Santo Domingo. – Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Cuerpo de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), bajo la coordinación del Ministerio Público, incautaron dos paquetes de presunta cocaína, durante labores de inspección e interdicción conjunta, realizadas en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA-JFPG).

Las unidades operativas destacadas en la terminal abordaron a una mujer con doble nacionalidad (dominico-suiza), que viajaría a Suiza, haciendo escala en el aeropuerto de España, según el itinerario de vuelo.

Tras realizar el protocolo de actuación, los equipos actuantes, detectaron a traves de una de las maquinas de rayos X, imágenes sospechosas dentro una maleta, incautando en su interior, dos paquetes presumiblemente cocaína, forrados con cinta adhesiva y envueltos en prendas de vestir.

Se le ocupó además, un celular, dinero en efectivo y documentos personales vinculantes a la investigación.

La mujer de 61 años, utilizada como mula por redes de narcotráfico, será sometida a la justicia en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

El Ministerio Público y la DNCD tratan de establecer si hay otros involucrados en la frustrada operación de tráfico internacional de drogas, para arrestarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

Los paquetes de la presunta cocaína fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.

Las comunidades de Los Ranchitos, Bayona, Arenoso de San José de Ocoa se han levantado con la finalidad de evitar que granceras clandestinas continúen la extracción indiscriminada del río Ocoa, ante lo que ellos describen como la indiferencia de las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente.

Félix Manuel Lara, alcalde pedáneo de Bayona, junto a varios líderes sindicales, denunciaron que desde hace un año las empresas de extracción vienen dando un uso indiscriminado de noche y de día al río Ocoa lo que ha provocado una merma significativa de su caudal y haya afectado los diferentes cultivos de los agricultores de las zonas.

"Hemos enviado mensajes a Medio Ambiente para que vengan en auxilio de los agricultores y no han hecho caso. Tenemos un canal unificador que se llena del río y que se utiliza para irrigar 44 mil tareas desde la Sección Los Ranchitos hasta Palmar de Ocoa, a veces ese canal se seca por la poca agua que lleva el rio", expresó Jorge Luis Presinal.

Advirtió que de continuar con la extracción de materiales la agricultura va a desaparecer en las referidas localidades.

De su lado, Pamela Ureña dijo que ya no permitirán sacar materiales del acuífero porque las granceras prometieron el arreglo del camino principal y otorgar una cuota económica a las comunidades y no han cumplido.

"Es prohibida la extracción de arena del río. Se le dio un permiso al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) para la limpieza del contraembalse de aquí, no cumplieron y fueron sacados del lugar", expresó el dirigente de la junta de vecinos..

"El río tiene agua porque ha llovido pero su caudal ha mermado, lo han destruido", manifestó William Lara, de la Junta de Regantes de San José de Ocoa.

El Ministerio de Interior y Policía informó que el haitiano Dimitri Albert Edouard Vorbe no entrará a “territorio dominicano”, debido a que mantiene un impedimento de entrada desde octubre de 2025.

La aclaración se realiza luego de que el juez Darrin P. Gayles del Distrito Sur de la Florida firmara una orden judicial en la que se establece que este hombre será enviado a República Dominicana, luego de que las autoridades negaran un habeas corpus para no ser deportado a Haití y permanecer en Estados Unidos.

“El ciudadano haitiano Dimitri Eduardo Verboe no entrará al territorio dominicano. Mantiene impedimento de entrada vigente desde el 13 de octubre de 2025, conforme a notificación de la Dirección Nacional de Inteligencia ejecutada por la Dirección General de Migración.”, escribió el Ministerio de Interior y Policía en la red social X.

El documento judicial de Estados Unidos, de fecha 12 de mayo de 2026, mismo día en que se conoció que República Dominicana recibiría ciudadanos deportados de diferentes países, exceptuando Haití, establece que la petición de ser enviado al país fue pedida por el empresario.

“El Departamento de Seguridad Nacional declara que facilitará la deportación del peticionario Dimitri Albert Edouard Vorbe a la República Dominicana dentro de los siete (7) días siguientes a la emisión de la orden final de deportación, trasladándolo a un aeropuerto del sur de Florida donde abordará un vuelo comercial a la República Dominicana”, establece el documento.

Estados Unidos y Dimitri Vorbe acordaron que, luego de dos días de llegar a República Dominicana,  presentarán una moción para desestimar el presente procedimiento con carácter definitivo.

Historia judicial Dimitri Vorbe

De acuerdo a medios de Haití y a la Justicia de Estados Unidos, Dimitri Albert Edouard Vorbe dirigió la empresa eléctrica haitiana Societé Générale d’Énergie (SOGENER).

