Marileidy Paulino: "Estoy contenta, tengo fe en que batiré el récord mundial"

La dominicana Marileidy Paulino, que no pudo retener su corona mundial de los 400 lisos y se llevó la plata, declaró que está "contenta" con la temporada realizada, con haber bajado de 48 segundos en la final (47.98, récord nacional) y dijo que ahora tiene "fe en batir el récord mundial".

Marileidy Paulino, campeona olímpica en París y oro mundial en Budapest 2023, era la rival a batir y Sidney McLaughlin pudo con ella. La estadounidense, por la calle cinco, voló, literalmente, sobre una pista mojada por la lluvia, y paró el crono en 47.78, récord de los campeonatos y a solo dieciocho centésimas de la histórica plusmarca (47.60) que aún posee desde el 6 de octubre de 1985 en Camberra la alemana Marita Koch.

  • "El carril nueve no me ayudó mucho, ya que corrí sin ninguna referencia visual, pero aún así estoy contenta con mi temporada, por haber bajado de 48 segundos y ahora tengo fe en que batiré el récord mundial. Era especial para mí correr en menos de 48 segundos en la misma pista donde disfruté de mi primer éxito internacional", comentó.

"Estoy muy contenta de tener a Sydney McLaughlin-Levrone y Salwa Eid Naser (Barein) conmigo en el podio. Espero poder competir con ellas más a menudo. He sido constante durante los últimos cinco años y eso es como una victoria para mí", comentó la dominicana, que recordó que hace un año escribió su autobiografía "para inspirar a los jóvenes" de su país "a tomar el buen camino" con el deporte.

Una final de alto nivel

La carrera se disputó a las 9:25 de la mañana (hora de República Dominicana) y fue una de las más rápidas de la historia en la distancia, con cuatro atletas bajando de los 50 segundos. Además del récord nacional de Paulino, se registraron mejores marcas personales y de temporada para varias competidoras:

  • Natalia Bukowiecka (Polonia), cuarta con 49.27 (su mejor tiempo del año)
  • Amber Anning (Gran Bretaña), quinta con 49.36 (su mejor tiempo del año)
  • Roxana Gómez (Cuba), sexta con 49.48, nuevo récord nacional

El Ingenio Porvenir sustituye mano de obra haitiana por cosechadoras

El Consejo Estatal del Azúcar (CEA) lleva a cabo un plan de recuperación del legendario Ingenio Porvenir, de San Pedro de Macorís, el cual había sido arruinado por los pasados gobiernos y preparado para entregarse a manos privadas, según el director de esa institución, Rafael Burgos.

Esta factoría de azúcar y melaza sale del agujero financiero en el que se encontraba, eliminando una deuda de 800 millones de pesos a la que fue condenada en un tribunal español tras perder una demanda de la empresa que la compraría, y otra de 300 millones de suplidores.

“Son conflictos que vienen de demandas internacionales contra la institución por temas que ocurrieron en los contratos de la privatización… Todavía existe ese interés (de privatización) por parte de grupos que quieren hacerse dueños del ingenio. Este ingenio hoy día cuesta 2,500 millones de dólares”, remarca Burgos.

El funcionario, encargado también de Bienes Nacionales (BN), abrió las puertas del parque industrial para mostrar la reactivación de la producción, reparación de maquinarias, mantenimiento y encendido de las tres calderas, y la modernización de aspectos como el corte de la caña.

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Rafael Burgos Gómez, director de Bienes Nacionales. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY)

Con dos cosechadoras alquiladas durante la última zafra, lograron reducir la necesidad de mano de obra haitiana, pasando de 500 a 50. Estos 50 siguen siendo importantes para acceder a las áreas donde las máquinas no pueden llegar.

Aun así, las deportaciones que han hecho las autoridades durante los últimos meses redujeron la cantidad de inmigrantes disponibles y ocasionaron una merma en la cosecha.

“No pudimos cortar alrededor de 50 mil toneladas, porque se llevaron a todos los trabajadores haitianos que estaban en los campos. Esa parte nos hizo falta para aumentar la capacidad productiva, porque nos recogieron más de 400 que estaban en los campos cortando caña”, relató Burgos.

