Tras el reciente feminicidio de Mindalis Núñez, presuntamente a manos de su pareja, el sargento Wilkin Vásquez Ozoria, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, hizo un llamado a la sociedad dominicana: educar en el respeto y la tolerancia como vía para detener la violencia contra las mujeres.

“No solamente en la Policía. Nosotros tenemos que educar a todo el pueblo dominicano, porque la agresión contra las mujeres se da no solamente de miembros activos de la Policía, sino de todas partes”, afirmó Raful este lunes.

“Tenemos que educar en la tolerancia, en el respeto a la dignidad de los demás seres humanos”, agregó la ministra en rueda de prensa desde el Palacio de la Policía Nacional.

La funcionaria explicó que el cuerpo del orden público está tomando medidas internas para sancionar a sus miembros involucrados en hechos violentos, como la suspensión inmediata, apertura de investigaciones y retiro del arma de reglamento.

“La Policía Nacional está haciendo lo que tiene que hacer con las instrucciones policiales”, dijo.

“Debemos hacer un ejercicio ciudadano todos para salvar la vida de las mujeres y que no hayan más agresiones”, insistió.

El llamado de la ministra se produce luego de que, la madrugada del domingo, Mindalis Núñez, de 31 años, falleciera tras recibir un disparo en la cabeza por parte de su pareja, el sargento Vásquez Ozoria, en un hecho ocurrido en Villa Hermosa, La Romana.

La pareja habría tenido una discusión tras salir de una discoteca. El agente también resultó herido en el cuello, aunque aún no se han esclarecido todos los detalles del suceso.

Acciones policiales

El director de la Policía Nacional, Ramón Guzmán, explicó que los agentes que presentan antecedentes de violencia son referidos a la Dirección General de Sanidad Policial, donde reciben evaluaciones psicológicas y tratamientos especializados.

“Se le dan los tips que se le tienen que dar, los psicológicos, se le hace todo lo que tiene que ver con el tema”, señaló.

A pesar de esos protocolos, el caso de Núñez reaviva el debate sobre la eficacia de los controles internos de la Policía y la necesidad de abordar la violencia de género como un problema estructural.

tasa de homicidios y robos

La ministra Raful también informó que la tasa nacional de homicidios se sitúa actualmente en 8.2 por cada 100 mil habitantes, lo que sigue evidenciando una tendencia a la baja.

En comparación, para esta misma fecha en años anteriores, la tasa era de 12.29 en julio de 2023 y de 9.96 en julio de 2024, lo que representa una disminución progresiva atribuida al fortalecimiento de las acciones preventivas y operativas implementadas a nivel nacional.

“Quiere decir que va en una tasa a un ritmo descendente gracias a los esfuerzos de esta fuerza de tarea”, subrayó.

“La mayoría de las provincias del país están en verde en el mapa de calor, lo que indica que 26 de ellas registran tasas de homicidios por debajo de un dígito. Solo ocho provincias superan el umbral de 10, y en esas zonas estamos intensificando las intervenciones”, detalló la funcionaria.

En cuanto a los robos, hasta la fecha, se han contabilizado 43,486 denuncias, lo que representa una disminución frente a las 47,309 reportadas en 2024 y las 52,312 en 2023.

Esto equivale, según los datos presentados por Raful, a 3,823 casos menos entre 2024 y 2025.

fuerza de tarea

La reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, que se celebra todos los lunes en el Palacio de la Policia Nacional, fue encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.

Durante la reunión se destacó la presencia en el país de delegaciones de la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial (REDPPOL), mecanismo de cooperación de la OEA, que desarrolla un curso de formación en suelo dominicano.

Este miércoles 16 y jueves 17, el presidente Luis Abinader encabezará en Santiago de los Caballeros el acto de clausura de este programa, que congregará a ministros de seguridad de todo el continente.

Una acalorada discusión por la supuesta desaparición de 10 mil pesos en efectivo habría sido el detonante de un suceso ocurrido la madrugada del sábado en el municipio Villa Hermosa, provincia La Romana, en el que un sargento de la Policía Nacional es acusado de quitarle la vida a su pareja sentimental de un disparo en la cabeza.

La víctima fue identificada como Mindalis Núñez, conocida como "Ana Cari", de 31 años, quien murió presuntamente a manos del sargento Wilkin Vásquez Ozoria, miembro activo de la uniformada.

