La difamación por medios digitales se ha convertido en uno de los ciberdelitos más judicializados en la República Dominicana.
La Fiscalía del Distrito Nacional recibe anualmente decenas de querellas por difamación e injuria, un reflejo de la creciente conflictividad generada por el auge de las redes sociales y las plataformas digitales.
El departamento contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología ha destacado que este tipo de delitos es de los más activamente perseguidos.
Recientemente, se han conocido varios casos de alto perfil que demuestran la tendencia de figuras públicas a recurrir a los tribunales para proteger su honor y reputación.
Caso Milagros De Camps Germán contra Ángel Martínez y Otros
Un ejemplo destacado es la querella con constitución en actor civil presentada por la exviceministra de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán, contra el comunicador Ángel Martínez, radicado en Miami, y otras cinco personas. Esta acción legal forma parte de un conjunto de medidas iniciadas el 24 de enero de 2025.
La querella, que también incluye a Franchesca Castillo, José Manuel Mesa, Lya Báez, Aquiles Jiménez y Kiko Schwerer, fue interpuesta por los abogados Amauris Vásquez Disla, Diana De Camps Contreras, Paul Concepción, Mariela Santos Jiménez y Félix Santana Reyes.
La demanda alega la presunta violación de la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Se solicita una indemnización de RD$ 10,000,000.00, destinada a la protección y conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
La acusación se fundamenta en una serie de publicaciones y videos difundidos en redes sociales, especialmente en YouTube y las cuentas verificadas de los querellados. Según la querella, en estas plataformas "se propaga la falsa alegación de que la señora De Camps se encuentra embarazada y que el supuesto padre es el presidente de la República, Luis Abinader".
Los abogados de De Camps Germán señalan que "la narrativa fue amplificada con lenguaje burlón, imágenes manipuladas y afirmaciones carentes de sustento, en lo que la parte accionante describe como una campaña de difamación sistemática y viral". Estiman que el contenido alcanzó a más de 400,000 personas en menos de diez días, "provocando un daño severo e irreparable a la honra, dignidad y reputación de la exfuncionaria".
Los representantes legales argumentan que las expresiones proferidas no están amparadas por el derecho a la libertad de expresión, ya que constituyen "imputaciones falsas, ultrajantes y desproporcionadas". Afirman que "este caso representa un ejemplo claro del ejercicio desmedido de la libertad de expresión, donde el pensamiento no es el motor de las declaraciones, sino el odio, la manipulación y el descrédito".
Otro Caso: Luis Ricardo Reyes Mendoza contra Ángel Martínez
Otra acción legal relevante contra Ángel Martínez es la denuncia presentada en la Fiscalía del Distrito Nacional por Luis Ricardo Reyes Mendoza, a través de su abogado Miguel de la Rosa, también por presunta difamación e injuria.
Según el documento, el pasado 20 de mayo, Martínez afirmó en su programa de YouTube que Reyes Mendoza era un narcotraficante que poseía una finca en Bánica, provincia Elías Piñas, supuestamente visitada por el presidente Luis Abinader. Además, la denuncia detalla que Martínez aseveró que Reyes Mendoza "le buscaba mujeres" a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y que era socio de Quirino Ernesto Paulino Castillo (conocido como Quirino), a quien calificó de criminal, entre otras acusaciones.
Reyes Mendoza argumenta que estas afirmaciones han afectado gravemente su vida pública y privada, al punto que su padre, Eladio Reyes, falleció de un infarto debido a "todas las mentiras y difamaciones" vertidas en su contra.
Detención de Ángel Martínez
El investigador Ángel Martínez, radicado en Miami, fue detenido ayer en Puerto Plata por rebeldía, debido a su ausencia en las audiencias seguidas en su contra. Esta detención se produjo a raíz de una demanda por difamación e injuria interpuesta por el diputado Sergio Moya (Gory).
Acciones Legales por Difamación: Ministra Faride Raful se Une a la Lucha
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha anunciado que instruyó a su equipo de abogados para iniciar acciones legales contra todos aquellos que participen en una campaña de descrédito dirigida a su gestión.