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Ingenio Porvenir ubicado en San Pedro de Macorís. (DL/MATÍAS BONCOSKY)

La entidad adquirió cuatro cosechadoras nuevas por un valor de 270 mil dólares cada una, un monto inferior al precio de mercado, que ronda los 600 mil, de acuerdo con Burgos. De estas, ya han recibido dos.

Las obras en el complejo industrial han costado 450 millones de pesos e incluyen la instalación de un cuarto de control automatizado de la factoría, la construcción del instituto de investigación y la adquisición de tractores, drones de fumigación y vehículos de motor.

40 mil toneladas

El administrador del ingenio, Juan Isidro Medina, proyecta una producción de 15 mil toneladas de azúcar para el año próximo, suficiente para equilibrar el mercado local durante un mes, según sus cálculos. Sin embargo, el plan es alcanzar las 40 mil toneladas anuales.

Llegar a esta meta se tomaría entre 7 a 10 años e implicaría reinvertir entre el 30 % y el 40 % de sus ganancias en cada ciclo de operación. En 2025, han producido más de seis mil toneladas de azúcar y 1.3 millones de galones de melaza, un resultado afectado por la merma en la mano de obra.

El ingeniero Luis Catano, director de Operaciones Azucareras, indicó que 15 mil toneladas pueden generar mil millones de pesos para el Estado dominicano.

Este producto se introduce en el mercado nacional para presionar los precios a la baja en momentos clave, de acuerdo al relato oficial.

400 pesos por una finca

En un amplio terreno que el director del CEA asegura estaba alquilado por 400 pesos mensuales y que fue recuperado por la institución, se construyó un instituto de investigación que se dedica a la experimentación con plantas de caña de azúcar en busca de mayor productividad y resistencia.

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Plantas de caña. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY)

En otras situaciones similares se encontraban al menos 30 mil tareas de terreno de propiedad pública que se habían cedido a manos privadas y que la actual gestión del CEA asegura haber rescatado.

“La producción que hemos recuperado ya es de 40 mil toneladas de azúcar. Obviamente, tenemos que producir la caña para llegar a eso, porque en gobiernos anteriores este ingenio fue mutilado y de tener 110 mil tareas bajo cultivo, lo dejaron con apenas 47 mil”, sostuvo el ingeniero Medina.

Producción de energía

Las tres calderas se han puesto a funcionar y esperan producir al menos 6 megavatios de energía, que servirán para proveer los 2.5 megavatios que consume el ingenio y transmitir el resto al Sistema Eléctrico Nacional.

“Estamos trabajando con la Superintendencia de Electricidad para aportar energía al Sistema Eléctrico Nacional, y ellos nos realizarán un pago por ello”, precisó Burgos.

Prisión preventiva para hombre acusado de violar a mujer de 73 años

SANTO DOMINGO.— Un juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso prisión preventiva contra un hombre acusado de violar a una mujer de 73 años de edad.

El imputado fue identificado como Samuel Aquino y/o Samuel Moreta, quien deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Monte Plata.

Según el expediente, la investigación está a cargo de la magistrada Brenda Reyes, de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste. La víctima relató que el hombre llegó a su vivienda solicitando un vaso de agua y, cuando ella dio la espalda, la amenazó con un cuchillo y la obligó a entrar a su habitación, donde la agredió sexualmente.

Prisión preventiva

Durante el forcejeo, la mujer resultó herida en la mano izquierda, lesión que requirió sutura en un centro de salud y quedó documentada en el certificado médico forense.

Además, un informe psicológico detalla que la víctima presenta indicadores de ansiedad de alta intensidad, estrés y preocupación constante como consecuencia de la agresión.

El Ministerio Público ha calificado de manera provisional los hechos como violación sexual agravada, delito tipificado en los artículos 309 y 331 del Código Penal dominicano, en perjuicio de la víctima, cuyo nombre se omite para evitar su revictimización.

El Defensor del Pueblo alerta por el aumento de muertes atribuidas a la Policía Nacional

El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, advirtió este martes sobre el preocupante incremento de muertes atribuidas a la Policía Nacional en los últimos tres años, calificando esta tendencia como "una alerta ética y democrática" que obliga a replantear el modelo de seguridad ciudadana en República Dominicana.