• Según el informe preliminar de la División de Crímenes y Delitos Contra la Persona (Homicidios), la pareja venía de una discoteca cuando, en el trayecto a su residencia, inició una fuerte discusión que se intensificó al llegar a la vivienda.

Una hermana de la fallecida relató que el conflicto se agravó cuando el agente acusó a Núñez de haberle tomado 10 mil pesos, lo que habría provocado un arrebato de violencia que culminó con el fatal disparo.

Durante el hecho, el sargento también resultó herido en el cuello, sin que hasta el momento se hayan esclarecido las circunstancias en que ocurrió esa lesión.

Investigación

La Policía Nacional confirmó que el agente ha sido arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público para responder por el crimen que ha generado consternación en toda la comunidad.

Las autoridades continúan investigando para esclarecer completamente los hechos.

El abogado Henry Manuel Guzmán Álvarez desmintió de forma categórica las declaraciones del abogado de Ángel Martínez, conocido como "el detective", quien había asegurado que varias querellas por difamación e injuria contra su cliente fueron retiradas.

"No es verdad que haya habido acuerdo con esa gente", declaró Guzmán Álvarez, quien representa al menos a siete personas de Valverde que mantienen procesos judiciales activos contra el comunicador.

La versión de Guzmán contradice directamente la información ofrecida el pasado fin de semana por Carlos Mesa, abogado de Martínez, quien afirmó a la prensa que once querellas habían sido retiradas tras una supuesta retractación pública del acusado.

Los querellantes mantienen la acusación

Guzmán Álvarez subrayó que ninguno de sus clientes ha desistido de las acciones legales y que no existe ningún tipo de acuerdo con Martínez ni con su equipo legal. "Las querellas siguen su curso en los tribunales de Valverde. Estamos esperando las fechas de las audiencias de conciliación, pero el proceso está vivo", sostuvo.

Entre los querellantes representados por Guzmán figuran:

• Deisy Yanelis Aquino Mesa
• Luis Manuel Díaz
• Ricki Ricardo Tejada Blanco
• José Miguel Peralta Castellano
• Martín Nolasco
• Librado Nicanor Acosta Belliard

Todos acusan a Ángel Martínez de difamación e injuria por afirmaciones realizadas en plataformas digitales.

Choque de versiones

El abogado Carlos Mesa había declarado que las querellas de estas personas, junto con otras, fueron retiradas luego de que Martínez ofreciera disculpas públicas y se comprometiera a no volver a realizar comentarios difamatorios.

Tras una lectura íntegra de los 413 artículos, que se tomó casi cinco horas, el Senado de la República aprobó en primera lectura el nuevo Código Penal Dominicano.

El anteproyecto de ley fue aprobado a unanimidad y de pie por los 23 senadores presentes en la sesión y se espera que sea aprobado en una segunda lectura el próximo martes por los senadores para luego enviar la pieza hacia la Cámara de Diputados para repetir el mismo procedimiento.

La aprobación sucedió luego de que la comisión bicameral encargada de estudiar el anteproyecto rindiera un informe favorable.

“La comisión bicameral estudió el contenido de la iniciativa y por su naturaleza concluyó que es una ley orgánica, en esta fusión, son incorporados principios penales modernos y con enfoque en la resocialización, en consonancia con el Código Procesal Penal. Entre estos principios se destacan el principio de proporcionalidad, de intervención mínima, lesividad y de humanidad, orientando así la legislación a la consecución de un Estado social y democrático de derecho. Asimismo, se fortalece la lucha contra la impunidad corporativa al reconocer la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Además, refuerza los delitos contra el Estado y la administración pública, creando barreras normativas para corrupción administrativa, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, entre otros”, reseña el informe leído por el senador Santiago Zorrilla, quien fungió como presidente de la comisión.

Integración del cumulo de penas

El nuevo código integraría la figura del cúmulo de penas por el cual a un mismo individuo se le puede sentenciar tras ser hallado culpable en varios cargos en su contra; el cúmulo puede llegar hasta los 60 años de prisión.

Las causales están fuera

La despenalización del aborto en casos de violación, incesto y malformación congénita quedaron fuera de la pieza aprobada por los senadores; mientras que se mantuvo que la interrupción del embarazo asistida contemple un castigo de prisión de dos a tres años, como estaba estipulado originalmente en el anteproyecto.

