Santo Domingo.– Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros de la Policía Nacional arrestaron a varios hombres e incautaron más de 3,000 gramos de presunta cocaína y marihuana en el sector Capotillo, Distrito Nacional.

Los operativos en contra del microtráfico, que periódicamente se realizan en la barriada, forman parte de las estrategias de intervención de las autoridades para llevar más tranquilidad y seguridad a la zona.

En la más reciente operación, los agentes, policías y fiscales ocuparon 3,095 gramos de un polvo blanco presumiblemente cocaína, así como 41 gramos de un vegetal que aparenta ser marihuana, envueltos en fundas plásticas de distintos tamaños y colores.

Incautaciones:

Durante la intervención se arrestó a siete hombres y se incautaron, además, 4 cámaras de vigilancia, 3 celulares, RD$ 11,395.00 pesos dominicanos, un dólar y otros utensilios para el empaque y distribución de narcóticos.

Los equipos operativos intervinieron en el Callejón de los Cibaeñitos, El Túnel, en la parte de atrás de la Calle 42, incluyendo los callejones, que conectan con esa parte de la barriada, entre otros lugares.

"Los detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas por violación a la Ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas, mientras las agencias de seguridad, continúan reforzando su capacidad operativa frente al microtráfico de drogas en todo el territorio nacional".

Las interdicciones iniciaron en Capotillo en el mes mayo y en ese lapso de tiempo se han arrestado 68 personas y han confiscado miles de gramos de cocaína, marihuana, crack, éxtasis, así como decenas de radios de comunicación, balanzas, chalecos antibalas, cámaras, entre otras evidencias utilizadas por los microtraficantes.

El pastor evangélico Johan Manuel Castillo Ortega ya no es "el hermano Johan": es un condenado a 10 años de prisión por agredir sexualmente a seis niñas y adolescentes en Los Alcarrizos.

El Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste aceptó las pruebas del Ministerio Público y le puso números al daño: 10 años, RD$100,000 de multa al Estado y RD$1,000,000 de indemnización a las víctimas. Seguirá encerrado en Najayo-Hombres.

La denuncia

No hubo revelación mística. Fue una denuncia. El 3 de junio de 2024, una madre recibe una llamada desde Estados Unidos: su prima le dice que su hija rompió el silencio y acusó al pastor. Al día siguiente, la mujer va a la policía y deja constancia. El 6 de junio, agentes ejecutan la orden de arresto.

Sale de casa con ese nerviosismo que nunca ha sentido. Sus hijas nunca le habían dicho que fueron agredidas sexualmente.

Llega a la Policía y explica que la noche anterior, "siendo las 08:00 horas de la noche, su prima D. la llamó desde los EE. UU., y le dijo que su hija D. C. M. (16 años) le confesó que el pastor Yoan Castillo y/o Johan Manuel Castillo Ortega abusó sexualmente de ella", como indicaba el informe.

Antes de la detención del acusado por presuntas agresiones sexuales, se producen algunos acontecimientos. Uno de ellos es la entrevista de la licenciada Johanna Calderón, psicóloga forense, a las dos menores.

Tras poner la denuncia, la madre deja a sus hijas en manos de la justicia para que las entrevisten. D.F.R.M. se dirige por un pasillo hacia una estancia en la que la doctora Calderón le invita a sentarse.

Ella, inocente, de 17 años, expresa que "la primera vez que él la tocó le entró la mano por el zipper, que ella tenía un pantalón jeans y una blusa, que ella no dijo nada, ni él tampoco, que tenía como 11 años, que él era el pastor de la iglesia, que pasó como cuatro o cinco veces, en la misma iglesia, que la llegó a penetrar un poco como tres veces".

D.F.R.M. también explicó que todo eso "pasaba abajo, en el sótano, que había gente, pero arriba, que la agarró, le tapó la boca, la estaba forcejeando, e intentó violarla, que después de eso solo le tocaba los senos, las nalgas, le daba besos en el cuello y en los buches, que duró desde los 11 hasta los 13 años tocándola".

Durante la entrevista de su hermana mayor, N.F.Y.M. estaba esperando su turno. Después de un rato de espera, finalmente le toca declarar.

N.F.Y.M. entra a la sala y se sienta en la misma silla. Calderón puede intuir a lo que se enfrenta y empieza a hacer preguntas, pero esta vez con más atención, porque la entrevistada solo tiene 13 años.

