la conversación rondaba acerca de si el presidente intentaría implementar una reforma fiscal para el año siguiente.

En esas semanas circuló entre economistas y líderes de opinión un proyecto de reforma fiscal que se atribuyó al gobierno.

De acuerdo con el mandatario, su propuesta de reforma estaba supuesta a ser debatida durante el diálogo de las reformas convocado por el Poder Ejecutivo, sin embargo, durante una de las primeras reuniones, el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dijo que por “razones de tiempo” el Gobierno no contemplaba que el tema de la reforma fiscal sea debatido CES y que la idea que se manejaba era de que Abinader se la presentaría a los principales actores políticos y sociales con el fin de socializar las medidas que proponen.

Las críticas no cesaron desde el momento en que los miembros del gabinete e incluso varios empresarios expresaron públicamente su desacuerdo, por lo que noche de ese 27 de octubre, el gobernante anunció que no aumentaría impuestos, y no sometió una reforma tributaria.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII), anunció, que este martes 22 de octubre, inicia el periodo de renovación del impuesto de Circulación Vehicular (marbete) 2024-2025, para 1,893,024 vehículos hábiles y una recaudación estimada de RD$3,137,673,000.00.

En este sentido, la entidad indicó que el impuesto para los vehículos fabricados hasta el año 2019, es de RD$1,500.00 pesos y para aquellos fabricados en el año 2020 en adelante será de RD$3,000.00.Dichos precios continúan invariables con relación al periodo anterior.

Para la renovación del impuesto de circulación vehicular, la institución explicó que estarán disponibles 49 entidades financieras, con 859 sucursales distribuidas a nivel nacional, así como en las colecturías de la DGII de Villa Vásquez, provincia Montecristi, y de Sánchez, provincia Samaná, hasta el viernes 31 de enero de 2025.

De igual manera, el servicio estará disponible de manera virtual a través de la pagina web www.dgii.gov.do y de la aplicación DGII móvil desde el inicio del periodo y hasta el domingo 19 de enero de 2025.

Documentación para realizar el proceso de renovación vehicular

La DGII, informó que para realizar la renovación en cualquiera de las entidades disponibles, así como para la recepción de las órdenes realizadas vía web o la aplicación móvil, es indispensable poseer la fotocopia de la matrícula del vehículo a renovar, actualizada, legible y en buen estado.

Sobre las sanciones

En cuanto a las sanciones para aquellos dueños de vehículos que no cumplan con los requisitos de renovación de marbete, la entidad establece lo siguiente:

RD$2,000.00 (recargo) a vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2025.
RD$2,100.00 a vehículos que no renovaron el marbete 2023-2024 (RD$2,000.00 por concepto de sanción por no renovación + RD$100.00 por concepto de cesación administrativa).
RD$ 3,100.00 a vehículos que no renovaron en el marbete 2022-2023 y años anteriores (RD$3,000.00 por concepto de sanción por no renovación + RD$100.00 por concepto de cesación administrativa).