A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Raful enfatizó que, como servidora pública, ha actuado con transparencia, integridad y coherencia. Sin embargo, en esta ocasión, habló como hija, madre y ciudadana, en nombre de otras mujeres que "han vivido ataques similares".
La ministra sostuvo que cualquiera puede ser víctima de extorsión a través de contenidos manipulados en las redes sociales, lo que considera "una amenaza real que debemos enfrentar como sociedad".
Querellas de Periodistas contra Comunicadores Digitales
Otra querella de gran relevancia fue la depositada en la Fiscalía del Distrito Nacional por los periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez.
La acción legal, por difamación e injuria en medios digitales, fue interpuesta contra cuatro comunicadores: Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández. Los querellantes les atribuyen la difusión reiterada de señalamientos difamatorios e injuriosos.
Según la querella, los acusados se hicieron eco de la desinformación publicada por el comunicador Johnny Arrendel, quien acusó a varios periodistas de recibir miles de dólares mensuales de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Caso del Diputado Sergio Moya contra "La Tora"
El diputado Sergio Moya (conocido como "Gory") mantiene una demanda por presunta difamación e injuria contra la comunicadora Claudina Pérez, popularmente identificada como "La Tora".
En este proceso, la jueza Diana Moreno Rodríguez, de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, emitió una orden de arresto el pasado 30 de abril, tras declarar en rebeldía a "La Tora" por no comparecer a la audiencia.
Posteriormente, tras ser arrestada, la jueza conoció una audiencia y dispuso el levantamiento de la rebeldía que pesaba en su contra, aplazando la audiencia para el 28 de mayo. En respuesta a esta situación, "La Tora" ha sometido a un juicio disciplinario a la jueza ante el Consejo del Poder Judicial.
Gory contra Alfredo de la Cruz
Otra querella con constitución en actor civil fue presentada por el diputado Sergio Moya contra el comunicador Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal por supuesta difamación e injuria.
El legislador se querelló ante la Fiscalía del Distrito Nacional, a través de los abogados José Altagracia Fis Batista, Enmanuel Pimentel Reyes y Enmanuel Martínez Acevedo.
De acuerdo con sus abogados, el diputado del Partido Revolucionario Moderno acusa al comunicador de los delitos de difamación e injuria, previstos en los artículos 367 del Código Penal y 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología.
En la querella se pide al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología un informe pormenorizado y técnico con relación a los videos del canal de YouTube.
Criterio de la Suprema Corte sobre Difamación Electrónica
Dada la alta concentración de población y actividad mediática en el Distrito Nacional, una proporción significativa de estas querellas se presentan en esta jurisdicción. La República Dominicana cuenta con la Ley 61-32 de 1962, de Expresión y Difusión del Pensamiento, que tipifica la difamación e injuria. Además, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología aborda estas conductas cuando se cometen por medios electrónicos, lo que facilita la presentación de querellas y la persecución de estos delitos.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia estableció un criterio importante en la sentencia núm. SCJ-SS-22-0563, del 2 de junio de 2022. Determinó que la difamación a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales es un tipo penal especial que debe ser perseguido como infracción de acción pública a instancia privada. Esto significa que se exige como requisito esencial la sustanciación como un proceso ordinario, con una fase preliminar y la presencia del Ministerio Público.
"En el presente caso la acción penal ha sido mal perseguida al comprobarse que los hechos que se atribuyen al imputado son perseguibles mediante el ejercicio de la acción pública a instancia privada, no a instancia privada, como ocurrió en la especie, lo que impide el conocimiento del fondo del proceso y procede la declaratoria de inadmisibilidad", aclara la decisión.
La sentencia fue dictada por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena (quien preside), Fran Euclides Soto Sánchez y Francisco Antonio Ortega Polanco.
Dado el alto volumen de población y actividad mediática en el Distrito Nacional, una proporción significativa de estas querellas se presentan en esta jurisdicción.
La República Dominicana cuenta con la Ley 61-32 de 1962, de Expresión y Difusión del Pensamiento, que tipifica la difamación e injuria. Además, la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología aborda estas conductas cuando se cometen por medios electrónicos, lo que facilita la presentación de querellas y la persecución de estos delitos.