La menor expresa que el pastor Johan Manuel Castillo "le ponía la mano en su parte íntima, en la vagina, que eso pasaba en la iglesia, que también la ponía a sobarle el pene, que la sobaba varias veces a ella. Ella tenía como 10 años cuando él comenzó a sobarla, que se lo hizo a una amiga de ella que se llama M. y a su prima, que nunca le dijo a su hermana, pero a veces se sentía rara, porque él ponía a su hermana a hacer muchas cosas", tal y como aparece en el informe policial.

El expediente

El expediente armado por la fiscal de investigación Olivia Sosa indica que "el hermano Johan" aprovechaba su rol en la Iglesia Libre y la confianza de las familias para acosar, tocar e intimidar a niñas y adolescentes de la congregación.

Y fue más allá, de acuerdo con el Ministerio Público, también agredía sexualmente a las niñas que visitaban su casa cuando iban a jugar con sus hijas, a quienes les mostraba sus genitales, les colocaba películas pornográficas y les hacía insinuaciones indecorosas.

La mecánica no necesitó violencia espectacular: aislar, cerrar la puerta, callar. A veces en el sótano del templo; otras, en su casa, cuando las pequeñas visitaban a sus hijas. El expediente menciona exhibicionismo, insinuaciones y el uso de material pornográfico.

En sala, los fiscales Sugely Valdez, Francheska Alcántara y Nicasio Pulinario fueron apilando piezas: entrevistas forenses, testimonios, actuaciones policiales. Dos víctimas aún menores; cuatro, ya adultas, dos de ellas cumplieron la mayoría de edad mientras el caso avanzaba. Una de las denunciantes dijo haber sido atacada a los siete años. La defensa intentó desmontar la acusación, pero no pudo.

Los jueces Julio de Los Santos Morla, Sandra Josefina Cruz Rosario y Clara Yoselin Rivera Franco firmaron el veredicto.

Cómo operaba el poder

El documento judicial pinta a un hombre que sabía quién dependía de él, dónde y a qué hora. El hombre abusó de la fe y la confianza de la comunidad para cometer los hechos.

El Ministerio Público enmarcó los hechos en los artículos 330, 333 y 309-1 del Código Penal, y los 12, 18 y 396 (B y C) de la Ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes, que es lo mismo que agresiones sexuales, acoso, maltrato contra personas especialmente protegidas por su edad.

La grieta entre el púlpito y el piso

Están los domingos, el saludo al pastor, los "Dios te bendiga". Y abajo, el sótano. En la liturgia todo suena a ética; en los pasillos, manda el silencio. El caso Castillo no es un episodio aislado en el planeta. Es un manual: un adulto con capital simbólico, acceso a niñez, un espacio cerrado y una red de lealtades que lo protegen por inercia. Cuando una víctima habla, se mueve el andamiaje: otra recuerda, otra reconoce el patrón, otra se anima. La verdad se propaga como eco.

Lo que dijo el tribunal, con nombres y apellidos:

• Condenado: Johan Manuel Castillo Ortega.
• Delitos: agresiones sexuales contra seis víctimas (dos menores de edad al momento de los hechos).
• Pena: 10 años de prisión; RD$100,000 de multa al Estado; RD$1,000,000 de indemnización a favor de las víctimas.
• Jueces: Julio de Los Santos Morla, Sandra Josefina Cruz Rosario, Clara Yoselin Rivera Franco.
• Fiscalía actuante: Sugely Valdez, Francheska Alcántara, Nicasio Pulinario; investigación a cargo de Olivia Sosa.
• Centro de reclusión: CCR Najayo-Hombres (San Cristóbal).

Epílogo sin redención

Una iglesia es un edificio. Un pastor es un hombre. La fe no inocula contra el abuso; a veces lo disfraza. La sentencia en Santo Domingo Oeste no es un trofeo para nadie: es la constatación de que seis niñas y adolescentes no estaban a salvo donde debieron estarlo. El sótano sigue ahí. Las reglas también. La diferencia es que, desde hoy, hay expediente, hay fallo y hay nombre.

Lo demás —la prevención, la reparación, el cambio de prácticas— no vendrá por decreto. Se construye con más preguntas y menos silencios. Y con una idea simple, brutal y urgente: ningún púlpito, ningún título, ningún "hermano" está por encima del cuidado de la niñez.

