SANTO DOMINGO.- De unos 150 agentes de la Policía Nacional que hace un mes estaban contagiados con COVID-19, la cifra aumentó a 568 este miércoles, según el director de la institución.
El mayor general Ney Aldrín Bautista, en entrevista con Alicia Ortega en la emisión estelar de Noticias SIN, dijo que la elecciones y la campaña fueron el detonante.
“Los agentes que mandamos a servir a las diferentes regiones y los colegios electorales regresaron contagiados” señaló al añadir que esto se reflejaba en la situación que se vive en los hospitales.
Al mismo tiempo dijo cuentan con unos 150 agentes recuperados, por lo que ascienden a más de 850 los infectados por el coronavirus.
“La mayor satisfacción es que los que se enfermen están locos por mejorarse para volver a trabajar y eso me llena de satisfacción y de orgullo ver el compromiso que tienen”, puntualizó.
Un abogado mexicano apareció el pasado 30 de junio en una audiencia de diferimento virtual sin pantalones frente una juez y otra participante, muestra un video publicado esta semana en redes sociales que rápidamente se hizo viral.
Cuando el defensor se levanta por unos segundos de su silla, se puede notar que solo vestía una camisa y la ropa interior. En ese momento la juez María del Carmen Cruz Marquina le dijo: "No trae pantalones, está en una audiencia", a lo que el hombre respondió: "Sí, traigo pantalones señoría". "Yo lo vi", afirmó, por su parte, la magistrada.
Según explicó Cruz Marquina a El Universal, la situación no afectó de ningún modo a la audiencia. "El abogado es una persona muy seria y profesional, considero que fue un accidente", agregó.
Samaná, RD.– La presidente del Colegio Médico filial Samaná, Santa Fulcar, convocó una asamblea con todos los galenos de la provincia para exigir los insumos necesarios en los hospitales.
Fulcar denunció que el Hospital Alberto Gautreaux no tiene agua y que sólo cuenta con un médico general de servicio.
Asimismo, exigió que el incentivo de Senasa del año 2019 les sea pagado al personal de Salud del Hospital Dr. Leopoldo Pou, así como también que se notifique al Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) el personal de salud que tiene COVID.
“Necesitamos autoridades que se preocupen por las necesidades de nuestra provincia, ya que en los próximos días cada provincia del país, debe asumir la responsabilidad de sus munícipes que tienen coronavirus, debido a que los hospitales están abarrotados”, afirmó la dirigente médico.
Hace menos de un mes, el periodista mexicano Jorge Armenta fue abatido en una agresión armada al salir de un restaurante en su estado de residencia, Sonora. Es el decimonoveno periodista asesinado desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018.
En términos generales, los actos de violencia y las agresiones contra periodistas están en aumento en México. El año pasado, periodistas mexicanos informaron 609 amenazas, ataques u otras formas de agresiones, una cifra que sería la más alta registrada hasta el momento.
En 2012, el gobierno creó el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que asigna escoltas, autos blindados y dispositivos de pánico, y ayuda a periodistas a reubicarse temporalmente en respuesta a amenazas graves. Desde entonces, cinco periodistas que estaban en el programa de protección han sido asesinados. Cuatro de ellos, incluido Jorge, tan solo en los dos últimos años.
El número creciente de muertes de periodistas, incluso algunos alcanzados por medidas de protección gubernamentales, demuestra que el gobierno mexicano no protege a los periodistas, en parte debido a que el programa no cuenta con personal ni fondos suficientes. De acuerdo con un estudio realizado en 2019 por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cantidad de personas alcanzadas por las medidas de protección del programa aumentó en más del triple entre 2014 y 2019, pero casi no hubo variación en el presupuesto y la dotación de personal del programa.
La ausencia de funcionarios federales de alto nivel en las reuniones de autoridades y la falta de coordinación con los gobiernos de los estados también han causado que la implementación de las medidas de protección sea inadecuada. Además, cerca del 90 por ciento de los delitos contra periodistas en México actualmente quedan impunes.
La prensa libre es un actor esencial en cualquier sociedad democrática y, más aún, en un país como México con instituciones tan precarias. El gobierno de López Obrador debería actuar de inmediato para fortalecer el mecanismo de protección de periodistas, de lo contrario los asesinatos seguirán creciendo. Asimismo, debería adoptar medidas concretas para reducir los niveles desorbitados de violencia contra periodistas, con investigaciones judiciales que rompan con la impunidad habitual, y abandonar los compromisos puramente retóricos que, como hemos comprobado, no inciden en el deplorable récord de México.
Santo Domingo.- El Partido Alianza País advirtió hoy que es inminente el colapso del sistema de salud y que por ello las autoridades deben declarar la lucha contra la pandemia de Covid 19 como la prioridad del país, ya que nada es más importante que la salud y la vida de las personas.
En ese sentido explicaron que la enfermedad debe ser lo primordial del gobierno, el congreso y las alcaldías, sumando a ello el esfuerzo de la sociedad y los sectores productivos.