A través de una publicación en su cuenta oficial X (antiguo Twitter), Ulloa señaló que en 2023 se registraron 68 muertes atribuidas a agentes policiales, cifra que ascendió a 120 en el año 2024. En lo que va de 2025, ya suman 170 muertes bajo estas circunstancias.

Esto representa una tasa de 1.5 por cada 100,000 habitantes, que, según explicó es casi cuatro veces superior a la de los Estados Unidos, donde se reporta una tasa de 0.36 por cada 100,000.

"Tras ocho años de descensos (2015–2022), este repunte no es un dato más: es una alerta ética y democrática que nos obliga a repensar el rumbo de la seguridad ciudadana. Si nos comparamos con la región, la tasa dominicana está muy por encima de países como Chile, Costa Rica o Uruguay, que registran niveles inferiores a 0.5 por 100,000″, afirmó Ulloa.

Comparación de tasa

En ese sentido, Ulloa comparó la tasa dominicana con la de otros países de la región, señalando que se encuentra muy por encima de naciones como Chile, Costa Rica o Uruguay, las cuales registran niveles inferiores a 0.5 por 100,000 habitantes.

"Nos acercamos a realidades como Brasil o México, señalados reiteradamente por organismos internacionales por el uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales", escribió.

Ulloa refirió que la Constitución dominicana no admite ambigüedades en este tema. El artículo 37 establece que "la vida es inviolable", mientras que el artículo 38 consagra que "la dignidad humana constituye el fundamento del orden jurídico y de la convivencia pacífica".

El Defensor del Pueblo también subrayó los compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano citando el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 6), que proclama que "nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente", y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 4), que ordena a los Estados a "proteger ese derecho por ley y garantizarlo en toda circunstancia".

Estos instrumentos imponen al Estado la obligación doble:

  • Abstenerse de ejecutar arbitrariamente
  • Prevenir
  • Investigar
  • Sancionar
  • Reparar cualquier violación

Finalmente, Ulloa afirmó que una verdadera política de seguridad ciudadana solo es legítima si se enmarca dentro del respeto a los derechos humanos y la Constitución.

"La República Dominicana tiene el deber histórico de convertirse en un ejemplo regional de seguridad con derechos, porque un Estado fuerte no es el que ejecuta: es el que protege, ampara y dignifica la vida de todos", manifestó.

Diputado Frank Ramírez denuncia que Bohechío lleva dos meses sin agua potable

San Juan.– El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la provincia San Juan, Frank Ramírez, denunció que el municipio de Bohechío tiene ya dos meses sin recibir agua potable, situación que mantiene a la comunidad en estado de precariedad.

El legislador explicó que, ante la falta del servicio, los residentes se han visto obligados a transportar agua en tanques, burros, motocicletas y cualquier medio disponible para poder abastecerse de este recurso esencial.

Ramírez criticó que hasta el momento ninguna autoridad se haya presentado a ofrecer respuestas a la población afectada, y solicitó directamente al Presidente de la República enviar a los funcionarios responsables a la provincia para atender la crisis y otras problemáticas que aquejan a San Juan.

También, el diputado pidió la intervención inmediata del director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) para dar solución a la escasez del líquido en Bohechío.

Además, reclamó la presencia en la provincia del ministro de Agricultura, para abordar las dificultades que enfrentan los productores; del director del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), para esclarecer deudas con los agricultores; del ministro de Turismo, a fin de definir si San Juan será declarado destino ecoturístico; y del ministro de Deportes, para conocer si se contempla el remozamiento del estadio de la localidad.

El congresista concluyó su intervención reiterando la urgencia de que las autoridades den la cara a los sanjuaneros y ofrezcan respuestas concretas a los reclamos de la población.

Opret descarta daños en columna del Metro de los Alcarrizos

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Tras difundirse un video en redes sociales que mostraba irregularidades en una de las columnas de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) dijo este miércoles que no existe ningún tipo de daño estructural en el pilote.

“En el marco de los protocolos de aseguramiento de calidad y bajo la supervisión del equipo técnico de la obra, se había detectado un cambio en la densidad del hormigón del pilote PS-069C, ubicado en E-2+300”, indicó la Opret.

“Esta situación había sido identificada utilizando ensayos especializados como el CrossHole Sonic Logging (CSL), una radiografía que permite evaluar la integridad del hormigón a lo largo del pilote y el Pile Integrity Test (PIT), también conocido como ensayo de integridad de pilotes”, explicó.