Su historia judicial se remonta al presidente haitiano, Jovenel Moïse. En 2019, el entonces presidente lo acusó de financiar protestas y actividades destinadas a desestabilizar su gobierno desde el año 2018.

Dimitri Vorbe estaba muy involucrado en política, era un opositor del presidente Moïse y el partido haitiano.

En el 2019, Moïse contrató abogados para defender los intereses del Estado haitiano con contratos con los proveedores de electricidad, incluyendo la empresa del empresario. El magnate no se presentó ante la justicia tras ser llamado a responder la acusación. Viajó alrededor del 4 de enero de 2020 a Estados Unidos.

En Norteamérica, como no inmigrante con autorización para permanecer allí por un período temporal que no exceda los seis meses; sin embargo, no abandonó ese país y en su lugar sometió una solicitud para extender el estatus de no inmigrante ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Esta petición fue denegada.

El 23 de julio de 2020, los tribunales de la República de Haití en Puerto Príncipe emitieron una orden de arresto penal en su contra por corrupción, falsificación, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y conspiración en el vecino país.

El 21 de agosto de 2020, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) y puesto bajo su custodia en el Centro de Procesamiento de Servicios de Miami. Posteriormente, fue sometido a un proceso de deportación mediante una Notificación de Comparecencia que lo acusaba de ser deportable ante la Ley de Inmigración y Nacionalidad, ya que, “tras ser admitido como no inmigrante, permaneció en los Estados Unidos por un período mayor al permitido”.

El 25 de agosto de 2020, uno de sus hijos, quien es ciudadano estadounidense, presentó el Formulario I-130, Petición para Familiar Extranjero, el cual fue aprobado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el 18 de diciembre de 2020.

El 27 de agosto de 2020, un juez de inmigración otorgó al peticionario una fianza de $5,000. Mientras que el 28 de agosto de 2020, fue liberado de la custodia del ICE.

Ante esto, el 24 de febrero de 2021, Dimitri Albert Edouard Vorbe presentó el Formulario I-485, una solicitud para registrar la residencia permanente o ajustar el estatus, ante el USCIS.

En ese año ingresó al Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), facilidad otorgada por Joe Biden contra la deportación en medio de la crisis en Haití.

El 13 de julio de 2021, tras la muerte de Jovenel Moïse, fue llamado a ir a ese país y declarar.

El 28 de junio de 2022, se desestimaron los cargos establecidos en la orden de arresto penal haitiana.

El 8 de septiembre de 2023, compareció con su abogado ante el Tribunal de Inmigración de Miami, Florida, para una audiencia sobre el fondo de su solicitud de ajuste de estatus a residente permanente legal. Al concluir la audiencia, el juez de inmigración dejó el expediente abierto para que las partes presentaran documentos adicionales.

El 22 de abril de 2025, el ICE presentó un escrito argumentando que este hombre era inadmisible debido a que mintió deliberada y voluntariamente en las solicitudes presentadas ante el DHS para obtener beneficios migratorios.

El 22 de septiembre de 2025, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, determinó que Dimitri Vorbe era deportable conforme a la sección 237(a)(4)(C) de la Ley de Inmigración.

“El Secretario Rubio declaró además que participó en una campaña de violencia y apoyo a pandillas que contribuyó a la desestabilización de Haití, y que permitirle permanecer en Estados Unidos socava los intereses de la política exterior estadounidense en la estabilización de Haití y la región”, dice la acusación en su contra.

Ante esto, el 23 de septiembre de 2025, el ICE canceló su fianza y fue puesto bajo custodia, presentándose el cargo para su deportación. Este mismo día fue arrestado en su residencia en la Florida.

El presidente de la República Dominicana presentó este miércoles el modelo dominicano de zonas francas como uno de los principales motores de transformación productiva y competitividad del país, durante su intervención en el 12.º Congreso Mundial de Zonas Francas celebrado en Panamá.

En un discurso centrado en la atracción de inversión extranjera y el posicionamiento estratégico del país en las cadenas globales de suministro, el mandatario afirmó que la República Dominicana "es hoy una de las mejores decisiones de inversión en el hemisferio".

El jefe de Estado sostuvo que el país ha logrado convertir sus zonas francas en un ecosistema de inversión que integra manufactura avanzada, servicios globales y economía digital, apoyado en estabilidad jurídica, infraestructura y capacidad logística.

