Oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP) de San Juan, Puerto Rico, incautaron 530 kilogramos (1,168 libras) de cocaína durante tres interdicciones a bordo de un buque de carga que llegó de la República Dominicana el 11 de noviembre.

A través de una nota de prensa publicada este martes, se indicó que los narcóticos, con un valor estimado en la calle de más de 10 millones de dólares, estaban ocultos en compartimentos de chasis modificados y bolsas de lona escondidas dentro de la carga paletizada.

Las incautaciones se produjeron a bordo del buque M/V Lyktos, que llegó a San Juan procedente de Santo Domingo. A su llegada, agentes del Equipo de Control de Contrabando Antiterrorista de la CBP realizaron una evaluación de integridad rutinaria. Durante las inspecciones de contenedores, los agentes detectaron irregularidades en varios chasis, lo que dio lugar a una investigación más exhaustiva.

“Los contrabandistas adaptan continuamente sus métodos, pero nuestros equipos se mantienen firmes. Gracias a la tecnología de punta, la ayuda de nuestros perros y la experiencia de nuestros oficiales, estamos deteniendo drogas peligrosas en nuestra frontera caribeña antes de que lleguen a nuestras comunidades”, declaró Roberto Vaquero, director de operaciones de campo de la Oficina de Campo de San Juan.

De acuerdo al informe, los agentes de la CBP emplearon una estrategia de control por capas, combinando inteligencia, tecnología de detección, equipos caninos altamente entrenados y otras capacidades para contrarrestar las técnicas de contrabando cada vez más sofisticadas utilizadas por las organizaciones criminales transnacionales.

La CBP confiscó los narcóticos, y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional se hizo cargo del contrabando para su posterior investigación.

Los familiares de una mujer y una adolescente ultimadas por un hombre en el sector Brisa del Este, municipio Santo Domingo Este, afirmaron que la víctima conocía al agresor, que en el barrio era considerado "un vicioso".

Julián Morillo expresó su esperanza de que se haga justicia por la muerte de su hija y su nieta, María Morillo Morillo, de 45 años, y Elisabeth Ulloa Morillo, de 17, quienes fueron encontradas sin vida en su residencia con heridas de arma blanca.

El señalado como responsable es José Francisco Montero Encarnación, de 36 años, quien residía en el mismo sector, aunque en una zona más apartada.

En el mismo hecho resultó herida una niña, de 7 años, cuya identidad se mantiene en reserva. La menor recibe atención médica en un centro de salud debido a heridas corto-penetrantes en ambos brazos.

El señor Julián agregó que su hija era una mujer de bien y muy trabajadora.

"Todo lo que ella hacía y trabajaba era por su hija… Espero que este caso no quede en el olvido", destacó Morillo en la explanada del destacamento de Los Mina, momentos antes de que al lugar fuera trasladado el homicida.

Vecinos retuvieron al agresor

Berenice Morillo, hermana de la víctima y tía de la adolescente, manifestó que fue ella que encontró a las víctimas tiradas en el piso dentro de la casa.

Sostuvo que había acudido visitarlas y encontró la escena del crimen, por lo que procedió a llamar a los vecinos y al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Aseguró que luego llamó a su esposo y a otro allegado y fueron ellos quienes procediendo a retener al homicida hasta que llegara la Policía.

Fue apresado

José Francisco Montero Encarnación, señalado como autor del doble crimen, dijo que se encontraba drogado cuando cometió el hecho.

"A la juventud que no se endrogue", manifestó el señalado cuando era trasladado al destacamento de la Policía Nacional ubicado en el sector Los Mina, Santo Domingo Este.

Las autoridades policiales y del Ministerio Público fueron notificadas alrededor de las 2:00 de la tarde del lunes 17 de noviembre de que en la referida vivienda se hallaron los cadáveres.

Pasada las 4:00 de la madrugada de este martes, el cuartel del Departamento de la Policía Nacional del municipio cabecera de la provincia Santiago Rodríguez se incendió provocando quemaduras de segundo y tercer grado en el 90% del cuerpo del comandante de la dotación, coronel Lucilo Francisco Vargas.

“Nosotros trasladamos al coronel al hospital y desde temprano se ha pedido un helicóptero para trasladarlo a la unidad de quemados, por el estado en el que se encuentra, y han dicho que ya viene, pero aún no llega y de acuerdo al médico el estado de salud de él es grave porque tiene el 90% de su cuerpo quemado”, explicó Ruddy Tejada, coronel de los bomberos de Sabaneta.

Vargas fue llevado de inmediato al Hospital General Santiago Rodríguez, donde permanece en la sala de emergencias a la espera de un helicóptero, ya que el mismo no tiene áreas especializadas para brindar las atenciones de salud necesarias. Santiago Rodríguez no tiene banco de sangre, ni área para quemados. Con él fue trasladado otro agente que resultó con quemaduras en las manos, mientras intentaba ayudar a Vargas.