El organismo dijo que esos ensayos forman parte de los métodos de verificación estructural preventiva.

La Opret sometió la columna a un proceso correctivo que incluyó el retiro parcial del recubrimiento o camisa de acero en el área detectada (proceso ya realizado).

“Fue en este punto donde un ciudadano observó y registró parte del procedimiento ya planificado y en ejecución”, precisó.

También la subsanación del área afectada mediante la aplicación de materiales especificado en los estándares técnicas internacionales.

“Este tipo de revisiones forma parte del seguimiento técnico preventivo habitual del proyecto y no implica la existencia de un problema estructural ni afecta el desarrollo general de las actividades programadas”, explicó.

El organismo, además, dijo que actualmente se encuentran intervenidos otros elementos en condiciones similares a las que presentó la columna que se difundió en redes sociales.

“Las intervenciones que estamos llevando a cabo garantizan los más altos estándares de calidad, incluso frente a cargas extremas”, agregó.

"Perdóname Danilo", consigna del PLD para reposicionarse; pero el caso Maxy Montilla lo acecha

Sectores del PLD promueven un giro discursivo que rompa con la imagen de un partido atrapado por los escándalos de corrupción. Para ellos, la estrategia es pasar de la defensiva a la ofensiva y reivindicar los años de gestión peledeísta como carta de retorno al poder en 2028.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) comienza a mostrar señales de reacomodo interno con miras a las elecciones de 2028.

En el centro de esta dinámica se coloca una nueva generación de dirigentes y militantes que ha decidido asumir un rol más protagónico. Ya no se trata de simples relevos generacionales, sino de cuadros políticos que reclaman a los llamados "viejos robles" un cambio de estrategia: pasar de la resistencia pasiva a la confrontación abierta.

El argumento es que el PLD debe salir a defender su obra de gobierno y hacerlo de manera agresiva si quiere volver a ser opción de poder.

La idea de que el PLD puede esperar a que el desgaste del gobierno actual abra automáticamente las puertas del Palacio Nacional es descartada. Para este sector, la única vía realista para arrebatar el poder es construyendo un discurso de confrontación que reivindique los años de gestión peledeísta y cuestione con dureza las promesas incumplidas de sus adversarios.

Escándalos como catalizadores

La coyuntura ofrece a este sector un terreno fértil para crecer. Los escándalos recientes en distintas áreas del Estado, el déficit millonario en Senasa, el caso Camaleón que involucra al exdirector del Intrant, Hugo Beras, o la Operación 13, son vistos como ejemplos claros de que el discurso del cambio ha quedado en entredicho.

La narrativa que buscan instalar es que esas irregularidades son fallas individuales y no problemas estructurales de partido, desmontando la idea de que el PLD fue la única organización marcada por la corrupción.

El planteamiento es que el partido debe capitalizar estas coyunturas para salir a la calle, mostrar que el actual gobierno tampoco está exento de indelicadezas y reclamar que la ciudadanía no confunda responsabilidades personales con culpas colectivas.

Pero, en medio del intento por cambiar la narrativa, surge un obstáculo que amenaza con devolver al PLD al terreno que busca dejar atrás: el caso de Maxy Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina.

Montilla alcanzó un acuerdo con el Ministerio Público dentro del proceso judicial de la investigación que el Ministerio Público denominó Operación Antipulpo, comprometiéndose a devolver más de RD$3,000 millones al Estado dominicano, a través de pagos en efectivo, indemnizaciones a las distribuidoras eléctricas, obligaciones fiscales, entrega de propiedades y la disolución de empresas vinculadas a los contratos cuestionados.

La figura jurídica aplicada fue un criterio de oportunidad, lo que implica cooperación con la investigación y disposición a aportar elementos de prueba sobre la red de corrupción en el sector eléctrico. 

En la práctica, esto significa que Montilla no solo admite responsabilidad, sino que podría señalar a otros involucrados de mayor jerarquía política o empresarial.

Para el PLD, este escenario representa un desafío inmediato. El relato que intenta instalar la nueva generación, que las irregularidades del presente y del pasado son actos individuales y no reflejo de un partido como institución, puede verse erosionado si Montilla, en su rol de delator, arrastra a figuras cercanas al círculo de poder peledeísta durante los gobiernos de Medina.