En un estado avanzado de deterioro y abandono se encuentra la lujosa villa La Caracola, atribuida al presidente venezolano Nicolás Maduro y situada frente a Playa Juanillo, en el exclusivo enclave de Cap Cana, República Dominicana. La propiedad fue incautada por las autoridades estadounidenses tras vincularla a operaciones de corrupción y narcotráfico.

Con más de 3, 000 m² de construcción sobre un solar de 6, 000 m², la mansión había sido adquirida en unos 13 millones de dólares y revendida en 18 millones en una transacción que involucró al empresario Samark José López Bello, identificado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. como testaferro del exvicepresidente venezolano Tareck El Aissami y representante de los intereses de Maduro.

Diseñada por el prestigioso estudio Campagna Ricart y Asociados, responsable de proyectos de lujo como el recién inaugurado St. Regis Cap Cana, la villa integraba la serie de residencias "Fundador Golf", reservadas a los primeros promotores del complejo. El solar pasó a manos de los desarrolladores como dación en pago de deudas.

La mansión incluía nueve suites con baño y terraza privada, diez baños adicionales, cocina gourmet, piscina infinita, helipuerto, spa, gimnasio, gazebo, bar semicubierto, jardines tropicales y acceso a la marina, restaurantes, iglesia y vigilancia de Cap Cana.

Hoy, sin embargo, ofrece un panorama desolador: piscina y jacuzzi vacíos y enmohecidos, techos con filtraciones, ventanales rotos y la vegetación avanzando sobre la fachada. El abandono se percibe incluso desde tomas aéreas.

La fiscal estadounidense Pam Bondi reveló la semana pasada que Villa Caracola forma parte de un paquete de bienes incautados a la red de testaferros de Maduro, valorados en más de 700 millones de dólares. En la lista figuran mansiones en Florida, aviones privados, caballos de carrera, vehículos de lujo, joyas y millones en efectivo. Bondi describió la trama como "una organización mafiosa que opera como un cartel, moviendo millones de dólares manchados por el narcotráfico y la corrupción".

Fuentes aseguran que en esa villa se alojó Cilia Flores, esposa de Maduro, cuando en abril de 2019 salió de Venezuela por temor a un colapso del régimen. Un mes después, otras propiedades de López en Cap Cana fueron allanadas por agentes dominicanos y estadounidenses, entre ellas La Caracola.

La caída de dos chavistas

En marzo de 2019, la fiscalía del distrito sur de Nueva York presentó cargos contra López y El Aissami por violar la Ley de Designación de Capos Internacionales del Narcotráfico, al utilizar aviones privados de empresas estadounidenses. Uno de los vuelos citados fue el realizado de Rusia a Venezuela el 23 de febrero de ese año.

López, de 44 años, mantuvo estrechos vínculos con El Aissami. Tras ser señalado en EE.UU., se refugió en una fastuosa finca en la isla venezolana de Guara, estado Monagas. Allí levantó la propiedad conocida como finca Bubalis, descrita por medios venezolanos como su "Xanadú particular". Fue en ese lugar donde, el 9 de abril de 2024, las autoridades lo detuvieron por su presunta participación en el caso PDVSA-Cripto.

"La imagen de la finca Bubalis hoy, con sus pastizales moviéndose al viento en medio de una soledad casi absoluta, contrasta con el esplendor febril y festivo que imperó allí hasta la detención de su dueño", reseñó un medio local. También esa finca se encuentra ahora desocupada.

El fiscal general Tarek William Saab acusó a El Aissami, a exfuncionarios como Simón Zerpa y a López de liderar una red que desvió multimillonarios ingresos de PDVSA mediante operaciones petroleras opacas y transacciones en criptomonedas, usadas para evadir sanciones y especular con divisas.

Presiones y negaciones

Como parte de una nueva ofensiva contra la dictadura venezolana, el Departamento de Estado elevó la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, la cifra más alta ofrecida por un individuo.

Desde Caracas, el canciller Yván Gil descalificó la operación como "teatro político", mientras Maduro reiteró: "No tengo ni tendré propiedades, ni dinero, ni cuentas en ningún lugar del mundo".

Hoy, Villa Caracola permanece como una ruina imponente y silenciosa: símbolo de una época de opulencia financiada por fondos oscuros, y trofeo vacío de una corrupción transnacional que la justicia aún intenta desenredar.