SANTO DOMINGO.- Fue condenado a 20 años de prisión un hombre procesado por el Ministerio Público por violar sexualmente, durante cuatro años, a una niña, en un hecho registrado en el municipio de Los Alcarrizos, de la provincia Santo Domingo.

Santo Carlos Martínez Martínez fue hallado culpable del hecho por el Cuarto Tribunal Colegiado, tribunal que acogió los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público, los cuales incluyen el testimonio de la víctima, además de evaluaciones físicas y psicológicas.

La acusación fundamentada en la investigación de la fiscal Olivia Sosa detalla que el procesado aprovechaba que la víctima se encontrara durmiendo para cometer el hecho delictivo.

Las fiscales litigantes Francheska Alcántara y Brenda Reyes representaron al Ministerio Público en el juicio y solicitaron condenar al procesado por violar varios artículos del Código Penal Dominicano, así como varios artículos de la Ley No. 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

El tribunal, presidido por el juez Julio de los Santos Morla, e integrado por Leonarda Quezada y Clara Rivera, enviaron al ahora condenado a cumplir la sentencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, de la provincia San Cristóbal.

Durante la evaluación obligatoria de la medida de coerción en el caso SeNaSa, las defensas de los imputados coincidieron en solicitar al tribunal la variación de la prisión preventiva, alegando que sus representados no representan peligro de fuga y han mostrado disposición de colaborar con el proceso.

Los abogados de Gustavo Henríquez y Germán Rafael sostuvieron que ambos han cumplido con todos los requerimientos judiciales y han permanecido en sus residencias, por lo que consideran innecesaria la privación de libertad. En tanto, la defensa de Francisco Minaya indicó que su cliente siempre ha estado disponible para comparecer y planteó como alternativa el arresto domiciliario, acompañado de localizador electrónico e impedimento de salida.

De su lado, la defensa de Rafael Luis Martínez Hazim calificó como desproporcionada la prisión preventiva. En la misma línea, los abogados de Ramón Alan Mateo y Juan Andrés negaron la existencia de sobornos y solicitaron medidas como presentación periódica, garantía económica e impedimento de salida, apelando a que el tribunal imponga disposiciones menos restrictivas.

Mientras, el Ministerio Público solicitó al tribunal mantener las medidas de coerción impuestas a los imputados en el caso Senasa, al considerar que la gravedad de los hechos y el daño causado al sistema de salud justifican la prisión preventiva.

Durante su exposición, el órgano acusador señaló que el caso se divide en dos grupos, destacando la inexistencia de presupuestos que respalden los servicios facturados, lo que calificó como parte de un esquema fraudulento. Afirmó además que las acciones imputadas afectaron recursos destinados a más de siete millones de dominicanos, constituyendo un perjuicio grave que debe ser resarcido.

El Ministerio Público rechazó los argumentos de las defensas, asegurando que no se ha presentado evidencia válida que sustente sus alegatos y que, por el contrario, se intentó confundir al tribunal. Asimismo, advirtió sobre el riesgo de fuga y de obstaculización del proceso, señalando que los implicados cuentan con estructuras que podrían facilitar su evasión.

En ese sentido, pidió rechazar todos los incidentes planteados por la defensa y mantener las medidas de coerción tal como fueron impuestas, al tiempo que reiteró que las consecuencias de estos actos impactan directamente a la población más vulnerable, al tratarse de recursos destinados a la salud pública.

Santiago.- El presidente de la Confederación Nacional de los Trabajadores del Transporte (CNTT), Juan Marte, afirmó la mañana de este jueves que el mercado laboral dominicano atraviesa un proceso acelerado de informalización y de sustitución de mano de obra local, sin controles estatales efectivos.

Marte sostuvo que, aunque las cifras oficiales reflejan un crecimiento del empleo cercano al 5 % en los últimos dos años, este aumento no representa estabilidad ni calidad laboral, sino una expansión “desbordada” del sector informal.

El dirigente colocó el foco en el motoconcho, al que definió como el principal generador de empleo del país, con unos 3.2 millones de motocicletas dedicadas al servicio de un parque de 3.8 millones. Sin embargo, denunció que este segmento está siendo ocupado de forma creciente por trabajadores extranjeros, lo que según dijo desplaza a dominicanos de una de sus principales fuentes de ingresos.

“Se está sustituyendo silenciosamente la mano de obra nacional en sectores donde históricamente el dominicano ha sobrevivido”, advirtió.

La misma tendencia, agregó, se observa en el transporte de pasajeros, que genera alrededor de 200 mil empleos entre taxis y rutas urbanas, suburbanas e interurbanas, pero donde según su denuncia también se registra un creciente participación de extranjeros.

Marte fue más contundente al referirse a la salida de dominicanos de sectores productivos tradicionales. Señaló que en la agricultura, la construcción y la gastronomía “la presencia dominicana se ha vuelto mínima”, lo que calificó como un síntoma de deterioro estructural del mercado laboral.

El dirigente sindical sostuvo que esta exclusión está empujando a sectores vulnerables hacia la informalidad extrema y actividades de alto riesgo social, incluyendo bancas de apuestas, colmadones, prostitución y microtráfico. “No es casualidad, es el resultado de la falta de políticas públicas de empleo”, afirmó.

