Para la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, “deja un profundo sabor a injusticia, la medida de coerción dictada por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, para los propietarios de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario.

La jueza impuso a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida, como medida de coerción.

Ante esta decisión, adoptada la madrugada de este jueves, la fiscal Rosalba Ramos expresó su inconformidad, por entender que esto pone en entredicho la esperanza de justicia de cientos de familias, de una tragedia que dejó 235 muertos y más de 100 heridos.

La magistrada Ramos entiende que no puede haber paz, mientras la impunidad tenga más peso que el dolor colectivo.

“La decisión de la magistrada Fátima Veloz deja un profundo sabor a injusticia, especialmente frente a una investigación exhaustiva y bien fundamentada por parte del Ministerio Público, que buscaba hacer valer la ley en nombre de las 235 víctimas mortales, más de 100 heridos y 130 huérfanos que dejó la tragedia del Jet Set. Esta decisión no solo hiere la memoria de quienes ya no están, sino que también pone en entredicho la esperanza de cientos de familias que claman por justicia. No puede haber paz mientras la impunidad tenga más peso que el dolor colectivo” expresó Ramos en su cuenta de X.

El Ministerio Público apelará

También el magistrado Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, calificó como una “burla a las víctimas” la decisión de la Jueza Veloz de dejar a los imputados en libertad, por considerar que el tribunal no valoró los hechos en su justa dimensión.

En consecuencia, el Ministerio Público va a apelar las medidas de coerción.

“Creemos que el tribunal no valoró correctamente la magnitud del daño que han traído para la sociedad dominicana los hechos; pero, sobre todo, el daño que significa para 235 personas que murieron, más de 180 personas que resultaron heridas y más de 130 niños que quedaron huérfanos como consecuencia de esta conducta y como consecuencia del comportamiento de Antonio y Maribel Espaillat que pusieron sobre el interés de las personas que ahí estaban, las que acudían normalmente a esa discoteca, su interés económico”, puntualizó.

La familia Espaillat emitió el jueves un comunicado en el que aseguró que más de 40 "acuerdos de compensación económica y apoyo humano" fueron firmados con los heridos y los familiares de los fallecidos en el desplome del techo de la discoteca Jet Set.

"Se han suscrito, sin publicidad ni condicionamiento alguno, más de 40 acuerdos de compensación económica y apoyo humano, legalizados ante notario, con familiares de fallecidos, personas lesionadas y músicos afectados", leía parte del referido documento.

Asimismo, en el comunicado se indica que se hizo público los presupuestos que depositó la defensa de los imputados en la investigación de la tragedia que dejó a 236 muertos y 180 heridos, Antonio y Maribel Espaillat.

En esos presupuestos califica como una "conducta solidaria" por parte de Antonio y Maribel el haber suscrito los mencionados acuerdos, sin esperar el desenlace del proceso de investigación y legal.

¿QUIENES FIRMARON EL ACUERDO?

En este documento también se enumera las víctimas y familiares de los fallecidos en el colapso del Jet Set que, hasta el momento de publicación de esta noticia, han firmado un acuerdo de compensación con la empresa Inversiones E y L, S. R. L., compañía propietaria del Jet Set.

De manera similar estos acuerdos, según lo establecido en los presupuestos, fueron firmados entre el 2 de mayo y 12 de junio de este año.

Los firmantes identificados son Simeón Mueses, Yira Hernández Martínez, Epifania López Sánchez, Aura Rosario Soriano, Winelys Medina Marte, Ronny Darinel Taveras Minaya, Kelvin Sterling Peralta Delgado, Luz María Divina Peralta Delgado, Miguel Antonio Brito, Kirssy Guillermina Pérez Cruz de Álvarez y Ramon de Jesús Álvarez Guerrero.

También Johanna Franceli Pérez Hernández, Luis Alberto Saavedra Alvarado, Luis Javier Saavedra Martín, Yanitza Carolina Marín de Saavedra, Fredzaid del Carmen Tovar Santana, Jhoana García Reyes, Rosa Irania García Reyes, Neury Elizabeth Lora Morel, Francisca Mariñez Rosario

Elpidio Marilez Ramírez, Jhonelyn Manuel Mariñez Mojica, Jianny Cesarina Mariñez Mojina y Juana Francisca Mojica.

