La comunicadora Ingrid Jorge enfrenta una nueva querella con constitución en actor civil, presentada por el diputado Sergio Moya (Gory), por presunta difamación e injuria.

El legislador, miembro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), interpuso la querella en la Fiscalía del Distrito Nacional a través de sus abogados José Altagracia Fis Batista, Enmanuel Pimentel Reyes y Enmanuel Martínez Acevedo.

Adicionalmente, Moya mantiene otra querella por los mismos cargos contra Ángel Martínez, quien reside en Miami y fue detenido el lunes 26 de mayo en Puerto Plata.

La instancia acusa a Ingrid Jorge de violar los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el artículo 367 del Código Penal dominicano.

Esta querella se suma a la presentada por la ministra de Interior y Policía, Faride Virginia Raful Soriano, contra Ingrid Jorge ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

La ministra, a través de su abogado Miguel Valerio Jiminián, también alega difamación e injuria, e incluye a Ángel Martínez en esta acción legal.

En esta querella, se acusa a Martínez y a Jorge de violar los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el artículo 367 del Código Penal Dominicano.

La instancia, depositada el pasado 30 de mayo, se fundamenta en graves acusaciones de difamación, daños y perjuicios, así como en afirmaciones falsas que vinculan a la funcionaria con actividades ilícitas y conductas sexuales inapropiadas.

En la querella, se aduce que los señalamientos difundidos por Jorge son injuriosos y carecen de fundamento, con el aparente objetivo de dañar la imagen pública y profesional de la ministra Faride Raful.

Litigios con "La Tora" y Ángel Martínez

Cabe destacar que el diputado Gory también mantiene un litigio en los tribunales con la madre de Ingrid Jorge, la señora Claudia Pérez (La Tora), por presunta difamación e injuria. En torno a este caso, la jueza de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, Diana Moreno Rodríguez, había emitido una orden de arresto en su contra tras declararla en rebeldía. Tras su detención, la jueza levantó la rebeldía. Posteriormente, "La Tora" sometió a juicio disciplinario a la jueza y la recusó en el momento en que debía dar inicio a la audiencia en su contra.

Asimismo, Gory interpuso una querella contra Ángel Martínez en la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, que llegó a declararlo en rebeldía y dictó una orden de arresto y captura internacional, dado que el supuesto "investigador" no se presentó a pesar de haber sido citado legalmente.

La querella contra Martínez fue presentada por el legislador el 10 de febrero de 2021 a través de los abogados apoderados especiales Frank Reynaldo Fermín y Emmanuel.

Estos casos reavivan el debate sobre el uso indebido de plataformas digitales y medios de comunicación para atacar la honra de las personas, especialmente de figuras públicas.

Los acuerdos y las leyes que avalan la presencia de embajadas, consulados o misiones diplomáticas en la República Dominicana también habilita a que sus funcionarios, y hasta las mismas entidades, puedan importar cualquier tipo de vehículo sin el pago de ningún impuesto.

Durante el primer período de gobierno del presidente Luis Abinader, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se autorizó, y remitió posteriormente al de Hacienda, la importancia libre de cualquier impuesto de 407 vehículos provenientes de las representaciones diplomáticas que hay en el país.

La llegada de estos vehículos libres del pago de cualquier arancel aduanal supuso para el Estado dominicano el no ingreso de al menos 314 millones de pesos, luego de cálculos realizados por este medio partir de una base de datos brindada por la Dirección General de Aduanas (DGA).

Las misiones diplomáticas, los embajadores, cónsules y hasta los familiares de estos que aprovecharon estas exenciones invirtieron cerca de 703 millones de pesos en distintos tipos de vehículos que llegaron al país durante estos cuatro años.

Leyes

Las exoneraciones para el cuerpo diplomático, consular y organismos internacionales está sustentando en la Ley 97-65, la cual menciona y otorga los distintos privilegios que tienen estas representaciones extranjeras en el país, entre las que se incluyen la importación de vehículos. Específicamente, según el artículo 2 de esta legislación, las personas incluidas para estos beneficios son los “nuncios apostólicos, embajadores, ministros plenipotenciarios, internuncios, encargados de negocios, ministros consejeros, consejeros, secretarios, agregados, cónsules y vicecónsules.

De igual manera, el artículo 4 establece que las exenciones y los privilegios de los mencionados previamente se extienden a los miembros de la familia de cada uno de los funcionarios indicados, a mencionar: “cónyuges, hijas solteras e hijos menores de 21 años, que residan junto a él y no estén dedicados a actividades lucrativas en el país”.

En el caso de los vehículos, el artículo 8 establece que los “jefes” de misiones diplomáticas podrán traer libre de todo gravamen dos automóviles, mientras que el resto de los funcionarios señalados solamente uno.

No obstante, podrían traer más si deciden vender sus vehículos dos años después de su importación e igualmente no pagar impuestos: “Los jefes de misiones y demás funcionarios con rangos diplomáticos podrán vender sus vehículos exentos de derechos o impuestos a los dos años de matriculación e importar otro en lugar de aquellos, también libre de gravámenes”.

Al igual que los diplomáticos, las propias misiones podrán importar libre de derechos e impuestos “los vehículos que requieran para el uso exclusivo de sus actividades”, con el detalle de que estos no podrán ser traspasados ni vendidos antes de cinco años sin el pago de los impuestos correspondientes.

También existe otra posibilidad de importar más vehículos libres de impuestos, ya que el artículo 10 establece que en caso de que una de las importaciones realizadas por una misión diplomática o funcionario sufra daños, estos pueden traspasarlo e importar otra unidad.