La dirección del Instituto Integral Leonardo Da Vinci convocó este viernes a los padres de los alumnos de ese centro, a tres semanas de la excursión en la que falleció ahogada la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, en la hacienda Los Caballos, ubicada en Gurabo, al norte de Santiago.

De acuerdo con una fuente, el encuentro tuvo como propósito que el equipo legal del centro explicara a los padres el avance y alcance de la investigación judicial que se sigue en contra del colegio por la muerte de la menor.

La reunión se realizó en las instalaciones del plantel, situado en la carretera Don Pedro.

Tras la actividad, varios padres fueron vistos retirándose con sus hijos. Según el informante, tras concluir el encuentro la dirección decidió despachar a los estudiantes a sus hogares.

En los alrededores del colegio fueron apostadas dos unidades de la Policía Nacional, como medida preventiva ante la sensibilidad del caso.

El Instituto Integral Leonardo Da Vinci es investigado por alegada negligencia, según han denunciado los abogados de la familia de la menor, de nacionalidad extranjera.

La excursión

Los representantes legales han señalado que en la excursión solo participaban tres profesoras para supervisar a más de 80 estudiantes.

La defensa denunció el trato que el centro ha dado a la familia de la menor, asegurando que no se le ha explicado con claridad en qué circunstancias ocurrió la tragedia.

Se quejan, además, de la forma en que el Ministerio Público ha conducido la investigación.

• Afirman que, a 22 días del hecho, solo han recibido los videos de dos de las más de diez cámaras de seguridad instaladas en la hacienda.

Santo Domingo.- Un hombre que dice ser un exmilitar de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, hizo fuertes amenazas de muerte contra el presidente Luis Abinader y su familia.

El hombre que hizo las amenazas mediante un video que colgó el periodista Ramón Tolentino en sus redes sociales, se identificó como el exsargento mayor, Héctor Julio Mercedes Rodríguez alias La Bala.

El individuo afirmó haber adquirido un rifle a través de un supuesto alto militar e incluso lanzó amenazas directas al presidente, advirtiéndole que no podía “andar con tranquilidad” y utilizando expresiones como: “le voy a dar que los sesos le van a salir volando, yo le dije que lo voy a matar”.

Según “La Bala”, cuenta con personas dentro de las fuerzas del orden que podrían suministrarle información sobre los movimientos del mandatario para facilitar la ejecución de su plan.

Se espera que las autoridades investiguen este caso a fondo y que puedan dar con el paradero de este hombre y lo pongan a disposición de la justicia.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, convocó a sesión ordinaria para mañana viernes con el fin de conocer las modificaciones al Código Procesal Penal, aprobado anoche en segunda lectura en la Cámara de Diputados.

De los Santos garantizó que el pleno senatorial verificará los artículos modificados por los diputados e iniciará los debates con el objetivo de que la República Dominicana cuente con una iniciativa jurídica actualizada.

Dijo que los legisladores están en toda la disposición de sancionar la pieza antes del 11 de diciembre, plazo otorgado por una sentencia del Tribunal Constitucional para la readecuación de la normativa declarada inconstitucional, o de lo contrario, continuará vigente la normativa actual.

“Nosotros esperaremos que el proyecto con sus modificaciones llegue al Senado en el día de hoy, para comenzar a analizar los artículos modificados y debatirlos en el pleno del hemiciclo, con el buen ánimo de aprobarlo y enviarlo al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación”, aseguró.

Anoche, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley orgánica que instituye la reforma al Código Procesal Penal de la República Dominicana. La pieza legislativa fue aprobada con 111 votos a favor y 3 en contra. Ahora vuelve al Senado, donde había sido aprobada previamente, debido a las modificaciones introducidas por los diputados.

“Hoy hemos culminado con una tarea titánica. Nosotros esperamos que estemos dando al país la mejor legislación posible en esta materia. Hoy hemos logrado mejoras significativas al proyecto que aprobamos anoche en primera discusión, que fue muy bueno también, tengo que decirlo”, manifestó el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco.

Previo al inicio de los trabajos legislativos, los diputados recibieron nuevamente sendas representaciones de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, de la Procuraduría General de la República y de la Suprema Corte de Justicia, entre otras, quienes hicieron observaciones para mejorar la legislación propuesta.

El texto aprobado ordena a los tribunales aplicar la ley garantizando la vigencia efectiva de la Constitución de la República y de los tratados internacionales, así como sus interpretaciones por los órganos jurisdiccionales, cuyas normas y principios son de aplicación directa e inmediata en los casos sometidos a su jurisdicción y prevalecen siempre sobre la ley.

Además, procura fortalecer la eficacia de la persecución penal sin menoscabo de las garantías individuales, estableciendo reglas claras para los órganos de investigación, el Ministerio Público, la defensa técnica y el Poder Judicial, delimitando sus competencias conforme al principio de separación de funciones procesales.

“La reciente reforma al Código Penal ha redefinido tipos penales, sanciones y estructuras jurídicas sustantivas, creando la necesidad de adecuar el Código Procesal Penal en su conjunto, que requiere una reforma procesal que armonice los procedimientos y fortalezca la capacidad de respuesta del Ministerio Público y de los tribunales”, precisó.

La Vega, RD. – Roberto Belarmino Ramos, residente en la comunidad La Colonia de Jarabacoa, denunció que en el sistema de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) aparecen 35 multas de tránsito a su nombre. Además, afirmó que no ha cometido ninguna de esas infracciones. Por ello, exige una revisión urgente del caso.

Ramos explicó que la situación inició cuando un agente de la Digesett lo detuvo mientras se dirigía a cumplir con su trabajo como mensajero en una empresa de transporte. Según relató, el agente lo abordó y, después de un intercambio breve, comenzaron a aparecer las sanciones en el sistema. El denunciante aseguró que desconocía por completo esas multas.

Asimismo, el hombre insistió en que la carga económica es insostenible. Destacó que, al ser una persona de escasos recursos, no puede asumir el pago de 35 multas que, según dijo, no le corresponden.

Reclamo por la carga económica

En un testimonio grabado, Ramos expresó su indignación. Señaló que salió a buscar el sustento diario y terminó enfrentando una situación que calificó como injusta. Explicó que trabaja junto a choferes y mensajeros, y que su objetivo siempre ha sido cumplir con la ley. Sin embargo, afirmó que el agente lo detuvo sin justificación clara.

Además, denunció que el oficial lo colocó en una posición desfavorable y, según su versión, “le puso 35 multas de golpe”. Indicó que un ciudadano humilde no puede cubrir un monto tan elevado sin motivo válido. Por esa razón, pidió que las autoridades escuchen su caso.

Ramos reiteró que se trata de un hombre de edad avanzada que solo intenta sostener a su familia. Agregó que aún no ha realizado ningún pago, ya que verificará primero la información a través de la aplicación oficial de la Digesett para confirmar la legitimidad de las infracciones.