Un colombiano, acusado junto a su tía por el asesinato de una dominicana en un prostíbulo en España, aseguró que forcejeó con la víctima, pero no recuerda haberla apuñalado.

Es uno de los acusados del asesinato de la dueña de un prostíbulo de Pezuela de las Torres, en Madrid, al que las pruebas apuntan como presunto autor material de las 23 puñaladas que recibió la víctima.

El acusado afirmó en el juicio que forcejeó con ella porque estaba a punto de matar a su tía, que es otra acusada, también colombiana, pero no recuerda haberle clavado el cuchillo.

Su tía, que era una de las mujeres prostituidas en ese local, declaró que su sobrino la defendió de su agresora y ella no vio que la apuñalara.

La Audiencia de Madrid continuó este jueves el juicio con jurado a Leila Laura G.M., su sobrino John M.G. y a Sebastián E.M. por la muerte de Altagracia E.S. el 6 de febrero de 2023 en el establecimiento Bar El Pinar, situado en una carretera local.

La Fiscalía pide 24 años de prisión para los dos primeros, como coautores materiales de un asesinato con alevosía, y para el tercero 10 años de cárcel como cómplice porque les ayudó a huir.

Ambos niegan culpabilidad

John negó que matase a la dueña del local en el que era prostituida su tía, aunque reconoció que forcejeó con ella y le quitó un cuchillo que tenía, la empujó y la dejó sobre la cama "viva" y sin sangre.

Ante la insistencia de la fiscal y de las acusaciones particulares sobre si mató a Altagracia, ya que las pruebas le apuntan, dijo: "A las pruebas me remito, si hay unas pruebas…".

"No recuerdo haber clavado el cuchillo. Me siento mal porque no recuerdo nada", sostuvo, dejando claro que él fue a recoger a su tía al prostibulo porque ella le llamó, a llegar la defendió al verla en peligro y "jamás" pensó en "causar un daño o quitar una vida".

Por su parte, Leila Lucía negó también que matara a Altagracia, a la que llamaba Katy, ni que viera a su sobrino John hacerlo, así como que estuviera tratando de huir del país cuando fue detenida en el aeropuerto de Madrid, unas semanas después del crimen.

Asimismo, explicó que el día anterior al suceso había discutido con Altagracia porque no le daba un dinero que le debía ni su pasaporte y que la dueña del prostíbulo estaba tan "agresiva" que ella se encerró en su habitación hasta el día siguiente, cuando llamó a su sobrino John para que la recogiera porque estaba asustada.

John llegó en el coche de un amigo de ella, Sebastián, el tercer acusado, y ella le dijo que iba a entrar para coger unas compras que tenía en su habitación y reclamar su pasaporte.

Fue a la habitación de Altagracia, quien se negó a darle su pasaporte y sacó un cuchillo, atacándola, por lo que ella pidió ayuda a gritos, según su relato.

Ambas forcejearon hasta que John entró en la habitación, la apartó a ella de un golpe para ayudarla y comenzó a forcejear con su agresora.

Además, aseguró que ya no vio más porque se fue a la calle, tras lo que poco después salió su sobrino y se fueron.

Ella tenía "mucho miedo" y no denunció que la hubieran atacado.

También declararon dos forenses que practicaron la autopsia, que detallaron que Altagracia murió desangrada tras recibir 23 puñaladas de una única persona.

Las autoridades y representantes de organizaciones del municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, convocaron a un paro general de actividades para el próximo lunes 12 si el Gobierno no reduce el precio del peaje de la Autopista Duarte, que conecta esa demarcación con la provincia Santo Domingo.

Durante una rueda de prensa, informaron que "fueron engañados", tras asegurar que previo a la puesta en funcionamiento del nuevo peaje se les dijo que el costo sería de RD$100 por entrada y salida del municipio, pero que ahora cobran RD$200.

Expresaron que el aumento ha tenido un gran impacto en los bolsillos de los residentes, quienes en su mayoría tienen que viajar a Santo Domingo a trabajar, estudiar o a realizar diligencias de salud, entre otras.

Entre los denunciantes figuran el alcalde José Miguel Méndez (Pavolo) y el pastor Loammy Antigua, presidente de la Confraternidad de Pastores.

