El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el martes una resolución que transforma la Misión Multinacional de Seguridad (MMAS) en Haití en una fuerza mayor para combatir las pandillas, con el objetivo de frenar la violencia en el empobrecido país.

La resolución presentada por Estados Unidos y Panamá, que contó con 12 votos a favor y tres abstenciones, prevé la creación de una "nueva fuerza de represión de las bandas" criminales que tendrá un máximo de 5.500 uniformados, es decir cinco veces más que el personal que tenía la MMAS.

"La comunidad internacional está compartiendo la carga", afirmó uno de los promotores de la resolución, Mike Waltz, enviado de Washington ante la ONU.

Luego de confirmar que el video musical con contenido vulgar fue grabado en una escuela del municipio Santo Domingo Este, el Ministerio de Educación (MINERD) informó este martes la suspensión de sus  funciones a varios servidores del centro, incluyendo coordinadores y personal administrativo. También interpondrá la denuncia ante el Ministerio Público.

En una nota de prensa indica que la suspensión es para fines de investigación, y que a esas personas se le atribuye responsabilidad por el uso indebido de las instalaciones escolares. Aunque no dice la escuela, el vocero de la Policía informó el lunes que fue un plantel del sector Invivienda, donde Pamela Sandobal, conocida como Shupamela y Darielis Marchena (Menor Queen) firmaron el video.

El Minerd señaló que esta acción constituye una violación directa a la formación y educación en valores, así como a la integridad y al interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

En ese sentido, “el Ministerio de Educación informó que está procediendo a interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, a fin de identificar la totalidad de los responsables, así como los grados de responsabilidad penal de todos y cada uno de ellos”.

Pide prohibir ella difusión del material

La cartera educativa adelantó que solicitará a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos la prohibición total de la difusión del material grabado, a fin de evitar que continúe circulando y afectando a la comunidad educativa y a la sociedad en general.

La institución anunció la conformación de una comisión especial encargada de revisar la ley vigente y proponer recomendaciones que permitan endurecer las sanciones aplicables en casos similares, a fin de reforzar la protección de los espacios escolares.

El Minerd reiteró que no tolerará bajo ninguna circunstancia el uso indebido de los centros educativos. La institución subrayó que estas medidas, más allá de su alcance administrativo, envían un mensaje claro: los planteles escolares son espacios sagrados e inviolables, dedicados exclusivamente a la enseñanza y la formación en valores.

Los asesinatos planificados desde las cárceles dominicanas son la historia de nunca acabar. El pasado día 20 de septiembre un hombre fue ultimado por dos sicarios en el sector Capotillo, Distrito Nacional. Según las autoridades, el crimen fue planificado por un preso preventivo del penal de San Pedro de Macorís, quien también "coordinó, desde prisión, la entrega del arma" con la que se ejecutó la muerte.

El homicidio agravado de Edwin Antonio Berliza Sosa se produjo mientras está en vigencia a medias otro de los proyectos que se han venido anunciando desde hace más de 10 años para evitar esos crímenes desde los centros de reclusión, el bloqueo de la señal telefónica.

Según la Fiscalía del Distrito Nacional, el preso preventivo Wandy Javier Monegro Valdez y/o Winder Javier Montero Valdez, alias Winderson, quien está tras las rejas por otro homicidio, ordenó mediante llamada de WhatsApp entregar una pistola y 20,000 pesos para que asesinaran a Berliza Sosa.

Para ello contactó por la mencionada App al imputado Lander Balbuena, alias Landy, para que entregara el arma y el dinero a Raúl Ernesto Montero García, alias Maicol, quien, posteriormente, la puso en manos del prófugo Raúl Balbuena Doñé, alias Wilkin Maldad, a quien se señala de ser responsable de los disparos que acabaron con la vida de la víctima.

En la solicitud de medida de coerción, los fiscales señalan que Wilkin Maldad, y Elisson Eduardo Cruz Jiménez, alias Manolo, llegaron en una motocicleta a la intersección de las calles Josefa Brea y Nicolás de Ovando, en Capotillo, en horas de la tarde del 20 de septiembre. "Maldad" descendió y disparó dos veces contra Edwin Antonio Berliza Sosa.

El crimen se grabó

La fiscalía dice que cuenta con los vídeos captados por las cámaras de seguridad que registraron el asesinato, así como con testigos presenciales. Tras cometer el crimen, según los fiscales, Montero García recogió a Wilkin Maldad en un vehículo, mientras Elisson Eduardo Cruz Jiménez, alias Manolo, los seguía en la motocicleta.

Este lunes, estaba programada la audiencia de conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Montero García y Cruz Jiménez, pero se postergó para el jueves, a las 9:00 de la mañana, a petición de las defensas. No se ofreció más detalles sobre el preso preventivo que planificó la muerte y tampoco de Lander Barbuena.

Otros crímenes

Entre los últimos crímenes que se ejecutan en las calles y en los que se involucra a internos de las cárceles, están el del abogado Santiago Reyes, conocido como "Chaguito", ultimado de varios disparos mientras se desplazaba en un vehículo por la carretera La Ciénaga, al norte de Santiago, el 23 de enero del 2024.

También en el atentado al expelotero David Ortiz se señaló a dos reclusos de la cárcel de Azua por organizarlo, en junio del 2019. Uno de esos reos fue José Eduardo Ciprián Lebrón, alias Chuki, quien fue condenado a 10 años por el disparo que recibió el Big Papi y que casi termina con su vida.

A final del año pasado Ciprián Lebrón obtuvo libertad condicional y fue ultimado el pasado 1 de septiembre por dos hombres que se trasladaban en una motocicleta. En el tiroteo también murieron otros dos hombres.

Último plan de bloqueo

Hace justamente un año se anunció el último plan de bloqueo de señales telefónicas en los diferentes centros de reclusión del país con un plan piloto que arrancó en enero de este 2025 en cuatro cárceles.

El programa, según el presidente del Indotel, Guido Gómez, se ejecuta ya en cinco penitenciarías, pero solo se han identificado la del El Pinito (La Vega), Kilómetro 15 de Azua, Anamuya (Higüey) y Rafey (Santiago).