Comendador, Elías Piña.- El tiroteo surgió entre civiles Dominicanos supuestamente por diputarse el control de una asociación de comerciantes que se dedica al control de la mercancía que cruzan para la República de Haití, por El Carrizal en esta provincia de Elías Piña.

Los heridos son Liariano Morrillo, Miraya Piña, Kendry Ramírez, Cirilo Polanco Sánchez y Yirve Liariano.

El Enfrentamiento dejó cinco personas heridas. Dos de estos recibieron los primeros auxilios en el Centro Medico Dra. Cabrera de Comendador, mientras que los otros tres fueron atendidos en el Hospital Municipal Rosa Duarte y referidos de inmediato al Hospital Regional Alejandro Cabral y Báez de la provincia San Juan.

La situación provocó que todos los comerciantes tanto haitianos como dominicanos abandonaran el lugar hasta déjarlos totalmente despejado. Mientras que la Policía Nacional, CESFRONT y el Ejército Dominicano tomó el control del lugar.

Hasta el momento no hay detenidos por el hecho. En tanto que la Policía Nacional investiga el caso.

Así mismo reunieron las autoridades, el Procurador Fiscal de la Provincia Elías Piña, Lic. Ramil Cadete Pérez, conversó con la gobernadora Provincial de Elías Piña, la Dra. Millys Johanna Martinez Morillo. La representante del poder ejecutivo le manifestó al magistrado su interés en unir esfuerzos para endurecer la lucha en contra de la delincuencia y la criminalidad.

Una niña de dos años murió carbonizada al incendiarse la casa donde residía junto a sus padres en la comunidad de Cutupú, en La Vega.

La víctima es Arisbel Vargas, hija de Rafael Vargas y Gabriela Reynoso.

Datos recogidos en el lugar del hecho dan cuenta que los hermanos de nueve y siete años de la niña fallecida lograron salir de la casa mientras era consumida por las llamas.

Los tres menores de edad estaban solos en la vivienda, la cual quedó reducida a cenizas. El padre estaba trabajando y la madre había salido a buscar una lavadora prestada para lavar.

El reporte de la Policía Nacional indica que el incendio se originó por un cortocircuito.

El hecho ha causado gran conmoción en Cutupú, donde los vecinos denunciaron que los cortocircuitos ocurren con frecuencia.

Fuente; Diario Libre

Yocairi en un hospital en situación crítica, posiblemente ciega y con el rostro desfigurado. Willy, preso enfrentando 10 años de prisión. Ese es el desenlace de una relación que comenzó cuando ella tenía 13 años y él 27, le doblaba en edad.

Cuando Yocairi Amarante Rodríguez tenía 14 años, Willy Antonio Javier Montero (28) decidió llevársela del hogar donde ella vivía con su padre en el sector El Valiente, de Santo Domingo Este, según cuenta la madre de la víctima, Santa Rodríguez.

“Esa relación comenzó escondida. Su papá era que estaba con ella, él iba para Valiente, donde ella vivía con su papá y con su abuela”, dijo.

De la relación de ambos nació una criatura que ahora se pregunta dónde está su madre. “¿Dónde está Yocairi? Me pregunta la niña, yo le digo que está trabajando”, narró Santa, quien tendrá que encontrar fuerzas para contarle qué pasó con su madre.

La relación duró hasta que la menor cumplió 19 años. Todo se fue al traste cuando la joven Yocairi Amarante decidió terminar la relación hace varias semanas.

“Él la amenazaba, que si se buscaba otro hombre la iba a matar, eso era lo que él quería hacer, matarla a ella y matarse él”, cuenta Santa. La amenaza que se hizo realidad cuando, de acuerdo con la investigación de la Policía Nacional, Willy contrató por 3,500 pesos a dos individuos, Álex y Joan que le sirvieron como sicarios.

De acuerdo con el resumen del Unicef, “el matrimonio infantil constituye una práctica nociva que, por su condición de vulnerabilidad, afecta especialmente a las niñas y las adolescentes, al limitar sus oportunidades de desarrollo, exponerlas a la violencia, al abuso sexual y al embarazo precoz. El matrimonio infantil, incluidas las uniones tempranas, se considera una manifestación de la violencia de género”.

Según el informe publicado en 2019, el 35.9% de las mujeres entre 20 y 24 años se casó o unió antes de los 18 años, y el 12.3% lo hizo antes de los 15 años, entre las peores cifras de la región.

Los últimos meses han sido de una suerte de cambios inesperados en la carrera del magistrado Rodolfo Espiñeira Ceballos, el procurador adjunto designado por el Consejo Superior del Ministerio Público para sustituir a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, en el caso de los sobornos de Odebrecht.

Como procurador adjunto, el magistrado Espiñeira Ceballos es el primer sustituto de la Procuradora, por tanto, tiene entre sus funciones sustituirla en caso de ausencia temporal, excusa o recusación.

La magistrada Germán Brito decidió inhibirse de todo lo referente al caso Odebrecht debido a que, en 2017, durante su función como jueza de la Suprema Corte de Justicia, emitió opiniones y decisiones en las que cuestionaba la calidad del expediente presentado por el Ministerio Público en el referido caso de los sobornos.

La Procuraduría informó anoche que el Consejo acogió la inhibición y decidió designar a Espiñeira Ceballos, quien pasa ahora junto al cuerpo de procuradores del Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) a encabezar el proceso más sonado de corrupción en los últimos años.

Hace apenas un mes y ocho días, el procurador Espiñeira Ceballos fue destituido del cargo mediante el decreto 382-20 que emitió el presidente Luis Abinader, que también destituyó a otros once procuradores adjuntos. Sin embargo, tres días después, la procuradora Germán Brito emitió el auto número 00011 con el que volvió a designarlo como adjunto y lo nombró como su primer sustituto.

Entre sus funciones tiene, además, el “representar al Ministerio Público ante la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional o cualquier otro órgano que les encomiende el Procurador General de la República”. También el “promover, por asignación del Procurador General, la acción penal pública en los casos cuyo conocimiento en primera y única instancia corresponde, conforme a la Constitución, a la Suprema Corte de Justicia”.

De acuerdo con su perfil que se cuelga en la página de la Escuela del Ministerio Público, el magistrado es procurador adjunto desde el 2004 y se ha desempeñado como presidente del Comité de Licitaciones de la Procuraduría; director nacional del Ministerio Público; presidente del Comité de Integridad Institucional; coordinador del Sistema de Gestión del Ministerio Público y del Comité de Planificación Estratégica de la Procuraduría.