La electa senadora por el Distrito Nacional, Faride Raful, sometió hace algunos años como diputada de la república un proyecto de ley que procuraba la “Reorganización de la Administración Pública” en el que se buscaba disolver unas 57 instituciones, comisiones u organismos que tienen asignaciones y/o transferencias por de fondos por aproximadamente RD$15,700 millones mientras su impacto social es bajo.
A continuación la lista que propuso en el 2017 cuando era diputada:
Pasarían a ser parte del Ministerio de Agricultura los equipos, bienes muebles e inmuebles, personal y presupuestos las siguientes 12 instituciones, que dejarían de existir.
El Consejo Nacional para el Fomento y Reglamentación de la Industria Lechera (CONALECHE).
El Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR).
El Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE.
El Instituto del Tabaco (INTABACO).
El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA).
El Instituto Nacional de la Uva.
El Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA).
El Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF).
La Comisión Sectorial para la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario.
El Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE).
El Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE)
El Consejo Nacional de Agricultura.
En el caso del Plan de Asistencia Social, absorbería 14 entidades:
El Instituto para el Desarrollo del Sur (INDESUR).
El Instituto para el Desarrollo del Noroeste (INDENORTE).
El Instituto para el Desarrollo del Nordeste (INDENORDE).
El Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias (PROCOMUNIDAD).
La Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP).
El Consejo Nacional Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME).
Comedores Económicos.
El Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN).
El Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales.
La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC).
Progresando con Solidaridad.
La Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial.
La Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial y Comunidad Digna Contra La Pobreza.
Además, el proyecto presentado por Raful en el 2017, prohibía al Poder Ejecutivo crear mediante decreto ninguna institución, comisión, consejo o dirección sin que la misma sea aprobada por el Congreso Nacional mediante una ley especial y bajo el amparo de la Constitución de la República Dominicana.
Igualmente prohibía la asignación de partidas presupuestarias y/o transferencias futuras a la Fundación Banreservas, por ser una entidad vinculada al Banco de Reservas de la República Dominicana, con autonomía presupuestaria para poder cubrir las necesidades de dicha entidad sin fines de lucro.
También impedía la asignación de partidas presupuestarias y/o transferencias futuras a la Comisión Hípica Nacional, que por regular todo lo relacionado con ese sector y tener el manejo del Hipódromo Nacional debe ser auto sostenible para cubrir las necesidades financieras que tenga la entidad.
En cuanto al personal que se pretendiera trasladar de las instituciones públicas eliminadas a las absorbentes, la iniciativa indicaba que sólo podrían ser trasladados siguiendo los normas establecidas en la Ley No. 41-08 de Función Pública.
