La Superintendencia de Electricidad (SIE) aprobó la Resolución SIE-062-2025-MEMI de fecha 22 de mayo de 2025, mediante la cual se sustituye la tabla de consumos y potencias de equipos eléctricos que estuvo vigente desde 2007. La tabla aún no está disponible al público

La iniciativa responde a la necesidad de adecuar los parámetros técnicos a las condiciones actuales del mercado y a la evolución de las tecnologías.

El desarrollo económico sostenido que ha vivido el país en los últimos años ha impulsado mejoras en la calidad de vida de la población, permitiendo un acceso cada vez mayor a tecnologías modernas, eficientes y diversificadas

En ese contexto, la actualización de la tabla permite reconocer esta nueva realidad, reflejando con mayor precisión el comportamiento real de los equipos que actualmente predominan en los hogares y negocios.

Con esta medida, se incorporan 69 nuevos modelos de equipos eléctricos residenciales modernos, entre ellos aires acondicionados tipo inverter, televisores LED, electrodomésticos de bajo consumo, cargadores para vehículos eléctricos y otros equipos comerciales e industriales. El objetivo es reflejar con mayor exactitud el desempeño de estas tecnologías en los cálculos energéticos.

La nueva tabla continuará siendo una herramienta clave para las distribuidoras eléctricas en procesos como el cálculo de fianzas al momento de firmar contratos de suministro, la estimación de consumos fijos mensuales en situaciones excepcionales y la detección de posibles irregularidades en el uso de la energía.

Cálculos serán más justos

• De acuerdo a la nota de prensa, al basarse en datos actualizados, estos cálculos serán más justos y proporcionales, evitando penalizaciones indebidas y beneficiando a los usuarios que utilizan equipos más eficientes.

El superintendente de Electricidad, Andrés Astacio, explicó que "la actualización de este instrumento normativo viene a robustecer la normativa vigente con los nuevos criterios que requiere el dinamismo del sector, asegurando su desarrollo".

Además de los nuevos modelos incluidos, la resolución contempla más de 340 ajustes en parámetros operativos, como horas de uso, potencias nominales y factores de operación. Estas modificaciones permitirán estimaciones más precisas del consumo energético en todos los segmentos.

Con la implementación de esta nueva Tabla Homologada de Consumo de Energía y Potencia, la Superintendencia de Electricidad asegura que fortalece su rol como ente regulador y reafirma su compromiso con una gestión transparente, técnica y alineada al desarrollo sostenible del sistema eléctrico nacional, en beneficio de todos los usuarios y del país.

La difamación por medios digitales se ha convertido en uno de los ciberdelitos más judicializados en la República Dominicana.

La Fiscalía del Distrito Nacional recibe anualmente decenas de querellas por difamación e injuria, un reflejo de la creciente conflictividad generada por el auge de las redes sociales y las plataformas digitales.

El departamento contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología ha destacado que este tipo de delitos es de los más activamente perseguidos.

Recientemente, se han conocido varios casos de alto perfil que demuestran la tendencia de figuras públicas a recurrir a los tribunales para proteger su honor y reputación.

Caso Milagros De Camps Germán contra Ángel Martínez y Otros

Un ejemplo destacado es la querella con constitución en actor civil presentada por la exviceministra de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán, contra el comunicador Ángel Martínez, radicado en Miami, y otras cinco personas. Esta acción legal forma parte de un conjunto de medidas iniciadas el 24 de enero de 2025.

La querella, que también incluye a Franchesca Castillo, José Manuel Mesa, Lya Báez, Aquiles Jiménez y Kiko Schwerer, fue interpuesta por los abogados Amauris Vásquez Disla, Diana De Camps Contreras, Paul Concepción, Mariela Santos Jiménez y Félix Santana Reyes.

La demanda alega la presunta violación de la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Se solicita una indemnización de RD$ 10,000,000.00, destinada a la protección y conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

La acusación se fundamenta en una serie de publicaciones y videos difundidos en redes sociales, especialmente en YouTube y las cuentas verificadas de los querellados. Según la querella, en estas plataformas "se propaga la falsa alegación de que la señora De Camps se encuentra embarazada y que el supuesto padre es el presidente de la República, Luis Abinader".

Los abogados de De Camps Germán señalan que "la narrativa fue amplificada con lenguaje burlón, imágenes manipuladas y afirmaciones carentes de sustento, en lo que la parte accionante describe como una campaña de difamación sistemática y viral". Estiman que el contenido alcanzó a más de 400,000 personas en menos de diez días, "provocando un daño severo e irreparable a la honra, dignidad y reputación de la exfuncionaria".

Los representantes legales argumentan que las expresiones proferidas no están amparadas por el derecho a la libertad de expresión, ya que constituyen "imputaciones falsas, ultrajantes y desproporcionadas". Afirman que "este caso representa un ejemplo claro del ejercicio desmedido de la libertad de expresión, donde el pensamiento no es el motor de las declaraciones, sino el odio, la manipulación y el descrédito".

