La reimposición de sanciones contra Irán parece inevitable, adelantan diplomáticos, a pesar de los últimos esfuerzos de China y Rusia en el Consejo de Seguridad, que este viernes decide si aplaza la entrada en vigor de las medidas punitivas, prevista para el sábado.
El proyecto de resolución presentado por Moscú y Pekín, al que tuvo acceso la AFP, apunta a prorrogar por seis meses, hasta el 18 de abril de 2026, la resolución del Consejo que rige el acuerdo nuclear iraní de 2015 (conocido como PAIC), que expira el 18 de octubre.
Es poco probable, según fuentes diplomáticas que el texto propuesto obtenga el respaldo de nueve de los quince países, mayoría necesaria para ser aprobado en el Consejo de Seguridad.
La propuesta también insta a "todos los participantes originales del PAIC a reanudar inmediatamente las negociaciones", un mensaje dirigido a los estadounidenses que abandonaron el acuerdo en 2018.
Pekín y Moscú ya han denunciado ampliamente y considerado ilegal el proceso de "reinicio rápido" desatado a finales de agosto por el grupo E3 (Alemania, Francia y el Reino Unido) para restablecer las sanciones contra Irán, levantadas en 2015.
El Consejo de Seguridad dio el viernes pasado luz verde a la reimposición de las medidas. Estás entrarán en vigor a las 00H00 GMT del sábado si no hay un acuerdo de última hora.
El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió el miércoles con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y afirmó que era posible llegar a un acuerdo para evitar las sanciones, aunque recordó que solo quedan unas horas.
Francia, en nombre propio y en el de Alemania y Gran Bretaña, ha dicho a Irán que debe permitir el acceso total a los inspectores nucleares de la ONU, reanudar inmediatamente las negociaciones nucleares y ofrecer transparencia sobre el uranio enriquecido.
Sin "gestos concretos"
La mayoría de los responsables de Alemania, Francia y Reino Unido abandonaron Nueva York el jueves por la noche con la sensación de haber "hecho todo" para avanzar, ante interlocutores iraníes inflexibles, según un diplomático.
Salvo una gran sorpresa, no ven cómo evitar el regreso de las sanciones que afectarán particularmente a los sectores bancario, financiero y petrolero de Irán.
Varios diplomáticos, que pidieron el anonimato por la sensibilidad del tema, indicaron que no habían recibido los "gestos concretos" esperados.
Los europeos plantean tres condiciones: la reanudación de negociaciones con Estados Unidos; acceso de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a los sitios nucleares sensibles, en particular Natanz, Fordo e Isfahán; y un proceso para asegurar las existencias de uranio enriquecido.
Irán dispone de unos 450 kilos de uranio enriquecido al 60 %, lo que equivale a una capacidad suficiente para 8 a 10 bombas nucleares, según expertos europeos.
"Irán nunca debe adquirir armas nucleares", declaró esta semana el ministro alemán de Asuntos Exteriores Johann Wadephul, aunque reconoció que las posibilidades de una solución diplomática son "extremadamente escasas".
"No queremos armas nucleares"
Desde hace años, este tema envenena las relaciones de Teherán con Occidente. Estados Unidos e Israel, su enemigo jurado, sospechan que el gobierno iraní busca dotarse de la bomba atómica, lo que Teherán niega.
"Irán nunca ha buscado ni buscará jamás fabricar una bomba atómica. No queremos armas nucleares", afirmó el presidente iraní en la tribuna de las Naciones Unidas esta semana.
El emisario estadounidense Steve Witkoff, que negociaba con Teherán hasta el ataque de Israel contra infraestructuras iraníes en junio pasado, también informó de contactos esta semana.
Por su parte, el jefe del OIEA, Rafael Grossi, intentó una mediación entre las diferentes partes, pero sin muestras de gran firmeza frente a la rigidez del sistema iraní, según fuentes diplomáticas.
Desde Teherán, el guía supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, afirmó el martes que Teherán no cedería en la cuestión del enriquecimiento de uranio.
La administración Trump ahora quiere que Irán renuncie a todo enriquecimiento. El acuerdo de 2015 lo limitaba a un 3.67 %.
