El director de Compras y Contracciones Públicas, Carlos Pimentel, informó este lunes que esa institución ha suspendido la licencia 140 funcionarios como proveedores del Estado y que siguen en curso las investigaciones de empresas en las que encuentren enriquecimiento ilícito para enviarlas a la Procuraduría General de la República.

Expresó que aparecían registrados como suplidores del Estado ministros, alcaldes, viceministros, director y regidores.

«El funcionario público que se encuentre en el régimen incompatibilidad e intente contratar con el Estado, pues probablemente esté tipificando algún tipo de violación de tipo penal y la Procuraduría General de la República tendría la responsabilidad investigarlo», afirmó
Pimentel recordó que Contrataciones Públicas ha depositado seis casos de procesos que violentan la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones.

De su lado, el contralo general de la República, Luis Rafael Delgado Sánchez, dijo que en violación de la Constitución de la República algunos trabajos terminaban y seguían operando.

Manifestó que todo debe ahora pasar por los procesos de control interno de las instituciones del estatales.

Santo Domingo. – Guido Gómez Mazara solicitó a la Procuraduría General de la República vía PEPCA y a la Cámara de Cuentas investigar tanto gestión al frente la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) como el patrimonio del exvicealmirante Felix Alburquerque Comprés.

Alburquerque Comprés fue designando mediante decreto 39-19 durante la administración del ex presidente Danilo Medina.

La acción tiene como base legal lo dispuesto en Ley No.10-04 y el artículo 146 en su numeral 3 de la Constitución en lo relativo al informe de declaración jurada de bienes al concluir el ejercicio de sus responsabilidades gubernamentales de ex funcionarios.

El abogado y dirigente político, aseguró que está convencido de que los esfuerzos tendentes a transparentar el uso correcto de los fondos públicos es una tarea de todos los dominicanos comprometidos con una democracia efectiva.

Señaló que el impacto que provoca en toda la sociedad las prácticas de uso abusivo de los recursos e incremento indecente del patrimonio ha sido la causa esencial de tanta ira acumulada respecto de funcionarios, clase partidaria y organizaciones políticas.

La solicitud sometida por Gómez Mazara plantea uno de los elementos extrañamente excluidos en el debate contra la corrupción en el país porque tiende a circunscribir los rasgos esenciales de la persecución al ámbito civil cuando existen evidentes manifestaciones de militares que en el desempeño de sus responsabilidades públicas reflejan niveles de astronómico crecimiento de su patrimonio, sin que ninguna autoridad competente ausculte con efectividad la asombrosa transformación económica.

Además resaltó, lo dispuesto en el artículo 146 de la Constitución en su numeral 3, que establece que “es obligatorio, de acuerdo en lo dispuesto por la ley de declaración jurada de los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes antes y después de haber finalizado sus funciones a requerimiento de la autoridad competente.

Lamentó que la pasada gestión de la DNCD desbordara el sentido de la efectiva persecución contra las actividades de combate real al narcotráfico para transformarse en instrumento politiquero en medio de una campaña electoral en que una parte de la sociedad observó con alarma que, el interés de impedir la victoria del candidato del cambio, encontrara en el organismo resortes de un esfuerzo rastrero por calumniar y hacer de la competencia política un lodalaz, donde se pagaban plumíferos y reconocidos vocingleros actuaban por mandato de su principal ejecutivo.

Finalmente, solicitó tanto al PEPCA como la Cámara de Cuentas que determine el correcto uso de los fondos públicos, y si el resultado es contrario, proceder como establece la ley.