El director ejecutivo de la Comisión de Liquidación de Órganos del Estado, Rafael Burgos Gómez, aseguró este miércoles que las “botellas” en las instituciones a liquidar eran manejadas como gastos extraordinarios con el objetivo de ocultar dichos pagos.
Entre las entidades en liquidación están la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), Despacho de la Primera Dama y el Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias (PROCOMUNIDAD), la cual ya fue liquidada.
“Todas esas instituciones eran anclas de corrupción. El Fonper, el CEA y la Oisoe fueron las que más escándalos promovieron en el país por los temas de corrupción. Esas instituciones estaban invadidas por grupos políticos de las pasadas administraciones que duraron 16 años (administraciones del Partido de la Liberación Dominicana) y ahí había nominillas por grupos”, aseguró.
Burgos Gómez explicó a Diario Libre que en las instituciones a liquidar se realizaban nóminas ocultas que no pasaban por la Contraloría General de la República para favorecer grupos.
“Las botellas eran por nominillas como pagos secretos, eso no se ha podido cuantificar, pero estamos haciendo un levantamiento por los pagos para poder cuantificar cuántas personas habían. En los pagos aparecen, pero no aparece a quien le pagaban ni ese tipo de cosas, porque los pagos dicen pago de nominilla o pago de grupos”, indicó.
Manifestó que no ha ofrecido los nombres de quienes se beneficiaban de las nominillas para no distraer el trabajo de la Comisión de Liquidación y para no politizar el tema.
“Eran gastos extraordinarios porque en el presupuesto no te lo permite, ya que hay una rigurosidad. Si te van a pagar por contrato tiene que estar aprobado por la Contraloría General y el Ministerio de Administración Pública, pero si no está dentro de esos dos renglones jurídicos si te pagan por otra vía te están pagando ilegalmente”, explicó.
Burgos Gómez sostuvo que la comisión continúa trabajando para liquidar esas instituciones y que aún no dispone del dato total sobre la cantidad de dinero que –aseguró – se habría dilapidado.
Manifestó que la misión de la comisión es solo liquidar esas instituciones y que serán los respectivos órganos judiciales que deberán encargarse de judicializar los casos.
Agregó que esas nominillas ya fueron desmontadas.
Empleados
Burgos Gómez sostuvo que son bien analizados los casos de personas a desvincular de las referidas instituciones, ya que respetan el trabajo de los empleados.
Manifestó que empleados desvinculados que eran “botellas” no tienen derecho a prestaciones.
“Van a tener que demostrar donde realizaron su gestión, porque una persona que recibió dinero del Estado sin trabajar no tiene derecho a remuneraciones”, indicó.
