Un sismo de magnitud 5.2 fue registrado en la zona oriental de la República Dominicana en la madrugada de este martes, según informó el Instituto Sismológico de la UASD.

El Sismológico de la UASD reportó el evento sísmico ocurrido a las 5:23 a. m., con magnitud 5.2 y localizado a 40.8 kilómetros al este de Mano Juan, Isla Saona, en el Mar Caribe.

• Las coordenadas del epicentro fueron 18.204 latitud norte y -68.353 longitud oeste, con una profundidad de 164.8 kilómetros.

Sin daños reportados

Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas afectadas, el temblor fue sentido por residentes del Gran Santo Domingo y otras zonas del país, quienes lo describieron como un movimiento breve pero claramente perceptible

Algunos ciudadanos en el Distrito Nacional dijeron haber escuchado un ruido dentro de sus hogares, acompañado del movimiento telúrico.

De forma complementaria, el movimiento telúrico ocurrió a las 5:25 a. m. (hora local) y se ubicó en las coordenadas 18.411 de latitud y -68.255 de longitud, con una profundidad de 196 kilómetros, de acuerdo con el boletín publicado por la RSPR.

Despierta El Sur.- Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal dominicano, promulgado mediante la Ley 74-25, se establece un régimen más severo en cuanto a la aplicación de sanciones penales, incluyendo la posibilidad de acumular penas que podrían alcanzar hasta 60 años de prisión para quienes sean hallados culpables de múltiples delitos graves.

El Capítulo II de esta legislación introduce el concepto de concurso de infracciones, aplicable cuando una persona comete varias faltas penales en un mismo proceso judicial. Este concurso puede ser de dos tipos:

• Concurso real, cuando diferentes conductas infringen distintos tipos penales o el mismo tipo reiteradamente.

• Concurso ideal, cuando una sola conducta viola múltiples tipos penales al mismo tiempo.

De acuerdo con el artículo 47, si se trata de un concurso real, se impondrán todas las penas correspondientes a cada delito. En caso de concurso ideal, se aplicará solo la pena del delito más grave, aunque con la posibilidad de aumentarla dentro de los márgenes legales.

Por su parte, el artículo 48 establece que las penas impuestas, ya sea en un solo proceso o en varios, podrán ejecutarse de manera acumulativa. Esto significa que una persona podría enfrentar una condena mayor si ha sido hallada culpable en distintos casos por hechos diferentes.

El artículo 49 aclara que el tope máximo de acumulación de penas para delitos muy graves será de 60 años de prisión mayor, lo cual representa un cambio significativo en el sistema de justicia penal dominicano, orientado a combatir con mayor firmeza la criminalidad compleja y reincidente.

Santo Domingo. – Con la promulgación del nuevo Código Penal mediante la Ley 74-25, la República Dominicana da un paso trascendental en materia de derechos humanos y protección a la integridad sexual, al tipificar como delito las relaciones sexuales no consentidas dentro del matrimonio o una relación de pareja.

La normativa, compuesta por 393 artículos, fue firmada por el presidente Luis Abinader la tarde del domingo, y establece penas más severas para múltiples delitos, incluyendo la violencia sexual en contextos conyugales.

En su Artículo 136, el nuevo Código Penal establece sanciones de 10 a 20 años de prisión mayor y multas de 20 a 30 salarios mínimos del sector público para quienes, dentro de una relación de pareja, incurran en actividad sexual no consentida en los siguientes casos:

• Cuando se emplee violencia física, o se anule la voluntad de la víctima mediante el uso de narcóticos, sustancias psicotrópicas u otros métodos similares.

• Cuando se obligue a la pareja a participar en una relación sexual no deseada con una o más personas, utilizando cualquiera de los medios antes mencionados.

Con esta medida, la ley reconoce por primera vez que el consentimiento sexual es obligatorio, incluso dentro del matrimonio, rompiendo con antiguos paradigmas sociales y legales que legitimaban la coacción sexual conyugal como parte de la vida matrimonial.

La inclusión de este artículo ha generado reacciones encontradas en diversos sectores. Organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos han calificado la medida como un avance histórico en la lucha contra la violencia de género y por la autonomía sexual. Sin embargo, algunos sectores conservadores han expresado preocupación, argumentando que podría abrir espacio a "malentendidos" dentro del ámbito privado.

Pese a las críticas, el nuevo marco legal envía un mensaje claro: el consentimiento es un pilar innegociable en toda relación sexual, incluso en el seno del matrimonio.

Este domingo el presidente Luis Abinader promulgó La ley 74-25 que divulga un nuevo Código Penal en República Dominicana. Esta no es la primera vez que un presidente publica esta pieza legislativa buscando cambiar la de 1884. El 16 de diciembre de 2014, Danilo Medina promulgó la Ley 550-14, sobre el Código Penal.

