El presidente Luis Abinader presentó ayer el "Pacto Nacional por la Seguridad Vial", una iniciativa que busca unir esfuerzos entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil para enfrentar los retos del tránsito y la seguridad vial en el país. Durante La Semanal con la prensa, el mandatario también firmó el decreto 656-24, que declara de alto interés nacional la seguridad vial y establece el proceso de elaboración del "Plan Nacional de Seguridad Vial 2025-2030″, con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) como coordinador principal.

Este acuerdo, fue suscrito por representantes de diversas organizaciones, entre ellos Milton Morrison (Intrant), Julio Brache (AIRD), David Llibre (Asonahores), Miguel Jiménez (Movido RD), Antonio Marte (CONATRA) y Ángel Ovelio Ogando (FENATRADO). busca sentar las bases para implementar medidas sostenibles y de alto impacto que reduzcan la mortalidad y las lesiones provocadas por accidentes de tránsito.

La decisión viene a raíz del presidente señalar que los accidentes de tránsito representan una de las principales causas de muerte en el país, superando incluso los índices registrados durante la pandemia.

 Según cifras oficiales, entre 2016 y 2024, unas 26,257 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito, con los sábados, domingos y lunes como los días más críticos. Mientras que entre enero y septiembre de 2024, un 25% de las víctimas mortales tenían entre 25 y 34 años, la mayoría en provincias como Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y La Altagracia.

En lo que respecta al impacto económico, en 2023, más de 121,850 personas resultaron lesionadas, lo que generó costos superiores a los RD$130 mil millones para el sistema de salud dominicano.

Crecimiento vehicular y desafíos clave

Entre 2020 y septiembre de 2024, según cifras ofrecidas durante La Semanal, el parque vehicular del país experimentó un crecimiento notable incrementando en un 57% más de motocicletas, un 18% más de carros, 8.9% más de camiones y 2.5% más de autobuses. Este incremento, sumado a una limitada fiscalización y deficiencias en infraestructura vial, plantea retos importantes para mejorar la movilidad y la seguridad en las carreteras.

"El gobierno se ha comprometido a reducir en un 50% la mortalidad vial para 2030 y a mejorar la interoperabilidad de los sistemas de información sobre seguridad vial", aseguró el mandatario.

Según los detalles del Pacto Nacional por la Seguridad Vial, se firmaron el cumplimiento de siete "compromisos fundamentales" que buscarán guiar las políticas públicas y la participación de los sectores involucrados.

El Pacto Nacional por la Seguridad Vial establece compromisos fundamentales para enfrentar los desafíos del tránsito en República Dominicana. Entre ellos, se destaca la promoción del conocimiento y la aplicación de la Ley 63-17 sobre movilidad y seguridad vial, acompañada por un fortalecimiento institucional que asegure la continuidad de los programas.

Además, se busca mejorar la fiscalización del cumplimiento de las normativas vigentes, impulsar campañas educativas que fomenten cambios culturales en las comunidades y avanzar en reformas importantes como la implementación de la licencia por puntos y la inspección técnica vehicular.

También se prioriza el fortalecimiento de alianzas público-privadas para financiar iniciativas y la creación de un Plan Nacional de Seguridad Vial 2025-2030, con estrategias claras y medibles para lograr resultados sostenibles a largo plazo.

Acciones que se aplicarán

Entre las acciones anunciadas el mandatario destacó la creación de una unidad de atención a víctimas de accidentes de tránsito, una red de patrullaje vial y la inclusión de la educación vial en el currículo escolar a partir de enero de 2025. También se implementará un sistema de licencias por puntos y multas digitales a partir de julio del mismo año.

En ese orden, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, comentó que desde hace un tiempo se han venido llevado a cabo reuniones entre todos los actores que competen dentro de la toma de medidas para mejorar el tránsito del país y reveló que se pretende modificar la Ley 63-17.

"Trabajando conjuntamente desde el Ministerio de Interior y Policía, se está haciendo un levantamiento legal, no tan solo para que las sanciones sean más fuertes y modificar la Ley 63-17, se ha hablado también de que las multas no periman, porque ha pasado que personas no pagan una multa durante un año y son removidas del sistema", explicó.

Por otro lado, el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, informó que entre las medidas que se implementarán en la institución está premiar a los conductores que no tengan multas y comenzar a sancionar multas con el monto que "manda la ley"

El director del Intrant manifestó que, a partir del 1 de julio de 2025, todo conductor que no haya cometido infracciones recibirá un descuento al momento de renovar su licencia de conducir.