Amén de que hay otros casos de relevancia que todavía pesan cual espada de Damocles: los que incluyen a Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta; por igual el caso que involucra al exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez; y a los jefes de la escolta presidencial del exmandatario.

El regreso medido de Danilo Medina

En medio de este escenario, el expresidente Danilo Medina ha empezado a abandonar el ostracismo político en el que se mantuvo durante casi cuatro años. Sus apariciones en asambleas regionales, así como en espacios radiales bajo condiciones controladas, son una muestra de ello.

Detrás de este regreso también se mueve la nueva generación peledeísta, que ha impulsado una narrativa en redes sociales con gritos políticos como "perdóname Danilo".

Este sector ha contribuido a instalar expresiones que el propio Medina ha repetido en sus intervenciones, como: "el pueblo reconoce que se equivocó al sacar al PLD del poder". Aludiendo a que en el pasado el pueblo vivió tiempos mejores.

En el PLD el expresidente es un capital político indispensable, pero su reaparición limitada no satisface del todo. La nueva generación insiste en que el partido necesita liderazgos activos, capaces de marcar la pauta del debate público, y no figuras recluidas en espacios de confort.

Gobierno bajo presión

La estrategia de esta nueva generación también se alimenta de la coyuntura económica y social que enfrenta la administración de Luis Abinader.

A las investigaciones por casos de corrupción que pesan sobre su gobierno se suman otros factores que han comenzado a generar malestar ciudadano: una crisis eléctrica mal manejada, con apagones cada vez más frecuentes; un dólar volátil que golpea directamente a los sectores productivos y a las familias; y la persistente percepción de un alto costo de la vida que erosiona la confianza en las promesas oficiales.

Estos elementos, advierten los emergentes, son terreno fértil para que el PLD articule un discurso opositor con capacidad de conectar con las preocupaciones inmediatas de la población.

Sin duda, los escándalos del presente ofrecen insumos para un discurso crítico, la unidad interna comienza a rearmarse y el regreso de Danilo Medina, acompañado de una narrativa que busca su reivindicación, abre una puerta de liderazgo.

La historia reciente demuestra que la inercia puede ser letal.

RD volvería a utilizar Código Penal del 2002, si Congreso Nacional no adecúa ley antes de enero

En febrero de 2015, República Dominicana recibió una nueva ley, bajo la numeración 10-15, que modificó el marco establecido para el Código Procesal Penal (CPP) del país, el cual no había sido actualizado desde el año 2002.

Pero, el Tribunal Constitucional (TC) decidió años después, en diciembre de 2024, a través de una sentencia, declarar inconstitucional el proyecto convertido en ley por los legisladores y promulgado en el Poder Ejecutivo, tras haber detectado en su contenido vulneraciones a principios dictados en la norma suprema, así como irregularidades en el trámite legislativo.

El dictamen TC/076524 de la alta corte colocó un plazo de un año para que el Congreso Nacional elabore una nueva normativa con el objetivo de subsanar la situación “de inconstitucionalidad formal que afecta a la Ley 10-15”. Sin embargo, en caso de que el Poder Legislativo no acate el mandato constitucional, el Código Procesal Penal perdería 110 artículos que fueron reformados en la última modificación realizada a la Ley 76-02. Además, República Dominicana retrocedería al año 2002, viéndose obligada a utilizar el antiguo documento procedimental en las instancias del Poder Judicial.

“Al término de este último plazo, la Ley 10-15 perderá automáticamente su vigencia y será excluida del ordenamiento jurídico, restableciéndose en su lugar la vigencia del régimen procesal penal prescrito en la Ley 76-02, que establece el Código Procesal Penal”, decidieron los magistrados el 6 de diciembre del pasado año.

Hasta el momento, los congresistas solo han podido saldar la deuda de actualizar el Código Penal, el cual entrará en vigencia el 3 de agosto del próximo año. Esta es la parte sancionadora, la cual tipifica los delitos registrados en el territorio nacional, mientras que el Código Procesal Penal, como su nombre lo indica, regula la manera en que se aplican las sanciones.