En el marco del Día Internacional del Trabajo, también denunció presiones sobre el sector agrícola por proyectos mineros en zonas como el Cibao y San Juan, alertando que podrían comprometer la producción y el sustento de miles de familias.

Asimismo, acusó procesos de privatización en el transporte que estarían desplazando a choferes y operadores tradicionales, reduciendo —dijo los espacios de trabajo de los transportistas dominicanos.

Asimismo, Marte criticó lo que calificó como una desconexión entre el Gobierno y la realidad social, señalando que la comunicación oficial no refleja las condiciones de la población. En ese sentido, llamó al presidente de la República a retomar el contacto directo con la ciudadanía y enfrentar lo que describió como una “crisis laboral silenciosa que ya está en marcha”.

Mao, Valverde, R.D. – El Ejército de República Dominicana (ERD) interceptó un camión con siete nacionales haitianos en condición migratoria irregular y apresó a un ciudadano dominicano que los transportaba, durante una intervención realizada en el municipio de Mao, provincia Valverde.

El vehículo era conducido por Terlin de Jesús Peña Pérez, quien transportaba en su interior a siete (07) haitianos indocumentados, entre ellos una (01) femenina, cinco (05) masculinos y un (01) menor de edad.

Los soldados del ERD interceptaron el camión marca Daihatsu, modelo Delta, color blanco, en la calle Duarte, próximo al puente San Rafael. El conductor del vehículo intentó evadir la presencia militar, siendo posteriormente detenido.

Los extranjeros indocumentados detenidos, junto al conductor y el vehículo, fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, donde se realizan los procedimientos correspondientes conforme a la Ley.

Santiago de los Caballeros, R.D. -La Policía Nacional informa sobre la localización de tres personas que habían sido reportadas como desaparecidas en hechos separados, confirmando que todas se encuentran en buen estado físico.

En un primer caso fue localizada una adolescente de 17 años, quien había sido reportada como desaparecida el 28-04-2026. La misma fue encontrada en el municipio de Mao, provincia Valverde, bajo resguardo de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, y luego entregada a su madre en Santiago.

Asimismo fue localizado un menor de 13 años, de nacionalidad haitiana, quien había sido reportado como desaparecido el 28/04/2026. El menor fue ubicado en el Distrito Municipal La Canela, Santiago, y posteriormente entregado a su padre por disposición del Ministerio Público.

En otro hecho, un hombre de 38 años, reportado como desaparecido el 01/04/2026, regresó a su residencia tras haberse trasladado voluntariamente a un centro de rehabilitación en la provincia San Juan.

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, aclaró que el proyecto minero Romero, de la empresa GoldQuest, en la provincia San Juan, no cuenta con autorización de explotación y se encuentra en una fase estrictamente técnica de evaluación ambiental, en apego a lo establecido en la Ley núm. 64-00.

El ministro Henríquez explicó que la institución ha actuado en cumplimiento de la normativa vigente, tras recibir la solicitud de la empresa interesada, procediendo a la elaboración de los Términos de Referencia (TDR), documento que establece las condiciones técnicas que deberá cumplir el estudio de impacto ambiental.

Henríquez precisó que la aprobación de los Términos de Referencia (TDR) no implica autorización para la explotación minera, sino que marca el inicio de un proceso de evaluación ambiental riguroso, en el que la viabilidad del proyecto aún debe ser determinada sobre la base de evidencia científica y estándares tanto nacionales como internacionales.

“El Ministerio está obligado por ley a evaluar cualquier proyecto que sea sometido. Estamos a la espera de recibir el estudio de impacto ambiental, el cual será analizado con el más alto nivel de rigor técnico”, indicó Paíno Henríquez.

El funcionario aclaró que los estudios no son definidos unilateralmente por las empresas, ya que deben ser elaborados por especialistas certificados por el Ministerio y sometidos a un proceso de revisión que involucra a más de 25 técnicos de distintas áreas, así como comités de evaluación interna. Asimismo, destacó que el proceso contempla mecanismos de participación ciudadana, incluyendo publicación de los resultados, vistas públicas y espacios de consulta donde cualquier interesado podrá emitir observaciones.

El ministro también informó que el Ministerio contempla integrar asesoría de expertos internacionales, universidades y sectores académicos, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la calidad del proceso de evaluación.

En relación con las preocupaciones expresadas por distintos sectores, Henríquez resaltó que este proceso se conduce exclusivamente sobre la base de información técnica verificable y criterios científicos. “Las decisiones deben sustentarse en la ciencia.

De acuerdo con la información presentada en esta fase, el proyecto contempla una explotación subterránea a más de 150 metros, y el uso de sustancias químicas, como el cianuro y el mercurio, así como el desarrollo de infraestructuras específicas como una presa de cola, no forman parte de lo presentado en esta etapa del proyecto”, puntualizó.

Finalmente, el titular de Medio Ambiente subrayó que el rol del Ministerio se limita a la evaluación ambiental del proyecto, conforme a la normativa vigente, mientras que otras decisiones corresponden a las instancias competentes del Estado.

El Ministerio reitera que ninguna decisión sobre este proyecto será tomada fuera del marco técnico y legal que rige la evaluación ambiental en la República Dominicana, a la vez que mantiene su compromiso con la protección de los recursos naturales, la transparencia en los procesos y el respeto a la participación ciudadana en la toma de decisiones que impacten el medio ambiente.