Según destacó, las zonas francas dominicanas generan más de 200,000 empleos y representan más del 60 % de las exportaciones nacionales. Indicó, además, que el sector cuenta con más de 850 empresas instaladas en parques industriales distribuidos en todo el territorio nacional.

Sectores económicos en crecimiento

El mandatario señaló que sectores como dispositivos médicos, industria eléctrica, BPO, tabaco y logística han permitido al país consolidarse como un actor relevante en el comercio internacional.

Durante su exposición, afirmó que la inversión extranjera directa acumulada en la última década supera los 35,000 millones de dólares y aseguró que en 2025 la República Dominicana ya registra más de 5,000 millones de dólares en captación de capitales.

También destacó el interés de grandes empresas tecnológicas como Google y NVIDIA, así como proyectos vinculados al desarrollo de un puerto espacial en Pedernales, iniciativas que —según dijo— reflejan una visión orientada hacia industrias de alto valor agregado.

Nearshoring y oportunidades de inversión

El presidente afirmó que el fenómeno del nearshoring ha reforzado la posición estratégica de la República Dominicana como plataforma exportadora para mercados de Estados Unidos, Europa, Centroamérica y el Caribe, gracias a acuerdos comerciales que ofrecen acceso preferencial a más de 1,200 millones de consumidores.

En ese contexto, sostuvo que el modelo de zonas francas dominicano ha evolucionado desde una manufactura básica hacia actividades vinculadas con innovación, transferencia tecnológica, inteligencia artificial, semiconductores e industria 4.0.

El gobernante atribuyó parte de ese desempeño al marco legal del sector, especialmente a la Ley 8-90 y sus reformas recientes, que —afirmó— ofrecen seguridad jurídica, estabilidad y previsibilidad a los inversionistas.

Asimismo, resaltó ventajas competitivas no fiscales, entre ellas la disponibilidad de talento humano especializado, procesos aduaneros simplificados, eficiencia operativa y coordinación entre el sector público y privado.

Al concluir su intervención, el mandatario invitó a empresarios e inversionistas internacionales a conocer el país y aseguró que la República Dominicana no solo compite por atraer inversión, sino también por "generar convicción" sobre sus oportunidades de crecimiento y estabilidad.

La World Free Zones Organization es la organización internacional de cooperación en materia de zonas económicas. Reúne zonas francas, zonas económicas especiales y parques industriales, junto a líderes de gobiernos, empresas y la sociedad civil, para moldear el futuro del comercio, la inversión y la innovación. Tiene 1,600 miembros de 140 países.

A través del intercambio de conocimiento, redes de colaboración, diálogo sobre políticas públicas y apoyo operativo, la organización procura que las zonas económicas se conviertan en catalizadores del crecimiento sostenible en todo el mundo.

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) llamó a los padres a revisar cada mañana la mochila de sus hijos para evitar que ingresen en ella armas que afecten su integridad y la de colaboradores de los centros educativos.

El presidente de la ADP, profesor Eduardo Hidalgo, dijo que para el gremio resulta alarmante que durante estos operativos a los niños les encuentren en su mochila armas que ponen en peligro su integridad.

“Estas medidas deben hacerse con más rigor y periodicidad y que se apliquen las consecuencias, porque hasta ahora se han informado de los hallazgos, pero no se conocen las medidas disciplinarias que se han adoptado”, manifestó.

Hidalgo saludó la disposición del Ministerio de Educación que, con el apoyo de la Policía Escolar, realiza inspecciones a los estudiantes en las escuelas para evitar que estos ingresen armamentos que afecten su desarrollo; además, dijo que es necesario involucrar a los padres, quienes tienen una corresponsabilidad.

Este lunes, Listín Diario publicó una información donde se destaca que en requisas realizadas por la Policía Escolar en operativos regulares en 60 escuelas pertenecientes a la Regional 03 de Azua, que abarca las provincias de Azua, Baní y San José de Ocoa, fueron decomisados diferentes artículos incluyendo armas blancas y otros artefactos.

“Estos casos que se han dado a conocer son de menores de edad que salen de su casa y que en algunos casos los llevan en la mochila. Es necesario hacer una alianza en las escuelas con los maestros y las familias. Esto ayudará a evitar la violencia aplicando el reglamento del Minerd y el Código del Menor”, dijo el profesor Hidalgo, y cuestionó a los padres por no revisar las mochilas de sus hijos antes de que salieran de sus hogares.

Solicitó que las requisas se realicen periódicamente en cada centro educativo del país y también lamentó que no haya suficientes policías escolares, empezando por zonas vulnerables.