Esta medida, denominada "Sistema de descuento en el costo de la licencia", según Morrison, representa una iniciativa inédita en el país. "Por primera vez se lanza un programa de este tipo, auspiciado por el presidente, donde se premia a los dominicanos que lo hacen bien (se comportan de manera responsable en las vías)", afirmó.

No obstante, sumado a esta noticia, agregó que en los próximos seis meses se estarán poniendo de acuerdo para implementar aspectos que detalla la ley 63-17, pero que en la actualidad no se implementan. Uno de estos fue el cobro de multas de tránsito con el monto que manda la legislación, número que, en casi toda la extensión del texto, está señalado a partir de "un salario mínimo del sector público", lo que se traduce a RD$10,000

"Estas medidas, junto con el diseño del Plan Nacional de Seguridad Vial, buscan transformar la cultura vial en República Dominicana, priorizando la prevención y la educación como pilares para garantizar carreteras más seguras", expresó.

El Ministerio Público arrestó ayer en la madrugada a nueve miembros de la Policía Nacional y una civil a quienes les imputa componer una red criminal integrada por agentes de la institución, encabezada por el coronel que dirigía la Intendencia de Armas.

Atribuye a dicha red el sustraer más de 900,000 proyectiles.

La investigación, que condujo a lo que se denominó como operación Pandora, comenzó en octubre pasado, tras una solicitud conjunta del Ministerio de Interior y Policía, y el director general de la Policía Nacional.

En una nota de prensa, el Ministerio Público dio a conocer los nombres y rangos de los policías acusados y el de una mujer, para quienes se pedirán medidas de coerción, lo que debe suceder en las próximas horas.

1. 1. Coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de las armas y municiones.
   2. Juan Miguel Pérez Soler, subintendente.
   3. Capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos.
   4. Capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones.
   5. Segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.

• Sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat.

1. 1. Cabo Juan Luis Díaz Medina.

• Raso Rubiel Martínez (alias Escobar).

1. 1. Raso Moreibin Medina Pérez.

• Miguelina Bello Segura, civil.

El seguimiento

El Ministerio Público subrayó que el capitán Santos llevaba más de seis años como auditor en la Intendencia de Armas y que, además de falsificar datos en la auditoría de febrero, se asoció con los líderes de la red para intentar manipular de nuevo los números ante el avance de la investigación, "acción que fue rápidamente detectada por los investigadores".

"En las últimas semanas, los fiscales y equipos técnicos del Ministerio Público han trabajado extensamente para llevar a cabo esta operación, que tiene una auditoría de la Policía Nacional que evidenció violaciones no solo de carácter disciplinario, sino también de naturaleza penal", señaló el Ministerio Público.

Allanamientos múltiples

• En la ejecución de la operación Pandora participaron más de 200 agentes de unidades especiales de la Policía Nacional, la Policía Preventiva y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), y más de 40 fiscales, quienes llevaron a cabo allanamientos en el Distrito Nacional y en las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales.

Las incautaciones durante la operación Pandora

Las diligencias investigativas permitieron la incautación de armas, proyectiles, evidencias digitales, cientos de transacciones económicas, pruebas testimoniales y datos extraídos de dispositivos electrónicos, consolidando un "robusto conjunto de pruebas" para presentar ante el juez de instrucción, informó el Ministerio Público.

El organismo consideró que este caso "es un ejemplo" de cómo la colaboración interinstitucional puede rendir resultados efectivos en la lucha contra el crimen organizado.

Valoró el compromiso de la Policía Nacional con el Estado de derecho y su proceso de reforma al denunciar estos hechos.

"Estamos convencidos de que este caso marcará un antes y un después en la lucha contra la corrupción dentro de las fuerzas del orden", indicó el Ministerio Público.

Una balacera ocurrida la noche de el sábado frente al bar "La Doble Vía", en el barrio San Pedro, del municipio San Fernando de la provincia Montecristi, dejó un fallecido y un herido, según informó la Policía Nacional.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 11:25 de la noche, cuando hombres a bordo de un vehículo tipo Jeep, marca Honda CR-V, color negro, dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar.

