Santo Domingo.-El Ministerio Público imputó a un procurador fiscal por la presunta comisión de concusión, soborno, cohecho y lavado de activos, delitos por los que podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión, conforme a la legislación dominicana.
El imputado, Aurelio Valdez Alcántara, es acusado de gestionar y recibir pagos indebidos a cambio de favorecer procesos judiciales en fase de investigación, según consta en la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano acusador.
De acuerdo con el expediente, el funcionario habría recibido US$10,000 de Roberto Canaán, testigo vinculado al caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), denominado “Cobra”. Por este hecho, el Ministerio Público ha solicitado la imposición de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción.
La audiencia será presidida por la jueza de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz.
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El Ministerio Público también sostiene que el imputado ejercía presión constante sobre el testigo mediante llamadas telefónicas, incluso fijando plazos para la entrega del dinero y advirtiendo sobre posibles consecuencias legales en caso de incumplimiento.
El arresto se produjo el pasado 27 de marzo de 2026, durante un allanamiento en su residencia, donde las autoridades ejecutaron una entrega vigilada del dinero presuntamente solicitado como soborno.
El caso será conocido el próximo martes 7 de abril, cuando se le conocerá medida de coerción ante la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, presidida por la jueza Ysis Muñiz. En esta etapa, se determinará si el imputado deberá cumplir prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Valdez Alcántara está imputado de gestionar y recibir US$10,000 de Roberto Canaán, testigo en el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), denominado “Cobra”. Por este hecho, el Ministerio Público solicita 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción.
Según la solicitud de medida de coerción instrumentada por el órgano acusador, el procurador fiscal miembro de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) exigía sobornos a cambio de alterar el curso de procesos en fase de investigación, buscando beneficios económicos directos.
Tipificación legal según el Código Penal dominicano
Concusión
La concusión es un delito cometido por funcionarios públicos que exigen o reciben pagos indebidos. De acuerdo con el Código Penal dominicano, las sanciones incluyen reclusión menor para funcionarios públicos.
En el caso de empleados o dependientes, las penas van de 1 a 2 años de prisión cuando las sumas superan los 60 pesos, y de 3 a 6 meses o de 6 meses a 1 año, dependiendo del monto involucrado.
Soborno
El soborno ocurre cuando un funcionario recibe dádivas o promesas para realizar u omitir actos propios de su cargo.
Las sanciones incluyen degradación cívica, multa equivalente al doble del valor recibido y prisión mínima de seis meses.
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Estas penas también aplican a árbitros o expertos que acepten beneficios para favorecer a una de las partes. El artículo 33 del Código Penal establece que la degradación cívica puede ir acompañada de prisión de hasta cinco años.
Cohecho
El cohecho implica la aceptación de sobornos vinculados a acciones criminales más graves, con sanciones superiores a las del soborno simple.
Ley de Lavado de Activos en República Dominicana
El artículo 2 de la ley establece que el lavado de activos proviene de delitos precedentes como corrupción, narcotráfico, terrorismo, trata de personas y estafa, entre otros.
El artículo 3 dispone que quien convierta, transfiera u oculte bienes provenientes de estos delitos será sancionado con penas de 10 a 20 años de prisión mayor, multas de 200 a 400 salarios mínimos, decomiso de bienes, así como la inhabilitación permanente para ejercer funciones públicas o financieras.
El artículo 4 sanciona a los funcionarios que incumplan con los reportes obligatorios con penas de 3 a 5 años de prisión, multas de 100 a 200 salarios mínimos, así como inhabilitación profesional.
Detalles del caso contenidos en la solicitud de medida de coerción
Según el Ministerio Público, el 13 de marzo de 2026 el imputado sostuvo un encuentro con el testigo Roberto Canaán en el parqueo de un centro comercial ubicado en la intersección de las avenidas Jiménez Moya y 27 de Febrero, en el Distrito Nacional.
Durante la reunión, el testigo abordó el vehículo del imputado, quien habría utilizado información privilegiada para ejercer presión. En ese contexto, Valdez Alcántara presuntamente propuso alterar el proceso judicial a cambio de dinero.
Inicialmente habría exigido US$200,000, suma que luego redujo a US$150,000 tras una negociación. Además, solicitó un reloj Rolex y un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes-Benz 350 o 450 de color negro, rechazando opciones más económicas.
El Ministerio Público señala que el imputado mantuvo presión constante mediante llamadas telefónicas. El 18 de marzo de 2026, presuntamente exigió el pago con la frase: “¿Para cuándo está la cosa?”, fijando como fecha límite el 24 de marzo.
Asimismo, habría advertido sobre la posible judicialización del testigo si no cumplía con el pago, condicionando su situación legal.
El 27 de marzo de 2026, las autoridades realizaron un allanamiento en la residencia del procurador fiscal, donde fue arrestado. Durante el operativo se ejecutó una entrega vigilada del dinero presuntamente recibido como soborno.