Recordó que el año pasado se reportaron al Minerd más de 22 mil casos de agresiones entre estudiantes y más de 1,700 de ellos hacia sus profesores.

Asimismo, el secretario de Comunicación y Relaciones Públicas de la ADP, Menegildo de la Rosa, dijo que para el gremio resulta alarmante que durante estos operativos a los niños les encuentren en su mochila armas. Estas armas ponen en peligro la integridad física del personal que labora en los centros educativos.

“La policía debe mantenerse vigilante y desde la puerta también deben tomarse medidas de precaución, de igual forma que el equipo de gestión de cada centro con su director a la cabeza, unido a la directiva de la Asociación de Padres y Madres, debe por momentos hacer requisas momentáneas en los centros educativos”, expresó.

Dijo que, en caso de encontrar armas u otros utensilios que comprometan el bienestar de los estudiantes, el centro debe llamar a los padres, al consejo y someterlos con el equipo de orientación de psicología a un estudio para ver las causas y consecuencias de por qué se está produciendo esa conducta.

“Creemos que el Ministerio de Educación debe tomar cartas en el asunto y que, junto con los equipos de gestión de los centros educativos y la Federación de Padres y Madres, se deben tomar medidas de conjunto que permitan que primero los padres asuman su responsabilidad de en la mañana revisar la mochila de su hijo y ver si el niño lleva algún recurso que no sea propio de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje”, agregó.

Desde el pasado 6 de mayo y hasta ayer 11 transcurrieron seis días, un período en el cual las autoridades del Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM) cerraron o desmantelaron cinco estaciones de venta de combustible por irregularidades, un promedio de casi una diaria. Montecristi figura como la provincia con mayor cantidad de casos registrados.

Pero, a juzgar por las estadísticas oficiales, el mercado de hidrocarburos en la República Dominicana aparenta estar afectado por los delitos. La venta y el almacenamiento irregular y el trasiego de derivados del petróleo figuran entre las tres principales ilegalidades detectadas en el sector, al menos entre enero de 2025 y marzo de este año.

Durante el citado período, los casos de venta irregular de hidrocarburos descubiertos por las autoridades sumaron 17, equivalente al 27.9 % de los diferentes ilícitos detectados en ese lapso, que sumaron 61, de acuerdo con los registros del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom).

El almacenamiento ilegal y el trasiego de combustibles también se incluyen entre las irregularidades más detectadas por el Ceccom. El primero sumó siete casos entre 2025 y el primer trimestre de este año, mientras que del segundo se detectaron cinco, representando el 11.5 % y el 8.2 %, respectivamente.

Cronología de cierres

El MICM comunicó el pasado domingo el cierre de una estación de expendio de carburantes en el distrito municipal de Sabaneta, en San Juan, donde decomisó dos tanques metálicos soterrados con capacidad de 5,000 galones cada uno.

Cuatro días antes, el miércoles 6 de mayo, el MICM comunicaba el cierre de otro establecimiento de ese tipo en el municipio de Castañuelas, en Montecristi, tras comprobarse que vendía gasolina prémium que no cumplía con la calidad mínima requerida.

La "bomba" de Padre Las Casas era administrada por la empresa Bohechío, la de Villa Vásquez por el Grupo Empresarial Cabrera y la de Las Matas de Santa Cruz por Coraymar, según señaló Sanz Lovatón.

A mediados de marzo de este año, la entidad informó que detuvo en Bonao, provincia Monseñor Nouel, a un ciudadano que utilizaba una ambulancia para el trasiego ilegal de combustibles, acción en la cual fueron decomisados 2,000 galones de gasolina, valorados en 580,210 pesos. En el lugar se hallaron 40 tanques de 50 galones, utilizados para el almacenaje.

Durante el 2025, el MICM realizó 916 inspecciones a estaciones de expendio de combustibles, en procura de asegurar el cumplimiento de las normativas de operación y seguridad. De esa cantidad, 10 fueron para parar y cerrar su operación, según está contenido en la memoria institucional de ese año.

Penas por ilícitos

Aunque en ninguno de los casos recientes de cierre de estaciones de combustibles las autoridades han informado sobre las sanciones a los propietarios, el reglamento de aplicación de la Ley 17-19 sobre la erradicación del comercio ilícito, contrabando y falsificación de productos controlados, establece sanciones con multas de 100 a 200 salarios mínimos del sector público.

De igual forma, ordena penas de prisión de tres a cinco años, o ambas condenas a la vez, de conformidad con el artículo 31 de la ley, según precisa el párrafo dos del artículo 25 del citado reglamento.