Igualmente firmaron acuerdos Ángel Alberto Franco Fuentes, Anibal Arodi Albuerme Rosa, Deivis Alberti Antigua Paulino, Esdras Hernández Segura, Carlos Ubiera Payano, Jordy Ramírez Matos, Juan Luis Gómez Espinal, Junior Radhaméz Sánchez Pérez, Manuel de Jesús Tatis, Martín José Encarnación Pineda, Misael Abreu Cruz y Máximo Leonardo Núñez Díaz.

Lo mismo hicieron Raúl Andrés Castro Valerio, Teosaris Miguel Báez Polanco, Teófilo Blas Dimil Reyes Céspedes, Félix Fernando Soto Rodríguez y Zulinka Yadhira Pérez Lizardo.

Estos acuerdos fueron firmados en disposición de descargo por lo sucedido en la tragedia del Jet Set y como garantía económica correspondiente al de pago por daños físicos, psicológicos y gastos médicos por los afectados.

A partir del primero de julio entra en vigencia el nuevo horario de entrada y salida, escalonado, dispuesto por el Gobierno para mejorar el tránsito en el Gran Santo Domingo.

El Ministerio de Administración Pública (MAP) establece los nuevos horarios escalonados para las instituciones públicas divididos en dos grupos el A y el B, de la siguiente manera:

Grupo A: los empleados entrarán a las 7:00 am para salir a las 3:00 de la tarde.

Mientras que el Grupo B tendrán un horario 7:30 am – 3:30 pm.

“Instituciones que reciben más de 2,000 visitas al mes en atención al ciudadano deberán establecer dos turnos, uno de 7:00 AM a 2:00 PM y otro de 2:00 a 9:00 P.M.

La disposición está contenida en número 008962, que indica que las instituciones públicas, con presencia en el gran Santo Domingo, deberán asignar el 70% de su personal en uno de los dos horarios antes señalados.

Mientras que “el treinta por ciento (30%) restante podrá permanecer en su horario regular actual o como la institución correspondiente disponga”.

La medida establece que las instituciones que sobrepasen las dos mil visitas al mes, “en atención al ciudadano deberán establecer dos turnos, el primero iniciando a las 7:00 a.m., y finalizando a las 2:00 p.m., y el segundo turno iniciando a las 2:00 p.m., y finalizando a las 9:00 p.m.”

La circular establece que cada institución deberá distribuir su personal en esos horarios, según sus necesidades operativas, de forma que garantice la operatividad y la calidad en el servicio.

Turno rotativo y personal de salud

En el caso de las instituciones que tienen turnos rotativos, o sea que trabajan 24 horas todos los días, como son los hospitales y centros de emergencias, deberán mantener su esquema habitual, “adaptando sus áreas administrativas al escalonamiento donde sea posible”.

Las empresas tienen hasta el 30 de este mes para notificarle al MAP los ajustes de horarios que hagan en su personal, a través de las direcciones de recursos humanos de estas.

Bajo medidas de seguridad y por separado, fueron llevados a la sala de audiencia Maribel Espaillat y Antonio Espaillat, para el conocimiento de medida de coerción por el caso de la discoteca Jet Set.

A las 11:43 de la mañana los hermanos Espaillat entraron a la sala de audiencias del primer tribunal colegiado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se le conocerá la coerción.

El Ministerio Público pide prisión domiciliara para la encartada; mientras que para su hermano, Antonio Espaillat, solicitan 18 meses de cárcel.

En el lugar, también se presentaron algunos sobrevivientes de la tragedia ocurrida el ocho de abril, que dejó un saldo de 236 personas muertas y más de 180 fallecidos.

Los hermanos Espaillat fueron arrestados el jueves 12 de junio a las 5:16 de la tarde por el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho.

El parque Mirador Sur se ha convertido en todo lo contrario a lo que debería ser: Un área protegida. La basura y los indigentes abundan en sus cuevas, mientras una montaña de chatarra es acogida por quienes deben velar por el cuidado de la zona, como si fuera parte del parque.

La Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos (DUEP), dependencia del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), se supone es la entidad encargada de proteger los espacios públicos. Sin embargo, irónicamente, su sede se encuentra justo en medio de una acumulación de chatarras.

Uno de los condómines, cuya identidad se mantiene en reserva, es propietario de un apartamento frente a la sede de la DUEP. Cuando sube a su área social o a la azotea, describe que quisiera tener una vista verde y respirar aire fresco, pero lo que contempla son montones de basura acumulada donde antes operaba el Club de Los Jardines del Sur.

“El ayuntamiento, la policía municipal ha cogido eso como vertedero y como depósito de chatarras…Son ellos que los entran, ellos son los que tienen el control absoluto de eso”, dijo el residente.

Toldos, carritos de supermercado, carretas, triciclos, exhibidores, hojas de zinc, canastos, carretillas, tanques, vallas digitales, letreros de señalización… pareciera que todo lo que se daña en la ciudad termina allí.

Según el denunciante, los miembros de la Policía Municipal les quitan estos carritos a “los infelices en la calle…le quitan dinero y van acumulando eso ahí”.

El Club de los Jardines del Sur conserva las vigas de hierro que sostenían un gazebo en donde los miembros del sector se reunían antes de que la avenida Cayetano Germosén fuera construida, durante el gobierno de Joaquín Balaguer, entre 1986 y 1990.

Los comunitarios piden que este club sea restaurado. De acuerdo con el testimonio del condómine, hace tres años, durante la remodelación del play ubicado justo al lado de la DUEP, los residentes del kilómetro 7 solicitaron a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, que el club fuera restaurado para ellos.

En defensa a esta propuesta, los residentes de Los Jardines del Sur también le pidieron a Mejía que se restaurara, pero que la propiedad permaneciera bajo el dominio de su sector.

Estos desechos empezaron a ser depositados allí luego de la instalación de la DUEP. Según el residente, quien lleva cinco años viviendo frente al lugar, ya había chatarras cuando se mudó, y con el tiempo han ido en aumento.

Desde aquel diálogo con la alcaldesa, el tema no volvió a mencionarse… hasta ahora.

“Ahí vienen camiones de basura, todos los días por la mañana y traen todas esas cosas que le incautan a la gente”, añadió el denunciante.

Este vecino se ha convertido en un defensor del área por el daño que causan los desechos a la vegetación del Mirador Sur. “Mira cómo están las flores encima de ese vertedero, manchando la belleza de la naturaleza… Eso es veneno para el medio ambiente”, lamentó.

Por otro lado, uno de los dirigentes de un equipo de béisbol infantil que entrena en el play ubicado cerca de los desechos, quien tampoco quiso revelar su identidad, advirtió sobre las enfermedades y los mosquitos que provoca ese cúmulo de objetos, lo que representa un riesgo para los niños que entrena y para todos los visitantes del lugar.

Durante el recorrido por el Mirador Sur, reporteros recibieron también otras denuncias de personas que estaban ejercitándose en el parque.

Entre las quejas más comunes destacan la oscuridad y el riesgo de robos en las primeras horas del día, así como en las tardes y noches.

Uno de los deportistas que utiliza la escalera ubicada en el tramo uno del parque, y que prefirió no revelar su identidad, pidió la instalación de postes del tendido eléctrico.

Además, mencionó la necesidad de desalojar a los indigentes que residen en las cuevas del parque. Afirmó que aunque entiende que no tienen hogar, el gobierno debe intervenir.

“El gobierno lo que debe hacer es una casa de acogida… Muchos de ellos son viciosos, adictos, otros exadictos ya sin familia. Ahí (refiriéndose a las cuevas) están expuestos a ratones, gatos, fieras, culebras, todo lo que aparece”, dijo el denunciante.

Otros caminantes coincidieron en la urgencia de que las autoridades realicen jornadas de limpieza, frecuentes y sostenidas, ya que, según una de las visitantes, el Mirador Sur “es un área protegida donde todos los ciudadanos disfrutamos de un espacio realmente privilegiado y debe de ser protegido”.