Papo Fernández, exdiputado de Santiago Rodríguez, indicó que “en Sabaneta, que es el municipio cabecera de la provincia Santiago Rodríguez, la policía no tiene un cuartel propio y funciona dentro de la gobernación”.

Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro, aunque de acuerdo con el comandante de los bomberos, el fuego inició en el depósito de combustible del recinto policial.

“Hasta ahora explotó un tanque de gas y eso fue lo que provocó el incendio, de acuerdo a lo que se sabe hasta ahora”, explicó Fernández.

“Encontramos un almacenamiento de combustible en garrafones y tanque, tanto de gasoil como gasolina en el destacamento. Resultaron afectados las áreas contiguas, tanto el área de recursos humanos, el despacho del coronel y otras zonas. Nosotros no tenemos especialistas en fuegos, por eso tenemos que esperar que lleguen para que nos digan que fue lo que ocurrió”, afirma Tejada.

Las autoridades mantienen el área acordonada y se espera que más adelante se ofrezca un informe oficial con detalles sobre lo ocurrido y las causas del siniestro.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) estableció de manera formal cuáles cascos podrán usarse en motocicletas en República Dominicana y cuáles quedan prohibidos.

La nueva Normativa Técnica sobre el Estándar Homologado de los Cascos de Protección Personal fija estándares obligatorios para conductores y pasajeros, alineados con certificaciones internacionales y con el objetivo de reducir muertes y lesiones graves en las vías.

La disposición se sustenta en la Ley 63-17 y el Decreto 256-20.

La ley 63-17 en su artículo 157 obliga al uso obligatorio del casco protector en motociclistas y ciclistas. Cita que los conductores de motocicletas y sus pasajeros deberán estar provistos de casco protector  homologado, según las normas dictadas por el Intrant.

Fue presentada y validada ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), con apoyo técnico de la Fundación FIA y tras un proceso de consulta con importadores, asociaciones de motociclistas, usuarios y entidades vinculadas al transporte. El país se convierte así en un referente regional en regulación técnica para la seguridad vial.

Cascos permitidos: solo los homologados bajo estándares internacionales

El Intrant establece que únicamente podrán usarse cascos certificados por laboratorios acreditados conforme a la norma ISO/IEC 17025, y que cumplan con alguno de los siguientes estándares:

• UN/ECE 22-06 (Unión Europea).
• FMVSS No. 218 (DOT) – Estados Unidos.
• SNELL M2020/M2025.
• GB 811-2022 – China.
• QCVN 2:2021/BKHCN – Vietnam.
• IS 4151:2015 – India.
• NTC 4533 – Colombia.
• NBR 7471 – Brasil.
• JIS T 8133:2015 – Japón.
• BS 6658:1985 – Reino Unido.

Mientras siga vigente, también será aceptado el estándar UN/ECE 22-05.

Los cascos deben tener coraza exterior rígida, sistema de absorción de impactos y retención ajustable. Además, deben conservar sus etiquetas de certificación; retirarlas o modificarlas está prohibido.

Cascos prohibidos: adiós al medio casco

La normativa prohíbe de manera expresa el medio casco, por su cobertura insuficiente y el alto riesgo de lesiones graves que representa. Ningún casco sin certificación internacional será válido en el territorio nacional.

Uso obligatorio para conductor y pasajero

El Intrant reafirma que el casco homologado debe usarse siempre, en conductor y pasajero, correctamente abrochado y ajustado. No debe presentar daños y debe reemplazarse:

• tras un accidente.
• o al cumplir siete años desde su fabricación.

El incumplimiento será sancionado según la Ley 63-17.

Firma en el Diálogo Regional de Transporte 2025

La presentación oficial de la normativa se realizó durante el Diálogo Regional de Políticas Públicas sobre Transporte 2025, organizado por el BID y el Foro Internacional del Transporte (ITF–OCDE). Ministros y expertos de toda la región participaron en la firma.

El director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, afirmó que la medida es un paso decisivo para salvar vidas. "Cada casco homologado representa una vida protegida. Con esta medida reforzamos la seguridad de los motociclistas y sus pasajeros, quienes deben utilizar cascos certificados que garanticen la máxima protección ante un impacto", dijo.

Fiscalización y educación

La Digesett y el Intrant ejecutarán operativos de supervisión y campañas educativas para orientar sobre el uso correcto de cascos homologados y las consecuencias de incumplir la norma.

Un proceso con respaldo técnico y social

El Intrant recordó que esta regulación incorpora insumos del Primer Foro Nacional para el Uso Responsable de la Motocicleta, celebrado meses atrás, donde se discutieron riesgos, buenas prácticas y medidas clave para fortalecer la seguridad vial.

Con esta normativa, el país se alinea con los estándares internacionales más exigentes y establece reglas claras sobre qué cascos se pueden usar y cuáles quedan prohibidos en las vías dominicanas.