Otro Caso: Luis Ricardo Reyes Mendoza contra Ángel Martínez

Otra acción legal relevante contra Ángel Martínez es la denuncia presentada en la Fiscalía del Distrito Nacional por Luis Ricardo Reyes Mendoza, a través de su abogado Miguel de la Rosa, también por presunta difamación e injuria.

Según el documento, el pasado 20 de mayo, Martínez afirmó en su programa de YouTube que Reyes Mendoza era un narcotraficante que poseía una finca en Bánica, provincia Elías Piñas, supuestamente visitada por el presidente Luis Abinader. Además, la denuncia detalla que Martínez aseveró que Reyes Mendoza "le buscaba mujeres" a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y que era socio de Quirino Ernesto Paulino Castillo (conocido como Quirino), a quien calificó de criminal, entre otras acusaciones.

Reyes Mendoza argumenta que estas afirmaciones han afectado gravemente su vida pública y privada, al punto que su padre, Eladio Reyes, falleció de un infarto debido a "todas las mentiras y difamaciones" vertidas en su contra.

Detención de Ángel Martínez

El investigador Ángel Martínez, radicado en Miami, fue detenido ayer en Puerto Plata por rebeldía, debido a su ausencia en las audiencias seguidas en su contra. Esta detención se produjo a raíz de una demanda por difamación e injuria interpuesta por el diputado Sergio Moya (Gory).

Acciones Legales por Difamación: Ministra Faride Raful se Une a la Lucha

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha anunciado que instruyó a su equipo de abogados para iniciar acciones legales contra todos aquellos que participen en una campaña de descrédito dirigida a su gestión.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Raful enfatizó que, como servidora pública, ha actuado con transparencia, integridad y coherencia. Sin embargo, en esta ocasión, habló como hija, madre y ciudadana, en nombre de otras mujeres que "han vivido ataques similares".

La ministra sostuvo que cualquiera puede ser víctima de extorsión a través de contenidos manipulados en las redes sociales, lo que considera "una amenaza real que debemos enfrentar como sociedad".

Querellas de Periodistas contra Comunicadores Digitales

Otra querella de gran relevancia fue la depositada en la Fiscalía del Distrito Nacional por los periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez.

La acción legal, por difamación e injuria en medios digitales, fue interpuesta contra cuatro comunicadores: Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández. Los querellantes les atribuyen la difusión reiterada de señalamientos difamatorios e injuriosos.

Según la querella, los acusados se hicieron eco de la desinformación publicada por el comunicador Johnny Arrendel, quien acusó a varios periodistas de recibir miles de dólares mensuales de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Caso del Diputado Sergio Moya  contra "La Tora"

El diputado Sergio Moya (conocido como "Gory") mantiene una demanda por presunta difamación e injuria contra la comunicadora Claudina Pérez, popularmente identificada como "La Tora".

En este proceso, la jueza Diana Moreno Rodríguez, de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, emitió una orden de arresto el pasado 30 de abril, tras declarar en rebeldía a "La Tora" por no comparecer a la audiencia.

Posteriormente, tras ser arrestada, la jueza conoció una audiencia y dispuso el levantamiento de la rebeldía que pesaba en su contra, aplazando la audiencia para el 28 de mayo. En respuesta a esta situación, "La Tora" ha sometido a un juicio disciplinario a la jueza ante el Consejo del Poder Judicial.

Gory contra Alfredo de la Cruz

Otra querella con constitución en actor civil fue presentada por el diputado Sergio Moya contra el comunicador Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal por supuesta difamación e injuria.

El legislador se querelló ante la Fiscalía del Distrito Nacional, a través de los abogados José Altagracia Fis Batista, Enmanuel Pimentel Reyes y Enmanuel Martínez Acevedo.

De acuerdo con sus abogados, el diputado del Partido Revolucionario Moderno acusa al comunicador de los delitos de difamación e injuria, previstos en los artículos 367 del Código Penal y 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología.

En la querella se pide al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología un informe pormenorizado y técnico con relación a los videos del canal de YouTube.

Criterio de la Suprema Corte sobre Difamación Electrónica

Dada la alta concentración de población y actividad mediática en el Distrito Nacional, una proporción significativa de estas querellas se presentan en esta jurisdicción. La República Dominicana cuenta con la Ley 61-32 de 1962, de Expresión y Difusión del Pensamiento, que tipifica la difamación e injuria. Además, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología aborda estas conductas cuando se cometen por medios electrónicos, lo que facilita la presentación de querellas y la persecución de estos delitos.

La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia estableció un criterio importante en la sentencia núm. SCJ-SS-22-0563, del 2 de junio de 2022. Determinó que la difamación a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales es un tipo penal especial que debe ser perseguido como infracción de acción pública a instancia privada. Esto significa que se exige como requisito esencial la sustanciación como un proceso ordinario, con una fase preliminar y la presencia del Ministerio Público.

"En el presente caso la acción penal ha sido mal perseguida al comprobarse que los hechos que se atribuyen al imputado son perseguibles mediante el ejercicio de la acción pública a instancia privada, no a instancia privada, como ocurrió en la especie, lo que impide el conocimiento del fondo del proceso y procede la declaratoria de inadmisibilidad", aclara la decisión.

