Aunque han existido denuncias de situaciones que han embarrado la gestión que realiza el Gobierno del presidente Luis Abinader, al menos se han conocido nueve grandes escándalos de mala administración y corrupción en instituciones públicas, que en algunos casos han terminado con la destitución de funcionarios, prisión para involucrados o ninguna sanción.
Dentro de los casos sonoros de mala administración, y que no han tenido consecuencias penales, están el robo de los datos del Ministerio de Salud Pública de las personas que se vacunaron contra la Covid-19; la venta de “nombramientos” que también generó la destitución del director de Recursos Humanos de esa institución; la falta de medicamentos en el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL).
Los señalamientos a Roberto Fulcar por la adquisición de libros digitales; las cancelaciones por irregularidades de licitaciones en Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie); las múltiples denuncias de fraudes y fallos en el sistema de cobro de peajes electrónicos "Paso Rápido"; la destitución de empleados de seguridad del Ministerio de Agricultura, que supuestamente tomaban “un dinero que había que repartir entre otros empleados”, pero que también aparecen que reciben grandes créditos del Programa de Apoyo Agropecuario, entre otros escándalos que han salpicado esta administración.
Además está Bartolomé Pujals ex director de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información (Ogtic) quien se vio envuelto en al menos tres escándalos durante su gestión. El primero fue por la contratación de un twittero por más de 6 millones de pesos para la creación de proyectos y nunca se realizó ninguna proyecto; el desacreditar a un empleado en las redes que acusaba en que la institución se vendían armas y alquiler millonario para un nuevo edificio, entre denuncias por licitaciones.
En la actualidad Bartolomé Pujals es embajador de la República Dominicana ante la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci).
Más allá de estos señalamientos, han existido al menos nueve escándalos de mala administración o corrupción pública desde el 2025 a la fecha que han tenido consecuencias penales o destitución de funcionarios, exceptuando el dinero dado a los artistas y los bonos navideños en el Programa Supérate, este último evidenció la falta de control en la asignación de las personas que merecían la tarjeta y nunca tuvo consecuencia penal.
Senasa
Doctor Santiago Hazim, exdirector del Senasa.
El último caso de corrupción administrativa salió a la luz hace varias semanas, aunque fue este sábado que el Gobierno anunció que presentó un informe ante la Procuraduría General de la República que contiene grandes irregularidades en el Seguro Nacional de Salud, para que realicen las investigaciones pertinentes.
Se trata de la administración de Santiago Hazim al frente Senasa, y diversos contratos para la adquisición de medicamentos, gestionar la atención primaria, entre otros.
Aunque el Gobierno no ha especificado los hallazgos encontrados en su investigación, varios reportajes señalan, que desde el 2020 a la fecha el Gobierno paga, en al menos un contrato, más de 65 millones de pesos mensuales, sin la necesidad de que se ofreciera el servicio para atención primaria.
Estos grandes fraudes también contienen un “call center paralelo” que gestionaba las autorizaciones a favor de empleados.
Sumado a esto, el 15 de agosto la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que declaró nulo una contratación de Senasa con la razón social Farmacard, S.R.L., por violar lo dispuesto en la Ley Núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas y sus modificaciones, debido a que se constató que el procedimiento se realizó al margen de la normativa, vulnerando principios esenciales como legalidad, debido proceso, igualdad, libre competencia, transparencia y publicidad.
“En esta mañana el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisaril), Miguel Ceara Hatton y el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa) Edward Guzmán se encuentran ante la Procuraduría General de la República para hacer entrega formal de un informe que contiene graves hallazgos de irregularidades fueron detectadas en el marco de sus funciones”, explicaba la mañana de este sábado Félix Reyna en una rueda de prensa desde el Palacio Nacional.
Hugo Beras
Hugo Beras
Un apagón en los semáforos a finales del mes de agosto de 2024, que generó un gran caos en la capital, destapó un escándalo de corrupción administrativa que llevó a la cárcel al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intant), Hugo Beras, y lo involucró en un caso de corrupción administrativa denominado “Camaleón”, en el que se le dictó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción.
Esta prisión fue variada aproximadamente un mes después, lo que le ha permitido seguir en su programa de radio.
De acuerdo al Ministerio Público, Beras dirigió y autorizó “fraudulenta adjudicación de contratos millonarios” a empresas Transcore Latam y de Aurix, de José Gómez-Canaan -Jochi Gómez- que no contaban con las capacidades técnicas que eran requeridas, incurriendo en asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios, entre otros.
Aunque el caso sigue en investigación, es poco lo que actualmente se sabe del mismo.
Pasaportes
Néstor Cruz Pichardo, Digna Reynoso de Pachecho y Lorenzo David Ramírez Uribe.
La mala administración en la Dirección General de Pasaportes ocasionó el nombramiento de tres administradores, además de grandes filas para obtener el documento, citas de varios meses y la falta de sellos.