Aunque la pieza legislativa entraría en vigor un año después de su publicación en la Gaceta Oficial, la misma fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

Es bueno señalar que a lo largo de la historia algunos artículos del Código Penal han tenido modificaciones.

Pero, ¿por qué el Código Penal de Danilo Medina fue declarado inconstitucional?

El 18 de noviembre de 2014, la Cámara de Diputados aprobó un nuevo Código Penal, luego que la pieza fuera remitida a ese hemiciclo por el Senado de la República. Para ese momento en que la cámara baja era dirigida por Abel Martínez, la norma contó con 132 votos a favor y 3 en contra.

Luego de que el documento se encontrara en manos del presidente Danilo Medina, este le hizo algunas observaciones en cuanto a los artículos 107, 108, 109 y 110 que prevé regulaciones al aborto. La pieza fue enviada a la Cámara de Diputados para que se volviera a conocer.

En 2014 el Código Penal fue aprobado por los diputados y promulgado por el exmandatario.

Luego de esto, el 6 de enero de 2015; el 9 de enero de ese año y el 23 de enero también de 2015, la Fundación Justicia y Transparencia (FJT); la Fundación Transparencia y Democracia y Fundación Matrimonio Feliz, respectivamente, presentaron acciones de inconstitucionalidad contra los artículos 107, 108, 109 y 110.

Las tres entidades argumentaron que la Cámara de Diputados violentó la Constitución y otras normas para la aprobación de este Código Penal, luego de que el presidente Danilo Medina enviara las observaciones.

La Fundación Justicia y Transparencia indicó que la Cámara de Diputados violentó los artículos 101, 102 y 103 de la Constitución dominicana debido a que una vez apoderado de las reflexiones de Medina ese hemiciclo solo se limitó a “conocer única y exclusivamente las observaciones del Poder Ejecutivo, en razón de que objetivamente el resto del código no había sido cuestionado, operando así una especie de cosa juzgada sobre el resto del contenido del código aprobado válidamente, sin la necesidad de volver sobre sus pasos, quedando los legisladores solo atacados a las observaciones del ejecutivo, que precisamente era lo que estaban apoderado”.

Indicaron que la Cámara de Diputados suplió con un texto alterno las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo, y con ello aprobando el Código Penal el 16 de diciembre del 2014, con 93 votos a favor, 69 en contra y 12 no votaron, lo cual constituye una mayoría simple, contraria a la Constitución y lo que correspondía era una mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros presentes de dicha cámara y luego remitirlo al Senado para que este lo sancionara con igual mayoría en caso de aprobarlo; sin embargo, fue enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.

“Al introducir algunas modificaciones a las observaciones del Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados estaba en la obligación de remitir el Proyecto al Senado, lo que no hizo, puesto que decidió prescindir del Senado de la República, y, en cambio, remitió el proyecto de ley, directamente al Poder Ejecutivo, incurriendo así en otra violación constitucional, ya que aprobó un texto de ley, diferente al aprobado originalmente por el Senado, sin darle a este ultimo la oportunidad de sancionarlo”, indicaron en la resolución que declaró el Código inconstitucional.

Mientras que la Fundación Transparencia y Democracia también se acogió al artículo 102 y 112 de la Constitución. Indicaron que para la aprobación de las observaciones la Cámara de Diputados debía contar con las 2/3 partes de los legisladores presentes, un mínimo de 119 votos, pero que la pieza se aprobó con 93 votos de una asistencia de 171 “y por tanto, se violentó la Ley Sustantiva de la Nación en el artículo ya referenciado y en el 6 del mismo texto constitucional”.

Explicaron que la Constitución dispone que luego de la aprobación, por parte de la Cámara que haya recibido las observaciones, esa Cámara deberá enviarla a la otra Cámara, para que de igual manera la discuta y la apruebe si así lo entendiera, exigiendo de igual manera una votación de 2/3 partes de los legisladores presentes en esa sesión.

“Como se ve la mayoría calificada de las 2/3 partes exigida por la Constitución no se encuentra reunida en ese momento de votación, por tanto, no podemos hablar de haberse aprobado regularmente el Código Penal, por el contrario, la observación naufragó ante el mandato de la Constitución, ya que la misma al no ser aprobado por la mayoría calificada, implicó obviamente un rechazo a la observación que fuera apoderada”, indicaron.

Por último, la Fundación Matrimonio Feliz argumentó en sus observaciones que el presidente Danilo Medina, consideraba deficiencias en la redacción de los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley, solicitando que los legisladores procedieran a una mejor especificación de lo que podrían ser las excepciones en caso de penalizar la “interrupción del embarazo, sin incluir en su comunicación ninguna propuesta concreta de texto que pudiera servir de base a sus observaciones”.