La sentencia fue dictada por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena (quien preside), Fran Euclides Soto Sánchez y Francisco Antonio Ortega Polanco.

Dado el alto volumen de población y actividad mediática en el Distrito Nacional, una proporción significativa de estas querellas se presentan en esta jurisdicción.

La República Dominicana cuenta con la Ley 61-32 de 1962, de Expresión y Difusión del Pensamiento, que tipifica la difamación e injuria. Además, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología aborda estas conductas cuando se cometen por medios electrónicos, lo que facilita la presentación de querellas y la persecución de estos delitos.

La situación que se generó en agosto del 2024 en La Vega tras la renuncia del alcalde Kelvin Cruz y la posterior dimisión de Amparo Custodio como vicealcaldesa, provocó que la Cámara de Diputados aprobara este martes en primera lectura un proyecto de ley para permitir que los partidos políticos tengan el poder de sustituir las vacantes en esos casos.

En esencia, se trata de la fusión de tres proyectos que buscaban modificar varios artículos de la Ley 176-07, sobre el Distrito Nacional y los municipios, para que la organización política a la que pertenezca el alcalde o el vicealcaldesa sea la que proponga a un sustituto para los cargos municipales.

En específico, los proyectos, que se refundieron en uno, cambian los artículos 36, 64 y 81 de la ley del Distrito Nacional y los municipios. En los tres nuevos artículos se detalla que, ante la renuncia de regidores, alcaldes, directores de distritos municipales y vocales, los segundos al mando asumirán el cargo.

Sin embargo, si el vicealcalde, el suplente de regidor o el suplente del director municipal también abandonan el cargo, la nueva ley modificada permitirá que los partidos políticos presenten al candidato ideal para suplir los puestos.

Por ejemplo, en el caso de La Vega, donde renunció el alcalde electo Kelvin Cruz para asumir el cargo de ministro de Deportes e inmediatamente también renunció la vicealcaldesa Amparo Custodio, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) tendría la facultad de sustituir los cargos porque fue la organización política que postuló a Cruz en las elecciones municipales.

En todos los casos de autoridades municipales que renuncien y dejen un vacío en los cargos, el Concejo de Regidores tendrá la responsabilidad de estudiar las propuestas de sustitución que envíen los partidos y dispondrá de diez días para juramentar a los nuevos funcionarios.

El PLD quiere respetar los votos

Aunque la mayoría de los bloques partidarios en la Cámara de Diputados apoyaron totalmente el proyecto de ley, el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, mostró su rechazo al proyecto, al argumentar que la sustitución de los cargos "es contraproducente", porque se estaría violando la decisión de los electores que son los que eligen a los alcaldes y a los regidores.

Aunque invitó a los diputados del PLD a votar a favor del proyecto, el vocero especificó que el respaldo a la iniciativa se hace con "una voz crítica" porque, como reiteró, son los votantes y no los partidos, los que deben elegir a sus autoridades municipales.

El lío en La Vega

Cuando ocurrió la renuncia del alcalde Cruz a su cargo y la posterior dimisión de la vicealcaldesa, las autoridades nunca tuvieron claro cuál era el proceso correcto para la sustitución, lo que provocó un lío en los puestos municipales y, mientras los oficialistas abogaban para que el presidente Luis Abinader sustituyera a los funcionarios, la oposición impulsaba la celebración de nuevas elecciones en La Vega.

Con la modificación que ejecutaron los diputados en una primera lectura, la sucesión de los cargos municipales se asemejará a la práctica avalada por los reglamentos congresuales, que permite que el partido al que pertenecía el legislador renunciante sea el que proponga a su sustituto.

Otra modificación

En la misma modificación a la ley, los diputados variaron el artículo 21 de la Ley 176-07 para que los fondos de los gobiernos locales, transferidos desde el Presupuesto General del Estado, sean redistribuidos con un nuevo mecanismo.

En ese sentido, con la modificación a la normativa, el 30 % de los fondos se usará para pagos de nóminas y gastos de personal, el 66 % para la intervención de las infraestructuras y el 4 % para programas de educación, salud y de género.

Lo que sigue

Con la aprobación en primera lectura, el proyecto ahora se revisará otra vez para una aprobación en segunda lectura y posteriormente irá al Senado para cumplir con el mismo proceso.

Las autoridades policiales y del Ministerio Público investigan el hallazgo de dos hombres muertos con aparentes signos de violencia, cuyos cuerpos fueron encontrados este lunes en las inmediaciones de un canal de riego en la comunidad Barrero, del municipio Villa Bisonó (Navarrete), en la provincia de Santiago.

Según los reportes preliminares, los cuerpos habrían sido arrojados en una zona de difícil acceso, lo que hace suponer que los responsables intentaron ocultarlos para evitar su pronta localización.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas, y se desconoce si eran residentes de la zona o si fueron trasladadas desde otro lugar. Los cadáveres fueron levantados por personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que determinará la causa exacta de las muertes mediante autopsia.

El lugar permanece acordonado por agentes de la Policía Nacional, mientras las autoridades continúan con las pesquisas. Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier información que pueda ayudar a identificar a las víctimas o esclarecer los hechos.

Por: Itzel Olivo