La Policía Nacional (PN) y el Ministerio de Defensa (MIDE) -que agrupa a las Fuerzas Armadas– sobresalen como las instituciones que más se rehúsan a cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional (TC).
En una lista compartida por el TC con 93 sentencias desacatadas por personas, empresas e instituciones públicas, el MIDE aparece ocho veces y la Policía 24, a pesar de esta última ser la encargada de ejercer la "fuerza pública" para forzar a la ejecución de las decisiones judiciales.
Decenas de militares, policías (activos y pensionados) y civiles que han sido favorecidos con decisiones del TC, en al menos 32 casos han tenido que volver ante dicho tribunal para reclamar su ejecución.
Está el caso de Alexander Rubio Urbáez, a quien la PN le incautó su motocicleta en Barahona en el 2016 y llegó hasta el TC exigiendo su devolución.
La alta corte falló a su favor y dispuso que se le pague una astreinte de 5,000 pesos por cada día de inobservancia de la sentencia, a favor de Hogar Crea Dominicana. Esta organización presentó en el 2024 una solicitud de cumplimiento de sentencia para reclamar el dinero.
La lucha por una pensión
En 2017, Ana Espinosa Tejar logró que el TC reconociera su derecho a recibir la pensión de conviviente superviviente que el Ejército le había retirado en el 2000. También debía recibir los montos adeudados tras 17 años sin el beneficio.
Tras la presión pública, comenzó a recibir una pensión que rondaba los 2,000 pesos.
Además, Espinosa recibió los sueldos atrasados de 183 meses, aunque la suma no llegó a los 500,000 pesos, muy por debajo de los 2.3 millones que reclamaba, calculados con el salario actual de un segundo teniente.
En otro caso, la PN recurrió en 2017 una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que le ordenaba pagar una pensión a las dos hijas menores del sargento Miguel Ángel Morel Cuevas, quien murió en 2011.
El Tribunal Constitucional rechazó el recurso y confirmó que el Comité de Retiro debía entregar a la viuda, Andrea D´Oleo Vicente, el monto adeudado desde su muerte.
Tres generales y un coronel retirados también consiguieron en el 2022 que el TC condenara a la PN a pagarles un astreinte que ascendía a 5.2 millones de pesos por desacatar la sentencia que la obligó a adecuar el monto de sus pensiones.
Sin alternativas
El pasado presidente del TC, Milton Ray Guevara, manifestó varias veces su preocupación ante el recurrente desacato de las decisiones de ese colegiado y la ausencia de medios legales que les permitan hacer cumplir sus resoluciones.
En su gestión se creó la Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencias (USES), cuya función se limita a cuestionar a las entidades y personas que no obedecen a los dictámenes.
Los actuales magistrados de esa corte prefieren no referirse al tema argumentando que no está dentro de sus atribuciones.
El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, propuso recientemente un proyecto de ley que busca sancionar a quienes desacaten las sentencias del TC. El artículo 69 dispone hasta un año de prisión por el desacato.
Las luchas de sus miembros
Muchos expedientes en los tribunales involucran a policías y militares expulsados por faltas graves, pero cuya destitución fue anulada por irregularidades en el proceso. Uno de ellos fue el capitán de navío Huáscar Miguel de Peña Lizardo, a quien el TC ordenó reintegrar a la Armada en 2014 sin éxito.
De Peña solicitó su expediente con el decreto presidencial de su retiro, pero la Armada y el MIDE ignoraron el requerimiento. Más tarde, denunció en entrevistas que su expulsión fue represalia por negarse a dejar pasar un cargamento de drogas y rechazar un soborno.
Imposibilitado de reincorporarse, en 2020 pidió al TC un ajuste de su pensión de 60,000 pesos, pero el tribunal lo rechazó alegando que su retiro había sido anulado en su sentencia anterior. Posteriormente, De Peña se exilió y se convirtió en un activista anticorrupción en redes sociales. No fue posible contactarlo para esta investigación.
Otro militar que tuvo que pelear para que se cumpliera el fallo del Tribunal Constitucional que ordenaba su regreso fue el mayor del Ejército, Juan Ramón Aquino Rodríguez, quien fue expulsado en 2010 y acusado de formar parte de la red de narcotráfico de José Figueroa Agosto.
La sentencia del TC del 2017, mandó al MIDE a reincorporarlo con el mismo rango y pagar los salarios que dejó de percibir durante los últimos siete años. En los archivos del tribunal figura un recurso de ejecución de sentencia incoado por él en el 2019.
Actualmente, es teniente coronel y figura en la nómina del Ministerio de la Presidencia como parte del personal de vigilancia, con un salario de 145,475 pesos. Al mismo tiempo, la Alcaldía de Santo Domingo Este lo ocupa como director de Seguridad.
Expulsados de la Policía
Después de años de espera, algunos oficiales de la Policía lograron su reintegro, mientras que otros fallecieron sin conseguirlo. Uno de los casos más recientes es el del teniente coronel José Agustín Ayala Sánchez, separado en 2014 por supuestos vínculos con un delincuente.
En 2023, el Tribunal Constitucional ordenó su reposición y el pago de salarios atrasados. Más adelante, Ayala solicitó el pago de astreinte por incumplimiento, lo que resultó en una sentencia a favor de la Fundación para el Desarrollo de Pedro Brand (Fundapebra) por 5,030,000 pesos.
En diciembre de 2024, Fundapebra presentó un incidente de ejecución de sentencia para exigir el pago. Sin embargo, la Policía Nacional alegó que la fundación pertenece al propio Ayala. Una búsqueda en Internet no arrojó presencia de la entidad en la web, mapas o redes sociales.
En 2017, la Policía Nacional y la Presidencia de la República debían entregar al general pensionado Eduardo Antonio Sarraff Herrera los documentos sobre su cancelación, según otra sentencia del TC.
En 2021, Sarraff solicitó el pago de astreinte de 5,000 pesos por cada día de retraso, pero el Tribunal Constitucional no lo favoreció, ya que la medida se había fijado a favor de la Cruz Roja Dominicana.
Sarraff Herrera falleció el 20 de febrero de 2025, pero en 2021 había sido incluido entre los 113 generales a quienes el presidente Luis Abinader elevó la pensión a 100,000 pesos.
El Decreto 856-21 los identificó a todos como "miembros de la Policía Nacional puestos en la honrosa condición de retiro por antigüedad en el servicio y por edad".