El hecho que de las causales se quedasen fuera de la pieza que se discute en la Cámara Alta del Congreso Nacional, generó el rechazo de varios movimientos.

Uno de esos grupos fue el Movimiento de Mujeres Trabajadores (MMT) calificaron el anteproyecto de ley como "Código Penal de la vergüenza" y que el mismo representa un "retroceso disfrazado de modernidad".

Nuevas tipificaciones

Zorrila expuso que la modificación contiene 72 nuevas tipificaciones que la pieza promulgada en 1884 no preveía.

De los nuevos tipos penales señalados se encuentra el terrorismo, el sicariato, el genocidio, infracciones muy graves de guerra, infracciones de lesa humanidad, desaparición forzada de personas, feminicidio, feminicidio agravado, feminicidio conexo, violencia conexa en escenario feminicida, inducción al suicidio, cooperación al suicidio, daños con sustancias químicas.

Además del trato cruel inhumano o degradante, robo de identidad, robo de identidad agravado, perturbación telefónica, difusión de audio e imágenes sin consentimiento, divulgación de información secreta, captación y uso de datos personales, estudios genéticos sin consentimiento, manipulación ilícita de genes, fecundación de óvulos para fines distinto para la procreación, reproducción asistida no consentida, actividad sexual no consentida.

De igual manera, se castigaría la participación de grupos en infracciones muy graves de guerra, negligencia o imprudencia en el control de los subordinados, atentado imprudente contra la vida, responsabilidad de persona jurídica por atentado culposo contra la vida, bullying, bullying agravado, operaciones comerciales con niños y adolescentes, responsabilidades de persona jurídica que provocan incapacidades con más de 60 días, entre otras.

Presentarán modificaciones

El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, manifestó que durante la segunda lectura estarán sometiendo una modificación a la propuesta de articulo 393 que habla de “los atentados a los intereses fundamentales de la nación”.

“El vacío que hemos identificado es que sí bien está tipificado, no tiene la pena que se debería de dar luego de cometidos esos delitos”, expresó Fernández quien agregó que en caso de que se encuentren otros vacíos entre ahora y el momento de la segunda lectura, procederán a someter esas modificaciones.

Tras la participación de Fernández, el senador Moisés Ayala manifestó que por igual estaría sometiendo una modificación, aunque no especificó sobre que o cual articulo lo haría.

Durante su participación, el representante de Barahona en el hemiciclo manifestó que, aunque su posición personal es a favor de despenalizar el aborto en sus tres causales, cuando la vida de la madre corra peligro o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida fue necesario anteponer los intereses del país, ante los particulares.

En ese tenor, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, instruyó a los legisladores a leer de manera “profunda” el proyecto de ley de modo que al momento de la segunda lectura se presenten “todas las modificaciones necesarias para lograr el mejor código posible”.

Senadores se regocijan

A pesar de esas sugerencias, Fernández destacó la labor de los senadores y de los miembros de la comisión bicameral, en aprobar una “necesaria” modificación al Código Penal.

En la misma actitud del vocero de la bancada de la Fuerza del Pueblo, se expresaron los senadores Rogelio Genao, Cristóbal Venerado Castillo, Franklin Romero, entre otros.

Consenso con los diputados

Los senadores manifiestan que están confiados en que la pieza será aprobada sin mayores imprevistos por la Cámara de Diputados ya que la misma fue aprobada de manera “unánime” por una comisión bicameral de la cual 21 representantes de estos eran parte.

Durante la lectura del anteproyecto de ley, el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, se hizo presente en el hemiciclo por un espacio de alrededor de una hora.

Lo que sigue

En la sesión del martes, los senadores esperan aprobar el nuevo código en segunda lectura para que luego este pase a manos de los diputados; en caso de que los legisladores de la Cámara Baja no realicen ninguna modificación a la pieza aprobada por los senadores, el anteproyecto sería enviado al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.

La meta de los legisladores es lograr que el nuevo código sea aprobado antes del cierre de la actual legislatura el 26 de julio.

La Zona Colonial es un rincón cultural en la ciudad, pero también es conocida por las dificultades para transitar y por la ocupación de las calles por vehículos estacionados, problema que podría encontrar solución con la nueva plaza de parqueos inaugurada este jueves.