La Junta Monetaria dispuso un programa de provisión de liquidez por 81,000 millones de pesos para contrarrestar la pérdida de dinamismo que viene registrando la economía dominicana en los últimos meses, particularmente en abril y mayo.

El menor ritmo de actividad obedece, en parte, al entorno internacional desfavorable, marcado por conflictos geopolíticos e incertidumbre global, y a las restricciones monetarias aplicadas para estabilizar la tasa de cambio.

Conforme aprobó en su reunión del pasado 13 de junio, del monto total, la Junta Monetaria autorizó que 50,000 millones de pesos correspondan a la liberación de encaje legal —equivalente al 2.4 % del pasivo bancario sujeto a encaje— para ser destinados a sectores productivos clave como construcción, manufactura, agropecuaria, exportación y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), a tasas máximas de 9 % anual y plazos de hasta dos años.

Se suman 14,000 millones de pesos disponibles de medidas de encaje legal aprobadas en 2024, originalmente destinadas al financiamiento de viviendas de bajo costo y mipymes, que ahora podrán canalizarse bajo los mismos términos a los sectores productivos previamente definidos.

Además, se prorrogan por seis meses vencimientos de 17,000 millones de pesos en facilidades de liquidez rápida (FLR), evitando presiones adicionales sobre los deudores.

El programa busca estimular el crédito privado y sostener la demanda interna en un escenario donde la inflación permanece dentro del rango meta de 4 % ± 1 %, lo cual permite flexibilizar la política monetaria.

El paquete se complementa con ajustes en las normas prudenciales para el financiamiento en moneda extranjera, excluyendo de los límites a los no generadores de divisas las operaciones de comercio exterior de corto plazo, cartas de crédito y financiamientos vinculados al sector turismo con ingresos en pesos.

"El objetivo de este programa es dotar al sistema financiero de recursos líquidos para facilitar el crédito a los sectores productivos y contribuir a impulsar el ritmo de crecimiento económico", señaló el Banco Central de la República Dominicana al dar a conocer la decisión de la Junta.

Aseguró que, con este programa de provisión de liquidez por 81,000 millones de pesos y los ajustes implementados en las normas prudenciales del financiamiento en moneda extranjera, se contribuirá a la expansión del crédito al sector privado y a un mayor dinamismo de la economía dominicana.

Dinamismo que se produce en un contexto de estabilidad de precios y de fortaleza de sus fundamentos macroeconómicos.

Economista advierte

Con la autorización de la Junta Monetaria para reducir transitoriamente la tasa de interés, estimular el crecimiento, y otorgar préstamos a una tasa no mayor al 9 % anual con vencimiento a dos años, el economista Jaime Aristy Escuder anticipa que la tasa de cambio del peso respecto al dólar volverá a subir.

"Esa medida acentuará el carácter zigzagueante, subóptimo e inconsistente de la política monetaria", advirtió.

SAN JUAN, R.D.- Vestidos de negro y al grito de “agua sí, minería no”, decenas de personas se concentraron este sábado en los alrededores del Arco del Triunfo para rechazar los planes de explotación minera en la provincia por parte de una empresa canadiense.

El diputado Melido Mercedes participó en la actividad y fue enfático al expresar que “San Juan no quiere minería, lo que quiere es su agricultura y la preservación de sus ríos y recursos naturales”.

Asimismo, responsabilizó al Ministerio de Energía y Minas y al presidente de la República por cualquier consecuencia que pueda generar la aprobación del proyecto: “El 95% de los sanjuaneros le decimos no a la explotación minera”, afirmó.

La protesta, custodiada por agentes de la Policía Nacional bajo la supervisión del coronel Oscar Canario, contó con la presencia de dirigentes de la ADP, maestros del recinto UASD San Juan y otras personalidades de la vida social sanjuanera.

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El acto culminó con una caminata alrededor del parque Juan Pablo Duarte, donde los participantes aseguraron que continuarán con otras jornadas en defensa del agua y la vida.

La manifestación fue convocada por un grupo anónimo y recibió amplio respaldo del Movimiento Suroeste Unidos por el Agua y la Vida, junto a ciudadanos preocupados por el impacto ambiental que implicaría un proyecto minero en la zona.
Por Cristhian Mateo