El equipo de salud de la entidad política habló en esos términos ante el aumento de los casos positivos y la solicitud de Estado de Emergencia realizada por el Poder Ejecutivo.
«Ante el aumento de los casos de coronavirus, que es resultado de que la pandemia no se mitigó con las medidas gubernamentales en ninguna de sus etapas, por su ineficiencia y manejo politiquero de la crisis sanitaria, el gobierno ha decidido solicitar al Congreso Nacional otra vez la declaratoria de emergencia por un período de 45 días», expresaron.
Ante la situació plantearon que el Gobierno debe destinar todos los recursos necesarios para combatir el Covid 19 con la prontitud que demanda la crisis sanitaria, por lo que deben tomarse las medidas presupuestarias de cara a esta situación recortando los gastos innecesarios y destinarlos a fortalecer la atención en los hospitales, la adquisición de medicamentos, insumos y equipos vitales que permitan proveer atención a tiempo y de calidad.
Mientras que, según el partido otra medida planteada por Alianza País es que se deben eliminar los gastos de representación, el barrilito y cofrecito de que gozan los legisladores, los sobre sueldos y viáticos especiales de los funcionarios, para destinarlos a los servicios de salud que es lo prioritario.
Además, habilitar nuevas unidades de cuidados intensivos, para asegurar el soporte vital de quienes lo necesitan, ampliar la atención hospitalarias, con más camas regulares, e incluir unidades de cuidados intermedios para aquellos pacientes que necesitan mayor monitorización y cuidados.
«Se debe habilitar, aunque sea de manera parcial el hospital Luis E. Aybar, y mientras dure la pandemia dedicarlo a la atención de los pacientes Covid 19», manifestaron.
También indicaron que debe ponerse en actividad máxima la red de centros del primer nivel de atención, y a través de ellos poner en práctica la estrategia de atención primaria en salud para dar respuestas a los problemas de salud que tienen las familias y las comunidades y que actualmente están desatendidas, entre otras medidas.
De igual manera Alianza País anunció la suspención de todas las actividades que impliquen interacción y cercanía física, por lo que sus oficinas y locales cesarán de funcionar, suspendiendo todas las reuniones y actividades que impliquen concentración de personas.
Indicaron que no pueden esperar la saturación y colapso de los hospitales, no podemos esperar de brazos cruzados o con medidas tímidas y timoratas que aumenten las pérdidas de vida en las comunidades.
Al menos once regiones de Colombia se han visto gravemente afectadas por la acción de distintos grupos ilegales armados, que aprovechan las circunstancias excepcionales de la crisis del coronavirus para imponer un régimen de terror y cometer abusos contra la población civil.
Es lo que refleja un informe difundido este miércoles por la organización Human Rights Watch (HRW), que denuncia que "numerosos grupos armados en Colombia han cometido asesinatos y otros abusos contra civiles", con el objetivo de "imponer sus propias medidas en contra de la propagación del covid-19″.
"Nuestras investigaciones demuestran que los grupos armados informaron a las poblaciones locales que estaban imponiendo reglas para evitar la propagación de Covid-19 en al menos 11 de los 32 departamentos de Colombia: Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nari-
Los grupos armados a los que se hace referencia incluyen al ELN y a diversas disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), estas últimas derivadas de la supuesta desmovilización de grupos paramilitares, que tuvo lugar a mediados de la década del 2000.
Uno de los materiales fundamentales consultados por HRW para la elaboración de este estudio son los diversos panfletos informativos y mensajes de Whatsapp que utilizan estas organizaciones, que en su gran mayoría no solo informan de las obligaciones impuestas a la población, sino de los violentos castigos que lleva aparejado su incumplimiento.
A través de estos 'documentos', los grupos paramilitares imponen toques de queda, cuarentenas y restricciones a la circulación, y detallan los días y horarios en los que permiten la apertura de tiendas y el funcionamiento de servicios. Algunas de estas agrupaciones también han organizado reuniones presenciales para comunicar sus normas a la población, según funcionarios humanitarios y de derechos humanos consultados por HRW.
En muchos de los textos firmados por estas organizaciones, las amenazas violentas son explícitas. "Se suspende toda actividad comercial y pública (…) y persona que se encuentre fuera de su casa a partir del horario anunciado anteriormente será objetivo militar", puede leerse, por ejemplo, en un panfleto firmado y distribuido por el Frente Oliver Sinisterra.
Aún más violenta y directa es la advertencia incluida en otro panfleto, distribuido en mayo por la columna móvil Jaime Martínez, en el que aseguran que quien incumpla sus mandatos "será sometido a nuestra ley y pagará con su vida". "Ya saben, o cumplen o se mueren", insisten en el mismo texto.
Escasa presencia del Estado en la zonas afectadas
El reporte de HRW también denuncia que "las medidas que imponen los grupos armados han menoscabado todavía más el acceso a alimentos para las comunidades que viven en situación de pobreza", un acceso que ya se había visto limitado por el aislamiento decretado por el gobierno.