La víctima mortal fue identificada como Alexis Antonio Liberato Pimentel, de 36 años, residente en el barrio Los Maestros, de la referida demarcación

El reporte oficial indica que Liberato Pimentel recibió múltiples impactos de bala y falleció mientras era atendido en el Hospital Provincial Padre Fantino.

Durante el tiroteo también resultó herido Jonny Francisco Pérez, de 52 años, quien sufrió una herida de bala en el muslo. Pérez fue trasladado a la Clínica Carlos J. Finlay, donde permanece bajo cuidados médicos.

En el lugar de los hechos, las autoridades recolectaron tres casquillos calibre 9mm. Además, en los bolsillos de Liberato Pimentel se encontraron 28 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, según los indicios recolectados por la Policía Científica.

Por disposición de la magistrada a cargo del caso, el cuerpo del fallecido fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) en Santiago para una autopsia se determine las causas exactas del deceso.

La Policía Nacional asegura que continúa las investigaciones para identificar a los responsables del ataque y esclarecer los motivos del hecho.

Carlos David, el influencer Moreno Venezolano, El Gringo de la Bachata, el comediante Wilson Díaz, el actor Johnnie Mercedes, Jaime Zabala, Fredy Gerardo, Yazmin Ventura, Grupo la Linea, Nayi Jiménez, Alexis MC y desde Estados Unidos el Capy son parte de las grandes estrellas que dirán presente en la 3ra edición de los prestigiosos premios San Juan Awards 2024.

El evento tiene pautado iniciar a las 7:00 de la noche con una alfombra roja y a las 8:30 la gala en la sala Danilo Taveras del centro cultural Monina Cámpora; con un gran montaje los organizadores pretenden llevar grandes sorpresas a los presentes y personas en sus hogares atraves del canal de YouTube San Juan Awards.

Durante la gala se estarán recociendo diferentes áreas como son: deporte, salud, cultura, emprendimiento, arte y educación. Con reconocimientos especiales a personas destacadas dentro y fuera de la provincia; así como también serán reconocidos destacadas figuras a nivel nacional e internacional.

Este año los organizadores premiaran el estudiante del año, donde se ha tomado en cuenta a estudiantes sobresalientes de los diferentes politécnicos del municipio de San Juan de la Maguana y estos llevados a un debate al canal de YouTube para que el pueblo a través de la plataforma tenga participación de elegir a uno de los que ya son meritorios.

El evento promete estar al más alto nivel tal y como se ha anunciado en los últimos tres meses, los organizadores atreves de las redes y en diferentes medios han dado las gracias al comercio local por el apoyo obtenido de diferentes empresarios este año.

El 30 de noviembre se repetirá la historia por tercera vez en Bellas Artes de San Juan con el evento de mayor trascendencia en la parte sur del país, los premios San Juan Awards.

Dirigentes y simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) impidieron este jueves, por segundo día consecutivo, la docencia en la escuela Claridilia Cepin, en el municipio Navarrete, provincia Santiago, en rechazo al nombramiento de una persona como directora del distrito educativo O8-07 porque no forma parte del partido oficialista.

Los activistas cerraron con candado la puerta de acceso al plantel como forma de protesta, para que en lugar de Denise Estefany Molina Genaro sea colocado un militante del PRM.

Mensajes de los militantes

Los perremeístas también pegaron letreros en el portón con mensajes alusivos a su demanda. "No queremos a Denise", "El PRM tiene maestros", dicen los carteles.

Un total de 516 alumnos están perdiendo docencia debido al conflicto partidario, por lo que la directora de la escuela, Greisy Ortiz, expresó su preocupación.

Dijo que tanto los maestros como el personal de apoyo han tenido que devolver a los niños a sus hogares ante la imposibilidad que tienen de entrar al recinto.

La educadora informó que convocó a los miembros de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE) para tratar el tema.

Hasta el momento, desde el Ministerio de Educación no se han pronunciado sobre el conflicto que mantiene paralizada la docencia en la escuela Claridilia Cepin.

Tras una sesión de emergencia convocada para este jueves por los desacuerdos con las autoridades del sector Salud respecto a fijar un nuevo porcentaje para aumentar al salario de los galenos, la Junta Directiva Nacional del Colegio Médico Dominicano (CMD) decidió paralizar todos los servicios de salud a nivel nacional por 96 horas, iniciando el martes 19 de noviembre hasta el viernes 22.