La construcción del parqueo comenzó en noviembre de 2023 con el primer palazo, y tras casi dos años, el proyecto ha sido finalizado.

La plaza de parqueos, ubicada en la calle Arzobispo Meriño esquina avenida Mella, funcionará a partir del viernes primero de agosto, según informó Ian Rondón, vicepresidente de AFI Reservas, y tiene las siguientes características:

• Tarifa de 100 pesos por hora
• Más de 300 espacios disponibles
• Funcionará todos los días, las 24 horas

Inversión

Rondón señaló que la plaza de parqueos se construyó con una inversión de 16,000 millones de dólares.

Además, dijo que contará con espacios para albergar locales comerciales, entre ellos una oficina del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), donde las personas podrán solicitar su licencia de conducir.

De su lado, Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, señaló que este proyecto evidencia que la voluntad de actuar puede cambiar la vida de la gente.

"Esto es más que un parqueo, es la manifestación de una esperanza convertida en realidad", señaló la alcaldesa.

Una mujer de 66 años falleció varios días después de haber sido atropellada por un motorista que realizaba maniobras temerarias en el sector Pueblo Nuevo, del municipio San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

La víctima fue identificada como Altagracia Mercedes Rodríguez, quien permaneció ingresada en el hospital San Vicente de Paúl, donde finalmente perdió la vida a causa de los múltiples golpes sufridos en el accidente.

El trágico hecho ocurrió la tarde del domingo 6 de julio, cuando Rodríguez fue embestida por una motocicleta que al momento era calibrada por su conductor.

Tras el impacto, el motorista huyó del lugar y aún no ha sido identificado por las autoridades.

El suceso quedó captado por una cámara de seguridad.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra diez militares y civiles, acusados de formar parte de una supuesta red de corrupción que pagó más de 100 millones de pesos en sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad en instituciones públicas.

De acuerdo con una nota de prensa de  la Procuraduría General de la República, la red "se valía de la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas".

La acusación, sustentada alegadamente con más de 500 pruebas, fue presentada la noche del miércoles ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezó el equipo de fiscales que depositó la solicitud.

"Hemos identificado hasta el momento una suma pagada en sobornos que excede los 100 millones de pesos y contamos con más de 500 pruebas para demostrar en esta primera fase del proceso la implicación y vinculación de todos los imputados que han sido arrestados", declaró Ortiz.

Investigación

El Ministerio Público acusa a los implicados de violar la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, mediante un esquema que afectó instituciones responsables de servicios a poblaciones vulnerables, como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.

• La solicitud de medida de coerción incluye además que el caso sea declarado complejo, dada la magnitud de los hechos y el número de personas involucradas.

Entre los imputados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos; el coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

Ortiz advirtió que la investigación continúa y que podrían producirse más arrestos. "Como en todas nuestras investigaciones, pueden venir más personas investigadas, más arrestos y más sometimientos", afirmó. "Esto apenas comienza".

La investigación se originó tras una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

El ministro de Turismo, David Collado, expresó su respaldo al llamado hecho por el presidente Luis Abinader, quien advirtió que los funcionarios deben abstenerse de realizar actos proselitistas mientras ocupen posiciones públicas.

“Respaldamos firmemente el llamado del presidente @luisabinader a que los funcionarios nos concentremos en nuestras responsabilidades y nos abstengamos del proselitismo público”, manifestó Collado a través de su cuenta en la red social X (antiguo Twitter).

El funcionario dijo en sus declaraciones que mientras ha estado en la cabeza del Ministerio de Turismo, ha demostrado estar enfocado en su agenda nacional e internacional, con el objetivo de seguir posicionando a la República Dominicana como líder en la región.

“Estamos enfocados en nuestra agenda nacional e internacional para seguir posicionando a la República Dominicana como líder en la región y sumando logros e iniciativas en beneficio de todos”, agregó.

Las declaraciones de Collado se producen luego de que el presidente Abinader advirtiera que “todo tiene un límite” y que los funcionarios que deseen hacer campaña deberán dejar sus cargos, como parte de su compromiso con la transparencia y el respeto al ejercicio institucional.

El mensaje del mandatario fue dirigido a precandidatos y sus coordinadores, en un momento en que comienzan a evidenciarse movimientos internos de cara al próximo proceso electoral.