De igual modo, Adalberto Santamaría, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Villa Altagracia;  Víctor José Díaz, representante de la sociedad civil; Alfredo Jackson, representantes de los taxistas; Rafael Echavarría, del Sindicato de Choferes de Villa Altagracia; entre otros.

Piden paso rápido especial

El vocero del grupo de denunciantes, Ramón Read Fernández, dijo que su propuesta consiste en que se les cobre solo RD$100 para entrar y salir del municipio mediante un permiso especial.

"Solicitamos que se otorgue un paso rápido especial para todo los Villa Altagracianos que tenemos vehículos, en el cual solamente se pague la mitad de lo que es el peaje, en otras palabras, cien pesos: cincuenta para ir y cincuenta para venir", dijo Read.

Sostuvo que esa medida tiene precedentes en otros países, e incluso aquí en el país. Deploró que a la gente de Villa Altagracia se le cobre 200 pesos para entrar y salir de su comunidad y la misma cantidad a los conductores de Santiago, Montecristi y otras provincias distantes del Cibao.

Expresó que el aumento del peaje ha afectado al 100 % a los residentes en Villa Altagracia, porque la mayoría de los que trabajan tienen que trasladarse a la ciudad capital.

Read explicó que han planteado el tema al director del fideicomiso RDVIAL, Hostos Rizik, pero no ha respondido, por lo que, si no hay una respuesta, el lunes, desde las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, todas las actividades serán paralizadas.

En medio de las deportaciones masivas realizadas por el Gobierno, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) considera que el proceso más conveniente es la regularización de los indocumentados vinculados a los sectores laborales.

El presidente de la AIRD, Julio Brache, indicó que la política migratoria aplicada por el presidente Luis Abinader ha tenido un impacto negativo en diversas zonas productivas.

"Sí, se ha afectado en algunas partes el tema de la mano de obra en la construcción, en la agroindustria, para recoger las frutas y los vegetales del campo…", dijo.

Por ello, Brache entiende que las autoridades dominicanas deberían optar por implementar métodos similares a los aplicados en países desarrollados para garantizar el desarrollo de las empresas, mediante la "regularización" de los extranjeros sin documentos.

"Nosotros lo que creemos es que se debe regularizar la mano de obra. En todos los países donde hay mano de obra importada, se emiten permisos de trabajo para (pasar la frontera) y luego se retornan a su país de origen", expresó.

Brache sugirió utilizar la recopilación de datos biométricos, junto a la captación de huellas y fotografías, para emitir los permisos laborales a los inmigrantes.

"Con los datos biométricos se puede hacer un gran aporte. Yo creo que perfectamente se puede organizar con un permiso de trabajo", afirmó durante un acto en el que participó el mandatario Abinader, donde el Gobierno y la empresa de servicios logísticos DP World Dominicana firmaron un acuerdo de entendimiento de próximas inversiones.

El empresario mencionó el caso de México y Estados Unidos, donde los ciudadanos de ambos territorios pasan constantemente la línea divisoria, de manera ordenada, por motivos laborales.

"Lo tiene México con Estados Unidos (el permiso de trabajo), donde los mexicanos cruzan todos los días a hacer sus labores cerca de la frontera y vuelven. Eso se hace con un permiso y eso se puede regularizar fácilmente", reiteró.

La AIRD es agrupación empresarial conformada por más de 200 industrias, pertenecientes a 23 subsectores, los cuales tienen relación directa con el desarrollo económico nacional. Entre estos se encuentran alimentos, bebidas, plásticos, textil, minas, energía, cemento y construcción.

Plan de Regularización

Beneficiándose del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, realizado en 2014 durante el mandato del expresidente Danilo Medina, 206,073 personas del vecino país solicitaron regularizar su estatus en República Dominicana. Esta cifra es parte de las contabilizaciones desarrolladas por la Dirección General de Migración (DGM).

Deportaciones masivas

Desde 2016 hasta abril de 2025, la DGM ha “reconducido" a más de un millón de haitianos que se encontraban en territorio dominicano sin disponer de la documentación necesaria.