"Anoche tuvimos un encuentro en el Palacio con las autoridades, el tema más acuciante es el tema del reajuste salarial. Nuestra propuesta es de un 70 %, la contrapropuesta del Gobierno fue de 10 %. Duramos dos horas conversando al respecto y el Gobierno fue muy insistente en ese 10 %", detalló Waldo Ariel Suero, presidente del CMD.

Suero explicó que ese 10 % representa unos 6,000 pesos, que, tras los descuentos de ley, se reduce a poco más de 2,000 pesos.

"No vamos a durar 11 meses de diálogo para al final venir con dos mil y pico de pesos", comentó.

De acuerdo con el cardiólogo pediatra, "ha habido una avalancha de disgusto entre los médicos, de inconformidad, se sienten burlados con esta propuesta y la Junta Directiva sesionó con carácter de emergencia, tema único lo del reajuste salarial y la respuesta que nos dio el Gobierno, y resolutamos hacer una huelga nacional por 96 horas, cuatro días, el martes 19, miércoles 20, jueves 21 y viernes 22″.

El llamado a paro incluye todos los hospitales públicos, centros de atención primaria, subcentros de Salud y hospitales de autogestión. Se conservarán las atenciones solo para emergencias y pacientes en estado crítico.

Listos para un año de lucha

El galeno insistió en que el CMD llevará su plan de lucha "hasta las últimas consecuencias", incluso extendiendo las protestas por todo un año.

"Estamos firmes en nuestra posición, nosotros queremos un 70 %, lo reiteramos. Estamos preparados para una lucha larga que se avecina, una lucha muy intensa. Estamos preparados física y mentalmente para durar un año entero en esta lucha. Seguimos abiertos al diálogo, pero sin trucos, no más trucos", concluyó Suero.

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.

Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo.

Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024.

Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80% por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20% restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.

Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.

La investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre RD$70,000 y RD$90,000 en el Minerd. Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre RD$6,000 y RD$9,000 al mes.

Las cancelaciones se realizaron luego de una profunda y amplia investigación, que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.

Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizaron un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos, disciplinarios y enseñándole, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.

Ismael Ureña Pérez tenía 14 años cuando en el verano de 2024 decidió abandonar la pensión donde estaba concentrado, en el municipio San Luis (SD), persiguiendo el sueño de firmar para la MLB. Le decía a su hermano mayor que no se sentía las piernas, sus ojos se tornaron amarillos y sus orines eran tan rojos como la sangre.

"Mami, me están maltratando", le comentó a su progenitora, Iris Pérez, quien al confirmar la orina le pidió que no regresara a jugar y lo llevó al médico. Allí los análisis confirmaron que se le había aplicado sustancias que se inyectan a los caballos para mejorar el rendimiento. Una información que el adolescente confirmó y que había rehusado contarles a sus padres.

A escasos días de estar hospitalizado, Ismael murió. Pero el drama no terminó en el cementerio. Dos hermanos suyos, que también se entrenaban en la Yordy Cabrera Baseball Academy, han quedado con secuelas, como taquicardia y alteración en la vista.

Sus padres, Inoel Ureña e Iris Pérez, impotentes, pero con escasos recursos, viajaron a Santiago de los Caballeros y contaron el caso al abogado Orlando Aracena Peña, de la Fundación Familia Sin Violencia (Funfasinvi), que decidió asumirlo.

"Estoy aquí porque quiero justicia, porque me mataron mi hijo y yo quiero justicia por mi hijo", se ve decir con la voz entrecortada a Inoel Ureña en un video en Tik Tok subido en la cuenta del abogado Russel Aracena, miembro de la referida ONG. "Porque me le estaban inyectando cosas que yo no le he dado orden que me le inyecten a mi hijo y por eso yo quiero justicia".

La querella

El martes, cinco abogados de Funfasinvi presentaron querella forma en la Fiscalía de Santo Domingo Este contra Yordy Cabrera, expelotero que dirige la academia donde habrían ocurrido los hechos.

Buscan que, de forma inmediata, se le conozca medida de coerción y se le imponga prisión preventiva a Cabrera, de 34 años, quien luego de jugar sus primeras cinco temporadas como infielder (2010-2013), se convirtió en lanzador y trabajó por última vez en la temporada 2022-2023 para los Gigantes del Cibao.

 Acusan al expelotero de violar los artículos 295, 302, 303 del Código Penal Dominicano, además de la Ley de Salud (42-01), que trata sobre los productos farmacéuticos. También los artículos 397 y 412 del Código para Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, además de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.