“La Cámara de Diputados se avocó a conocer las observaciones formuladas en la ya señalada comunicación, y en una sesión de trabajo en la que luego de hacer un ejercicio democrático de escuchar la mayoría de las voces de los diputados y diputadas, su presidente, Abel Martínez Durán, procedió a someter a votación, y sin discusión previa, una propuesta conocida como el ´texto alterno´, que vendría a sustituir las previsiones contenidas en los referidos artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley, y a pretender responder a las inquietudes de las observaciones presentadas por el Presidente de la República”, dijeron.

Ante estos planteamientos, el Tribunal Constitucional acogió en cuanto al fondo las acciones interpuestas y declaró la ley inconstitucional.

Los jueces firmantes fueron Milton Ray Guevara, presidente; Leyda Margarita Piña Medrano, jueza primera sustituta; Hermógenes Acosta de los Santos, y los jueces Justo Pedro Castellanos Khoury; Víctor Joaquín Castellanos Pizano; Jottin Cury David; Rafael Díaz Filpo; Víctor Gómez Bergés; Wilson S. Gómez Ramírez; Katia Miguelina Jiménez Martínez; Idelfonso Reyes y Julio José Rojas Báez, secretario.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reconoció que el recién promulgado Código Penal no contaba con el consenso de todos los dominicanos, por lo que la acción del presidente Luis Abinader refleja coraje y valentía.

“Reconocemos que es una pieza que no está consensuada por todo el pueblo dominicano, sino que hay una buena parte del pueblo dominicano que quería que se aprobara esta pieza, pero el promulgarla es un acto de mucho coraje, de valentía del señor presidente de la República que puso en primer orden, de acuerdo a mi punto de vista, la ejecución de la promulgación todas las novedades que nosotros podemos tener a partir de este Código Penal”, dijo el diputado al ser entrevistado en el programa El Día, que se transmite por Telesistema, canal 11.

Pacheco aludió que se encontraban en duda si Abinader promulgaría la pieza sin antes realizar modificaciones y cuándo sería la fecha de promulgación.

Sostuvo que el Código de 1884 continuará en vigencia hasta agosto de 2026 cuando entrará en vigencia el recién promulgado.

Expresó que contraria a la impresión de algunos, el Código tenía meses de discusión en esta legislatura, pasando por las distintas comisiones y siendo revisado y aprobado artículo por artículo.

“Ese proceso es muy complejo, porque ese proceso no es el que se hace de manera pública, en la prensa y la opinión pública solo obtiene los resúmenes, porque tu te pasas el día fácilmente discutiendo un proyecto, que cuando llega la etapa final en los últimos dos meses, como en este caso del código que perimía y si no lo conocíamos rápidamente entonces íbamos a tener otro fracaso más y también teníamos la presión de la propia opinión pública”, manifestó.

Celebró la promulgación como un logro “total” en materia penal, aludiendo que los jueces e incluso la Procuraduría General de la República en ocasiones no tenían herramientas para la tipificación del delito, cayendo en tipificaciones erradas.

Defendió que a su salida del Congreso en 2006, período en que también fue presidente de la cámara baja, dejó aprobado un nuevo código, sin embargo, el entonces presidente de la República, Leonel Fernández, lo observó y la pieza perimió.

Indicó que además de las cámaras que integran el Congreso, trabajaron con la Procuraduría, la Policía Nacional y con la Defensa Pública desde que el proyecto se encontraba en el Senado, por lo que decidieron que esta última aprobara lo que estaba listo y los diputados aprobaran otras modificaciones.

“Después de analizar con detalle lo que resultó nos damos cuenta que es una muy buena pieza; la posición que ha tenido el honorable senador Antonio Taveras es una posición que en democracia se justifica y yo ni siquiera la critico”, respondió Pacheco sobre las críticas realizadas por Taveras a la premura en que se aprobó la pieza.

Aseveró sentirse seguro de que durante el proceso no fue violentado ningún procedimiento y estuvieron asesorados por “valiosos” técnicos.

Dijo que hasta antes de la entrada en vigencia realizarán modificaciones sobre errores que han detectado, para estas modificaciones, se someterán proyectos de ley solo con el artículo a modificar, requiriendo dos aprobaciones en ambas cámaras y luego se inserta al Código.

“Son piezas que a partir de ahora van a ser dinámicas, no va a pasar lo que pasó con este viejo Código que termina su vida útil el próximo agosto”, añadió.

Mensaje a primera dama

Sobre las declaraciones realizadas desde el hemiciclo, donde se refirió a la primera dama, Raquel Arbaje y las hijas de esta y el presidente de la República, señaló que todo ser humano ha tenido inconvenientes con un ser querido en algún momento de la vida.