Sentencia del Constitucional

Mientras tanto, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República tiene la responsabilidad de estudiar desde hace más de dos meses un proyecto que podría resolver los fallos constitucionales, evitando devolver al país a la aplicación de un Código Procesal Penal elaborado hace más de 20 años.

Con el tiempo a contrarreloj, el presidente de la mesa legislativa, senador Antonio Taveras, informó que se están preparando para enviar el proyecto de ley final consensuado a las entidades vinculadas al uso del conjunto de leyes sobre los mecanismos punitivos.

El congresista explicó que el Ministerio Público, Defensor del Pueblo, otras representaciones del Poder Judicial, la Procuraduría General de la República (PGR), Fundación Justicia y Transparencia (Finjus), Participación Ciudadana (PC) y la escuela de derecho de las principales universidades del país podrán presentar sus observaciones después de recibir la pieza elaborada por los representantes de la comisión senatorial.

“Más o menos, en 15 días vamos a hacer un taller por si acaso tienen alguna opinión, pues vengan acá y nos pongamos de acuerdo…”, dijo al ser entrevistado por reporteros de los medios de comunicación.

Proyectos de ley

Los senadores Omar Fernández, junto al representante Félix Bautista, Cristóbal Castillo y Antonio Taveras, son los autores, de manera individual, de las tres iniciativas que estudia la comisión, las cuales fueron unificadas. Además, existe otra pieza en la Cámara de Diputados elaborada por el legislador Rafa Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo (FP), no obstante, esta permanece estancada en la Comisión de Justicia desde el pasado 6 de junio, fecha en la que venció el plazo asignado para su estudio

Maestros banilejos paralizan docencia y marchan en reclamo de la escuela Las Carreras

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La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), paralizó la docencia en la provincia Peravia este miércoles en demanda de que se concluyan los trabajos de construcción de la escuela Básica de Las Carreras, demolida en julio del 2023, con la promesa de construirles en 18 meses un plantel nuevo.

Unos 400 estudiantes de los niveles de Inicial, Básica y el Primer Nivel de Secundaria que alojaba la vieja infraestructura, no han podido recibir docencia este año escolar que inició oficialmente el pasado 25 de agosto.

Esto porque que tanto la comunidad de Las Carreras, a través de sus distintas organizaciones, Sociedad de Padres, Madres y Amigos de Escuela (APMAE), junto a la ADP decidieron no iniciar docencia este año 2025-2026 hasta que el MINERD retome los trabajos de construcción para el nuevo plantel escolar.

Desde las primeras horas de la mañana de este miércoles, los maestros banilejos marcharon por las principales calles del centro de la ciudad; como la Padre Billini, Duarte, Sánchez y Máximo Gómez, hasta el palacio de la Gobernación provincial y, hasta las oficinas del Distrito Educativo, para exigir a través de un documento formal el reinicio de los trabajos de construcción de la escuela paralizados hace ya unos 7 meses, según explicaron a los medios de prensa que cubrían el evento.

La marcha de los maestros fue custodiada por agentes de la Digesset y miembros de la Policía Nacional, que estuvieron también apostadas tanto a la entrada del edificio de la gobernación local como en las oficinas del Distrito Educativo.

Gregorio Aybar, presidente de ADP para la filial Baní, explicó que el propósito de la marcha es, “pedir a la gobernadora provincial, profesora Yadira Báez, que interponga de sus buenos oficios para que los trabajos de construcción del plantel de Las Carreras, que de manera abusiva fue demolido con una promesa de entregarlo en 18 meses y ya va para 3 años”.

Recordarles también a las autoridades, expresó Gregorio a través de un megáfono, que todavía los niños de esta escuela sigue recibiendo clases “en un infierno llamado aulas móviles y en locales rentados”.

La gobernadora Báez acogió en el salón de conferencias de la institución una comisión de maestros encabezada por Aybar, para recibir oficialmente el documento de reclamo de los docentes.

Yadira, luego de escucharles, les informó que se están haciendo todos los esfuerzos para terminar a la mayor brevedad el nuevo plantel, pero que estos trabajos requieren de un proceso burocrático que a veces dilata los procesos.

La marcha de los maestros concluyó en las oficinas del Distrito Educativo, en la Gastón Fernando Deligne, donde reiteraron el mismo reclamo.