A ese respecto, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, señala que "este brutal control social refleja las históricas falencias del Estado para establecer una presencia significativa en zonas remotas del país que permita proteger a las comunidades en riesgo".
Habitantes del poblado de Bojaya, en el departamento de Choco (Colombia) el 11 de noviembre de 2019.Raul Arboleda / AFP
HRW recuerda que "conforme al derecho internacional de los derechos humanos, el gobierno colombiano tiene la obligación de proteger los derechos a la vida y a la integridad física", por lo que instan a las autoridades del país a adoptar "medidas de prevención adecuadas" frente a "amenazas razonablemente previsibles por parte de actores privados", entre los que se encuentran "grupos de crimen organizado y otros grupos armados"
"El gobierno debe intensificar sus esfuerzos para proteger a estas comunidades, garantizar que tengan acceso adecuado a alimentos y agua, así como para proteger su salud de los efectos del Covid-19″, insistió Vivanco.
HRW recuerda en su informe que "en algunas partes del país, los grupos armados disputan el control territorial a las fuerzas gubernamentales".
"Por precaución, y como parte de nuestra respuesta al incidente de ayer para proteger la seguridad de las personas, tomamos la decisión de bloquear cualquier cuenta que haya intentado cambiar la contraseña durante los últimos 30 días", publicó Twitter.
Un ataque cibernético afectó este miércoles a las cuentas de varias personalidades en Twitter, entre ellas, las de los multimillonarios Jeff Bezos, Warren Buffett, Bill Gates y Elon Musk, así como del músico Kanye West, el expresidente estadounidense Barack Obama, el exvicepresidente Joe Biden o el exalcalde de Nueva York Mike Bloomberg.
Por su parte, el cofundador y actual director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, ha confesado que ha sido "un día duro". Dorsey ha agregado que de momento los especialistas de la red social están "trabajando duro" para diagnosticar el 'hackeo' y en cuanto tengan "una comprensión más completa de lo que sucedió exactamente" van a compartirlo con el público.
Fahim Saleh, fundador y director ejecutivo de Gokada, una compañía que ofrece viajes en motocicletas en Nigeria, fue asesinato en su piso de Manhattan. El Departamento de Policía confirmó que el cuerpo de la víctima fue desmembrado, informa New York Daily News.
Cuando la hermana del millonario estadounidense, de 33 años y origen bangladesí, fue a verle este martes, encontró su torso al lado de la sala de estar y cerca había una sierra eléctrica. Mientras, otras partes de su cuerpo estaban en bolsas. Según las fuentes del medio, la mujer interrumpió al presunto asesino cuando estaba limpiando el apartamento, quien huyó por la escalera.
Además, indicaron que una cámara de vigilancia, que posiblemente captó los últimos momentos de la vida de Saleh, muestra a la víctima entrando en el ascensor la noche del lunes, seguida rápidamente por otro hombre, vestido con un traje negro, guantes, sombrero y una máscara.
Los resultados de la autopsia mostraron que Saleh fue apuñalado mortalmente en el pecho, posteriormente decapitado y le cortaron los brazos y las piernas con una sierra eléctrica. Una fuente en la Policía indicó al medio que la espeluznante ejecución pudo ser provocada por un negocio que salió mal. Actualmente, la investigación sigue en curso.
La familia de la víctima afirmó que todavía "no puede comprender" su muerte e instó a las autoridades a "trabajar diligentemente para llegar al fondo de ese horrible crimen". "No hay palabras o acciones que nos den consuelo a ninguno de nosotros excepto la captura de esa persona", reza el comunicado difundido por su familia.
Santo Domingo, RD.– Al menos 10 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 78 de la autopista Duarte en dirección Cibao – Santo Domingo.
En el lugar se encuentran miembros de la Comisión Militar y Policial (Comipol) prestando asistencia y trasladando a los lesionados.
Claudio Caamaño Vélez, quien fue candidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados en la circunscripción número 3 de la provincia Santo Domingo impugnó ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) el método de D´ Hondt que utilizó Junta Central Electoral (JCE) para determinar los escaños de los diputados.
En una audiencia virtual, la abogada Dangela Ramírez, en representación de Claudio Caamaño solicitó a los jueces del TSE que mediante la vía difusa declare inconstitucional el artículo 4 de la ley 157-13, que establece ese sistema de asignación de escaños.
Además, pidió que ordene a la JCE y a la Junta de Santo Domingo Este la inaplicación de ese método a la candidatura de Caamaño Velez, pues entienden que se trata de una distorsión y un sesgo al principio de representatividad.
El representante en estrado de la JCE, el abogado Pedro Reyes Calderón, solicitó al tribunal que se rechace la petición y que se declare inadmisibles la acción.
Luego de escuchar las conclusiones de las partes, el tribunal dejó en estado de fallo esta acción de amparo y otras dos sometidas por candidatos en contra de la JCE.
Las demás acciones fueron sometidas por Virgilio Bello González y Abraham Cid Fermín, aspirantes a diputado y al Parlamento Centroamericano (Parlacen), respectivamente, por el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana (PNVC).