“Se malinterpretó porque uno cansado y agotado, parece que hago un gesto ahí y sobre todo si se edita, porque si se sigue después se da cuenta de que estábamos en un momento de mucha tensión, pero quiero decirle que con la primera dama y ciudadano presidente yo tengo una relación de familiaridad y que hemos estado al habla, en el caso del presidente el mismo día de esa aprobación y luego hemos estado conversando”, expresó.

Aprovechó la oportunidad para dar una rosa blanca, que además de ser dirigida para Arbaje la ofreció a todas las mujeres dominicanas, agregando que gracias a las opiniones femeninas se realizaron algunas modificaciones en beneficio de este conglomerado.

En esa oportunidad, Pacheco tomó una pausa mientras se conocían los cambios al Código Penal para referirse a la firma de la primera dama y sus hijas en una carta, rubricada por 1,000 personas, que supuestamente advertía a Abinader del retroceso que implicaría la reforma, donde refirió que no le gustó ese acto.

"A nuestra querida primera dama y a las hijas del presidente: merecíamos que nos lo dijeran de otra manera, a mí no me gustó y a los diputados tampoco…", dijo Pacheco, al encabezar la sesión extraordinaria.

Pacheco les recordó que los 144 representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se "fajaron muy duro y fuerte" para que Abinader pudiera ocupar la silla presidencial del Estado dominicano.

"Estos 144 soldados de esta democracia. Nos fajamos muy duro y fuerte para que ese hombre esté sentado ahí en el Palacio Nacional", afirmó.

Es por esta razón que consideró que no fue la manera correcta utilizada por la primera dama, ya que "los amigos y aliados no se tratan como extraños".

"Pudieron haberlo dicho de otra manera porque los amigos y aliados no se tratan como extraños"', concluyó diciendo Pacheco.

Tres causales

Se declaró un partidario de las tres causales, aunque aclaró son dos y no tres, sin embargo, no se lograron los votos necesarios. 

Cientos de motocicletas y decenas de vehículos convertidos en chatarras son almacenados en la dirección regional de la Policía Nacional en Santiago, ocupando gran parte de la zona de parqueo, afeando el espacio y generando contaminación visual y ambiental.

Durante un recorrido realizado por periodistas de LISTÍN DIARIO, se observó vehículos amontonados en un espacio de esta entidad y muchos no se pueden ver por la cantidad de hierba y el abandono.

Asimismo, otros presentan un avanzado estado de deterioro, tras su exposición a la lluvia, el sol y las condiciones climáticas, dejando solo el chasis a la vista del ciudadano.

Al consultar con miembros del departamento de recuperación, señalaron que cada uno de estos vehículos viene con un tipo de caso diferente, por lo que desde esta área, se encargan de custodiarlos hasta que el propietario realice los tramites de liberación correspondiente.

Sin embargo, indicaron que en muchos casos los dueños mueren o el tipo de proceso en que se encuentra envuelto el vehículo dificulta la entrega, provocando que los depósitos se sobrecarguen, teniendo que movilizar las unidades vehiculares de un almacen a otro.

De acuerdo con el magistrado Juan Carlos Bircann, procurador regional de la Corte de Apelación, el procedimiento de recuperación “no es tan complicado”, asegurando que dependerá del tipo de caso en el cual esté involucrado el vehículo y de los trámites que se requieran.

Bircann señaló que cuando un vehículo posee un proceso judicial abierto, ya sea por alguna alteración del número de chasis, una placa que no corresponde, el propietario haya sido detenido, se haya ocupado durante un atraco o un caso de homicidio, estos son remitidos al Ministerio Público, para ser utilizados como evidencia.

En este punto, el dueño debe ubicar el tipo de proceso que le compete, para determinar la documentación justificativa requerida para proceder a su recuperación.

El magistrado manifestó que, en algunos casos, aun cuando el proceso ha sido archivado o extinguido, el vehículo sigue en custodia por falta de una solicitud formal de devolución.

“Hemos tenido casos que han durado años, tantos que se convierten en chatarra, pero entonces se oponen a que se haga una subasta, y tampoco se pueden decomisar de manera definitiva porque no existe una sentencia”, explicó, indicando que lo que impide su disposición final es la falta de una decisión judicial.

Además, declaró que no existe un tiempo específico de duración del vehículo en estos depósitos, ya que estos procesos se pueden demorar semanas, meses y hasta años.

Impacto ambiental

La cantidad de depósitos que almacenan este tipo de vehículos en Santiago, no solo reflejan la falta de agilidad en los procesos, sino también el impacto ambiental que genera el cúmulo de esas chatarras

Según el ambientalista Olmedo León, estos depósitos nos solo afectan la contaminación visual, sino que se convierten en criaderos de plagas transmisoras de enfermedades, las cuales se alojan en los vehículos abandonados.

El especialista ambiental, manifestó que las autoridades, deben buscar una solución urgente a esta problemática.