Se recuerda que alumnos y docentes del Centro Educativo de Las Carreras tuvieron que finalizar los años escolares 2023-2024 y el 2024-2025 en aulas improvisadas como locales de una iglesia, un antiguo bar e incómodos y calientes furgones bajo la promesa de que para finales del pasado periodo escolar (2024-2025), tendrían listo su plantel de enseñanza.

A tres años de haberles demolido la vieja infraestructura que albergaba esta escuela por más de 30 años, la APMAE), la ADP), filial Baní, y las organizaciones comunitarias, decidieron no iniciar la docencia al describir las condiciones en que concluyeron el periodo escolar recién pasado como “infrahumanas” para los estudiantes y docentes.

RD volvería a utilizar Código Penal del 2002, si Congreso Nacional no adecúa ley antes de enero

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En febrero de 2015, República Dominicana recibió una nueva ley, bajo la numeración 10-15, que modificó el marco establecido para el Código Procesal Penal (CPP) del país, el cual no había sido actualizado desde el año 2002.

Pero, el Tribunal Constitucional (TC) decidió años después, en diciembre de 2024, a través de una sentencia, declarar inconstitucional el proyecto convertido en ley por los legisladores y promulgado en el Poder Ejecutivo, tras haber detectado en su contenido vulneraciones a principios dictados en la norma suprema, así como irregularidades en el trámite legislativo.

El dictamen TC/076524 de la alta corte colocó un plazo de un año para que el Congreso Nacional elabore una nueva normativa con el objetivo de subsanar la situación “de inconstitucionalidad formal que afecta a la Ley 10-15”. Sin embargo, en caso de que el Poder Legislativo no acate el mandato constitucional, el Código Procesal Penal perdería 110 artículos que fueron reformados en la última modificación realizada a la Ley 76-02. Además, República Dominicana retrocedería al año 2002, viéndose obligada a utilizar el antiguo documento procedimental en las instancias del Poder Judicial.

“Al término de este último plazo, la Ley 10-15 perderá automáticamente su vigencia y será excluida del ordenamiento jurídico, restableciéndose en su lugar la vigencia del régimen procesal penal prescrito en la Ley 76-02, que establece el Código Procesal Penal”, decidieron los magistrados el 6 de diciembre del pasado año.

Hasta el momento, los congresistas solo han podido saldar la deuda de actualizar el Código Penal, el cual entrará en vigencia el 3 de agosto del próximo año. Esta es la parte sancionadora, la cual tipifica los delitos registrados en el territorio nacional, mientras que el Código Procesal Penal, como su nombre lo indica, regula la manera en que se aplican las sanciones.

Sentencia del Constitucional

Mientras tanto, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República tiene la responsabilidad de estudiar desde hace más de dos meses un proyecto que podría resolver los fallos constitucionales, evitando devolver al país a la aplicación de un Código Procesal Penal elaborado hace más de 20 años.

Con el tiempo a contrarreloj, el presidente de la mesa legislativa, senador Antonio Taveras, informó que se están preparando para enviar el proyecto de ley final consensuado a las entidades vinculadas al uso del conjunto de leyes sobre los mecanismos punitivos.

El congresista explicó que el Ministerio Público, Defensor del Pueblo, otras representaciones del Poder Judicial, la Procuraduría General de la República (PGR), Fundación Justicia y Transparencia (Finjus), Participación Ciudadana (PC) y la escuela de derecho de las principales universidades del país podrán presentar sus observaciones después de recibir la pieza elaborada por los representantes de la comisión senatorial.

“Más o menos, en 15 días vamos a hacer un taller por si acaso tienen alguna opinión, pues vengan acá y nos pongamos de acuerdo…”, dijo al ser entrevistado por reporteros de los medios de comunicación.

Proyectos de ley

Los senadores Omar Fernández, junto al representante Félix Bautista, Cristóbal Castillo y Antonio Taveras, son los autores, de manera individual, de las tres iniciativas que estudia la comisión, las cuales fueron unificadas. Además, existe otra pieza en la Cámara de Diputados elaborada por el legislador Rafa Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo (FP), no obstante, esta permanece estancada en la Comisión de Justicia desde el pasado 6 de junio, fecha en la que venció el plazo asignado para su estudio.