Según Migración, tan solo durante este año, 114,884 haitianos han sido entregados a las autoridades de su país. Estos completan un total de 1,177,818 haitianos retornados.

Los organismos de seguridad del país realizan desde el pasado 2 de octubre una ola de deportaciones masivas de extranjeros, específicamente haitianos. La acción militar responde a la medida instruida por el presidente Luis Abinader, quien estableció una meta semanal de 10,000 deportaciones.

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) informa que su equipo técnico de la Dirección de Infraestructura Escolar en Barahona actuó con rapidez y diligencia tras un incidente en el que se desprendió una pequeña porción del revestimiento de cemento del techo (no estructural) en un aula de la Escuela Fidelina Medina, ubicada en la comunidad de La Guázara, provincia Barahona, donde no hubo heridos ni daños mayores.

La situación fue atendida de inmediato por el personal docente y administrativo del plantel, siguiendo los protocolos de seguridad.

Técnicos de la Dirección Regional de Infraestructura Escolar se presentaron en el lugar para realizar una inspección preliminar del área afectada, como parte del protocolo de atención ante este tipo de situaciones.

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Además, este viernes una comisión del Departamento de Mantenimiento Escolar realizará un levantamiento exhaustivo para evaluar de manera más profunda las condiciones estructurales del centro educativo y accionar.

La Escuela Fidelina Medina ya forma parte de los planteles incluidos en el Plan 24/7: Rehabilitación y Conclusión de Infraestructura Escolar, iniciativa liderada por Infraestructura Escolar para garantizar que todos los centros educativos del país sean espacios seguros, funcionales y adecuados para el desarrollo de las actividades escolares.

La jueza de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional ordenó la libertad de Claudia Pérez (La Tora), quien fuera detenida alrededor del mediodía de este miércoles.

La magistrada Diana Moreno tomó la decisión luego de levantar la rebeldía que pesaba en contra de La Tora. Asimismo, el tribunal aplazó la audiencia para el próximo 28 de mayo.

La Tora fue declarada en rebeldía el pasado 30 de abril luego de que no compareciera a la audiencia que se le sigue por presunta difamación e injuria en contra del diputado Sergio Moya (Gory).

Se encontraba detenida en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

el caso

Ese tribunal fue constituido para conocer una acusación penal privada ante una presunta violación a los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en perjuicio de Moya.

La declaratoria de rebeldía fue solicitada por los abogados del querellante, quienes expresaron, a través de un acta de audiencia, que citaron legalmente a la comunicadora, la cual hizo caso omiso y declaró en un programa de televisión que no asistiría a la sala.

Por esto, la jueza emitió un fallo siguiendo lo establecido en el artículo 100 del Código Procesal Penal: “Cuando el imputado no comparece a una citación sin justificación, se fuga del establecimiento donde está detenido o se ausenta de su domicilio real con el propósito de sustraerse al procedimiento, el ministerio público o el querellante pueden solicitar al juez o tribunal que lo declare en rebeldía y que dicte orden de arresto”.

En este proceso, los abogados José Altagracia Fis Batista conjuntamente con Enmanuel Martínez Acevedo y Enmanuel Pimentel Reyes, actúan en nombre y representación del diputado.

En tanto que Jerry Romero y Alejandro Almonte asisten en sus medios de defensa a Claudina Pérez.

El Ministerio Público incautó el local donde funcionaba la discoteca Jet Set, donde murieron más de 230 personas y más de 180 resultaron heridas la madrugada del pasado 8 de abril en una fiesta amenizada por el merenguero Rubby Pérez, quien fue una de las víctimas mortales.

El MP se dirigió hasta el establecimiento comercial en compañía de los abogados de Antonio Espaillat, entre ellos Miguel Valerio, quien coordina la defensa. Las autoridades colocaron el letrero de “incautado”.

Al ser consultado por periodistas de Listín Diario, Valerio dijo que es algo normal que se realiza cuando hace una investigación.

Mientras que a la Fiscalía del Distrito Nacional siguen llegando querellas y denuncias de varias personas que resultaron heridas. Entre estas se encuentra un médico legista que fue este miércoles con su abogado para la próxima semana proceder a interponer la querella formal.