Néstor Cruz Pichardo fue el primer director que tuvo esta entidad y quien presentó mayores problemas de gestión. El mismo fue cancelado en 2023, por las largas filas y la falta de sellos. A este le siguió Digna Reynoso de Pachecho, esposa del presidente de la Cámara de Diputados.
Aunque bajo su gestión las quejas disminuyeron, los usuarios seguían quejándose de las largas filas y los constantes problemas para obtener el documento.
El último director de pasaportes continúa actualmente y es Lorenzo David Ramírez Uribe.
Supérete
La administración de Gloria Reyes se ha visto envuelta en varios escándalos que evidencian su vulnerabilidad al frente de esa institución. En ninguno de los casos se acusa a Reyes con acciones que indiquen que ha incurrido en corrupción administrativa.
En 2022 salió a la luz que se clonaron las tarjetas de ayuda social que sustrajo unos 100 millones de pesos al Estado y a los pobres del país. Por esto se decidió cambiar las tarjetas de banda magnética por tarjetas con chip. Las denuncias de clonación y capturadas con grandes cantidades de tarjetas continúo en 2023 y llevó a la cárcel a varias personas, fuera de esa entidad, con condenas de hasta 8 años de prisión.
El último escándalo fue en 2024 con 3.5 millones de bonos a hogares vulnerables, denominados Bono Navideño de 1,500 pesos. Como beneficiarios aparecían grandes figuras públicas como Leonel Fernández y otros importantes ex y actuales funcionarios.
Ante esto, la plataforma de comprobación de beneficiarios fue tumbada y nunca más se habilitó.
Juventud
Luz del Alba Jiménez. Fuente externa.
Luz del Alba Jiménez, quien se desempeñaba como ministra de la Juventud fue cancelada de sus funciones por una investigación que inició la Dirección de Compras y Contrataciones tras denuncias que señalaban que, supuestamente, tenía la intención de beneficiar a dos empresas en unas licitaciones por RD$3 millones en 2021.
Nunca se supo de los avances de la investigación y si las acciones de luz del Alba se correspondían en realidad con corrupción administrativa.
Dos años después, en febrero de 2023, el presidente Luis Abinader la designó como vicecónsul en el Consulado de la República Dominicana en Barcelona. Ante la presión de la sociedad este nombramiento fue cancelado por el presidente.
Iposdom
Adán Peguero, exdirector de Inposdom
El 30 de octubre de 2021, luego de un reportaje realizado por la periodista Nuria Piera, el director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Adán Peguero, por actos de corrupción tras un contrato con la empresa internacional Mia Cargo.
El funcionario fue interrogado en varias ocasiones por Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, esta última en ese entonces era directora de Persecución del Ministerio Público.
Peguero tomó una licencia y luego fue destituido de sus funciones.
En 2023 pidió al Ministerio Público y a la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, explicar al país los resultados de una investigación que se realizó en su contra.
“El Ministerio Público y Milagros Ortiz Bosch @OrtizBosch deben explicar al país cuál fue el resultado de la investigación que se realizó en mi contra. Esto está afectando a mi familia y mi carrera. Creo que no merezco el trato que me están dando”, escribió en su cuenta de X.
Neney Cabrera
José Leonel Cabrera Abud (Neney)
En 2022, la periodista Alicia Ortega, realizó un reportaje en el que presentó supuestas irregularidades cometidas por Neney Cabrera al frente de Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), a través del programa Pinta tu Barrio en Navidad.
La investigación reveló en el proceso de licitación participaron empresas que parecen ser fantasmas o vinculadas entre sí. Cabrera negó un mal manejo en su gestión.
En 2023 fue designado como ministro de Estado sin Cartera.
Lotería
Luis Maisichell Dicent, exadministador de la Lotería Nacional.
Un sorteo fraudulento el 1 de mayo de 2021, en la Lotería Nacional, llevó a la cárcel a 10 personas, incluyendo a su administrador Luis Maisichell Dicent, bajo medida de coerción.
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargó al exadministrador de la Lotería Nacional, por falta de pruebas que lo vinculen en el fraude, aunque condenó a otras siete personas.
Peña Guaba
Antonio-Tony-Peña Guaba habla en un acto. / Archivo
En plena pandemia, en Navidad de 2020, Francisco (Tony) Peña Guaba, coordinador del Gabinete de Política Social, entregó aproximadamente RD$100 millones en cheques a 67 artistas como apoyo económico del Gobierno. A cambio, actuarían en conciertos virtuales y a futuro.
Ante esto, la Dirección General de Contrataciones Públicas recomendó la aplicación de sanciones administrativas a los funcionarios involucrados en la contratación de 55 artistas por más de RD$55.6 millones, al determinar que se hizo sin cumplirse el debido proceso.
